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Fuerzas de Acciones Especiales

#MonitorDeVíctimas | FAES detuvieron al periodista Darvinson Rojas
Según el SNTP, las FAES detuvieron al periodista Darvinson Rojas por publicar información sobre cifras del coronavirus

Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) detuvieron el sábado 21 de marzo al periodista Darvinson Rojas en su residencia.

A través de su cuenta de Twitter, Rojas denunció que los funcionarios llegaron a su residencia y alegaron que recibieron una llamada anónima por un supuesto caso de Covid-19.

Asimismo, indicó que los funcionarios le informaron que, de no acatar la orden, sería llevado detenido.

“Yo no necesito una orden de allanamiento (…) Mi jefe va a venir y no va a venir por las buenas”, relata que le decían algunos funcionarios.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Rojas fue detenido presuntamente por publicar un tuit con el siguiente mensaje:

“A los chavistas les molesta que publiquemos cifras que ellos intentan ocultar”.

 

El SNTP destaca que se difundió un audio de Darvinson Rojas cuando las FAES estaban en su casa y al final “se escuchaban gritos”.

“La detención de Darvinson Rojas la ejecutaron unos 15 funcionarios encapuchados y armados que, además, detuvieron a Jesús Rojas y Mirian Sánchez, padres de Darvinson. Se llevaron computadoras y celulares y golpearon al señor Rojas”, denunció el SNTP.

Más tarde, el SNTP señaló que los padres de Rojas fueron liberados, pero que el periodista seguía detenido en un comando de las FAES en La Quebradita.

“Sus padres alcanzaron a escuchar que le pedían revelar la fuente de estadísticas de casos del Covid-19 en Miranda”, agrega el SNTP.

Más de 12 horas después

El SNTP destacó que este domingo 22 de marzo, cuando sus familiares se presentaron en el comando de La Quebradita, “les dijeron que no lo tenían y que debían recorrer los centros de detención hasta encontrarlo”.

“Los padres de Darvinson volvieron este #22Mar al mismo sitio al que se los llevaron detenidos anoche, en La Quebradita. Hoy funcionarios de las FAES los tratan le niegan que el periodista se encuentra ahí. ¿Dónde está Darvinson?”, sentenció el SNTP.

 

Por último, en un tuit, el SNTP denunció que las FAES y la administración de Nicolás Maduro “intenta levantar un falso positivo sobre la detención de Darvinson Rojas”.

Nuevo ciclo de amenazas recibe Rocío San Miguel

LA PRESIDENTA DE LA organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel  está viviendo desde el martes de esta semana un nuevo ciclo de amenazas, según su propia confesión a elimpulso.com.

Esta última proviene de alguien que dice llamarse Carlos Beltrán, quien manifiesta pertenecer a un sindicato que tiene afiliados en todo el territorio nacional. Sin embargo, esa identificación no parece ser real.

No obstante, el número telefónico sí lo es, ya que tanto las llamadas del martes como los mensajes de texto del miércoles corresponden a un aparato que, en cuestión de cinco minutos, si la policía actúa de acuerdo con sus funciones investigativas, ya se sabría quién es el autor de las amenazas. 

Estas no han amedrentado a San Miguel, quien manifestó que continúa trabajando por la defensa de los derechos políticos de la ciudadanía.

Los abogados de San Miguel están precisando detalles para consignar la denuncia ante el Ministerio Público.

Cuando se le preguntó si confiaba en que este organismo procedería a actuar, la profesional del derecho y profesora universitaria respondió que como ciudadana está en el derecho de plantear su situación ante el órgano correspondiente.

Fue entonces cuando reveló que desde hace más de diez años ha venido viviendo etapas de amenazas.

En el 2008 comenzó ese calvario cuando denunció como inconstitucional y, desde luego, bestial por su contenido a la ley “sapo” disfrazada como la que creaba el servicio nacional de inteligencia y contra inteligencia. Tras treinta días de rechazo por parte de Control Ciudadano, el presidente Hugo Chávez la derogó.

En más de diez años, la presidenta de Control Ciudadano ha venido recibiendo amenazas que han motivado la presentación de más de 16 denuncias ante el Ministerio Público. Ninguna ha sido investigada.

Es por esta razón que dice que las amenazas de martes y miércoles forman parte de un nuevo ciclo.

Cabe resaltar que hay tres personas defensoras de los derechos polìticos que debieran tener protección como lo ha solicitado oficialmente la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de Rubén González, sindicalista de Guayana; Luis Carlos Díaz, periodista; y la Dra. San Miguel.

Las amenazas, como es natural, han causado gran preocupación a la familia de la principal activista de Control Ciudadano, quien ha venido últimamente insistiendo en  el contenido del informe de la Dra. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien planteó la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por considerarla un grupo de exterminio, que ha causado más de 6000 homicidios en un país donde está prohibida la pena de muerte.

 
#MonitorDeVíctimas | Con masacre de 7 personas las FAES vengaron homicidio de un jefe policial
Familiares de seis de los siete muertos denunciaron que los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales cometieron ejecuciones extrajudiciales en el operativo que se desarrolló en El Valle y El Cementerio este 24 de julio

Erick S. González Caldea

 

EL ASESINATO DEL COMISIONADO EN JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA Carlos Valverde, de 43 años de edad, desencadenó la furia de las FAES. Mediante una razia que se desarrolló este 24 de julio y durante doce horas consecutivas en varios barrios de El Valle y El Cementerio, funcionarios del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana mataron a siete personas. Además de la familia del jefe policial, otras seis quedaron en luto por una acción policial con ribetes de venganza.

Los funcionarios de las FAES reportaron solamente un fallecido, cuya identidad no fue suministrada en el reporte filtrado a la prensa. Los reporteros pudieron determinar que los muertos a manos de las FAES son: William Daniel Chacón Mendoza, de 19 años de edad; Giovanny Alejandro Contreras Moreno, de 19 años; Javier Noria, de 32 años; Carlos Javier González, de 22 años; Antony José Matos Hernández, de 22 años; y Raifer Martínez, cuya edad no se logró precisar. Según sus familiares, todos fueron ejecutados dentro de sus hogares.

Testigos del hecho relataron que aproximadamente 30 funcionarios irrumpieron en la calle 9 de El Valle y avanzaron hacia el barrio El 70, el cual se prolonga hasta El Cementerio. Iban vestidos de negro, encapuchados y con armas largas. En camionetas tipo Hilux y motocicletas de alta cilindrada recorrieron la zona hasta llegar a las casas de las víctimas.

Los cuerpos sin vida fueron traslados al hospital Pérez Carreño de Caracas. Allí los médicos informaban a cada familia que su muerto no era el único del operativo, que hubo una masacre ese miércoles 24 de julio.

La mañana de este viernes 26 de julio, los familiares de las víctimas de las FAES continuaban los trámites para retirar a sus allegados. Se les dijo que debían esperar a fiscales del Ministerio Público para realizar reconocimientos post morten. Hasta el mediodía no habían sido entregados los cadáveres.

Más información en Proiuris.

FAES desfilan en conmemoración de la Independencia un día después de que Bachelet pidió su eliminación
El informe de la alta comisionada de la ONU describió, a partir de los testimonios de familiares de las víctimas, el modus operandi del cuerpo de seguridad del Estado y pidió la reparación de los afectados

@loremelendez 

LAS FUERZAS DE ACCIONES ESPECIALES (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desfilaron este viernes, 5 de julio, en el acto de conmemoración de la Independencia de Venezuela, un día después de que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigiera al gobierno de Nicolás Maduro la eliminación del grupo armado señalado de ejecutar extrajudicialmente a cientos de personas.

“Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas”, dice una de las sugerencias esgrimidas en el informe difundido este jueves.

De este desfile se hicieron eco carteras del Ejecutivo como el Ministerio de Interior, Justicia y Paz venezolano, comandado por Néstor Reverol, del cual dependen las fuerzas de seguridad policiales. El video fue promovido en redes sociales y publicado en la cuenta de Youtube del titular.

“Desde principios de 2018, las operaciones de seguridad de las FAES, creadas para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales, reemplazaron a las ‘Operaciones de Liberación del Pueblo’ implementadas de 2015 a 2017. Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un ‘grupo de exterminio’. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas”, apunta el documento de la oficina de Bachelet.

El mismo informe indica que el organismo dirigido por la alta comisionada “entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FAES de junio de 2018 a abril de 2019”, quienes describieron “un modus operandi similar” en cada uno de los casos. Así, relataron que los funcionarios –encapuchados, vestidos de negro, sin identificación y con armas de fuego largas- llegaban en camionetas negras sin placas, tomaban la zona e ingresaban a la fuerza a las viviendas y maltrataban a las mujeres y niños, hasta obligarlos a desnudarse. Casi todas las víctimas recibieron uno o más disparos en el tórax.

“Testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o en el aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría ‘resistido a la autoridad'”, reza el informe, que añade que los uniformados se llevaron a las víctimas a hospitales cercanos, pese a que estas ya habían muerto. Las autoridades solían, además, declarar que los caídos eran delincuentes sin que se llevase a cabo una investigación.

Por todos estos elementos, sumados a que las FAES acostumbran a seguir con la toma de la zona aun después de concluir sus operaciones, “al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”.

El documento también informa que por los homocidios de 2018 –son al menos 256 en Caracas de acuerdo con Monitor de Víctimas– cinco miembros de las FAES han sido condenados por homicidio frustrado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible. “Además, 388 miembros de las FAES están siendo investigados por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio cometidos entre 2017 y 2019”, agrega.

El informe también subraya que los familiares de las víctimas se han enfrentado a obstáculos que van desde la renuencia de los fiscales a recibir sus denuncias hasta “la denegación del acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psicosocial”.

Cifras de mayo de la PNB confirman que sus funcionarios matan más que los delincuentes en Caracas
Un reporte extraoficial indicó que la mayoría de los homicidios fueron cometidos por los uniformados. Según Monitor de Víctimas, la PNB ha actuado en 108 muertes de las 323 que se han registrado entre enero y abril de 2019 en la capital venezolana

@loremelendez

 

AL MENOS 67 % DE LOS HOMICIDIOS REPORTADOS por las estaciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en la región Capital durante mayo fueron cometidos por sus funcionarios. Eso es lo que señalan las cifras extraoficiales del cuerpo de seguridad que fueron difundidas esta semana.

Entre el 1 y 31 de mayo de 2019 se registraron 81 homicidios en la zona que comprende los estados Miranda, Vargas y el Distrito Capital. De estos, 55 fueron catalogados como “resistencia a la autoridad”, móvil que usan los funcionarios para designar aquellas muertes de civiles ocurridas en medio de presuntos enfrentamientos. El resto de las víctimas, 26, cayeron por otros motivos.

Los números confirman que, tal como lo indicaron las estadísticas recolectadas por Monitor de Víctimas durante 2018, la mayoría de los homicidios son cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado. El informe sobre las cifras del año pasado demostró que los cuerpos policiales y militares actuaron como victimarios en 601 muertes violentas, que representan 44 % de las 1.364 que se registraron.

El reportaje también apuntó que la PNB participó en la muerte de 345 personas. De estas, 256 fueron cometidas por el que hoy se considera su cuerpo de exterminio: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) .

De acuerdo con Monitor de Víctimas, entre enero y abril de 2019 la tendencia de las muertes policiales siguió en alza: 47 % de los homicidios ocurridos en el año –153 de 323 – han sido cometidos por policías y militares. De estos, 135 casos han sido señalados como ejecuciones o “resistencia a la autoridad”.

La PNB ha actuado en 108 muertes y casi todas, 106, han sido cometidas por las FAES.

Informe Monitor de Víctimas 2018: 256 personas murieron a manos de las FAES en Caracas http://bit.ly/2HLKCTK

 

La Vega, Sucre y Antímano con la mayor incidencia

Según el reporte de la PNB de mayo, en el móvil de “resistencia a la autoridad” los uniformados participaron en 12 muertes en la parroquia Sucre, seguida de 11 en La Vega y cinco tanto en Antímano como en El Recreo.

En Santa Rosalía y El Valle hubo cuatro homicidios a manos de la Policía Nacional, mientras que en Ciudad Caribia ocurrieron tres. En San Agustín y Ciudad Tiuna se registraron dos.

Hubo una muerte por “resistencia a la autoridad” en las parroquias La Pastora, San Juan, San Pedro, Candelaria y San Bernardino del municipio Libertador del Distrito Capital. En las estaciones policiales de Ciudad Belén (Guarenas) y Guarenas-Guatire, en Miranda, también se reportó una muerte en cada una.

En cuanto a los homicidios, las parroquias del Distrito Capital donde se registraron la mayor cantidad de muertes fueron San Juan y La Vega, con cinco casos en cada una; seguidas de Antímano, con cuatro; y luego Sucre y San Agustín, con tres.

En El Valle hubo dos homicidios en mayo, mientras que en Santa Rosalía y El Recreo hubo uno en cada parroquia.

El reporte asegura que en comparación con el mismo mes en 2018, “se registró una reducción de 42,22% (-19)  homicidios en la región Capital”. Las cifras también confirman que la PNB actuó en casi el doble de las parroquias en donde se produjeron homicidios: mientras que el cuerpo policial causó muertes en 15 sectores, los otros móviles las provocaron en ocho.

Monitor de Víctimas: Gobierno admite que resistencia a la autoridad es un delito http://bit.ly/2HU51Yf

Disfrazar a un niño de FAES fomenta la cultura de la muerte

María Yolanda García | Reporte Proiuris

EL PASAMONTAÑAS NEGRO, MISMO COLOR DE LA CHAQUETA QUE LO CUBRE, esconde su rostro. Solo se observan sus ojos y una diminuta nariz, rasgos que denotan que tiene unos 8 o 9 años. Carga un “arma” de cartón en una mano y con la otra hace equilibrio sobre quien lo lleva en hombros. Mira la cámara con la inocencia de quien no sabe que el atuendo que usa es, para muchas familias venezolanas, sinónimo de intimidación, terror y muerte. Está disfrazado de “FAES”.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, subió a su cuenta en la red social Twitter la imagen del menor de edad vestido como un agente de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, el temido grupo élite que, según Provea, cometió 205 asesinatos durante 2018.

“Me la envió un amigo. Fue tomada en un acto que hubo el miércoles (27 de febrero) en Caracas”, explicó Mundaraín. La actividad se denominó “Carnavales Caribe 2019” y a ella se incorporaron alumnos y docentes de algunos planteles de Caracas. Fue un desfile que partió del Liceo Andrés Bello y llegó a la Plaza de Los Museos. Niños, niñas y adolescentes, algunos acompañados por sus padres o representantes,  iban disfrazados.

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La fotografía fue tomada durante una comparsa de Carnaval este 27 de febrero  | Foto: Cortesía

Y es que, en medio de la profundización de la represión policial como recurso extremo del régimen de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder, el gobierno decidió adelantar el asueto de Carnaval.

“Es un tema de modelaje. Cuando vistes a un niño de FAES, a modo de superhéroe, estás convalidando lo que ese grupo policial hace.  Y cuando analizas lo que ese grupo policial hace, te percatas de que hay un antivalor con graves implicaciones para los derechos humanos”, señaló el abogado.

Pero esta no es la primera vez que se difunden imagenes de niños y niñas para exaltar a las FAES como figuras a imitar. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, también ha usado las redes sociales (específicamente el 6 de febrero de 2019) para mostrar fotografías con niños ataviados con “uniformes” de este grupo policial que ejecuta razzias y masacres en los barrios populares del país. Proiuris ha documentado historias que dan cuenta de al menos 15 asesinatos cometidos por las FAES en Caracas durante las últimas cinco semanas.

Expertos en derechos de la niñez consideran preocupante que el Estado fomente la cultura de la violencia y la muerte.

“Cuando llegan las FAES llega la muerte”

Gloria Perdomo, miembro de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescente (Redhnna), considera que estas imágenes y la carga que tienen van contra el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

“Los niños deben ser formados y educados para la convivencia pacífica, el diálogo y la relación armoniosa con las otras personas. Es contrario al interés superior de los niños, a su adecuado desarrollo, promover símbolos bélicos”.

Educadora, trabajadora social y doctora en Ciencias Sociales, Perdomo señala que en un país estremecido por situaciones de violencia y agresión que cotidianamente afectan a los niños, niñas y adolescentes la respuesta del Estado no debe ser el auspicio de modelos de conducta violentos. La experta manifestó su preocupación ante la exaltación,  por parte de padres y representantes, de figuras cuestionadas por violar los derechos humanos, como es el caso de las FAES.

“Las FAES son un cuerpo de seguridad que viene siendo reiteradamente acusado, ante instancias nacionales e internacionales, por violar derechos humanos,  por cometer crímenes. Es muy lamentable que un papá se plantee, como juego, sin calcular las consecuencias que eso tiene en la formación del niño o niña, vestirlo o disfrazarlo con esa indumentaria ¿Qué es lo que trata de promover en el menor de edad? ¿Su disposición o entusiasmo por usar armas y procedimientos o violatorios de derechos? Porque las FAES no son reconocidas como un cuerpo de seguridad que respeta la ley y protege a la ciudadanía, sino, por el contrario, la idea posicionada en los barrios es terrible: cuando llegan las FAES llega la muerte”.

Niñez desprotegida

El abogado Carlos Trapani, coordinador general del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, fue tajante al cuestionar el uso de la imagen de niños, niñas y adolescentes en situaciones vinculadas a la violencia. En su opinión ello es violatorio de sus derechos.

“Es preocupante que una autoridad (como el ministro Reverol) promueva a las FAES como un referente para los niños, pues es un cuerpo de seguridad gravemente cuestionado por los excesos que se le atribuyen”, dijo Trapani.

“Por omisión también se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En Venezuela, el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes está en un cierre técnico. Ante esta y otras situaciones violatorias de derechos, no ha tenido ningún pronunciamiento público”, agregó.

“Los niños, niñas y adolescentes necesitan tener otros referentes que reivindiquen la convivencia, la paz, la tolerancia y el respeto a las normas. Las FAES están muy cuestionadas por sus prácticas, por la violencia extrema que ejercen. No constituyen un modelo a seguir para el ejercicio de la ciudadanía. Preocupa que alguien tenga interés en incorporarlos al imaginario colectivo del venezolano como héroes”, reiteró el experto.

El coordinador Cecodap recordó que, desde hace diez años,  en Venezuela existe una ley que prohíbe los juguetes bélicos. De modo que es una insalvable contradicción que el ministro Reverol promueva el uso de indumentarias policiales en niños, niñas y adolescentes.

Trapani también rechazó que en las escuelas se estén haciendo prácticas militares, como habría ocurrido en un plantel del estado Apure: “En un contexto de violencia generalizada, como el que existe en Venezuela, la escuela como espacio para la paz es fundamental”.

Faes localiza a manifestantes en los barrios a través de las listas Clap

“UNA CACERÍA”. ASÍ ES COMO LOS VECINOS DE BARRIOS EN LA CARRETERA CARACAS-LA GUAIRA, Catia, zonas populares de Baruta y Petare califican las incursiones de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) en sus comunidades, después de las protestas antigubernamentales que han tenido lugar en estos sectores.

Denuncian que las Faes “mezclan la búsqueda de delincuentes comunes con el amedrentamiento y la detención de los jóvenes que han salido a protestar por temas sociales en los barrios”, tal como lo explicó un líder vecinal de El Limón, cuya identidad es reservada por su seguridad.

“Este es un patrón que ya hemos vivido, pero que se está dando con más fuerza ahora, porque los funcionarios tocan directamente la puerta de las casas de la gente que salió a protestar entre el 21 y el 24 de enero y esa identificación viene de la propia comunidad… No hay otra manera de tener tanta precisión en estos ataques a los barrios, donde incluso se han llevado a mujeres que encabezaron la protesta”, explicó el consultado a El Pitazo.

Incluso aseguró que las fuerzas policiales están usando a presuntos antisociales de la zona para dirigir las incursiones policiales y entrar a las casas sin orden, ni nada que implique el procedimiento regular. “Claro que esta no es la primera vez, solo que es más duro… Incluso algunos oficialistas nos comentan que nos cuidemos, porque pasan fotos nuestras protestando a las direcciones de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) para que ellos den la información a la policía”, dijo.

En otro barrio del este de Caracas, fue a una propia jefa de calle, encargada de recibir y vender a la comunidad los alimentos subsidiados por el Gobierno, a quien los dirigentes de los Clap amenazaron con quitarle el beneficio de la bolsa de comida por ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.

“Ellos están revisando la lista y haciendo inteligencia. Además de que la entregan a la policía, chequean todos los nombres para marcar quién protestó, quien está contra el Gobierno, quién es opositor y entonces todo eso lo pasan a sala situacional”, contó la mujer.

Julio Cesar Reyes, dirigente político de Nuvipa, hizo pública en sus redes sociales la forma en que funcionarios de las Faes incurrieron en su comunidad, en la carretera Caracas-La Guaira, y fueron directamente a su casa.

“El pasado domingo 27 de enero, el Faes entró a mi casa, sin ninguna orden, sin ningún fiscal público, con las caras tapadas, sin identificación, apuntándome delante de mi esposa y tres hijos menores de eda d… A las 8:00 am, más de 10 motos del Faes con parrilleros se apostaron frente a mi vivienda, la rodearon y tomaron fotos, al mismo tiempo que algunos funcionarios saltaban las rejas e ingresaban al porche de mi casa. Mis hijos entraron en pánico y mi esposa. Comenzaron hacerme preguntas que no podía responder porque desconocía lo que argumentaban, mientras otro grupo entraba a los cuartos y revisaba mi casa”, escribió el dirigente social.

El miedo

Desde finales de marzo de 2018, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) inició una campaña en redes sociales promocionando  e incentivando la creación la la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (Raas), instancia definida por la propia tolda roja como “un modelo de unidad y de organización superior para la defensa integral de la nación” que debe: identificar con claridad quién es su enemigo histórico, fortalecer la unidad para enfrentar al enemigo, elevar al máximo su voluntad de lucha contra el enemigo y organizarse y adquirir el conocimiento necesario para vencer al enemigo.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, define este sistema como  un programa de “inteligencia social”, que la revolución ha intentado implantar en otras oportunidades, y prueba de ello es el empeño del presidente Hugo Chávez, en 2008, de crear la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, bautizada como la “Ley Sapo” y que fue derogada, gracias a la presión social, en junio de ese mismo año.

Provea determinó que “las Raas se basan en la filosofía del enemigo interno con la excusa de enfrentar un enemigo externo.  Quien reclame derechos, quien proteste por mejores servicios públicos, quien exija mejor atención médica. Enemigo interno será quien alce su voz y critique al Gobierno… Las Raas es la reactivación de la Ley Sapo que Chávez vetó cuestionando que se pretendiera obligar a la gente a actuar de sapo en la sociedad. Dile NO al uso del pueblo para reprimir al pueblo y pretender contener el derecho a exigir derechos, tu derecho a manifestar y expresarte”.

Uzcátegui plantea que, aunque la plataforma del partido rojo no tiene la misma capacidad de articulación que en años anteriores, esta “inteligencia social” se ejerce desde los consejos comunales, los Clap y las Ubch, organizaciones ya creadas en los barrios y con una data que “le permite al Estado tener ojos donde es más difícil llegar”.

“Se trata de otra forma de violación sistemática a los Derechos Humanos y en 2017 la vivimos porque yo mismo viví en carne propia como en mi comunidad, la urbanización María Teresa Toro, de Las Acacias, era la jefa del Clap la que señalaba a los manifestantes… Yo llevé la denuncia al Ministerio Público y eso es parte de los expedientes de denuncias internacionales”, cuenta el activista, quien asegura que esta denuncia vivida en carne propia lo obligó a aumentar su protocolo de seguridad en aquella época.

Aunque este órgano no ha sido establecido formalmente dentro de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBch), parece haber cobrado fuerza en las recientes protestas, donde los propios ciudadanos hablan de “salas situaciones” para referirse a espacios dentro de las comunidades en los que investigan y estudian a fondo las circunstancias y acciones de cada grupo familiar de su entorno directo.

En Petare, una dirigente comunal aseguró a El Pitazo que “se está haciendo depuración de las lista Clap”. Explicó que se trata de un proceso periódico y “común”. “Es normal, porque si no quieres al Gobierno no tienes por qué recibir sus beneficios”, sentenció la dirigente comunitaria.

Al preguntarle si las datas de las comunidades estaban siendo enviadas a los cuerpos policiales, se limitó a responder: “eso se pasa a sala situacional”.

“Nos están sapeando”

Al respecto, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana confirmaron a El Pitazo que esas listas del Clap son uno de los mecanismos que utilizan para llegar directamente a las viviendas de los manifestantes.

Líderes comunitarios y luchadores sociales de Altavista y el Cuartel de Catia reportan también que han debido salir de sus viviendas, tras el amedrentamiento y persecución impuesta por las autoridades policiales en estas zonas.

“Están allanando casas específicas de personas que salieron a protestar el 23 y eso no es casual. Nos están sapeando y dando nuestros datos. Pero no solo de los que siempre hemos sido opositores, sino de los que salieron estos días a protestar porque están cansados de la falta de  agua, de luz, de comida… Resulta que aquí ahora uno no se puede quejar”, contó un vecino de San Agustín, que prefirió no dar su nombre.

Aunque desde Provea no han recibido denuncias formales sobre este hecho, Uzcátegui asegura que “se están usando esas bases de datos” y recuerda la necesidad de llevar registro de las denuncias para poder demostrar que se trata de una violación sistemática e instaurada como política de represión.

#MonitorDeVíctimas | Faes mató a tres jóvenes señalados de quemar casa de la alcaldesa de El Tocuyo

 

 

ERAN LAS 2:00 DE LA TARDE DEL VIERNES 25 DE ENERO. Cristian Alejandro Ramos, de 17 años, jugaba en su computadora Canaima, esperaba a su tío para trabajar en el piso del cuarto que construían juntos, en el mismo terreno donde está la casa de su madre, ubicada en el sector El Bosque de El Tocuyo, municipio Morán del estado Lara.

A Ramos lo acusan desde el gobierno municipal, de haber intentado quemar la casa de Gisela Rodríguez, la alcaldesa de El Tocuyo, junto a los hermanos José Alfredo (24 años) y a Anderson Torres Cortez (17 años), durante las protestas del 23 de enero en la noche que se presentaron en varios puntos de la ciudad morandina, señalamiento que desmienten sus familiares y vecinos.

“A Cristian lo sacaron de su cuarto, su mamá gritaba y él también. Lo llevaron a la casa de los hermanos [Torres Cortez]. Allí los torturaron y los mataron. Eran demasiados funcionarios, nos apuntaban por las ventanas y nos mandaban a encerrarnos en los cuartos. Fue una especie de toque de queda que impusieron mientras los mataban”, cuenta una de las vecinas del sector.

En el terreno de los Torres Cortez hay dos casas, en “la de abajo” como ellos la describen, era donde estaban los hermanos cuando llegaron los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), con pasamontañas, armados y apuntando a todas las personas que veían en su camino.

“Ellos acaban de hacer el porche de la casa… lo hicieron para que los velaran ahí”, dijo entre lágrimas la viuda de José Alfredo y madre de un niño de cuatro años.

La mamá de Cristian escuchaba que los muchachos gritaban, pero no podía salir porque los funcionarios que tenían la zona rodeada se lo impedían y le decían: “Vete para allá vieja chismosa … en vez de estar pendiente de los choros cuando están robando …”.

Vecinos aterrorizados

En la comunidad El Bosque, todos sus habitantes querían hablar al mismo tiempo, cada uno relataba lo que vivió, lo que conocían de los tres jóvenes asesinados y sobre el miedo que ahora tienen por lo que ocurrió.

“Igualmente vamos a denunciar todo esto, porque no podemos esperar que se repita una masacre”, declararon.

Los habitantes de la comunidad tienen temor por la vida de sus hijos, porque han observado durante el día y la noche a patrullas de la policía y a funcionarios del Faes rondando las calles de tierra de esta humilde barriada.

“Esta vez fueron a ellos -señalando a los familiares de los asesinados- pero mañana podría ser en contra de nuestros hijos. Ahora hay que tenerle más miedo a ellos que a los malandros”, dijo un vecino que relataba lo que vivió esa tarde.

La tarde del suceso mandaron a desalojar a quienes vivían en un perímetro aproximado de 30 metros a la redonda de la casa de los hermanos Torres Cortez. A las personas que caminaban por las calles las devolvían y no las dejaban pasar.

Durante nueve horas, los habitantes de El Bosque sufrieron porque no sabían a quiénes habían matado ni a cuántos.

Casi a las 11:00 de la noche los vecinos pudieron volver a sus casas y saber qué había pasado. En el caso de las personas que los funcionarios mantuvieron encerradas desde las 2:00 de la tarde, sin agua y sin alimentos, en cuartos calientes, al fin pudieron salir.

Resistencia a la autoridad

En la reseña del cuerpo policial donde detallan el hecho donde murieron los tres jóvenes de El Bosque, se lee que hubo resistencia a la autoridad y posterior enfrentamiento con los funcionarios del Faes y del Cicpc que los acompañaban. Se indica que incautaron dos escopetas y un escopetín.

“Eso es mentira. Esos muchachos no eran ningunos azotes como han intentado hacer creer, que muestren esos supuestos antecedentes por homicidio y droga, no existen… muestren también el vídeo donde supuestamente estaban protestando alrededor de la casa de la alcaldesa, que lo muestren”, expresaban los vecinos con indignación.

Los habitantes de la zona señalaron a los funcionarios del Cicpc apodados “El Bomba” y “El Nariz”, como los funcionarios que guiaron a los del Faes hasta la casa de los Torres Cortez.

Dos pensaban en emigrar

Cristian Alejandro, próximo a graduarse de bachiller, tenía el cabello rojizo, por eso le decían “el ruso”. Le había dicho a su familia que quería emigrar a Perú, para trabajar y ayudarlos a todos. Mientras tanto, terminaba de construir una pieza en el terreno donde vive su madre.

“Cada platica que agarraba cuando iba a la finca a trabajar con el papá o limpiando solares, la invertía para su cuarto, ese día íbamos a echar el piso. Él tenía visión de futuro, le gustaba ser ordenado y yo puedo dar fe que el 23 en la noche estaba con nosotros y se acostó a dormir como a las 11:00”, relata uno de los tíos quien exigió a las autoridades que mostraran los antecedentes del niño.

José Alfredo, el mayor de los tres, había ido con su mamá al banco ese día, más temprano, porque estaba juntando efectivo para irse a trabajar a Colombia, debido a que la situación económica no era favorable para la familia Torres Cortez.

Ninguno de los dos pudo cumplir su meta de emigrar para ayudar a sus familias.

“Esto no es posible, no puede ser que porque seamos humildes nos tengan pisoteados. El vandalismo está de lado del gobierno. Esto duele, yo no estoy defendiendo a ningunos delincuentes ¿por qué el gobierno más bien nos le dio una oportunidad de trabajo, una beca de estudios y los apartaban de la pobreza en vez de perseguirlos como criminales?”, dijo entre sollozos otro tío de los jóvenes.

Alcaldía les regala una bolsa Clap

El sábado, un día después de la masacre, dos funcionarios de la alcaldía fueron a las casas de los familiares de Ramos y de los hermanos Torres Cortez, para entregarles unas bolsas de comida Clap y a preguntarles si necesitaban dinero para el pago de los entierros.

Ambas familias rechazaron lo que consideraban un soborno.

“Ellos creen que la vida de nuestros hijos vale una bolsa de comida. Lo que queremos es justicia”, insistieron.

Un representante del consejo comunal rechazó lo que consideró actos vandálicos de los funcionarios del Faes y del Cicpc, quienes después de los asesinatos robaron la bombona, comida, las pilas de las computadoras Canaima y unos zapatos rotos del hermano menor, según su mamá, los únicos que tenía para salir.

“Si cometieron un delito tenían el derecho a tener un abogado, la presencia de un fiscal y lo más importante: el derecho a la vida”, acentúo con sus palabras.