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Foro Penal contabiliza 402 presos políticos en Venezuela

402 presos políticos contabilizó el Foro Penal Venezolano en su acostumbrado balance semanal. A través de su cuenta en Twitter, la organización reveló que hasta el día de hoy 376 hombres y 26 mujeres están detenidos por razones políticas. 

De los 402 detenidos, 275 son militares y 127 son civiles. La ONG también informó que actualmente cuatro adolescentes están bajo arresto por esta causa. 

La lista de la ONG es actualizada semanalmente y es enviada al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y a la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para su verificación y certificación.

 

 

Foro Penal: autoridades deben permitir que familiares de presos les lleven alimentos
Las Autoridades suspendieron las visitas a los reclusos hasta nuevo aviso, luego de que el gobernante Nicolás Maduro decretara una cuarentena en todo el país ante el aumento de casos por coronavirus

 

El vicepresidente de la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal, Gonzalo Himiob consideró este miércoles, 18 de marzo, que las autoridades carcelarias deben establecer medidas para que los familiares de los presos políticos y la población reclusa en general puedan llevarles insumos.

«Cuerpos de seguridad, Fiscalía y Poder Judicial deben establecer CON URGENCIA el protocolo para que los familiares de los presos políticos y de la población reclusa en general en Venezuela puedan llevarles alimentos, ropa y medicinas», publicó en la red social Twitter el abogado Himiob.

Policías municipales, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Familiares suspendieron las visitas a los distintos centros de reclusión en el país para evitar la propagación del virus, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro anunciara una cuarentena en todo el país que inició este lunes, 16 de marzo.

Venezuela registra hasta este miércoles, 36 casos positivos por coronavirus, una pandemia que tiene presencia en más de 150 países. Hasta los momentos tanto cárceles como calabozos se manejan con las normas dictadas por el Ejecutivo para la ciudadanía en general: uso obligado del tapabocas, pues tampoco han ofrecido un un plan preventivo para este sector.

Foro Penal:
Por lo menos 50 personas fueron reportadas y verificadas como asesinadas, producto de la represión dentro del contexto de manifestaciones convocadas por factores de la oposición venezolana, entre enero y mayo de 2019
Al menos el 50% de las personas arbitrariamente detenidas reporta haber sido víctima de algún tipo de maltrato durante su detención o al momento de su arresto

La ONG Foro Penal publicó su reporte anual 2019 sobre la represión en Venezuela en el cual se dan a conocer las cifras de presos políticos, ataques por parte de cuerpos de seguridad del Estado a comunidades indígenas, asesinatos en el contexto de manifestaciones,  y de desapariciones forzadas. 

La organización reveló que 2.219 personas fueron arrestadas arbitrariamente, por razones políticas, desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019. Existen 388 presos políticos, al 31 de diciembre de 2019, de los cuales 18 son mujeres y 118 son funcionarios militares.

“Durante el año 2019 se continuó observando en Venezuela la conducta sistemáticamente abusiva de los cuerpos de seguridad del Estado y de los órganos de administración de justicia, los cuales actuaron siguiendo directrices del régimen venezolano, no ajustadas a derecho, coartando la libertad e incluso el derecho a la vida de los ciudadanos”, reza el reporte anual.

La organización destaca como hecho relevante que en enero de 2019 se dio el inicio de una serie de manifestaciones de calle, ocurridas a partir del día 21. “Estos hechos originaron la respuesta abusiva y desproporcionada de los cuerpos de seguridad, reportándose un número significativo de personas asesinadas en protestas, heridos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias”, se asegura en el documento.

Entre el 22 al 25 de febrero de 2019, los ciudadanos se manifestaron, en apoyo a la convocatoria por la recepción de la ayuda humanitaria internacional, dirigida a Venezuela, lo que trajo como consecuencia el bloqueo del ingreso a dicha ayuda humanitaria, a través de una serie de acciones violentas contra los manifestantes, ejercidas por los cuerpos de seguridad del Estado y por grupos de civiles armados, que actuaron en conjunto con las fuerzas formales de seguridad.

 

Táchira y Bolívar fueron los estados más reprimidos por esta situación. Fueron también reportados asesinatos debido al uso excesivo de la fuerza y el ataque desproporcionado de los cuerpos de seguridad, contra los pueblos indígenas establecidos en zonas fronterizas.

En marzo de 2019, hubo dos grandes fallas en el suministro eléctrico. Estas fallas en los servicios básicos, tuvieron como consecuencia que algunos ciudadanos protestaran espontáneamente, en varios estados, lo que originó por parte del Gobierno, una serie de detenciones arbitrarias y de actos represivos contra los manifestantes.

El 29 de junio murió bajo custodia de las autoridades, a causa de las torturas que había sufrido en reclusión, el preso político Capitán de Corbeta retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Rafael Acosta Arévalo. Este ha sido un caso grave ocurrido en el año 2019, de violación a los artículos 43, 44 (numeral 2º) y 46 (numeral 1º) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Balance de detenciones y presos políticos en 2019 

El año 2019 cerró con 388 presos políticos en Venezuela. Entre los 388 presos políticos registrados al cierre de 2019 se encuentran: 118 funcionarios militares, 18 mujeres y 370 hombres, todos mayores de edad. 

Desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019, hubo 2.219 personas arrestadas arbitrariamente en Venezuela. Al cierre del reporte de Foro Penal, de las 2.219 personas que fueron arrestadas en el año, aún se encuentran detenidas 243. 

Los 5 estados de Venezuela en los que se reportó la mayor cantidad de personas detenidas arbitrariamente durante 2019 fueron: Zulia (306 arrestos), Distrito Capital (292 arrestos), Aragua (200 arrestos), Bolívar (190 arrestos) y Carabobo (175 arrestos).

Ataque por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a las comunidades indígenas 

En 2019 se observó el ataque desproporcionado de funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad y grupos irregulares de civiles armados, dirigido en contra de algunos pueblos indígenas de Venezuela.

En 2019, estos ataques fueron sufridos por el pueblo indígena “Pemón”asentado en la comunidad de San Francisco de Yuruaní, conocida como “Kumarakapay” ubicada en el estado Bolívar, quienes, desde el 22 al 28 de febrero de 2019, fueron reprimidos, al oponerse a que pasara un convoy del ejército que impediría el acceso a la ayuda humanitaria, que se encontraba en la zona fronteriza entre Venezuela y Brasil.

Producto de este ataque, 7 personas fueron asesinadas por impacto de balas, 4 de ellas pertenecían a la etnia Pemón. Además, 57 personas fueron heridas, de las cuales 22 fueron indígenas, también de la etnia Pemón. Se registraron 62 personas arrestadas arbitrariamente por estos hechos, 23 de estas personas arrestadas fueron indígenas Pemones.

También entre el 22 y el 29 de diciembre, ocurrieron nuevos actos represivos en contra de la comunidad indígena de Kumarakapay, debido a la presunta sublevación y sustracción de armamento militar por parte de un grupo de efectivos militares y reservistas indígenas de la etnia Pemón, en las instalaciones del Batallón del ejército venezolano 513 Mariano Montilla, ubicado en Luepa, municipio Gran Sabana en el estado Bolívar.

Por estos hechos, se reportaron al menos 13 personas detenidas. A la fecha de cierre de este reporte, el equipo del Foro Penal pudo verificar que, al menos 10 de las personas detenidas, pertenecen a la etnia Pemón, habitantes de la referida comunidad y uno de ellos se encuentra herido.

 

También han sufrido estos ataques armados por parte de funcionarios del Estado durante 2019, miembros de la etnia indígena “Warao” establecidos en la localidad conocida como “Agua Salada”, comunidad indígena Mariusa, en el estado Delta Amacuro, quienes el 29 de abril de 2019, cuando se disponían a buscar agua potable para su comunidad, fueron atacados por funcionarios de la GNB a bordo de una embarcación conocida como “La Sanitaria”, de acuerdo con el testimonio obtenido por el equipo del Foro Penal. En este ataque, resultaron asesinadas Belkis Mendoza de 22 años, quien estaba embarazada de 6 meses y una niña de 6 años de nombre Samaritana Mendoza, además fue herido de bala el indígena Edgar Pérez, de 42 años

Asesinatos en el contexto de manifestaciones 

Foro Penal confirmó el asesinato de al menos 50 personas dentro del contexto de la represión de las movilizaciones de calle, convocadas desde la oposición venezolana, particularmente por Juan Guaidó en su carácter de presidente encargado, nombrado por la Asamblea Nacional y por el líder opositor Leopoldo López, entre los meses de enero a junio de 2019, cuando funcionarios de los cuerpos de seguridad y civiles armados, habrían reprimido las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos, haciendo uso excesivo de la fuerza. También se produjo la muerte de una persona que estaba recluida a causa de las torturas de las que fue víctima. 

Desapariciones forzadas 

En el lapso cubierto por el informe de Foro Penal ocurrieron 526 desapariciones forzadas. “En Venezuela, la práctica de desapariciones forzadas es común en el marco de las detenciones políticas. La desaparición temporal o permanente tiene el objeto de no permitirla defensa de la persona mientras se produce la detención arbitraria y en muchos casos, se ha desaparecido a personas para someterlas a procesos de interrogatorio ilegal acompaña-dos de torturas o tratos crueles e inhumanos llegando incluso a obligarlas a grabar videos o audios incriminando a otras personas”, dice el documento.

“Las desapariciones forzadas se han dirigido en varias ocasiones, y particularmente desde el año 2017, a familiares o amigos de militares o personas que las autoridades consideran involucradas en actos de rebelión. Las fuerzas de seguridad e inteligencia del régimen bolivariano desaparecen a familiares o amigos íntimos para presionar la entrega de aquellos que buscan o para determinar su paradero mediante la confesión del desaparecido”, se detalla.

Gonzalo Himiob Santomé, vicepresidente de Foro Penal, denunció que se instaló “una maquinaria de represión al sur del estado Bolívar”, tras los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 2019 en el batallón 513 del sector Luepa, municipio Gran Sabana.

Himiob precisó 13 de las 18 personas detenidas, son miembros de la comunidad indígena Pemón. Uno de ellos un adolescente, cuatro militares y otros tres civiles, por confirmar. Todos fueron sacados violentamente de su jurisdicción y trasladados a Caracas, violando la Constitución.

“En el estado Bolívar, desde diciembre, se han realizado muchos actos de represión. El 22 de diciembre se condujo detención de por lo menos de 18 personas (…) en el caso de los indígenas detenidos, no se les aplicó la jurisdicción especial que ordena nuestra Constitución, y fueron trasladados a Caracas para ser procesados como terroristas”, indicó el abogado en rueda de prensa.

Por otra parte, Olnar Ortiz, coordinador de Foro Penal de pueblos indígenas, denunció la violación de trasladar a estas personas de forma arbitraria a la División de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la capital venezolana sin pasar por el debido proceso.

«Todos estos hechos ocurrieron en tierras indígenas, específicamente en el municipio Gran Sabana, dónde, de acuerdo a la Constitución en su artículo 260, los indígenas debieron ser juzgados en tribunales de la jurisdicción indígena, ante un tribunal con jurisdicción especial indígena reconocida además, por el Tribunal Supremo de Justicia y es donde deben ser juzgados nuestros hermanos Pemones».

Ortíz alertó que los 13 Pemones, señalados de presunto terrorismo, los mantienen incomunicados desde hace casi un mes. *Los han obligado a declarar en contra de ellos mismos, sin la presencia de sus abogados. Ya han pasado más de 25 días y siguen incomunicados”, expresó.

Venezuela pasó a ser el Estado más represor

Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, actualizó la cifra de presos políticos hasta la fecha, indicó que durante diciembre de 2019 aumentó a 392 el número de detenidos.

“Solo en diciembre, se generaron 22 nuevas detenciones. Hay tres nuevos presos políticos durante enero de 2020. El año cerró con 388 presos políticos y al día de hoy hay 392, se sigue produciendo el efecto puerta giratoria, mientras se excarcela a algunos, se detiene a otros”, detalló.

En este sentido, aseguró que no hubo una disminución real de presos políticos. Romero confirmó que de las excarcelaciones anunciadas y confirmadas en enero, no todos eran detenidos por causas políticas.

Durante el balance ofrecido, Romero resaltó que durante 2019, Venezuela pasó a ser el Estado más represor de América Latina. “Hay más presos políticos que en Cuba“, refirió.

Por último, informó que se espera una resolución en el Parlamento Europeo, que se discutirá el próximo 22 de enero, sobre la situación de los DDHH en Venezuela.

Hay 71 presos políticos en el estado Carabobo
Durante las protestas del  2019, al menos 200 menores de edad fueron detenidos en Venezuela

 

La Organización  No Gubernamental Foro Penal Capítulo Carabobo, en rueda de prensa sostuvo que en este estado hay 71 presos políticos o por ejercer el derecho a la protesta.

En un encuentro con los medios de comunicación, Luis Armando Betancourt, coordinador regional de  esta  Asociación Civil, sostuvo que en  la entidad se registran 71 privados de libertad por motivos políticos o por ejercer el derecho a la protesta.

Asimismo dijo, que durante las protestas del  2019, al menos 200 menores de edad fueron detenidos en Venezuela.

Existe retardo procesal en los casos que pasaron a juicio de personas asesinadas en manifestaciones del año 2017, aseveró Betancourt.

También dijo, que en el país se continúa aplicando el efecto puerta giratoria. Esto implica liberar a un grupo de personas y continuar deteniendo a otras.

En cuanto al caso de Leonardo González y Daniel Quéliz, sostuvo que ha estado lleno de trabas y no escapa al retardo procesal; aunque aseguró que, “estamos completamente seguros que vamos a ganar en ambos juicios”.

En la actualidad, mencionó el representante del Foro Penal, que en Venezuela se implementa un sistema represivo donde están involucrados funcionarios de organismos de seguridad del Estado en conjunto con colectivos armados.

Indicó que en el año 2019 se logró un avance con la Corte Penal Internacional, cuando amplió la investigación en el caso de Venezuela.

El vocero del Foro Penal manifestó, que la ratificación del informe de Michelle Bachelet se debe al arduo trabajo de documentación de violación a los derechos humanos que hacen organizaciones como Foro Penal y los testimonios de las mismas víctimas.

 

Por Una Ventana a la Libertad 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió las Resoluciones 63/2019 y 64/2019, mediante la cual amplió medidas cautelares de protección a favor de Carlos Patiño de Provea y Gonzalo Himiob Santomé y Robiro Terán de Foro Penal en Venezuela, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Anteriormente, la CIDH había adoptadas medidas cautelares a favor de determinados integrantes de Foro Penal mediante Resolución 8/2015 y a favor de varios miembros de Provea, mediante Resolución 36/2015.

Al momento de tomar estas determinaciones, la Comisión tomó en cuenta la existencia y continuación de declaraciones estigmatizantes y descalificadoras de altas autoridades de Venezuela en contra de las personas beneficiarias, quienes, por sus cargos de coordinación y dirección, tendrían mayor visibilidad en las organizaciones que representan, siendo los miembros mas expuestos en el actual contexto por el que atraviesa Venezuela.

La Comisión consideró que tales declaraciones estigmatizantes contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que puede acarrear una afectación a la vida e integridad personal de las personas defensoras, aumentando su vulnerabilidad.

En especial, la Comisión considera la ausencia de medidas de protección y que anteriormente personas beneficiarias de estas organizaciones ya habrían sido objeto de actos de agresión, lo que en su momento motivó el otorgamiento de medidas cautelares.

La Comisión lamentó la falta de respuesta del Estado, pues le impide conocer sus observaciones o las medidas que efectivamente estaría adoptando para atender la situación de riesgo alegada. Asimismo, la Comisión advirtió la falta de información reciente y actualizada sobre las medidas de protección adoptadas por el Estado en el marco de las medidas cautelares previamente adoptadas.

Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los personas beneficiarios; adopte las medidas necesarias para que puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos; concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre alegadas violaciones a los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.

Foro Penal registra 388 presos políticos esta Navidad
Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, aseguró que en 2019 destacó el aumento de los “tratos crueles e inhumanos” a los presos, así como el reporte de persecuciones a familiares de políticos solicitados para su detención

De acuerdo con el último reporte de la organización no gubernamental Foro Penal, aún hay 388 presos políticos en Venezuela que pasarán la Navidad sin sus familiares, para quienes se pide justicia.

Este balance registra que 370 son hombres y 18 mujeres. 268 civiles y 120 militares. Todos son mayores de edad.

En días recientes, Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, confirmó que en 2019 aumentó la cifra de presos políticos en comparación con los demás años. Asimismo, indicó que la mayoría de estas “detenciones arbitrarias” son por razones políticas y recordó que en los meses de febrero y marzo se contabilizaron más de mil detenciones.

Himiob también aseguró que en 2019 destacó el aumento de los “tratos crueles e inhumanos” a los presos, así como el reporte de persecuciones a familiares de políticos solicitados para su detención.

Jóvenes detenidos durante protesta en Barcelona reciben medida cautelar
Representantes de los cinco detenidos aseguraron que las aprehensiones fueron realizadas luego de que los efectivos reprimieran una concentración 

 

Representantes del Foro Penal lograron libertad para cuatro de los cinco jóvenes detenidos durante la concentración opositora  del  pasado 16 de noviembre realizada en la avenida Fuerzas Armadas del municipio Bolívar, capital del estado Anzoátegui.

La coordinadora regional del Foro Penal, Arelys Ayala, informó que los jóvenes excacelados fueron Carlos Alberto Foucault Montañez (28), Jonner José Mendoza Rengel (24), Rommel Lee Fuentes Mejías (25) y un adolescente de 15 años de edad, quienes recibieron medida cautelar bajo presentación cada 30 días.

“No existían elementos suficientes que involucraran a los detenidos en los delitos que se les presentaban, sin embargo, fueron imputados por obstaculización de la vía pública y puestos en libertad, luego de permanecer dos días arrestados en los calabozos de Polianzoátegui ”.

La jurista resaltó que el quinto detenido fue libertado el lunes en horas de la tarde tras ser presentado ante el Tribunal competente de Barcelona, donde también le otorgaron medida cautelar bajo presentación pero en esta oportunidad le imputaron por obstaculización de la vía y daños a la propiedad.

Representantes de los cinco jóvenes arrestados aseguraron que las aprehensiones  fueron realizadas luego de que los efectivos castrenses reprimieran la concentración cívica y pacífica que se llevaba a cabo en la capital del estado Anzoátegui y la cual estaba a minutos de culminar.