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Fuerte Tiuna

Ordenan detener a efectivos por hechos en alcabala de Fuerte Tiuna
Los involucrados son Víctor Estaba, primer teniente del Ejército, y el soldado Johnan Márquez

El Juzgado Cuadragésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad contra dos oficiales militares involucrados en la muerte de una funcionaria del Cicpc en una alcabala de Fuerte Tiuna.

Se trata de Víctor Estaba, primer teniente del Ejército, y el soldado Johnan Márquez. Ambos fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional simple, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal venezolano,.

Asimismo, se les señala de cometer uso indebido de arma orgánica de guerra, tipificado en el artículo 115, en relación con el artículo 4, de la Ley para el Control de Armas y Municiones.

El juzgado dictó la privativa de libertad de conformidad con lo establecido en los los artículos 236, numerales 1, 2 y 3; 237, numerales 2 y 3; y 238, numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Vale acotar que se designó como sitio de reclusión para ambos efectivos militares el destacamento 35 de la Policía Militar con sede en Fuerte Tiuna.

Nota de prensa

#MonitorDeVictimas | Policía Militar asesina a funcionaria del Cicpc en alcabala de Fuerte Tiuna
La versión militar justifica el homicidio al decir que la dama no acató la voz de alto. La amiga que acompañaba a la víctima explicó que los funcionarios no las dejaban salir de las instalaciones militares

@Daigalaviz

 

Ayendry Dianelys Moreno López, de 29 años de edad, detective adscrita a la Dirección de Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fue asesinada la noche de este lunes 24 de febrero luego de que funcionarios de la Policía Militar destacados en la alcabala 3 de Fuerte Tiuna, le dieran la voz de alto y al ésta no acatarla, dispararon contra el vehículo en el que se trasladaba.

De acuerdo con información oficial, aproximadamente a las 7:10 p. m.,  Moreno se desplazaba por las instalaciones de Fuerte Tiuna, en un vehículo marca Mazda, modelo 3, año 2007, color negro y placas AB747TB. 

A esa hora, la dama tumbó unos conos adyacentes a una estación de servicio por supuestamente conducir a exceso de velocidad y fue conminada a detenerse en la alcabala N° 10 donde el capitán Reinie Betancourt García solicitaría su documentación. El militar asegura en una minuta informativa, que la víctima no acató su orden y por ello pidió a la alcabala N° 3, que se encuentra próxima a la autopista Valle-Coche,  que la detuvieran y revisaran su vehículo. 

La dama no estaba sola, se encontraba acompañada por Emiley Milagros Carvajal, de 31 años de edad, quien en una entrevista con funcionarios del Cicpc ofreció una versión distinta a la oficial. La dama indicó que, en efecto, fueron abordadas en la alcabala N° 10 por funcionarios de la Policía Militar, pero que estos les indicaron que no podían circular por Fuerte Tiuna y les ordenaron salir de las instalaciones militares. 

Carvajal relata que cuando procedieron a retirarse, se encontraron con otros uniformados que hacían guardia en la alcabala N° 3, y estos no les permitieron el retiro, por lo que la víctima hizo caso omiso y arrancó su vehículo. Los efectivos respondieron con disparos, uno de los cuales impactó a la víctima en la parte posterior del cuello.

La versión militar asegura que un primer teniente del Ejército y un soldado de la Policía Militar las esperaban por orden del capitán de la alcabala N° 10, pero que cuando dieron la voz de alto, Moreno no bajó la marcha de su vehículo, sino que los atropelló. Indican que por ello el soldado Jhoan Ramírez Márquez sacó su arma y realizó dos disparos al aire, cuyos tiros terminaron en el caucho del vehículo y el segundo en el cuello de la víctima, luego de atravesar el vidrio trasero.

Al sitio llegaron funcionarios del Eje de Homicidios para la reconstrucción de los hechos. El cuerpo de la víctima fue trasladado en horas de la noche a la medicatura forense de Bello Monte para practicarle la autopsia. La víctima deja dos niños. 

 

Infobae: Padrino López ordenó usar armas contra quien ataque cualquier instalación militar
Maduro dispuso elevar niveles de vigilancia y capacidad de combate a todas las unidades 

 

Quizá como nunca antes en los 20 años de revolución, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana había actuado con tanto cuidado, por no decir temor, como lo ha hecho en los últimos días del año que terminó. No solo fue el radiograma 5340 de la víspera de Navidad, a través del cual el ministro Vladimir Padrino López ordenó medidas especiales durante el permiso navideño. Luego Nicolás Maduro dispuso elevar los niveles de vigilancia y capacidad de combate a todas las unidades militares. Y unas horas antes de terminar el año el titular castrense emitió otro radiograma donde ordena responder “con contundencia y sin vacilación” ante cualquier agresión contra alguna institución militar.

Con fecha 30 de diciembre de 2019, el general en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López suscribe el Radiograma 5400, en el cual reitera el contenido del 5340, recordando que se ordenó incrementar las acciones necesarias, que permitan garantizar la seguridad de las dependencias administrativas y unidades operativas de la Fuerza Armada.

Pero esta vez agrega que “en vista de la expresa intención de factores adversos al Estado venezolano de atentar contra la paz nacional, se ordena responder con contundencia y sin vacilación, mediante el uso de las Armas de la República, bajo los preceptos constitucionales y de lo establecido en las leyes y reglamentos militares a cualquier agresión física o acto terrorista contra instalaciones militares, bases o cuarteles”.

Agrega Padrino que esa respuesta será en salvaguarda de la vida de los soldados “que resguardan la soberanía en todo el territorio nacional y con el objeto de preservar los bienes de la nación, consagrados a la defensa de la patria”.

Chequear el parque de armas

En el primer Radiograma, el 5340, había ordenado revisar exhaustivamente los parques de armas y polvorines a fin de constatar la presencia física del armamento y municiones, así como constara que los sistemas de seguridad funcionan adecuadamente.

Lo que en condiciones normales está previsto que ocurra en las instalaciones militares, el ministro se empeñó en recalcarlo como una orden especial y revisar los depósitos de equipos y material de Intendencia, así como los vehículos de la Unidad y las despensas de alimentos.

Fue enfático en los relevos de base de seguridad fronteriza u otros destacamentos de personal en lugares aislados.

Los comandantes recibieron la orden de que personal que se encuentre caminando por el Fuerte Tiuna, que es la principal instalación militar de Venezuela, después de las 9 de la noche, la Policía Militar y URRAS deben detenerlo y llevarlo a la Policía Militar.

Llama especialmente la atención que se prohibiera el ingreso a una Unidad o dependencia de comisiones de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Comando Nacional Antisecuestro (CONAS), entre otros, sin la autorización del Comandante de la Región de Defensa Integral (REDI) Capital, mayor general (Ej) Domingo Antonio Hernández Larez.

Eso demuestra que temen el ataque de militares y policías, es decir, hay un estado generalizado donde todos están bajo sospecha.

“Sin motivo alguno”

En el marco de las órdenes nerviosas que han recibido, están deteniendo a cualquiera que esté donde no debería.

Así ocurrió el 25 de diciembre, cuando casi a las 10 de la noche, dos militares viajaban en una camioneta Hilux sin placa color beige, “con un rotulado poco visible”, dice el reporte militar.

Los detienen y resultan ser el SM3 (EJ) Adrián Enrique Villasmil Figueroa, quien estaba armado con pistola prieto Beretta 9 MM, dijo que pertenecía al Cuerpo Logístico del Ejercito. Otro es el S1 (GNB) Alejandro Andrés Urdaneta Perozo, plaza del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) del distrito Capital, también armado con un Fusil, M16 y noventa cartuchos calibre 5,56 mm.

Al rato llega al comando, para abogar por los dos detenidos, otra camioneta Hilux beige, sin identificación, con tres militares, quienes se identificaron así: S/1 (EJ) Deudy Pastor Torres Torres, de la 42 Brigada Paracaidista, quien no estaba armado. También el S1 (GNB) Eudis José Fernández Bencomo, adscrito al CONAS Capital, y quien portaba un Fusil, M15 y noventa cartuchos calibre 5,56 mm. Y finalmente, el S2 (AV) Anthony Frank Sanabria Quintero, quien dijo que pertenece al Servicio de Trasporte de la Aviación (BASUCRE); él tenía una pistola Prieto Beretta, calibre 9mm.

También los metieron presos. ¿La razón para detenerlos? “Se encontraban en la jurisdicción sin motivo alguno”, dijeron los funcionarios del Comando de Zona de la Guardia Nacional D-42 del estado Aragua.

Simonovis asegura que
Simonovis aseguró que ante esta situación los países miembros del TIAR se reunirán para “acabar con la exportación de la anarquía” en la región

Iván Simonovis, comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia de Juan Guaidó, afirmó este lunes 25 de noviembre que recientemente miembros del chavismo sostuvieron una reunión en el Fuerte Tiuna, donde presuntamente se plantearon diversos puntos que van contra las democracias de América Latina.

“Recientemente tuvo lugar una reunión en Fuerte Tiuna en Caracas, con resguardo de la Casa Militar, donde se plantearon diferentes puntos y planes a seguir por la izquierda socialista en Latinoamérica”, expresó Simonovis en Twitter.

 

Asimismo, Simonovis señaló que el encuentro asistieron: Diosdado Cabello, Delcy y Jorge Rodríguez, Iván Hernández Dala, Eduardo Serrano, Valentín Santana y otros. “Con el apoyo de grupos terroristas, la izquierda socialista trabaja en un agresivo plan de destrucción masiva de la democracias en Latinoamérica”, agregó.

“Allí se acordó iniciar un plan de entrenamiento para los Colectivos en materia de inteligencia e impartir instrucción sobre insurgencia a grupos milicianos, quienes ejecutarán acciones desestabilizadoras fuera de Venezuela. Objetivo: desestabilizar la región latinoamericana”, alertó.

Ante esto, Simonovis señaló que los países miembros del TIAR darán “un paso decisivo e histórico para acabar con la exportación de la anarquía” en la región. “Solo una respuesta proporcional a esta amenaza, evitará el caos en Latinoamérica”, dijo.

Edgar Zambrano: “No voy a permitir que el abuso de poder me someta”

A POCO MÁS DE 24 HORAS de haber salido de la cárcel militar en Fuerte Tiuna, Zambrano conversó con El Pitazo en la sede de su partido. Durante cuatro meses y una semana en prisión decidió llevar la cuenta de los días.

“Me memoricé los días que más me impactaron: día 59 o 60, huelga de hambre; día 70, visita del Ministerio Público; día 72, visita de abogados; día 74, visita de la familia; día 102, primer libro”.

El mismo día de la presencia familiar lo visitaron integrantes del denominado Grupo de Boston y el día 129 o 130, lo trasladaron a tribunales para juramentar a sus abogados.

Y es que Zambrano solo pudo tener acceso a defensa privada desde el viernes 13 de septiembre.

El primer libro que leyó fue la autobiografía de Mandela. Le siguieron “Política y Petróleo”, de Rómulo Betancourt; “El Otoño del Patriarca”, de Gabriel García Márquez; “La Casa de los Espíritus”, de Isabel Allende; “Alzado contra todo”, de Domingo Alberto Rangel y uno sobre Vallenilla Lanz.

Recuerda que leyó muchísimo y que cada libro, coincidencial o no, le hizo vivir cada parte del proceso en la cárcel. “La persecución y el sometimiento a la prisión. Eso me ayudó a reorientarme y replantearme muchas cosas. A valorar más la política y comprometerme a trabajarla en dimensiones superiores para hacerla más eficiente y útil para el ciudadano”, dice a modo de reflexión.

Los libros iban a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde los revisaban y aprobaban o no.

Su día transcurría entre contar grietas, caminar en un espacio de 2×3 metros y a partir de ese día, el 102, a leer.

Zambrano bajó más de 20 kilos, tiene líquido en las rodillas y un esguince tipo 2 en su pie derecho y uno tipo 1 en izquierdo, debido a la dificultad para caminar en ese espacio reducido de su celda, la 12-A. Sus ojos son el reflejo silencioso de lo vivido.

Comenzó relatando qué pasó ese día:

Zambrano tenía información de que ni él ni Henry Ramos Allup serían detenidos, a pesar de que les habían allanado la inmunidad parlamentaria. No quiso dar mayores detalles de cómo obtuvieron información.

Salió de la sede de Acción Democrática (AD) pasadas las 6:00 pm. A unos metros fue interceptado por hombres que no se identificaron. No había una orden de aprehensión, por lo que decidió no bajarse y esperar a que llegaran sus compañeros.

Luego lo que corrió por el mundo: los funcionarios decidieron montar la camioneta en una grúa y llevarlo a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde estuvo como una hora en la misma celda con Roberto Marrero. “En prisión nadie está bien”, dice al hablar de Marrero a quien dice haber visto “con buen ánimo y buena salud”.

Al día siguiente fue trasladado a los tribunales. Recuerda que aceptó el acto de presentación con la condición de que sus cuatro trabajadores, quienes habían sido detenidos junto a él, fueran liberados, cosa que no ocurrió ni ha ocurrido hasta el momento de la entrevista y que Zambrano espera pase en las próximas horas.

De allí lo trasladaron a Fuerte Tiuna esa misma noche. Recuerda que llegó al Fuerte militar cerca de la 1:00 am y lo metieron en la celda 12-A.

En esa celda permaneció aislado. Nunca pudo coincidir con el general en jefe Raúl Isaías Baduel ni con el mayor general Miguel Rodríguez Torres. Estaban en celdas contiguas él y Rodríguez Torres. La de Baduel estaba más separada. Además de ellos tres, Zambrano recuerda a un hombre que, supone, era militar. El espacio contaba con ocho celdas.

-¿Cómo organizaron la huelga de hambre?

EZ: Inicialmente, la comenzó Rodríguez Torres al enterarse de que a su esposa la habían detenido y la tenían en la sede de la Dgcim. Ya veníamos trabajando eso, gritando de celda a celda para exigir respeto a los derechos humanos, a ver a nuestros abogados y familiares y para que cesara el aislamiento. Fuimos reduciendo el consumo de alimentos hasta que Miguel anuncia su huelga a los custodios. Cuando tenía dos o tres días de haberla iniciado, me sumé. Al día 70, 10 días después, Rodríguez Torres decide levantarla porque su esposa había sido liberada. Yo decidí continuar. Ese día, el 70, pude hablar con fiscales del MP.

Luego de la huelga de hambre pudimos salir los lunes. miércoles y viernes para caminar una hora en la mañana. Nos alternaban las horas, por lo que nunca pudimos vernos los tres. Yo salía de primero el lunes, de segundo el miércoles y de tercero el viernes.

Desarrollamos dinámicas para sobrevivir en la cárcel.

-¿Cómo cuáles?

EZ: Acordábamos comer a la misma hora, cada uno en su celda. Caminar y hacer ejercicio físico, cada uno en su celda. Teníamos una hora en la noche para transmitirnos nuestras vivencias. Nosotros determinamos esa hora porque era más silencioso, durante el día había mucho ruido y mucho eco y dificultaba más la comunicación de celda a celda.

Hicimos un esfuerzo para, en medio de ese secuestro y esa desgracia de utilizar el poder para perseguir las ideas, hacer un poco vivible lo invivible.

-¿Cómo fue tratado durante la huelga de hambre y en general? ¿Tuvo atención médica?

EZ: Los muchachos son custodios jóvenes que siguen órdenes. Tenían la obligación de grabar cuando llevaban la comida. Nunca aceptamos que dejaran la comida dentro de la celda y, más allá, hubo un trato respetuoso.

Desde el punto de vista médico, tuvimos atención. El día 8 me hidrataron; yo la acepté. El personal médico fue durante todos los días de la huelga.

-Y sus condiciones de reclusión?

EZ: Nunca dormí en el piso. Y nunca me senté en el piso. Me hice un propósito: yo soy un preso de conciencia y no voy a permitir que el ambiente ni el abuso de poder me sometan. Nunca.

En la celda había un lavamanos, la poceta (urinario), una ducha pequeña, cemento para dormir y una especie de división para poner nuestras cosas.

Me sentaba en el urinario y allí comía, de reverso. Utilizaba la tapa del depósito de agua para poner los alimentos. Después de la visita del Ministerio Público nos dejaron tener una mesa y una silla.

Cuando la familia pudo enviarnos alimentos, los intercambiábamos entre los tres. Luego se prohibió.

-¿Cómo lo hacían?

EZ: No aceptábamos la comida y le decíamos al custodio que la llevara a la celda de Miguel (Rodríguez Torres), quien hacía el papel de chef y nos distribuía las combinaciones con proteínas y carbohidratos. Nos divertíamos mucho con eso. Y luego, eso se prohibió. Nos las ingeniábamos, pero hay cosas que uno no puede decir, porque…

Hay mucha gente que en su ruindad política soltaban versiones sobre las condiciones de la prisión. Que si teníamos teléfono, que convivíamos juntos, que comíamos juntos y cada vez que una cosa de estas salían, sufríamos los rigores de las requisas.

-¿Estaban ajenos a lo que ocurría en el exterior?

EZ: Hasta el día 70, sí. Con la llegada de Raúl, nos enteramos de lo de la esposa de Miguel, porque Baduel escuchó un comentario estando en La Tumba. Miguel ya lo presentía por su traslado de la Dgcim a Fuerte Tiuna. Allí fue cuando decidimos iniciar la huelga de hambre.

-Me llama la atención cómo tiene la cuenta de los días, ¿por qué?

EZ: Estábamos incomunicados, aislados. Lo primero que hice para tener control del tiempo fue hacer un almanaque con un mondadientes y con un palillo hice los meses de mayo, junio, julio y el mes de agosto… Eso no puedo… Por razones, digamos, de torpedear la salud de los que quedan allí.

-Agosto fue un mes importante entonces

EZ: Claro… Todos los días son importantes. El más importante cuando me visitaba mi familia. Es muy duro… (tuvo que hacer una pausa para secarse las lágrimas). Saber que al compañero de al lado le hacen presa a su esposa, a otro le persiguen a sus hijas. Tu piensas en los tuyos. Es muy duro y eso formó parte de la huelga.

-¿Se vió reflejado en ellos?

EZ: Sí, claro. Yo no sabía nada de mi familia. A una de mis hijas le gusta el oficio de la política, es dirigente, una muchacha joven con mucho ímpetu. Sobella (esposa) igual. Y una manera de someterme era el riesgo de Sobella y de las hijas. Fue una angustia, fue terrible. Una forma de torturar psicológicamente.

-¿En qué cambió Edgar Zambrano?

EZ: Uno aprende a ver las cosas con un prisma más definido. Cuando pierdes la libertad, tienes una dinámica que no tenías previsto. Ser secuestrado, incomunicado. En 102 días sin hacer nada, piensas muchas cosas, revisas tu vida, haces un balance de tu política, de tus amistades, de tu familia. Valoras la familia, vives su angustia. Ver a mi nieta a través de un vidrio es algo inhumano. Conocer por una foto a la nueva nieta… Todas esas cosas te marcan.

Yo soy un hombre muy sentimental, quizás tengo una personalidad dura para ciertas cosas, pero, en el fondo, soy un hombre sentimental y ese día 72, cuando los abogados me dicen que son mis hijas las que están dando la cara, ese día me doblé.

-¿Siente que hubo una especial saña en su contra?

EZ: El preso político recibe un trato muy cruel. Creo que forma parte de ese terrorismo del poder para doblarte. Nosotros… digamos que, al no permitirnos el debido proceso, el respeto a nuestros derechos y hacerlo público. Quien hace la maldad, no la hace bien. El Twitter comenzó a partir del día 74 cuando, con mi familia, decidimos denunciar y buscar mecanismos de comunicación.

-¿Tuvo miedo a retaliaciones por denunciar?

EZ: Siempre lo hay, pero yo sentí la obligación. He peleado por la liberación de muchos presos, tenía que pelear por mi propia libertad. Por lo demás, tu estableces como un mecanismo de sobrevivencia. Cada vez que se iba la visita, pensabas en el próximo día de visita.

-En algún momento de este proceso, ¿se sintió culpable?

EZ: Sí, y lo expresé, porque cuando ves el rigor de esto, el sometimiento, el pasar por una cárcel y vivir esa anormalidad de hablar a través de un vidrio; tu sientes que no mereces eso, que tu familia no lo merece, que no es por lo que has luchado, que no es el sistema político que tu quieres y que quieres uno de libertad, de justicia.

Si alguien me dio fuerzas fue la propia familia. Quizás, a veces, pierdes el contacto con la familia, no la valoras y le dedicas a esto (la política) la vida y descuidas la familia y no te das cuenta de la importancia de prestar atención a tus hijos, tu esposa, tus nietos. Eso es una enseñanza: continuar con el mismo ímpetu, pero dedicarle mayor valor a la familia. Y renovar mis votos por seguir luchando por los presos políticos.

-¿Considera que su liberación fue producto de este acuerdo firmado entre el gobierno de Maduro y cuatro partidos minoritarios de la oposición?

EZ: No. Coincidieron muchas cosas con este desenlace. Mi familia venía haciendo gestiones en El Vaticano, con los gobiernos español, uruguayo, mexicano, norteamericano y de la Unión Europea. Mi familia hizo un periplo y habíamos avanzado mucho. Iban en paralelo muchas acciones. Eso tuvo que haber coincidido con otras acciones.

 

*Lea la entrevista completa en El Pitazo 

Crímenes sin Castigo | A un año de los drones
Numerosas informaciones se desprenden de un expediente de más de 26 piezas con la investigación sobre el estallido de aeronaves no tripuladas durante un acto aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. ¿Labor de inexpertos o un “hecho controlado”?

 

@javiermayorca

 

El 4 de agosto se cumplió un año desde que estallaron dos drones manejados a control remoto, durante un acto militar que encabezaba el presidente Nicolás Maduro, en la avenida Bolívar de Caracas.

Un hecho con tales características no tiene precedentes en la historia venezolana, y probablemente en la historia mundial, si se toma en cuenta que las aeronaves no tripuladas del tipo usado en este episodio solo pueden ser adquiridas en el mercado civil desde tiempos relativamente recientes.

En filas del chavismo, y especialmente luego de la crisis de abril de 2002, se extremaron los cuidados para prevenir que el mandatario fuese víctima de un ataque como el que ejecutaron en Egipto para matar a Anwar el Sadat, en 1981. Esto implicaba inutilizar las armas que portaban los militares que participaban en los desfiles o paradas. 

Pero la tecnología de los drones abría la posibilidad de un ataque a distancia. Parecía un escenario novelesco, hasta el 4 de agosto de 2018.

A un año de aquel episodio, han surgido informaciones que sirven para entender algunos aspectos cruciales, y que reposan en un expediente de más de 26 piezas.

 
La última tarima de Chávez

 

En una serie de trabajos publicada en este mismo espacio en los días inmediatos a las explosiones se indicó que uno de los aspectos fundamentales de la investigación tenía que ver con la “puesta en escena”. Entonces, se celebraba el 81 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional. La parada militar solía ser efectuada en el patio de honor de la Academia de la GN, en Fuerte Tiuna, o en su defecto en el Paseo Los Próceres.

Según Contrainteligencia Militar y la Fiscalía, encarnada por el abogado Farik Karim Mora, la responsabilidad por la escogencia del lugar y la diseminación posterior de la información relativa a esta decisión correspondió al general de división Alejandro Pérez Gámez, el oficial de mayor graduación detenido hasta el momento por este caso. 

Pérez Gámez era director de Orden Interno de la Guardia Nacional. Durante las investigaciones, sostuvo que la elección del escenario del acto aniversario era competencia habitual de los oficiales del área de Logística. Pero que el año pasado se planteó hacer algunos cambios sobre el particular. Dijo que se trataba de una decisión en la que participaba el generalato. En esa instancia plantearon hacer la parada en Maracaibo, otros mantenerla en Los Próceres y otros en la avenida Bolívar, con el argumento de que fue el lugar escogido por Hugo Chávez para su último mítin.

Una vez que el cuerpo de generales acogió esta última propuesta, recordó, se creó un grupo de whatsapp para hacer las convocatorias y ventilar los detalles de organización que implicaba el traslado de unos tres mil hombres a esa arteria vial. Se hicieron además tres reuniones preparatorias y, según Pérez Gámez, la Casa Militar (cuyo comandante es el mismo director de la Dgcim) estaba al tanto de todos los arreglos.

Contrario a lo que se hacía en años anteriores, por razones de seguridad el acto en la avenida Bolívar no fue ensayado. Los vecinos del lugar se enteraron vagamente de que algo harían en el extremo oeste de la vía cuando comenzó la instalación de las tarimas, el miércoles 3 de agosto.

Cuando estalló el primer dron, a unos 25 metros de altura y a media cuadra de distancia con respecto a la tarima donde estaba Maduro, Pérez Gámez se encontraba en un palco especial junto a los demás generales del componente.

 

Eran cinco drones

 

Poco después de la primera explosión, aproximadamente a medio kilómetro al sur del lugar donde se desarrollaba el acto militar, otra pequeña aeronave caía en un techo frente a la fachada norte del edificio Don Eduardo, en la esquina Curamichate. Inmediatamente estalló y un abrió un boquete en la pared externa del inmueble.

En los días que transcurrieron hasta el lunes 6 de agosto fueron apareciendo otros aparatos similares. Uno, en la cabina de una camioneta, cerca de donde explotó el segundo dron. Otro, en la oficina 10B del edificio Cipreces. Desde allí, según la versión gubernamental, se produjo el despegue de la aeronave que voló sobre la avenida Bolívar.

El último aparato del que se tenga noticia fue encontrado por un grupo de empleados de Fundacomunal, cuando tomaban un descanso el lunes 6 de agosto a las 10 am. Los trabajadores fumaban cerca de una ventana del despacho público, ubicado en el piso 15 de la Torre Este de Parque Central. Una mujer se asomó para lanzar una colilla, y encontró los restos de otro aparato Phantom blanco, sobre una cornisa. Aparentemente, se había estrellado contra la ventana sin que se produjera explosión alguna. Algunas de sus hélices fueron a dar a la planta baja.

La tesis esbozada por la Dgcim y la Fiscalía es que estos dispositivos fueron traídos al país por partes desde Cinacota, Colombia, donde supuestamente se hicieron los primeros ensayos de lo que llaman el “magnicidio frustrado”. Pero la investigación no ofrece datos o testimonios que permitan corroborar esta teoría.

 
“Sabían lo que iba a suceder”

 

Hasta el momento, por este caso han sido presentados diecisiete personas ante el juzgado primero contra terrorismo a cargo de la abogada Carol Padilla. Dos de ellas son generales y otra coronel de la Guardia Nacional. Los demás son civiles. Entre ellos figura el diputado Juan Requesens. En el expediente también se hace mención al concejal Fernando Albán, muerto en octubre de 2018 mientras se encontraba en custodia del Sebin, en Plaza Venezuela, y el capitán de corbeta Rafael Acosta, quien de igual forma murió como consecuencia de la golpiza que le dieron mientras estaba detenido en Contrainteligencia Militar, en virtud de las averiguaciones sobre el alzamiento militar del 30 de abril.

Otro nombre mencionado es el del coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo. Por ende, el expediente sobre el estallido de los drones pareciera plantearse como un capítulo más de un largo conflicto, en el que también participaron el inspector jefe de la policía judicial Oscar Pérez y el capitán retirado de la GN Juan Carlos Caguaripano.

Algunas de las personas que fueron involucradas en este expediente son líderes políticos que en su mayoría no se encuentran en el país. Pero en los interrogatorios, los agentes de la Dgcim exigían –a menudo con torturas- que los implicaran. Así lo reveló el general de brigada Héctor Hernández da Costa durante la audiencia preliminar.

Este oficial, alférez mayor de la promoción egresada de la Efofac en 1989, había sido jefe del comando antidrogas de la GN. No presenció el acto aniversario de 2018 pues se encontraba de reposo médico. No obstante, la Fiscalía le imputa el rol de “planificador” de los ataques. Cuando era sometido a interrogatorio, un funcionario conocido como Ezequiel le planteó “la gran oportunidad de su vida”.

“Usted decide: solo tiene que decirnos la vinculación que tienen Julio Borges, Juan Requesens, Antonio Ledezma, Maria Corina Machado y Leopoldo López con el magnicidio”, le dijeron.

Por su experiencia, Hernández sabía que estaba ante el juego de “policía bueno, policía malo”. Y que el segundo rol correspondía a un teniente de navío, quien ya había dejado en su cuerpo algunos indicios de lo que vendría.

La declaración de este general ha sido la más prolongada. Para él, los estallidos del 4 de agosto de 2018 necesariamente contaron con el concurso de oficiales de la Casa Militar.

“Fue un hecho controlado. Sabían lo que iba a suceder, pero lo dejaron correr para ganar indulgencia con el Presidente”, afirmó.

Más de un año ha transcurrido desde aquellos hechos. La Guardia Nacional ha sido profundamente impactada, no solo por los detalles de este caso sino, en términos más amplios, por su rol en el conflicto político que atraviesa el país. Una evidencia fue el tono de los actos correspondientes al último aniversario: en el Patio de Honor de la Academia, sin público, con un Maduro confinado y bajo extremada vigilancia. Adelante, una Guardia Nacional mermada en su moral y capacidades, que ahora se ve obligada por decisión presidencial a admitir a contingentes de milicianos para compensar de alguna forma el deslave de sus tropas.

Quizá esto no ha sido observado con suficiente énfasis, pero los movimientos militares más importantes y evidentes de este año en contra del Gobierno han surgido de este componente (21 de enero, 30 de abril). Aún así, la población continúa viendo a la GN con desdén, como consecuencia de las “atrocidades” contra los manifestantes, observadas por el ministro Padrino, y una profunda corrupción, de la que por cierto no tiene el monopolio.

 

Breves

 

-El 10 de julio, agentes de la policía judicial asignados a Interpol detuvieron en la playa El Cardón de Margarita al francés Chirstian Maillaud, también conocido como Stan. Según su novia y compañera de peripecias en los últimos doce años, Janette Seemann, ambos recién finalizaban una sesión de trote por la playa cuando fueron interceptados por los policías, quienes se llevaron al hombre sudoroso, y lo recluyeron en una celda de la agencia internacional en Caracas. Alias Stan es el centro de una controversia en Francia, debido a los métodos radicales que aplicaba para la protección de menores de edad, de quienes se creía podían ser víctimas de abuso sexual por alguno de sus padres. Según su pareja, estos procedimientos incluían llegar a un acuerdo para el traslado del menor de edad junto a alguno de sus representantes, a un sitio donde el otro no lo pudiera encontrar. Seemann y Maillaud llegaron a la convicción de que los tribunales franceses no garantizan la justicia. De allí que, según esta lógica, fuese imperativo aplicar medidas drásticas. “¿Si no podemos encontrar justicia (en los juzgados), cómo podíamos arreglar estas cosas?”, se preguntó ella. Mailllaud fue miembro de las Fuerzas Especiales francesas y de la Gendarmería. Luego, en la vida civil, fundó varias empresas de seguridad en la Isla de Reunión. En 2018, un tribunal galo lo condenó por un delito equivalente al rapto de una niña de cinco años de edad, Camille, quien presumiblemente fue ayudada por él a salir del país junto a su mamá, Priscilla. Maillaud y su compañera abandonaron Francia y, según ella, fueron en una especie de periplo por islas del Caribe, que incluyó Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, hasta llegar a Margarita. En cada isla, hablaron con los embajadores venezolanos, para solicitar asilo. Pero nunca les fue otorgado formalmente. Una vez en Interpol Caracas, el ex comando se declaró en huelga de hambre. Dice que prefiere morir en Venezuela que ser recluido en su país natal. Ahora, Francia se encuentra en un dilema: ¿formalizará la solicitud de extradición ante el Tribunal Supremo de un Estado cuya legitimidad desconoce? Hasta el momento de redactar estas líneas, tal acción no se ha concretado.

 

-El 2 de agosto, el canciller estadounidense Mike Pompeo anunció la revocatoria de visa y la prohibición de entrada a EEUU para el mayor general (Ejército) Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar, y del teniente coronel (GN) Rafael Bastardo, ex jefe de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. El anuncio parecía extemporáneo pues ambos habían sido incorporados en la lista OFAC del Departamento del Tesoro el 15 de febrero, por su participación en violaciones continuadas a los derechos humanos. Esta medida no solo trae como consecuencia automática la congelación de todos los bienes y activos de las personas señaladas, sino también un impedimento de viajar a EEUU. El aspecto más relevante del anuncio de Pompeo, entonces, no tenía que ver directamente con estos funcionarios, sino con la extensión de la medida a sus respectivas esposas e hijos. Esto envía un importante mensaje a más de 140 personas que están en la misma lista, en cuanto a que sus familiares directos también podrían ser expulsados del territorio estadounidense. Julio, además, fue un mes especialmente activo en cuanto a sanciones del Tesoro relacionadas con el caso venezolano. Hubo cuatro anuncios que afectaron a catorce personas, a la Dirección de Contrainteligencia Militar como institución y a más de quince empresas, algunas de ellas ubicadas en Cuba. Un indicador de que, luego de una relativa calma, Washington intenta escalar el conflicto con el régimen de Maduro.

Familia de Edgar Zambrano logró visitarlo en prisión

La tarde del sábado 20 de julio, familiares del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, lograron finalmente visitarlo después de dos meses de su detención.

El día en el que el Parlamentario cumplió 64 años, pudo compartir con sus hijas Soley Zambrano y Zue Zambrano, también estuvo presente su esposa, su yerno y su única nieta, así lo escribió a través de su cuenta de Twitter la pareja del diputado, Sobella Mejías .

En la recién creada cárcel de máxima seguridad ubicada en Fuerte Tiuna a la que fue trasladado Zambrano, también llegaron integrante del conocido Grupo de Boston, organización que logró que al haber transcurrido más de 70 días del arresto del diputado sus familiares lograran finalmente visitarlos en prisión.

La reunión contó con la presencia de varios integrantes del Grupo de Boston, entre ellos su coordinador Pedro Díaz Blum y los delegados Francisco Torrealba del sector oficial y Pedro Pablo Alcántara por la oposición.

Desde el 10 de julio Zambrano lleva a cabo una huelga de hambre, para que se le de cumplimiento a varias exigencias, entre las que se encuentra la inmediata liberación de Rosario Pedro, Abraham Rodríguez, Martín Hernández y Martín Peña, todos integrantes de su equipo detenidos junto a él el pasado 8 de mayo.

El Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Función de Control, con competencias en casos vinculados a “terrorismo”, dictó medida privativa de libertad contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, tras el allanamiento ilegal de su inmunidad parlamentaria por la impuesta asamblea constituyente.

Según las autoridades, el parlamentario habría cometido flagrantemente los delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada durante los sucesos del 30 de abril, en el contexto de la llamada “Operación Libertad”.

Zambrano, junto a los diputados Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla Peraza, Américo De Grazia y Richard Blanco Delgado, estuvieron al lado de Juan Guaidó durante las acciones en el Distribuidor Altamira con un puñado de militares, hecho que el gobierno que preside Nicolás Maduro califica de “escaramuza de intento de golpe de Estado”.

General Rodríguez Torres inició huelga de hambre amarrado a su cama

La diputada Adriana Pichardo informó que el exministro de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres está en huelga de hambre desde el lunes. El 9 de mayo el mayor general retirado fue trasladado a una celda de máxima seguridad en Fuerte Tiuna.

De acuerdo con Pichardo, el coronel Hannover Guerrero “es el encargado de torturarlo” y ha intentado hacerlo ingerir alimento de manera forzada en varias oportunidades, sin éxito; pese al estado grave de salud en el que se encuentra Rodríguez Torres.

La parlamentaria por el estado Aragua también denunció que el general ha perdido 14 kilos de peso desde su detención y asegura que “se encuentra amarrado a su cama con una sábana resistiendo la tortura y exigiendo respeto a sus derechos” y al de sus compañeros presos.

Pichardo pide a la comisión de las Naciones Unidas que permanece en Caracas poner atención sobre este caso, así como a la comunidad internacional. Igualmente, hace responsables de la vida de los presos políticos al régimen.

Miguel Rodríguez Torres fue detenido en marzo de 2018 tras ser acusado de conspirar contra Nicolás Maduro. Fuentes de la Fuerza Armada Nacional no descartan que al exministro también se le vincula con el madrugonazo militar que se desplegó el 30 de abril de este año, encabezado por el presidente del Parlamento, Juan Guaidó.

Rodríguez Torres permaneció 14 meses recluido en la sede de inteligencia militar, a pesar de que el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del capitán Mickel Amézquita Pion, ordenó como centro de reclusión la cárcel de La Pica, en el estado Monagas. En ese momento, la defensa militar argumentó que la vida del general corría peligro.

En esta cárcel de máxima seguridad de Fuerte Tiuna también permanecen recluidos el general Raúl Isaías Baduel y el diputado Edgar Zambrano, quien ejercí funciones como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.