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Fuerte Tiuna

Edgar Zambrano: “No voy a permitir que el abuso de poder me someta”

A POCO MÁS DE 24 HORAS de haber salido de la cárcel militar en Fuerte Tiuna, Zambrano conversó con El Pitazo en la sede de su partido. Durante cuatro meses y una semana en prisión decidió llevar la cuenta de los días.

“Me memoricé los días que más me impactaron: día 59 o 60, huelga de hambre; día 70, visita del Ministerio Público; día 72, visita de abogados; día 74, visita de la familia; día 102, primer libro”.

El mismo día de la presencia familiar lo visitaron integrantes del denominado Grupo de Boston y el día 129 o 130, lo trasladaron a tribunales para juramentar a sus abogados.

Y es que Zambrano solo pudo tener acceso a defensa privada desde el viernes 13 de septiembre.

El primer libro que leyó fue la autobiografía de Mandela. Le siguieron “Política y Petróleo”, de Rómulo Betancourt; “El Otoño del Patriarca”, de Gabriel García Márquez; “La Casa de los Espíritus”, de Isabel Allende; “Alzado contra todo”, de Domingo Alberto Rangel y uno sobre Vallenilla Lanz.

Recuerda que leyó muchísimo y que cada libro, coincidencial o no, le hizo vivir cada parte del proceso en la cárcel. “La persecución y el sometimiento a la prisión. Eso me ayudó a reorientarme y replantearme muchas cosas. A valorar más la política y comprometerme a trabajarla en dimensiones superiores para hacerla más eficiente y útil para el ciudadano”, dice a modo de reflexión.

Los libros iban a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde los revisaban y aprobaban o no.

Su día transcurría entre contar grietas, caminar en un espacio de 2×3 metros y a partir de ese día, el 102, a leer.

Zambrano bajó más de 20 kilos, tiene líquido en las rodillas y un esguince tipo 2 en su pie derecho y uno tipo 1 en izquierdo, debido a la dificultad para caminar en ese espacio reducido de su celda, la 12-A. Sus ojos son el reflejo silencioso de lo vivido.

Comenzó relatando qué pasó ese día:

Zambrano tenía información de que ni él ni Henry Ramos Allup serían detenidos, a pesar de que les habían allanado la inmunidad parlamentaria. No quiso dar mayores detalles de cómo obtuvieron información.

Salió de la sede de Acción Democrática (AD) pasadas las 6:00 pm. A unos metros fue interceptado por hombres que no se identificaron. No había una orden de aprehensión, por lo que decidió no bajarse y esperar a que llegaran sus compañeros.

Luego lo que corrió por el mundo: los funcionarios decidieron montar la camioneta en una grúa y llevarlo a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde estuvo como una hora en la misma celda con Roberto Marrero. “En prisión nadie está bien”, dice al hablar de Marrero a quien dice haber visto “con buen ánimo y buena salud”.

Al día siguiente fue trasladado a los tribunales. Recuerda que aceptó el acto de presentación con la condición de que sus cuatro trabajadores, quienes habían sido detenidos junto a él, fueran liberados, cosa que no ocurrió ni ha ocurrido hasta el momento de la entrevista y que Zambrano espera pase en las próximas horas.

De allí lo trasladaron a Fuerte Tiuna esa misma noche. Recuerda que llegó al Fuerte militar cerca de la 1:00 am y lo metieron en la celda 12-A.

En esa celda permaneció aislado. Nunca pudo coincidir con el general en jefe Raúl Isaías Baduel ni con el mayor general Miguel Rodríguez Torres. Estaban en celdas contiguas él y Rodríguez Torres. La de Baduel estaba más separada. Además de ellos tres, Zambrano recuerda a un hombre que, supone, era militar. El espacio contaba con ocho celdas.

-¿Cómo organizaron la huelga de hambre?

EZ: Inicialmente, la comenzó Rodríguez Torres al enterarse de que a su esposa la habían detenido y la tenían en la sede de la Dgcim. Ya veníamos trabajando eso, gritando de celda a celda para exigir respeto a los derechos humanos, a ver a nuestros abogados y familiares y para que cesara el aislamiento. Fuimos reduciendo el consumo de alimentos hasta que Miguel anuncia su huelga a los custodios. Cuando tenía dos o tres días de haberla iniciado, me sumé. Al día 70, 10 días después, Rodríguez Torres decide levantarla porque su esposa había sido liberada. Yo decidí continuar. Ese día, el 70, pude hablar con fiscales del MP.

Luego de la huelga de hambre pudimos salir los lunes. miércoles y viernes para caminar una hora en la mañana. Nos alternaban las horas, por lo que nunca pudimos vernos los tres. Yo salía de primero el lunes, de segundo el miércoles y de tercero el viernes.

Desarrollamos dinámicas para sobrevivir en la cárcel.

-¿Cómo cuáles?

EZ: Acordábamos comer a la misma hora, cada uno en su celda. Caminar y hacer ejercicio físico, cada uno en su celda. Teníamos una hora en la noche para transmitirnos nuestras vivencias. Nosotros determinamos esa hora porque era más silencioso, durante el día había mucho ruido y mucho eco y dificultaba más la comunicación de celda a celda.

Hicimos un esfuerzo para, en medio de ese secuestro y esa desgracia de utilizar el poder para perseguir las ideas, hacer un poco vivible lo invivible.

-¿Cómo fue tratado durante la huelga de hambre y en general? ¿Tuvo atención médica?

EZ: Los muchachos son custodios jóvenes que siguen órdenes. Tenían la obligación de grabar cuando llevaban la comida. Nunca aceptamos que dejaran la comida dentro de la celda y, más allá, hubo un trato respetuoso.

Desde el punto de vista médico, tuvimos atención. El día 8 me hidrataron; yo la acepté. El personal médico fue durante todos los días de la huelga.

-Y sus condiciones de reclusión?

EZ: Nunca dormí en el piso. Y nunca me senté en el piso. Me hice un propósito: yo soy un preso de conciencia y no voy a permitir que el ambiente ni el abuso de poder me sometan. Nunca.

En la celda había un lavamanos, la poceta (urinario), una ducha pequeña, cemento para dormir y una especie de división para poner nuestras cosas.

Me sentaba en el urinario y allí comía, de reverso. Utilizaba la tapa del depósito de agua para poner los alimentos. Después de la visita del Ministerio Público nos dejaron tener una mesa y una silla.

Cuando la familia pudo enviarnos alimentos, los intercambiábamos entre los tres. Luego se prohibió.

-¿Cómo lo hacían?

EZ: No aceptábamos la comida y le decíamos al custodio que la llevara a la celda de Miguel (Rodríguez Torres), quien hacía el papel de chef y nos distribuía las combinaciones con proteínas y carbohidratos. Nos divertíamos mucho con eso. Y luego, eso se prohibió. Nos las ingeniábamos, pero hay cosas que uno no puede decir, porque…

Hay mucha gente que en su ruindad política soltaban versiones sobre las condiciones de la prisión. Que si teníamos teléfono, que convivíamos juntos, que comíamos juntos y cada vez que una cosa de estas salían, sufríamos los rigores de las requisas.

-¿Estaban ajenos a lo que ocurría en el exterior?

EZ: Hasta el día 70, sí. Con la llegada de Raúl, nos enteramos de lo de la esposa de Miguel, porque Baduel escuchó un comentario estando en La Tumba. Miguel ya lo presentía por su traslado de la Dgcim a Fuerte Tiuna. Allí fue cuando decidimos iniciar la huelga de hambre.

-Me llama la atención cómo tiene la cuenta de los días, ¿por qué?

EZ: Estábamos incomunicados, aislados. Lo primero que hice para tener control del tiempo fue hacer un almanaque con un mondadientes y con un palillo hice los meses de mayo, junio, julio y el mes de agosto… Eso no puedo… Por razones, digamos, de torpedear la salud de los que quedan allí.

-Agosto fue un mes importante entonces

EZ: Claro… Todos los días son importantes. El más importante cuando me visitaba mi familia. Es muy duro… (tuvo que hacer una pausa para secarse las lágrimas). Saber que al compañero de al lado le hacen presa a su esposa, a otro le persiguen a sus hijas. Tu piensas en los tuyos. Es muy duro y eso formó parte de la huelga.

-¿Se vió reflejado en ellos?

EZ: Sí, claro. Yo no sabía nada de mi familia. A una de mis hijas le gusta el oficio de la política, es dirigente, una muchacha joven con mucho ímpetu. Sobella (esposa) igual. Y una manera de someterme era el riesgo de Sobella y de las hijas. Fue una angustia, fue terrible. Una forma de torturar psicológicamente.

-¿En qué cambió Edgar Zambrano?

EZ: Uno aprende a ver las cosas con un prisma más definido. Cuando pierdes la libertad, tienes una dinámica que no tenías previsto. Ser secuestrado, incomunicado. En 102 días sin hacer nada, piensas muchas cosas, revisas tu vida, haces un balance de tu política, de tus amistades, de tu familia. Valoras la familia, vives su angustia. Ver a mi nieta a través de un vidrio es algo inhumano. Conocer por una foto a la nueva nieta… Todas esas cosas te marcan.

Yo soy un hombre muy sentimental, quizás tengo una personalidad dura para ciertas cosas, pero, en el fondo, soy un hombre sentimental y ese día 72, cuando los abogados me dicen que son mis hijas las que están dando la cara, ese día me doblé.

-¿Siente que hubo una especial saña en su contra?

EZ: El preso político recibe un trato muy cruel. Creo que forma parte de ese terrorismo del poder para doblarte. Nosotros… digamos que, al no permitirnos el debido proceso, el respeto a nuestros derechos y hacerlo público. Quien hace la maldad, no la hace bien. El Twitter comenzó a partir del día 74 cuando, con mi familia, decidimos denunciar y buscar mecanismos de comunicación.

-¿Tuvo miedo a retaliaciones por denunciar?

EZ: Siempre lo hay, pero yo sentí la obligación. He peleado por la liberación de muchos presos, tenía que pelear por mi propia libertad. Por lo demás, tu estableces como un mecanismo de sobrevivencia. Cada vez que se iba la visita, pensabas en el próximo día de visita.

-En algún momento de este proceso, ¿se sintió culpable?

EZ: Sí, y lo expresé, porque cuando ves el rigor de esto, el sometimiento, el pasar por una cárcel y vivir esa anormalidad de hablar a través de un vidrio; tu sientes que no mereces eso, que tu familia no lo merece, que no es por lo que has luchado, que no es el sistema político que tu quieres y que quieres uno de libertad, de justicia.

Si alguien me dio fuerzas fue la propia familia. Quizás, a veces, pierdes el contacto con la familia, no la valoras y le dedicas a esto (la política) la vida y descuidas la familia y no te das cuenta de la importancia de prestar atención a tus hijos, tu esposa, tus nietos. Eso es una enseñanza: continuar con el mismo ímpetu, pero dedicarle mayor valor a la familia. Y renovar mis votos por seguir luchando por los presos políticos.

-¿Considera que su liberación fue producto de este acuerdo firmado entre el gobierno de Maduro y cuatro partidos minoritarios de la oposición?

EZ: No. Coincidieron muchas cosas con este desenlace. Mi familia venía haciendo gestiones en El Vaticano, con los gobiernos español, uruguayo, mexicano, norteamericano y de la Unión Europea. Mi familia hizo un periplo y habíamos avanzado mucho. Iban en paralelo muchas acciones. Eso tuvo que haber coincidido con otras acciones.

 

*Lea la entrevista completa en El Pitazo 

Crímenes sin Castigo | A un año de los drones
Numerosas informaciones se desprenden de un expediente de más de 26 piezas con la investigación sobre el estallido de aeronaves no tripuladas durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. ¿Labor de inexpertos o un “hecho controlado”?

 

@javiermayorca

 

El 4 de agosto se cumplió un año desde que estallaron dos drones manejados a control remoto, durante un acto militar que encabezaba el presidente Nicolás Maduro, en la avenida Bolívar de Caracas.

Un hecho con tales características no tiene precedentes en la historia venezolana, y probablemente en la historia mundial, si se toma en cuenta que las aeronaves no tripuladas del tipo usado en este episodio solo pueden ser adquiridas en el mercado civil desde tiempos relativamente recientes.

En filas del chavismo, y especialmente luego de la crisis de abril de 2002, se extremaron los cuidados para prevenir que el mandatario fuese víctima de un ataque como el que ejecutaron en Egipto para matar a Anwar el Sadat, en 1981. Esto implicaba inutilizar las armas que portaban los militares que participaban en los desfiles o paradas. 

Pero la tecnología de los drones abría la posibilidad de un ataque a distancia. Parecía un escenario novelesco, hasta el 4 de agosto de 2018.

A un año de aquel episodio, han surgido informaciones que sirven para entender algunos aspectos cruciales, y que reposan en un expediente de más de 26 piezas.

 
La última tarima de Chávez

 

En una serie de trabajos publicada en este mismo espacio en los días inmediatos a las explosiones se indicó que uno de los aspectos fundamentales de la investigación tenía que ver con la “puesta en escena”. Entonces, se celebraba el 81 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional. La parada militar solía ser efectuada en el patio de honor de la Academia de la GN, en Fuerte Tiuna, o en su defecto en el Paseo Los Próceres.

Según Contrainteligencia Militar y la Fiscalía, encarnada por el abogado Farik Karim Mora, la responsabilidad por la escogencia del lugar y la diseminación posterior de la información relativa a esta decisión correspondió al general de división Alejandro Pérez Gámez, el oficial de mayor graduación detenido hasta el momento por este caso. 

Pérez Gámez era director de Orden Interno de la Guardia Nacional. Durante las investigaciones, sostuvo que la elección del escenario del acto aniversario era competencia habitual de los oficiales del área de Logística. Pero que el año pasado se planteó hacer algunos cambios sobre el particular. Dijo que se trataba de una decisión en la que participaba el generalato. En esa instancia plantearon hacer la parada en Maracaibo, otros mantenerla en Los Próceres y otros en la avenida Bolívar, con el argumento de que fue el lugar escogido por Hugo Chávez para su último mítin.

Una vez que el cuerpo de generales acogió esta última propuesta, recordó, se creó un grupo de whatsapp para hacer las convocatorias y ventilar los detalles de organización que implicaba el traslado de unos tres mil hombres a esa arteria vial. Se hicieron además tres reuniones preparatorias y, según Pérez Gámez, la Casa Militar (cuyo comandante es el mismo director de la Dgcim) estaba al tanto de todos los arreglos.

Contrario a lo que se hacía en años anteriores, por razones de seguridad el acto en la avenida Bolívar no fue ensayado. Los vecinos del lugar se enteraron vagamente de que algo harían en el extremo oeste de la vía cuando comenzó la instalación de las tarimas, el miércoles 3 de agosto.

Cuando estalló el primer dron, a unos 25 metros de altura y a media cuadra de distancia con respecto a la tarima donde estaba Maduro, Pérez Gámez se encontraba en un palco especial junto a los demás generales del componente.

 

Eran cinco drones

 

Poco después de la primera explosión, aproximadamente a medio kilómetro al sur del lugar donde se desarrollaba el acto militar, otra pequeña aeronave caía en un techo frente a la fachada norte del edificio Don Eduardo, en la esquina Curamichate. Inmediatamente estalló y un abrió un boquete en la pared externa del inmueble.

En los días que transcurrieron hasta el lunes 6 de agosto fueron apareciendo otros aparatos similares. Uno, en la cabina de una camioneta, cerca de donde explotó el segundo dron. Otro, en la oficina 10B del edificio Cipreces. Desde allí, según la versión gubernamental, se produjo el despegue de la aeronave que voló sobre la avenida Bolívar.

El último aparato del que se tenga noticia fue encontrado por un grupo de empleados de Fundacomunal, cuando tomaban un descanso el lunes 6 de agosto a las 10 am. Los trabajadores fumaban cerca de una ventana del despacho público, ubicado en el piso 15 de la Torre Este de Parque Central. Una mujer se asomó para lanzar una colilla, y encontró los restos de otro aparato Phantom blanco, sobre una cornisa. Aparentemente, se había estrellado contra la ventana sin que se produjera explosión alguna. Algunas de sus hélices fueron a dar a la planta baja.

La tesis esbozada por la Dgcim y la Fiscalía es que estos dispositivos fueron traídos al país por partes desde Cinacota, Colombia, donde supuestamente se hicieron los primeros ensayos de lo que llaman el “magnicidio frustrado”. Pero la investigación no ofrece datos o testimonios que permitan corroborar esta teoría.

 
“Sabían lo que iba a suceder”

 

Hasta el momento, por este caso han sido presentados diecisiete personas ante el juzgado primero contra terrorismo a cargo de la abogada Carol Padilla. Dos de ellas son generales y otra coronel de la Guardia Nacional. Los demás son civiles. Entre ellos figura el diputado Juan Requesens. En el expediente también se hace mención al concejal Fernando Albán, muerto en octubre de 2018 mientras se encontraba en custodia del Sebin, en Plaza Venezuela, y el capitán de corbeta Rafael Acosta, quien de igual forma murió como consecuencia de la golpiza que le dieron mientras estaba detenido en Contrainteligencia Militar, en virtud de las averiguaciones sobre el alzamiento militar del 30 de abril.

Otro nombre mencionado es el del coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo. Por ende, el expediente sobre el estallido de los drones pareciera plantearse como un capítulo más de un largo conflicto, en el que también participaron el inspector jefe de la policía judicial Oscar Pérez y el capitán retirado de la GN Juan Carlos Caguaripano.

Algunas de las personas que fueron involucradas en este expediente son líderes políticos que en su mayoría no se encuentran en el país. Pero en los interrogatorios, los agentes de la Dgcim exigían –a menudo con torturas- que los implicaran. Así lo reveló el general de brigada Héctor Hernández da Costa durante la audiencia preliminar.

Este oficial, alférez mayor de la promoción egresada de la Efofac en 1989, había sido jefe del comando antidrogas de la GN. No presenció el acto aniversario de 2018 pues se encontraba de reposo médico. No obstante, la Fiscalía le imputa el rol de “planificador” de los ataques. Cuando era sometido a interrogatorio, un funcionario conocido como Ezequiel le planteó “la gran oportunidad de su vida”.

“Usted decide: solo tiene que decirnos la vinculación que tienen Julio Borges, Juan Requesens, Antonio Ledezma, Maria Corina Machado y Leopoldo López con el magnicidio”, le dijeron.

Por su experiencia, Hernández sabía que estaba ante el juego de “policía bueno, policía malo”. Y que el segundo rol correspondía a un teniente de navío, quien ya había dejado en su cuerpo algunos indicios de lo que vendría.

La declaración de este general ha sido la más prolongada. Para él, los estallidos del 4 de agosto de 2018 necesariamente contaron con el concurso de oficiales de la Casa Militar.

“Fue un hecho controlado. Sabían lo que iba a suceder, pero lo dejaron correr para ganar indulgencia con el Presidente”, afirmó.

Más de un año ha transcurrido desde aquellos hechos. La Guardia Nacional ha sido profundamente impactada, no solo por los detalles de este caso sino, en términos más amplios, por su rol en el conflicto político que atraviesa el país. Una evidencia fue el tono de los actos correspondientes al último aniversario: en el Patio de Honor de la Academia, sin público, con un Maduro confinado y bajo extremada vigilancia. Adelante, una Guardia Nacional mermada en su moral y capacidades, que ahora se ve obligada por decisión presidencial a admitir a contingentes de milicianos para compensar de alguna forma el deslave de sus tropas.

Quizá esto no ha sido observado con suficiente énfasis, pero los movimientos militares más importantes y evidentes de este año en contra del Gobierno han surgido de este componente (21 de enero, 30 de abril). Aún así, la población continúa viendo a la GN con desdén, como consecuencia de las “atrocidades” contra los manifestantes, observadas por el ministro Padrino, y una profunda corrupción, de la que por cierto no tiene el monopolio.

 

Breves

 

-El 10 de julio, agentes de la policía judicial asignados a Interpol detuvieron en la playa El Cardón de Margarita al francés Chirstian Maillaud, también conocido como Stan. Según su novia y compañera de peripecias en los últimos doce años, Janette Seemann, ambos recién finalizaban una sesión de trote por la playa cuando fueron interceptados por los policías, quienes se llevaron al hombre sudoroso, y lo recluyeron en una celda de la agencia internacional en Caracas. Alias Stan es el centro de una controversia en Francia, debido a los métodos radicales que aplicaba para la protección de menores de edad, de quienes se creía podían ser víctimas de abuso sexual por alguno de sus padres. Según su pareja, estos procedimientos incluían llegar a un acuerdo para el traslado del menor de edad junto a alguno de sus representantes, a un sitio donde el otro no lo pudiera encontrar. Seemann y Maillaud llegaron a la convicción de que los tribunales franceses no garantizan la justicia. De allí que, según esta lógica, fuese imperativo aplicar medidas drásticas. “¿Si no podemos encontrar justicia (en los juzgados), cómo podíamos arreglar estas cosas?”, se preguntó ella. Mailllaud fue miembro de las Fuerzas Especiales francesas y de la Gendarmería. Luego, en la vida civil, fundó varias empresas de seguridad en la Isla de Reunión. En 2018, un tribunal galo lo condenó por un delito equivalente al rapto de una niña de cinco años de edad, Camille, quien presumiblemente fue ayudada por él a salir del país junto a su mamá, Priscilla. Maillaud y su compañera abandonaron Francia y, según ella, fueron en una especie de periplo por islas del Caribe, que incluyó Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, hasta llegar a Margarita. En cada isla, hablaron con los embajadores venezolanos, para solicitar asilo. Pero nunca les fue otorgado formalmente. Una vez en Interpol Caracas, el ex comando se declaró en huelga de hambre. Dice que prefiere morir en Venezuela que ser recluido en su país natal. Ahora, Francia se encuentra en un dilema: ¿formalizará la solicitud de extradición ante el Tribunal Supremo de un Estado cuya legitimidad desconoce? Hasta el momento de redactar estas líneas, tal acción no se ha concretado.

 

-El 2 de agosto, el canciller estadounidense Mike Pompeo anunció la revocatoria de visa y la prohibición de entrada a EEUU para el mayor general (Ejército) Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar, y del teniente coronel (GN) Rafael Bastardo, ex jefe de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. El anuncio parecía extemporáneo pues ambos habían sido incorporados en la lista OFAC del Departamento del Tesoro el 15 de febrero, por su participación en violaciones continuadas a los derechos humanos. Esta medida no solo trae como consecuencia automática la congelación de todos los bienes y activos de las personas señaladas, sino también un impedimento de viajar a EEUU. El aspecto más relevante del anuncio de Pompeo, entonces, no tenía que ver directamente con estos funcionarios, sino con la extensión de la medida a sus respectivas esposas e hijos. Esto envía un importante mensaje a más de 140 personas que están en la misma lista, en cuanto a que sus familiares directos también podrían ser expulsados del territorio estadounidense. Julio, además, fue un mes especialmente activo en cuanto a sanciones del Tesoro relacionadas con el caso venezolano. Hubo cuatro anuncios que afectaron a catorce personas, a la Dirección de Contrainteligencia Militar como institución y a más de quince empresas, algunas de ellas ubicadas en Cuba. Un indicador de que, luego de una relativa calma, Washington intenta escalar el conflicto con el régimen de Maduro.

Familia de Edgar Zambrano logró visitarlo en prisión

La tarde del sábado 20 de julio, familiares del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, lograron finalmente visitarlo después de dos meses de su detención.

El día en el que el Parlamentario cumplió 64 años, pudo compartir con sus hijas Soley Zambrano y Zue Zambrano, también estuvo presente su esposa, su yerno y su única nieta, así lo escribió a través de su cuenta de Twitter la pareja del diputado, Sobella Mejías .

En la recién creada cárcel de máxima seguridad ubicada en Fuerte Tiuna a la que fue trasladado Zambrano, también llegaron integrante del conocido Grupo de Boston, organización que logró que al haber transcurrido más de 70 días del arresto del diputado sus familiares lograran finalmente visitarlos en prisión.

La reunión contó con la presencia de varios integrantes del Grupo de Boston, entre ellos su coordinador Pedro Díaz Blum y los delegados Francisco Torrealba del sector oficial y Pedro Pablo Alcántara por la oposición.

Desde el 10 de julio Zambrano lleva a cabo una huelga de hambre, para que se le de cumplimiento a varias exigencias, entre las que se encuentra la inmediata liberación de Rosario Pedro, Abraham Rodríguez, Martín Hernández y Martín Peña, todos integrantes de su equipo detenidos junto a él el pasado 8 de mayo.

El Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Función de Control, con competencias en casos vinculados a “terrorismo”, dictó medida privativa de libertad contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, tras el allanamiento ilegal de su inmunidad parlamentaria por la impuesta asamblea constituyente.

Según las autoridades, el parlamentario habría cometido flagrantemente los delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada durante los sucesos del 30 de abril, en el contexto de la llamada “Operación Libertad”.

Zambrano, junto a los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla Peraza, Américo De Grazia y Richard Blanco Delgado, estuvieron al lado de Juan Guaidó durante las acciones en el Distribuidor Altamira con un puñado de militares, hecho que el gobierno que preside Nicolás Maduro califica de “escaramuza de intento de golpe de Estado”.

General Rodríguez Torres inició huelga de hambre amarrado a su cama

La diputada Adriana Pichardo informó que el exministro de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres está en huelga de hambre desde el lunes. El 9 de mayo el mayor general retirado fue trasladado a una celda de máxima seguridad en Fuerte Tiuna.

De acuerdo con Pichardo, el coronel Hannover Guerrero “es el encargado de torturarlo” y ha intentado hacerlo ingerir alimento de manera forzada en varias oportunidades, sin éxito; pese al estado grave de salud en el que se encuentra Rodríguez Torres.

La parlamentaria por el estado Aragua también denunció que el general ha perdido 14 kilos de peso desde su detención y asegura que “se encuentra amarrado a su cama con una sábana resistiendo la tortura y exigiendo respeto a sus derechos” y al de sus compañeros presos.

Pichardo pide a la comisión de las Naciones Unidas que permanece en Caracas poner atención sobre este caso, así como a la comunidad internacional. Igualmente, hace responsables de la vida de los presos políticos al régimen.

Miguel Rodríguez Torres fue detenido en marzo de 2018 tras ser acusado de conspirar contra Nicolás Maduro. Fuentes de la Fuerza Armada Nacional no descartan que al exministro también se le vincula con el madrugonazo militar que se desplegó el 30 de abril de este año, encabezado por el presidente del Parlamento, Juan Guaidó.

Rodríguez Torres permaneció 14 meses recluido en la sede de inteligencia militar, a pesar de que el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del capitán Mickel Amézquita Pion, ordenó como centro de reclusión la cárcel de La Pica, en el estado Monagas. En ese momento, la defensa militar argumentó que la vida del general corría peligro.

En esta cárcel de máxima seguridad de Fuerte Tiuna también permanecen recluidos el general Raúl Isaías Baduel y el diputado Edgar Zambrano, quien ejercí funciones como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Hijo de Baduel confirma el traslado de su padre de Ramo Verde a Fuerte Tiuna

Adolfo Baduel a través de su cuenta en la red social Twitter @jbaduel, confirmó lo que en la tarde de este miércoles era un rumor: que su padre el general en jefe Raúl Isaías Baduel, había sido trasladado del lugar de prisión Ramo Verde a una cárcel de máxima seguridad, ubicada en Fuerte Tiuna.

El exministro de defensa fue detenido el 3 de abril de 2009, por órdenes de su compadre y amigo Hugo Chávez y en mayo de 2010 fue condenado a 8 años de prisión.

Su hija, Margareth Baduel también hizo la denuncia a través de un video publicado en las redes sociales, donde aseguró que su padre es objeto de una desaparición forzada. 

Exigen verlo porque habría información cruzada sobre su paradero. En un principio desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Plaza Venezuela, les confirmaron el traslado y también en las instalaciones de la policía política, pero luego cambiaron la versión.

 

Crímenes sin Castigo | Razones para desertar, por Javier Ignacio Mayorca
Las defecciones se han convertido en una práctica común en la Fuerza Armada. Cualquier motivo parece valedero. Al final, el régimen las aprovecha para quedarse con quienes considera “leales”

 

@javiermayorca

 

EL 6 DE MAYO, UNA COMISIÓN de la Guardia Nacional se presentó en uno de los edificios de Fuerte Tiuna utilizados como vivienda en guarnición para los oficiales subalternos. Los uniformados buscaban al capitán Jesús Ramos, quien comandaba una de las compañías del Destacamento de Seguridad Urbana de ese componente en el estado Vargas.

Ramos debía presentarse en su unidad el 2 de mayo, luego de disfrutar un permiso autorizado por la superioridad. Ante su ausencia, ordenaron la activación del llamado “plan de localización”. Esto implica que lo buscarán en su residencia y la de sus padres y parejas.

Debido al estado de crispación en la FAN, se sospechaba que este capitán podía estar incorporado a la causa de Juan Guaidó, quien el 30 de abril había respaldado un alzamiento en los alrededores de la base aérea La Carlota junto a numerosos efectivos militares, en su mayoría de la Guardia Nacional.

De acuerdo con fuentes castrenses, al profundizar en las pesquisas se determinó que el oficial pudo haber cruzado la frontera con Colombia. Fue allí donde se detectó por última vez la utilización de su número telefónico.

Era, con toda probabilidad, el caso de otro militar cobijado por Acnur en Cúcuta.

Ramos, hasta el momento de redactar esta columna, no ha colgado ningún video en YouTube, explicando las razones de su defección. La publicación de mensajes en las redes sociales es casi un patrón de conducta entre los oficiales y tropas que salen del país, y que según Migración Colombia ya sobrepasan el millar.

Este caso fue distinto. El 9 de mayo, Ramos se comunicó con sus superiores utilizando un número colombiano, como para despejar dudas de su paradero. Confirmó que se unió al alzamiento del 30 de abril, aunque curiosamente sin llamar a las tropas a su mando. Es decir, en términos estrictamente personales. Sostuvo que durante sus diez años largos de servicio conoció la corrupción y la ausencia de criterio y objetividad de la alta oficialidad de su componente. Algo que, según su punto de vista, contrastaría con el “sufrimiento” de la tropa.

El capitán no teme que lo llamen traidor. Prefiere ese calificativo a que lo vean como cómplice de una “pantomima”, y aseguró que al marcar distancia con respecto al régimen no será copartícipe de la “destrucción del país”.

El nombre de este capitán probablemente aparecerá en algún decreto presidencial, junto a docenas de oficiales y tropas degradados y expulsados de la Fuerza Armada. Así es como Maduro despacha en este momento la crisis cada vez más profunda en la institución castrense.

Luego del 30 de abril, el “goteo” de deserciones y pronunciamientos no ha cesado. Cualquier razón pareciera válida para huir de los cuarteles.

Mientras que Ramos argumentaba la separación anímica de lo que una vez fue su proyecto de vida, el mayor del Ejército José Gregorio Basante también hacía los preparativos para cruzar la frontera por Santa Elena de Uairén, rumbo a Brasil. Este oficial, quien hasta la semana pasada comandó el Escuadrón de Caballería Motorizada del Ejército 5102, ha sido señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la represión a los manifestantes indígenas, a partir del 23 de febrero. Pero lo que propulsó su defección no fue esto, sino la investigación sobre un presunto contrabando de diésel en un convoy que trasladaba blindados BTR-80, desde Puerto Cabello hasta la unidad comandada por él, el 30 de abril. Por este caso habían sido detenidas en flagrancia cuatro personas, entre ellas un coronel de la misma fuerza que Basante.

De un lado, entonces, están las razones morales y políticas. Del otro, motivos que parecieran netamente pragmáticos. Ramos y Basante aparecen como dos extremos opuestos, pero que convergen en el mismo resultado: romper filas.

Desde 2017, las deserciones empezaron a ser maquilladas con un eufemismo, que llaman “permanencia arbitraria fuera de la unidad militar”. La razón de fondo, según explicaron fuentes de la FAN, es que si todos los casos de deserción fuesen procesados como delitos, no se darían abasto. Son demasiados, y entonces prefieren procesarlos por vía administrativa.

En otros tiempos, la deserción de efectivos de tropa ocurría ocasionalmente. Buscar a quienes se ausentan ha sido una de las funciones de la Policía Militar, según lo indica el reglamento de Servicio en Guarnición. Ahora, como se ve, las deserciones abarcan no solo a sargentos sino también a oficiales jóvenes y a generales.

En las policías también están “desertando”. Esa es una de las razones por las que la PNB solo dispone realmente de poco más de la mitad de su nómina. En el caso de Cicpc, lo que molesta no es la ausencia del funcionario, sino que luego se distancie públicamente del régimen mediante un comunicado o un video. Por eso los jefes de algunas regiones en el centro del país pidieron a los subalternos que eviten las declaraciones públicas, y se limiten a solicitar la jubilación por los canales regulares.

Todo esto habla de un gran desencanto, que no conduce a un esfuerzo organizativo sino acciones netamente personales y aisladas. Al final, esta dinámica termina beneficiando al régimen, pues aprovecha para depurar sus filas y quedarse estrictamente con quienes considera “leales”.

 

Breves

 

El régimen avanza en estos días de relativa calma post 30-A, y toma medidas ante el inminente incremento de la conflictividad política y social. Comenzaron a ejecutarse dos decisiones: 1) se avanza en la constitución de las llamadas “cuadrillas de paz”, entidades en las que convergen efectivos de la Milicia Bolivariana y de la Guardia Nacional con colectivos armados, miembros de las UBCHs y empleados del programa Clap. Ya convocaron para las prácticas de estos grupos en unidades de la FAN; y 2) se ordenó a la Guardia Nacional iniciar los cursos de formación para facilitadores en materia de orden público en cada región policial. En el caso de la Policía Nacional, la orden es conformar escuadras de 200 efectivos en cada estado del país, con conocimiento de las técnicas para aplacar manifestaciones.

 

La súbita remoción del director de la Policía Nacional, general de división (GN) Carlos Pérez Ampueda, y de otros integrantes de la directiva de ese cuerpo está íntimamente ligada a la conducta de este oficial durante el alzamiento del 30 de abril y las manifestaciones del 1 de mayo. Fuentes de la institución indicaron que este general no transmitió debidamente la orden impartida por el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, en el sentido de no permitir aglomeraciones ni bloqueos en la autopista, en especial en los alrededores de Altamira. Esta omisión hizo que titular del MRI tuviese que saltar varios eslabones en la cadena de mando para mandar directamente al jefe de Orden Público, comisionado Valentín Hernández, una actuación inmediata contra los manifestantes. Los cambios que desde entonces han implantado en el principal cuerpo civil armado del país han causado estupor. Para la subdirección fue designado un teniente coronel de la Guardia Nacional, Rubén Santiago Servigna, quien venía de desempeñarse como Administrador del MRI; al jefe de Investigaciones Penales, el comisario general Cicpc Alirio Cermeño lo reemplazaron por un capitán de la Guardia Nacional; otro oficial del mismo grado estará al frente de la Dirección contra la Delincuencia Organizada. Esto se une al cambio ya anunciado en la jefatura de la Fuerza de Acciones Especiales, ahora ejercida por el comisario del Sebin José Miguel Domínguez, alias Miguelito, conocido por su estrecha relación con los colectivos armados.

Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 14.05.2019: MEDIO: ¿Y LOS ASCENSOS DEL 5 DE JULIO?
MEDIO
¿Y LOS ASCENSOS DEL 5 DE JULIO?: 

 

El cotarro esta movido en las Fuerzas Armadas. La lista de ascensos debía estar lista, como es tradición “sine qua non” desde diciembre pasado. Hasta hoy, con casi cinco meses de retraso, nada se sabe y es por eso que las pujas y divisiones a lo interno militar, estan peores hoy que tras el 30 de abril. Los jefes de las REDI se creen con el derecho a ascender por sobre todos los otros generales y coroneles. Dos generales en jefe, Suarez Chourio y Hernández Dala, están tratando de convencer a Maduro de seleccionar otros militares para esa promoción al siguiente nivel. La importancia de las REDI para el soporte del régimen puede notarse en esta información que  proviene de la alianza Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es y que fue publicada el pasado lunes 12: “Tras el madrugonazo militar del 30 de abril, los comandantes de las 8 Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) y sus unidades ratificaron la lealtad al gobernante Nicolás Maduro. Este respaldo no es nada despreciable si se considera que los altos oficiales tienen ascendencia sobre la oficialidad, la tropa y manejan sistemas de armas estratégicos. Según la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN), las REDI son espacios del territorio nacional con características geoestratégicas, establecidos por el Presidente sobre la base de la concepción estratégica defensiva nacional. Su objetivo es “planificar, conducir y ejecutar operaciones de defensa integral, a fin de garantizar la independencia, la soberanía, la seguridad, la integridad del espacio geográfico y el desarrollo nacional”. Estas estructuras, creadas por Hugo Chávez, tienen el control militar en el Distrito Capital y todos los estados, por lo cual son clave en el resguardo del país. El 4 de mayo, Maduro informó de una reunión, en Fuerte Tiuna, con los generales y almirantes de la institución castrense. “Compartimos importantes reflexiones sobre el asedio imperial a nuestra Patria y expresaron su firme determinación para defender la soberanía Nacional con lealtad y patriotismo”, señaló el gobernante en su cuenta de Twitter”.

 

¿REHENES?

 

Al calco de lo que hizó Irán con los rehenes estadounidenses en la Embajada Americana en 1979, el gobierno madurista abrió una nueva carcel de máxima seguridad en las instalaciones del Fuerte Tiuna para encerrar allí a presos, de importancia tal, que puedan fungir de rehenes, en peligro de sus vidas, para evitar un ataque aéreo de Estados Unidos, Colombia o Brasil. Allí están detenidos el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano y el Mayor General MiguelRodríguez Torres, ex director del SEBIN y exministro de Relaciones Interiores, “Justicia y Paz”. Éste fue traladado sin previo aviso de “la tumba” del Sebin en la madrugada del 9 de mayo, a la llamada  “cárcel de máxima seguridad” en las instalaciones militares en El Valle. Así fue informado por la organización que lidera, Movimiento Amplio Desafío De Todos. El militar retirado estaba recluido en la sede de Boleíta de la Dirección General Contrainteligencia Militar, estado Miranda desde el 13 de marzo de 2018 cuando fue apresado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuerpo de investigaciones que estuvo bajo su cargo desde 2002 hasta 2013. Asi paga la revolución. Deberían mirarse en ese espejo muchos de los mas obsecuentes militares convertidos en millonarios y empresarios en estas dos décadas rojas. Para ahondar más en el “odio” a MRT, su esposa Zuleima Medina, fue detenida el pasado domingo en un procedimiento de Contrainteligencia Militar en Caracas. Se desconoce su paradero. La habrían detenido para vincularla al alzamiento del 30A, y a un supuesto plan de fuga del ex titular del MRI”. Esa sería también la excusa para su traslado al Fuerte. Elucubran que tendría preparado un escape del SEBIN con la complicidad de funcionarios que lo respetan y obedecen.

 

La hora de la madurez, por Asdrúbal Aguiar

ESCRIBO A MENUDO SOBRE la destrucción de la república y la ruptura del tejido de la nación en Venezuela, resumiendo su circunstancia. Y destaco su urgencia de patria, “donde el pueblo es libre como debe serlo”, diría Miguel J. Sanz, uno de nuestros padres fundadores.

Agrego hoy que no muere la soberanía, fuente de la democracia y su legitimidad, cuando sus diputados son secuestrados; pues soberano es el pueblo, incluso hecho hilachas. Mientras resuene la voz de algún venezolano, adentro o afuera, como hijo de la patria lo que “le toca es ser propicio a ella”.

En 1810, a falta de Fernando VII y dada su traición nos dimos una Junta. Al caer la Primera República, traicionado Francisco de Miranda por los suyos, la empresa de la independencia no cede. Y cuando las espadas de la libertad pretenden conservar el poder a costa de nuestra libertad, José Antonio Páez nos da una república. La dibujan, por su encargo, los representantes del pueblo, los ilustrados sin armas. A las armas les exige respetar a la soberanía, al propio pueblo.

En ese ese ir y venir, como es propio de la historia humana y consecuencia de sus miserias, salvo para quienes la reducen a causas y efectos, nos hemos movido los venezolanos a lo largo de los años.

Nuestra república civil se inaugura mediante un pacto tácito con el mundo militar. En el trabajan con denuedo, primero, en 1958, el presidente y profesor Edgar Sanabria, quien sucede a la cabeza de la Junta de Gobierno al almirante Wolfgang Larrazábal. Luego, Ramón J. Velásquez, secretario del presidente Rómulo Betancourt desde 1959, pues este es refractario a los militares por el desenlace de los sucesos del 18 de octubre de 1945.

Velásquez logra le apoyen y le ayuda la circunstancia, la ocupación preferente de los hombres de armas en la defensa del país ante la agresión armada de los cubanos. Y llegada la pacificación, venidos los perdones y las amnistías, que los inaugura Raúl Leoni y concluye como esfuerzo Rafael Caldera, a partir de 1969, el desafío es ingente: ¿Qué hacer con los militares, para bien y para mal nuestros árbitros históricos, en tiempos de ruptura institucional?

Se les ocupa, así, en su formación democrática e incorpora al desarrollo nacional, como lo prescribe la Constitución de 1961. Se les hace universitarios, se les facilitan los grados y posgrados en las universidades civiles, incluidas las extranjeras. Hasta se les cruza en su formación, como paso previo al generalato, con el mundo civil y empresarial, en el ámbito de los Altos Estudios.

La fractura que sufre el mundo militar en 1992 no es, pues, peccata minuta. Que sean más de seiscientos los oficiales superiores y subalternos “universitarios” quienes la provocan, representa un grave traspiés para la nación, dada su historia.

Eso lo entiende a cabalidad Carlos Andrés Pérez. Luego de evaluar a fondo el asunto se empeña en la reunificación afectiva y efectiva de los militares, a contrapelo de algunos de sus colaboradores civiles. Decide la política de perdones e inicia los célebres sobreseimientos. Dicta decretos y restablece su comando alrededor del mundo castrense. Pudo alzarse y no lo hizo, por ser un demócrata cabal. Paradójicamente, lo tumban los civiles.

Velásquez, que viene de atrás, que conoce bien y en sus entrañas nuestro dilema existencial, sostiene el proceso pacificador y los sobreseimientos. Los faltantes se los pasa a Rafael Caldera, advirtiéndole del otro golpe que, no obstante, cocina ahora el Alto Mando. Y con firmeza y sin desplantes este alcanza a revertirlo – es parte junto a Betancourt de la escuela de Puntofijo – y se gana, inevitablemente, el odio de los relegados. La república se sostiene.

Caldera cierra la política de pacificación – prometida por los candidatos que compiten junto a él y debatida por el Congreso electo de 1993 – con un detalle que lo separa de sus antecesores: A los comandantes del 4F les quita el uniforme y les aleja del comando militar.

Siendo el presidente más débil de la democracia, atrapado por el vendaval de la crisis financiera venida de atrás, tampoco lo tumban los militares. Pérez, Velásquez y Caldera, cumplen, como estadistas, con Venezuela.

¿Que eran árbitros los militares? Sí, desde siempre. ¿Qué fue el precio que nos impuso Simón Bolívar desde 1819? Es una verdad como la catedral. Tanto que, para designar a Velásquez como presidente provisional, una vez salido Pérez, los diputados los consultan. Aquellos rechazan el nombre de Carlos Delgado Chapellín. El diálogo entre el poder civil y Fuerte Tiuna es, como antes, la constante.

Faltaría explicar lo que sólo puede entenderse leyendo a J.B. Vico: “il corso e ricorso” de la historia, que es elíptica, a saber, que son los civiles y sus élites los que ungen a un exmilitar como candidato – en las encuestas el último hasta febrero de 1998 – y es el pueblo mayoritario, en ejercicio de su soberanía, que no le pertenece a ningún gobernante ni le da licencia para escoger a sucesores, quien lo hace mandatario.

La cuestión es que el arbitraje de los militares los ha llevado hasta el secuestro actual de la soberanía. Y lo crucial es saber cómo se forja un diálogo leal y creíble entre los universitarios de uniforme y los del parlamento, para restablecer los equilibrios perdidos. Las amnistías de éstos ya no les bastan como en el pasado.

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