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Foro Penal

Foro Penal ha registrado más de 15 mil arrestos arbitrarios en Venezuela desde 2014
Himiob señaló que persiste el uso de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las autoridades, especialmente cuando se trata de militares detenidos, así como la amenaza de agresión sexual cuando son mujeres las arrestadas

 

Los cuerpos de seguridad de Venezuela han practicado 15.803 arrestos arbitrarios, «todos por motivos políticos», desde 2014, aseguró este martes la organización no gubernamental Foro Penal.

«9.440 personas siguen sujetas a procesos penales arbitrarios, injustos, también por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares distintas de la detención preventiva», indicó este martes, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

En un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI), el abogado denunció que en estos arrestos existe una «absoluta ausencia de evidencias, de elementos de convicción que permitan vincular a las personas con la comisión de delitos» y, aún así, se les mantiene tras las rejas.

«En la gran mayoría, casi en el 100 % de los casos, lo que da lugar al inicio de una investigación, o que las personas pasen años en detención preventiva sin ser juzgadas, es única y exclusivamente un acta policial o un acta levantada por el cuerpo de seguridad que realiza el arresto», sostuvo.

Himiob aseguró que también se repite el «uso excesivo y arbitrario de la fuerza» al momento de concretar los arrestos y que a las personas detenidas «se les somete, de manera inequívoca y continua, a incomunicación absoluta».

Criticó que, una vez que se producen detenciones por motivos políticos, las autoridades «se niegan sistemáticamente a reconocer que (la persona) está detenida y en qué condiciones se encuentra», una situación que se mantiene durante días y, a veces, por meses.

Asimismo, Himiob señaló que persiste el uso de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las autoridades, especialmente cuando se trata de militares detenidos, así como la amenaza de agresión sexual cuando son mujeres las arrestadas.

Sobre el número de presos políticos, dijo que actualmente hay 282 «materialmente privadas de su libertad» por estos motivos, de las cuales 156 no han sido condenadas y 126 ya fueron sentenciadas «en condiciones sumamente irregulares»

De los 156 «presos políticos» que siguen tras las rejas sin haber sido juzgados, «113 ya han excedido el límite máximo legal permitido de los tres años» por lo que deberían ser liberados de inmediato.

arrestos arbitrarios

*Con información de Efe

DDHH Olvidados | A Misael lo tiene preso la arbitrariedad
“No hay ningún elemento que pudiera decir que Misael fue el que accionó el arma de fuego en contra del funcionario”, dijo el abogado defensor Luis Betancourt sobre el caso 

 

@yeannalyfermin

 

El 2017 marcó a Venezuela y también la vida de Misael Junior Estrella González, un joven que participaba activamente en las protestas de ese año en rechazo a la profunda crisis económica, política, social e institucional, la escasez de alimentos y medicinas, los altos índices de violencia y la ruptura del hilo constitucional.

En el 2017 se produjeron 6729 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 31 de julio. Más de 150 personas fallecieron, centenares resultaron heridos y personas como Misael aún están detenidos, pese a tener boleta de excarcelación.

Empezaba el convulsionado mes de mayo, y la urbanización La Pradera, en el municipio San Joaquín del estado Carabobo, fue el escenario de una protesta violenta que derivó en un enfrentamiento entre manifestantes y la policía municipal. El día 3, una minuta policial informó que fue herido de bala el funcionario Gerardo José Barrera Alonso, quien falleció un día después. 

El 10 de mayo, el Ministerio Público informó que el Tribunal Séptimo de Control del Circuito Penal Judicial del estado Carabobo dictó privativa de libertad en contra de Misael Estrella, por la comisión del delito de homicidio en perjuicio de un funcionario policial.

Acusación sin pruebas

El 4 de mayo comenzó en todo el municipio San Joaquín, una ola de allanamientos y represión, en donde funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas entraron a la casa de la familia Estrella González y se llevaron detenidos a Misael y a su hermano. 

Misael es técnico en seguridad industrial. Antes de ser detenido trabajaba en una empresa del ramo, y a pesar de que era muy activo en las protestas, ese 3 de mayo no salió a protestar debido a que estaba al cuidado de su única hija.

Según cuenta su abogado, Luis Betancourt, al hermano de Misael lo liberaron a las dos horas, pero a él lo dejaron detenido, encapuchado, sin derecho a la legítima defensa. 

“La única persona que pudieron detener fue a Misael porque era una de las personas que siempre estaba participando en las manifestaciones, Misael es un muchacho alto que se distingue de entre todos los demás”, dijo Betancourt. 

El abogado de Misael detalló que después que lo detuvieron inmediatamente lo pasaron a una audiencia de presentación, donde le imputaron  homicidio del funcionario policial sin haber tenido un arma, sin haber tenido una prueba que lo vinculara, una foto o algún testigo que pudiera haber dicho que, efectivamente era él el responsable.  Dijo además que se hizo un retrato hablado del homicida con información de varios testigos que en nada coincidía con las características de Misael. 

“No hay ningún elemento que pudiera decir que Misael fue el que accionó el arma de fuego en contra del funcionario”, dijo el abogado. 

Inocencia demostrada 

Dos años después, en 2019, el caso de Misael Estrella lo llevaba el juez séptimo. Cuando inició el juicio y ya finalizado el proceso, era evidente  la sentencia absolutoria para Misael, pero el juez falleció y el proceso tuvo que volver a su estado original, es decir, el juicio debía empezar de cero.

En marzo de 2022, el equipo del Foro Penal denunció que a seis meses de haberse reformado el Código Orgánico Procesal Penal (Coop), en septiembre de 2021, los tribunales no habían cumplido con la norma aplicable a procesados con más de tres años detenidos sin juicio, para la que Misael aplicaba.

Luis Betancourt explicó que luego de un tiempo se nombró a otra juez y nuevamente fueron llamados a declarar los cinco funcionarios policiales y demás testigos. 

En este nuevo juicio nadie acusaba directamente a Misael de ser el responsable del homicidio. “Los testigos que lo acusaron eran un cúmulo de mentiras, contradicciones, engaños. Sabíamos que había una manipulación por parte de ellos mismos”, comenta su abogado. 

El 22 de mayo de 2023, la nueva juez que llevaba el caso de Misael dictó una sentencia absolutoria a favor del joven, la cual consiste en libertad plena, sin ningún tipo de cargo.

“Todos estábamos contentos, la familia, nosotros los abogados y demás miembros del Foro Penal, pero con el pasar de las horas nos dimos  decuenta que algo no andaba bien”, dijo Betancourt. 

“Misael es un preso político”

El abogado Betancourt explicó que pese a que el Tribunal Séptimo en Funciones de Juicio del estado Carabobo libró boleta de excarcelación a favor de Estrella, este sigue tras las rejas. 

Luis Betancourt detalló que cuando llegaron a la sala donde las personas esperan por la boleta de excarcelación llegaban las de otros detenidos. Pero la de Misael nunca llegó, a pesar de que de eso se encarga la oficina del alguacilazgo solo con la orden de la juez. 

“Cuando vimos que ya habían pasado varias horas y que otras personas que estaban esperando su boleta de excarcelación se iban rápidamente, se encendieron las alarmas del equipo del Foro Penal, por lo que interpusimos un habeas corpus, que es una pretensión de amparo constitucional y lo hicimos de forma oral para que otro juez nos escuchara, porque es una privación arbitraria de la libertad”, explicó. 

Betancourt continuó explicando que al día siguiente presentaron otra pretensión de amparo, pero esta vez de forma escrita, el mismo debía ser resuelto a las 24 horas y no fue considerado, por lo que tuvieron que introducir otro amparo por omisión del juez que le correspondía pronunciarse en cuanto a la libertad de Misael y ese amparo tampoco fue resuelto.

“Tenemos dos amparos constitucionales, una denuncia en la fiscalía por privación arbitraria de la libertad, una denuncia en la inspectoría General de tribunales en donde denunciamos al presidente del circuito, Alejandro Chirimelli, que es el responsable por la privación arbitraria de la libertad conjuntamente con la oficina de alguacilazgo, todas esas denuncias las hicimos y no hemos tenido respuestas”, afirmó el abogado y miembro del Foro Penal en Carabobo. 

“Esto es ilegal, inconstitucional y violatorio de los DDHH y que se trata de una saña política, por eso es que decimos que Misael es un preso político”, dijo el abogado.

Luis Betancourt aseguró que la causa de la detención de Misael Estrella es evidentemente política y de manipulación al sistema judicial. “A Misael lo tiene preso la arbitrariedad”, sentenció. 

Sobre la familia Estrella González, el abogado afirmó que Ruth, la madre de Misael, lleva seis años luchando y haciendo frente a todo lo que le exige el Estado para poder mantener a Misael. “Tiene que llevarle la comida todas las semanas, lo que es cuesta arriba, pero es una mujer fuerte que sabe lo que está pasando y tiene mucha fe de que su hijo salga en libertad”.

 

DDHH Olvidados | Al juicio de Carla Antón Farías nunca llegaron las pruebas
Carla estuvo desaparecida 15 días. Después de su aprehensión, le negaron a sus familiares la oportunidad de visitarla por más de cuatro meses
La teniente cumanense tuvo su primer juicio en abril del 2022 «con un abogado público que nunca la defendió»
Carla fue trasladada a la cárcel militar de Ramo Verde y mantiene las represalias del pranato de la cárcel militar «La Pica», en Monagas

Era el 17 de junio del 2019 cuando Carla Yancelys Antón Farías fue detenida por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En silencio, se la llevaron desde el Fuerte Paramaconi hasta la cárcel «La Pica», ambos en la ciudad de Maturín del estado Monagas. 

«La privaron de su libertad sin orden de aprehensión. Hasta ahora, cuatro años después, aún no aparece esa orden», recuerda Yanmarys Antón, hermana de Carla. «Ella es una teniente. Entregaba su guardia en el Fuerte cuando un militar de rango superior la llamó. Eran las 07:00 de la mañana cuando la detuvieron sin derecho a defenderse». 

Yanmarys supo que su hermana estaba detenida 15 horas después gracias a un amigo de Carla, quien la contactó extraoficialmente. Pero nadie supo de los cargos que tuvo la teniente ni de su paradero hasta 15 días después de la detención. 

A Carla Antón Farías, nacida en Cumaná, estado Sucre, la imputaron por estar involucrada en un supuesto complot que pretendía privar de libertad a la exgobernadora del estado Monagas, Yelitze Santaella, y tomar el Fuerte Paramaconi. 

«Sé que ella es inocente. Nunca se presentó alguna prueba que la culpara de ese supuesto complot», alega Yanmarys.

Sin visitas, expuesta al pranato

Carla Antón empezó su carrera militar a los 18 años en Cumaná. Es la mayor de 4 hermanos de una familia residente en Sucre. La teniente de 34 años, mientras estaba recluida en «La Pica», le negaron su derecho a la alimentación y a la salud y fue expuesta a maltratos físicos. 

«Ella fue golpeada varias veces en esa cárcel por sus compañeras de celda, por orden del director de ese penal, por negarse a formar parte del pranato», afirma Yanmarys. 

Ni familiares, ni amigos ni abogados tuvieron la oportunidad de visitar a Carla mientras estaba en «La Pica». Los militares le negaban su derecho sin decir por qué. 

«Como pudo, ella logró dar con los números telefónicos de su familia y pudo contactarse conmigo para decirme cómo estaba», dijo su hermana. La comunicación que tienen es mediante videos, cartas o recados que envía a través de algunas amistades

Sin defensa legal efectiva

Después de 2 años y 10 meses privada de libertad en Monagas, Carla tuvo su primer juicio en Maturín el 6 de abril del 2022. A la audiencia tampoco pudieron asistir ni familiares ni amigos. Le negaron su permanencia en el estrado. El juicio se hizo en la noche y finalizó después de las 10:00 p.m. No duró más de 3 horas.

«No podemos cubrir un abogado privado. Los juristas en su caso, tanto el defensor como el acusador, eran públicos y nunca presentaron pruebas que la culparan (o la absolvieran) del supuesto complot que ella presuntamente está involucrada. El abogado defensor se llama Rouser Ávila», recalca Yanmarys. 

Carla fue sentenciada a 7 años y 9 meses de prisión. La trasladaron al Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Caracas, 21 días después de ese juicio. 

Cuando sus familiares se enteraron del veredicto, la madre de Carla cayó en un cuadro depresivo. 

Vencer el miedo

433 kilómetros separan la cárcel de Ramo Verde de la casa de los Antón Farías. Al no tener familiares en Caracas, Yanmarys busca quedarse temporalmente en las casas de sus amistades para visitar a su hermana. 

«Solo la he visitado en dos oportunidades: una el año pasado y otra en marzo de este año. Sin transporte público ni gasolina es difícil viajar hasta allá», dice. «Mi madre podía visitarla mientras Carla estaba en Monagas. Pero después de la pandemia no ha podido verla más». 

Mientras la teniente está en Caracas, sus familiares han denunciado que ella sufre de sinusitis, «pero no ha sido atendida por ningún tipo de médico en estos años». 

Desde las redes sociales y desde la ONG Familia SOS Libertad, Yanmarys denuncia diariamente un debido proceso para su hermana. De acuerdo a la ONG Foro Penal, Carla Antón Farías es una de los 283 presos políticos que mantiene el gabinete de Nicolás Maduro hasta el 12 de junio de 2023

Junto a Carla, otros cuatro militares fueron detenidos por el presunto caso de la exgobernadora de Monagas. Varias organizaciones civiles venezolanas, como el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, recalcan que este hecho enmarca una «sistematización de persecución, mentiras y retaliación, contenida en un informe no controlado por el tribunal de la causa», sino por funcionarios de la Dgcim

«Seguiré venciendo el miedo para visibilizar los casos de presos políticos, de gente que ha sido secuestrada por este gobierno», reflexiona Yanmarys.

Foro Penal asegura que en Venezuela hay 283 presos políticos
La organización afirmó que 120 detenidos han recibido condenas y 163 están a la espera de una decisión de un tribunal

 

La ONG Foro Penal aseguró el 14 de junio que en Venezuela hay 283 presos políticos, dos menos que la semana pasada, cuando se computaban 285 personas privadas de libertad por razones políticas.

A través de su cuenta de Twitter, la organización indicó que, del total de reos, 130 son civiles y 153 militares.

Además, el Foro Penal detalló que, de los 283 presos, 263 son hombres y 20 mujeres.

Por otra parte, la organización afirmó que 120 detenidos han recibido condenas y 163 están a la espera de una decisión de un tribunal.

«Desde 2014 se han registrado 15.796 detenciones políticas en Venezuela», recordó la ONG.

Detenidos sindicalistas 

El 12 de mayo, el abogado y especialista en derechos humanos Eduardo Torres informó a EFE de la detención de los sindicalistas Daniel Romero y Leandro Azócar, en el estado Bolívar, luego de protestar por mejoras en sus condiciones de trabajo en la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

Dos días más tarde, activistas y ONG pidieron al Ministerio Público en una protesta la liberación de estos trabajadores, así como intervenir y hacer «cumplir las garantías democráticas» de Romero y Azócar.

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) informó de la protesta a través de su cuenta en Twitter, donde detalló que defensores de derechos humanos y empleados de varios sectores subrayaron que los sindicalistas Romero y Azócar fueron detenidos «por luchar» para conseguir mejores condiciones laborales y salariales.

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó a EFE que la detención de los dos trabajadores no ha sido incluida todavía en el balance de «presos políticos», a la espera de obtener la copia de las actas de arresto.

Salud de militares presos empeora producto de las torturas

Kelvin Zambrano, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, alertó que los oficiales detenidos por razones políticas tienen su salud en riesgo.

Dijo que el teniente de fragata Gustavo Carrero, Antonio Scola y el capitán de corbeta Antonio Gustavo Macsotay, detenidos por el caso «Armagedon», viven una pesadilla.

«Este caso se ha caracterizado por el olvido completo no sólo del sistema de justicia sino del sistema penitenciario venezolano, ya que no le han proporcionado la atención médica adecuada para poder enfrentar las patologías que aún tienen producto de las torturas de las cuales fueron víctimas», advirtió Zambrano.

Recordó el defensor que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció con respecto a este caso debido a la gravedad.

«No solo hay violación al debido proceso, retardo procesal injustificado, sino que también ademas hay una violación a la integridad física, psíquica y moral de estos honorables hombres de la fuerza armada», destacó el abogado de los militares.

Con información de EFE

Foro Penal gana premio internacional Civil Rights Defenders por su defensa a presos políticos venezolanos
El organismo internacional considera que la ONG venezolana ha desempeñado “un papel clave” en las protestas que se han registrado en Venezuela en los últimos 10 años

 

La asociación civil Foro Penal ganó el premio Defensor del Año que entrega la organización Civil Rights Defenders por su labor en la defensa de los presos políticos del país.

«El Premio Civil Rights Defender del Año 2023 es para la organización de defensa jurídica Foro Penal de Venezuela por defender con valentía los derechos de todas las víctimas de persecución política en ese país. ¡Felicitaciones!», se lee en un tuit del organismo internacional. 

Este galardón se le concede anualmente a una organización o activista de derechos humanos que, “a pesar de los riesgos a su propia seguridad”, lleva adelante su lucha en la defensa de los derechos civiles y políticos.

Voz de América conoció de primera mano el dictamen de la organización, que definió al Foro Penal como “el guardián de los presos políticos” en este país.

“Ha sido el principal defensor de los presos políticos y activistas por la democracia detenidos arbitrariamente en Venezuela durante más de una década”, indica Civil Rights Defenders en su veredicto, citado por Voz de América.

Según recoge el referido medio, Foro Penal reúne a 400 abogados y 6.000 voluntarios defensores de derechos humanos. 

«La asociación galardonada defendió a más de 5.000 personas en comisarías y tribunales de Venezuela durante las protestas políticas de 2014, subraya la organización internacional», se lee en la nota de Voz de América.

La organización Civil Rights Defenders considera que Foro Penal ha desempeñado “un papel clave” en las protestas que se han registrado y documentado en Venezuela en los últimos 10 años.

“Sigue los casos de más de mil personas en los tribunales venezolanos”, señala la organización citada por Voz de América.

El abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, celebró el reconocimiento. A través de su cuenta de Twitter, expresó: «Recibimos con orgullo y humildad el premio ‘Defensor de Derechos Civiles del Año 2023’, concedido por Civil Rights Defenders, y reiteramos nuestro compromiso con la libertad y por los Derechos Humanos».

El también abogado Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, se sumó al agradecimiento por el premio: «Muchas gracias. Felicitaciones, equipo. ¡Un reconocimiento que incentiva nuestro trabajo por la conquista de libertades! ‘No hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia’”, tuiteó.

Foro Penal: Cifra de presos políticos en Venezuela subió a 282
La organización aseguró que 115 presos ya han recibido una sentencia y 167 todavía esperan por la decisión de un tribunal

 

En Venezuela hay 282 presos políticos, cinco más que la semana pasada, cuando se computaron 277 personas privadas de libertad por razones políticas, informó este 14 de marzo la ONG Foro Penal.

A través de su cuenta de Twitter, la organización indicó que, del total de reos, 131 son civiles y 151 militares; además, 263 son hombres y 19 mujeres.

Por otra parte, la organización aseguró que 115 presos ya han recibido una sentencia y 167 todavía esperan por la decisión de un tribunal.

«Desde 2014 se han registrado 15.790 detenciones políticas en Venezuela», señaló la ONG.

Asimismo, dijo que, además de los presos políticos, más de 9.000 personas siguen sujetas, «arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad».

La ONG Fundaredes denunció este mes, ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), las vulneraciones de las que, aseguró, ha sido víctima su director, Javier Tarazona, en prisión desde hace más de 600 días, acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.

El pasado 22 de febrero, esta organización pidió al alto comisionado de DD.HH. de la ONU, Volker Türk, quien visitó el país entre el 26 y 28 de enero, que califique como arbitraria la detención de Tarazona.

Al finalizar su visita en Caracas, Türk anunció que su oficina tendrá presencia dos años más en Venezuela, para que «pueda continuar su labor de promoción de la agenda de derechos humanos».

Presos políticos en la DGCIM

De los 151 militares que son presos políticos, uno es Franklin Caldera Martínez, un militar disidente que se encuentra detenido desde el 11 de febrero del año 2021.

Caldera Martínez es primer teniente del Ejército venezolano. En su momento, su padre,  Franklin Caldera, reveló que el joven militar desertó del componente castrense el 13 de enero de 2019. Se fue a Colombia, según una nota de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

Caldera padre ahora es coordinador general de la organización no gubernamental Familia S.O.S Libertad y un activo defensor de los derechos humanos, declaró que a su hijo se le atribuyen los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria, fuga (por escapar de un centro de torturas), conspiración y sustracción de armas. “En nada de eso él está involucrado”, aseguró. Sigue leyendo esta nota.

Con información de EFE

Foro Penal: cifra de presos políticos en Venezuela aumentó a 277
La ONG destacó que 8 de las personas detenidas forzadamente fueron privadas de libertad la semana pasada

Con información de EFE

En Venezuela hay 277 detenidos que son considerados como «presos políticos», afirmó este martes la ONG Foro Penal, en cuyo reporte señaló que hubo «ocho encarcelaciones» la semana pasada, sin ofrecer mayores detalles al respecto.

La organización indicó en sus redes sociales que, del total de reos, 127 son civiles y 150 militares.

Además, aseguró que 115 presos ya han recibido una sentencia, mientras que 162 todavía esperan por la decisión de un tribunal.

«Desde 2014 se han registrado 15.777 detenciones políticas en Venezuela», señaló Foro Penal.

Asimismo, dijo que además de los «presos políticos», más de 9.000 personas siguen sujetas, «arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad».

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y familiares de detenidos considerados presos políticos pidieron recientemente al alto comisionado de DD.HH. de la ONU, Volker Türk, quien visitó el país entre el 26 y 28 de enero, un mayor apoyo a sus casos, ante las violaciones a los DD.HH. que -denunciaron- sufren estos privados de libertad.

Al finalizar su visita, Türk anunció que su oficina tendrá presencia dos años más en Venezuela «para que pueda continuar su labor de promoción de la agenda de derechos humanos», una decisión que la sociedad civil y ONG esperan que se traduzca en mayores denuncias contra los atropellos, lo que, aseguran, ha faltado hasta ahora. 

 

Foro Penal contabilizó 269 presos políticos en Venezuela
En 2022 fueron reportadas un total de 26 detenciones con fines políticos, según Foro Penal

 

Foro Penal informó este martes 21 de febrero que en Venezuela se registran 269 presos políticos.

En su cuenta Twitter, la ONG indicó que, de los 269 casos contabilizados, 256 son hombres y 13 son mujeres. Además, 119 son civiles y 150 son efectivos militares de distintos rangos.

Del total, solo 115 han recibido condena y 154 aún esperan por la sentencia de un tribunal.

El pasado 12 de febrero, la organización aseguró que, en 2022, “fueron reportadas un total de 26 detenciones con fines políticos”, 25 de estas contra civiles, tres de ellos mujeres, y una a un efectivo militar retirado.

Sobre el motivo de las detenciones, Foro Penal subrayó que 13 de ellas fueron por hechos asociados con “conspiración”, nueve se produjeron en el contexto de manifestaciones y cuatro por “gestión pública”.

La ONG instó al régimen de Nicolás Maduro a que “respete el pedido de la comunidad internacional y de las organizaciones que defienden los derechos humanos, en cuanto al cese de las violaciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, que se ponga fin a la persecución y la represión y sean liberados” los “presos políticos que existen en Venezuela”.