Fermín Mármol García

Asedian marchas, persiguen y disparan contra manifestantes, ingresan a edificios privados, saquean negocios. El regreso de las marchas y concentraciones antigobierno desataron una serie de acciones delictivas que, presuntamente, son ejecutadas por los grupos paramilitares formados bajo la mirada cómplice del chavismo que está en el poder

 

@loremelendez

EL ASESINATO DEL ESTUDIANTE CARLOS MORENO en la plaza La Estrella de San Bernardino, en Caracas. La muerte de Miguel Colmenares en la calle 59 de Barquisimeto, en Lara. La detención arbitraria de cuatro manifestantes en el sector Ruiz Pineda, al oeste de la capital. La agresión del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens también en el centro de Caracas. El saqueo de un supermercado en Carrizal, estado Miranda. El ataque a un grupo de personas que volvía de una protesta en San Cristóbal, Táchira. En todos estos hechos se ha denunciado la actuación de civiles armados que, con o sin capucha, han arremetido en contra de los detractores del gobierno de Nicolás Maduro. Los testigos aseguran que viajan en moto o en taxis sin placas otorgados por la Misión Transporte. Durante años se les ha llamado “colectivos”, pero expertos en criminología, así como defensores de derechos humanos, insisten en que estos grupos deben nombrarse como lo que son: paramilitares.

El amedrentamiento que estas agrupaciones ejercen en las protestas que critican al Ejecutivo se han vuelto ya un elemento común. Ya en 2014 se evidenció que participaron en la dispersión de marchas en el centro y en el este de Caracas. Pero ahora, sus acciones se han tornado todavía más violentas. Están presuntamente implicados en asesinatos.

“La actuación de los grupos paramilitares cambia porque hay más decisión del pueblo de estar en las calles”, asegura el abogado penalista y criminólogo, Luis Izquiel.

Otros especialistas, como el abogado criminalista Fermín Mármol, apuntan que los movimientos de los colectivos están determinados por su propia evolución. Lo que se ve ahora no es más que la confirmación del poder que han tomado y que la impunidad les ha permitido detentar. «Lo que ha pasado es que ellos asumieron que no tienen limitaciones, que no hay límites. La violencia no es estacionaria y, una vez que se forma y se convierte en una crisis, va en aumento. Eso pasó con ellos”, afirmó.

El descontrol

De acuerdo con la asociación civil Control Ciudadano, los “colectivos” utilizan la violencia para atacar y dispersar manifestaciones, así como para provocar la actuación de los cuerpos del Estados contra estas. Con esos mismos métodos, aterrorizan, someten y vigilan a las comunidades; extorsionan a comerciantes, agreden a periodistas y líderes de la oposición, y amenazan a quienes los denuncian. Además, según la misma organización, “seleccionan infraestructuras gubernamentales para quemarlas y destruirlas con la actuación de encapuchados. Dicho ataques son grabados y exhibidos por el gobierno como ataques de la oposición”.

Colectivos hirieron al diputado Juan Requesens durante una manifestación

Izquiel afirma que las acciones criminales cometidas por los colectivos tienen su origen en los mismos antecedentes de sus miembros. “Es conocido que en estos grupos paramilitares hay delincuentes y personas que tienen registro policial. Ellos no son fáciles de controlar», dice. 

A esto se añaden las características de la personalidad de estos paramilitares. «Hay que considerar que todos aquellos que pertenecen a un colectivo desarrollan un rasgo de perversidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada vez pueden hacer más daño y que cada vez querrán obtener más poder«, agrega Mármol.

El abogado criminalista insiste en que las respuestas de hoy demuestran cuán confiados están estos grupos paramilitares en su impunidad.

“Esta escalada es la misma de conducta criminal que vienen desarrollando desde hace varios años, en los que ha crecido tanto su campo de acción como su apresto operacional. Y han tomado, por un lado, una vertiente criminal, y por otro, se han convertido en una fuerza de choque político», dice Mármol.

¿Paramilitares?

Desde el punto de vista criminológico –sostiene Mármol– el término “paramilitar” genera «muchas dudas y ruidos”. El experto señala que este vocablo se asocia con grupos colombianos y antiguerrilla que, si bien hicieron vida en Venezuela en el pasado, con el tiempo terminaron convertidos en Bacrim (bandas criminales). Una segunda definición de la palabra se enlaza con lo que hoy día hacen los colectivos: «cualquier fuerza paralela al estamento policial que erija la bandera del status quo”. Es decir, un cuerpo armado a favor del gobierno.

Hoy día, prosigue Mármol, los “colectivos» tienen dominio territorial, armas de fuego, acceso a medios de comunicación (como radios comunitarias), y un secretariado, es decir, una estructura política que los controla. Además, de acuerdo con cifras obtenidas por el mismo Mármol, están presentes en al menos 10% de las 1.500 parroquias que existen en Venezuela.

#Atentos Imágenes de lo que ocurre en #carrizal sector corralito. Grupos violentos presentes en el lugar #07Abri pic.twitter.com/B1rJAxnLQN

— Miguel Mederico (@MiguelMederico) 8 de abril de 2017

Para Izquiel, la formación de estos grupos es el resultado de una política irresponsable que pasó por encima de la Ley para el desarme y el control de armas y municiones, y también violó la Ley de Policía Nacional, en la cual se prohibe que civiles ejerzan las funciones que son propias de los uniformados.

Advierte el abogado que estos grupos paramilitares, conectados al gobierno, no son una novedad en la región. En el Latinoamérica se han registrado varios casos de regímenes autoritarios que encargan el “trabajo sucio” que no pueden ejecutar las fuerzas del Estado a conjuntos civiles cercanos al poder. De esta manera, el Ejecutivo puede “lavarse las manos” ante cualquier acción de la que quiera desvincularse.

Eso sucedió, por ejemplo, en República Dominicana, con “La Banda” del dictador Joaquín Balaguer; en Haití, con los Tonton Macoute, que respondían a François y Jean-Claude Duvalier; y en Panamá, con los Batallones de la Dignidad de Manuel Antonio Noriega.  

“Tenemos que comprender que los colectivos sí son un brazo político armado del gobierno y que están ejecutando acciones delictivas. Y si no, preguntémosle a (Miguel) Rodríguez Torres (ex ministro de Interior y Justicia) por lo que pasó en Quinta Crespo”, recuerda Mármol, en alusión al asesinato de José Odreman, líder del colectivo 5 de marzo. “A él se le estaba persiguiendo por delitos de delincuencia organizada. Ese grupo se sentía con patente de corso para hacer buenos negocios y dinero al margen de la ley”, sentenció el abogado criminalista.

Estado responsable

Izquiel pone el foco sobre un asunto crucial que vincula al Ejecutivo con las acciones de los colectivos. Recuerda que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Penal Internacional determinaron que los gobiernos que participen en la formación de este tipo de grupos –tal como lo hicieron varios líderes del chavismo con los colectivos– y que además convaliden su actuación, sí tienen responsabilidad en todas las acciones criminales ejecutadas por los paramilitares.

«Si el gobierno pretende la impunidad, debe saber que ya hay un precedente», recalca el abogado penalista. 

En varias ocasiones se ha comprobado que los uniformados han actuado junto a los colectivos. Sucedió en Ciudad Caribia en junio del año pasado, cuando en ese urbanismo de Misión Vivienda se desplegó una Operación Liberación del Pueblo que dejó seis muertos. Testigos confirmaron a Runrun.es que los asesinatos habían sido cometidos por los paramilitares que querían adueñarse de las obras en construcción de la zona.

El pasado 21 de marzo, mientras se desarrollaba una protesta de vecinos frente a una panadería de la avenida Baralt –que días antes había sido tomada por colectivos–, la Guardia Nacional dejó que los grupos armados ingresaran a los edificios de la zona en busca de las personas que habían iniciado la manifestación. En la marcha del 4 de abril, los encapuchados intervinieron en la labor de dispersar a los manifestantes junto a los militares, en una operación que se prolongó durante al menos cinco horas.

“Hay videos en donde se evidencia que ellos (los paramilitares) actúan al lado de los cuerpos de seguridad. Eso compromete también al gobierno nacional, porque las instituciones del Estado pudieran tomar acciones contra ellos y no lo hacen. Por eso, el Ejecutivo podría ser objeto de denuncia ante organismos internacionales», sostiene Izquiel.

Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, señala en un comunicado publicado este 18 de abril que luego de revisar fotografías, videos y patrones de conductas de los paramilitares, además de cotejar testimonios, «está claro que el Estado está permitiendo la actuación de estos grupos criminales”.

“Permitir, amparar, propiciar las actividades de colectivos armados es delito, y esto viene ocurriendo de manera continuada, bajo la mirada complaciente de órganos de Estado que tienen el deber legal de actuar”, considera San Miguel, quien en el documento asegura que el Ministerio Público está obligado a abrir un procedimiento «que permita desarticular el accionar delictivo de los colectivos armados».

Se les fue de las manos

Los expertos admiten que es difícil determinar si las últimas acciones de los colectivos frente a los manifestantes y a la propiedad privada son o no orquestadas desde el Ejecutivo. “Uno no sabe si eso es ordenado desde el partido de gobierno o si es que crearon un monstruo y se les salió de las manos”, apunta Izquiel.

«Es prematuro adjudicarle a ellos ser los responsables totales de cualquier saqueo ocurrido en el país», completa Mármol. «Y si, en efecto hubiese un conjunto de indicios que señalaran que ellos saquearon, es mucho más difícil y complejo señalar si los hicieron con fines vandálicos, o si responden a una necesidad política».

«No olvidemos que hay gente que señala que los saqueos se hacen para descalificar la protesta pacífica, para destruir esa protesta y hacer creer que es alocada y que quiere atentar contra la propiedad privada, cuando protesta en realidad exige la realización de las elecciones, el respeto a la Asamblea Nacional y la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia», sentencia Izquiel.

 

La discrecionalidad y falta de controles en su ejecución son el origen de los excesos y violación de derechos humanos en los que ha incurrido el plan Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), expresó el criminólogo y experto en seguridad ciudadana, Fermín Mármol García.

En su opinión, en un entorno donde los delincuentes están mejor armados que los cuerpos policiales era necesaria la intervención militar en la seguridad ciudadana; sin embargo, cree que estas fuerzas deben estar subordinadas al control civil y no al revés.

“Este tipo de circunstancias donde se violan los derechos humanos se van a dar cuando convergen varios factores: cuando no hacemos acompañamiento interinstitucional; cuando no hay la debida supervisión al grupo de hombres que son desplegados en una zona, a quienes no se les exige rendición de cuentas, y cuando se deja la transparencia a un lado”, manifestó a EL IMPULSO.

“Visto el desastre por omisión y acción del Gobierno en estos 18 años, los cuadros delincuenciales tienen hoy un poder de fuego muy superior a las policías, y hasta donde yo comprendo, la única manera de competir contra un grupo de hombres atrincherados y armados con granadas, es con un tanque de guerra. (…) Pero aquí lo que ha habido es una generalización del estamento militar, con el agravante de que también ha subordinado a la fuerza policial a ella”, agregó.

 

 

 

Las declaraciones vienen al caso tras el revuelo levantado por el hallazgo de 12 cadáveres cerca de la población de Barlovento, estado Miranda, que habían sido dados como desaparecidos luego de su detención por parte de militares en el marco de un OLP. Por el caso hay 11 oficiales del Ejército detenidos, mientras los ministros de la Defensa y el Interior han prometido establecer las responsabilidades individuales por los excesos.

 

Oscuridad

En relación con los recientes sucesos, el criminólogo advirtió que lo que ha salido mal con las OLP son muchas cosas, aunque esencialmente era una idea cuya aplicación era necesaria dado el contexto venezolano, donde el Estado ha cedido al hampa el monopolio de la violencia.

En primer lugar, señaló que nunca ha sido posible hacerle un seguimiento ciudadano al plan de seguridad porque “no hay nada escrito” sobre él, ni objetivos, ni duración, ni balances ni nada.

Igualmente, cree que más que una política perdurable en el tiempo el OLP ha sido aplicado bajo un formato de operativo, cuando lo deseable era que la autoridad llegara para quedarse a las zonas dominadas por la violencia, tal como ocurrió en las favelas de Brasil.

Así mismo, Mármol García cree que las desviaciones podrían haberse evitado adoptando medidas garantistas como invitar a funcionarios del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo a los despliegues policiales y militares, así como el uso de la tecnología para registrar la actuación de los efectivos militares y policiales.

“Por ejemplo, el uso de drones o cámaras incorporados al uniforme permitiría grabar en tiempo real la actuación de los funcionarios en el marco de los OLP´s, así como infiltrar a las bandas criminales con el fin de desarrollar estrategias para proteger la integridad de los uniformados”, señaló.

El experto indicó que una política de seguridad ciudadana sana habría considerado a los medios de comunicación social como aliados y no como enemigos.

“Deberíamos estar llevando a la escena del crimen en Barlovento a los medios de comunicación social para dar un mensaje de transparencia y no tolerancia a los crímenes contra los derechos humanos”, manifestó Mármol García.

 

 

 

“Al sospechoso se le interroga y a la víctima se le entrevista”, reitera el doctor Fermín Mármol García durante el programa especial que realicé el jueves, a propósito del caso ocurrido en un plantel de nuestra ciudad capital y en el que están incriminados dos profesores. Mi intención no fue otra que abordar con expertos la violencia sexual en los colegios y tratar, con la mayor objetividad posible y mucho profesionalismo, un tema muy delicado que no ha dejado de estar en la palestra.

No se imaginan cuántas informaciones he recibido sobre este caso en particular. Cuánta gente asegura que los datos que manejan son fidedignos porque “se lo dijeron personas muy cercanas al hecho”. Y al final son juicios a priori que suenan tan retorcidos como el caso en sí. Cada quien tiene su postura o una opinión al respecto, y es válido. Hay quienes ya han condenado o librado de culpas a quienes han sido señalados como responsables de este delito. Y esa también es una reacción natural de nosotros los seres humanos. No obstante, mi llamado es a la reflexión. Porque, el caso –y todos los casos que involucren abuso sexual contra niños- son sórdidos. Siempre habrá mucha gente afectada. No sólo la víctima.

Por eso, no puedo dejar pasar el hecho de que, en ese afán por ser el primero en publicar “la verdad” –ser el primero en aportar más datos que alimenten al monstruo llamado morbo-, las redes sociales se inundaron de información que no debió haber circulado. Porque, más allá de la violación de un niño, un hecho que, insisto, es doloroso y perverso, cuando su nombre y su edad se revelan, también se “viola” su derecho a que se le resguarde su identidad del dedo inquisidor de una sociedad que, sin medir las consecuencias de su deseo de dar un “tubazo” (como decimos en el argot periodístico) no vaciló en hacer circular la denuncia –con todos sus “pelos y señales”; sacando del anonimato a un pequeño, sin pensar en sus heridas psicológicas y traumas. Algo que, a mi juicio, jamás debió filtrarse y mucho menos circular de la manera como circuló

Pero, en mi programa del jueves, el doctor Mármol no estuvo solo: lo acompañaron el doctor Ricardo Montiel, pediatra experto en adolescentes, y la psicóloga clínica, María Carolina Massiani, quienes también hicieron valiosos aportes sobre el tema. El doctor Montiel insistió en que la conducta de un niño que es víctima de abuso sexual cambia. Que existen señales que podemos detectar en casa que nos pueden dar indicios de que algo está pasando con nuestros hijos: pesadillas, falta de apetito, llanto repentino, miedo de ir al lugar donde es abusado y que nosotros desconocemos. Y reiteró que el abuso sexual no es algo que se hace por hobby, es una conducta patológica. Por su parte, la psicóloga fue enfática al señalar que los violadores suelen ser personas de confianza y la familia tarda en detectarlo. Del entorno más cercano y habitual de la víctima puede saltar su agresor.

No obstante, los tres expertos coinciden en que este en un momento educable: en nuestras familias, con nuestros hijos –bien sean niños o adolescentes- debemos hablar del tema. Tenemos que enseñarles a nuestros muchachos qué conductas afectivas se exceden de lo normal y no pueden ser permitidas; pero, sí denunciadas: ¡sin miedo! Porque, sobre todo en caso de niños pequeños, el victimario sabe manipularlos para que no digan lo que está ocurriendo. Y es allí cuando el ojo de un padre o madre debe estar atento y captar estas señales. Porque un cambio de actitud de nuestros pequeños o reacciones que son poco comunes en él, pueden ser el primer indicio de que algo malo está pasando.

Me comentaba un representante del colegio involucrado en este caso que la comunidad educativa ha pasado por un cúmulo de sentimientos: desde la incredulidad y el asombro, hasta la tristeza y la rabia. “Es una sensación indescriptible: es una situación que ningún niño debería vivir. Es un escándalo por el que ningún colegio debería pasar. Ninguna familia debería atravesar una situación como esta. No podemos creer que estén culpando a dos profesores que, además, jamás han dado muestras de una conducta reprochable. Yo tengo años trayendo a mis hijos a este colegio. Profesores y maestras que jamás les han dado clases a mis hijos, apenas me ven llegar, saben de quién soy papá. Me conocen con nombre y apellido y saben en qué salón o en qué lugar se encuentra mi niño. Hay ojos vigilando a nuestros muchachos por todas partes. El colegio ha sido para mis hijos el lugar del que no quieren salir, el lugar donde comparten con sus amigos y pasan buenos momentos. No solo la institución donde cumplen con sus horas académicas. Por eso me cuesta tanto creer que esto haya ocurrido. Aquí está pasando algo más. Solo espero que la justicia, de la que tampoco tengo garantías, sea imparcial y actúe apegada a las leyes. Todos deseamos que se descubra la verdad y los culpables, quienes quiera que sean y según determinen las experticias, paguen por su delito”.

Y de pronto, un colegio que siempre ha sido noticia; pero, por sus méritos y logros académicos y deportivos, se ve empañado por un tema sórdido, al que incluso algunos le han querido dar sus pinceladas y matices políticos.

 

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Muchos son los problemas que se viven en las cárceles venezolanas y a las cuales me he referido muchas veces en este espacio semanal, aunado a los altos niveles de hacinamiento, armas en poder de los reclusos, control de los recintos carcelarios por la población reclusa a quien el Estado les ha cedido su responsabilidad, también hay un grave problema que es la tenencia de teléfonos celulares y conexiones a Internet por parte de los privados de libertad, desde donde se cometen gran cantidad de delitos como extorsiones, secuestros, etc.

Recientemente la Comisión de Política Interior conjuntamente con la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional presentó un proyecto de Ley de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios que fue elaborado por los doctores Fermín Mármol García, Javier Gorriño y Luis Izquiel, grandes conocedores y estudiosos del tema de la seguridad en Venezuela.

Dicho proyecto, presentado recientemente ante la plenaria de la Asamblea Nacional, fue aprobado por la mayoría absoluta de los miembros de este ente legislativo, lo que pone en evidencia que tanto el gobierno como la oposición coinciden en lo grave de la situación que se vive en nuestras cárceles y que se trata de un problema que todos debemos abordar de manera seria y sin darle matices políticos que en nada ayudaría a su solución.

La exposición de motivos de este proyecto de ley resalta lo siguiente “Cada día se hace más frecuente que desde las cárceles y penitenciarias de nuestro país los privados de libertad empleen teléfonos celulares y medios tecnológicos dependientes de la Internet para realizar extorsiones, secuestros virtuales, trata de blancas, operaciones de narcotráfico, cobros de secuestros, ordenar sicariatos y hacer solicitudes de pago por la recuperación de vehículos robados o hurtados, entre otros delitos graves. Los casos y las denuncias por estas razones se han hecho innumerables”…“Durante años los venezolanos han  observado con asombro cómo bandas delictivas, que mantienen el verdadero dominio dentro de la mayoría de nuestros centros penitenciarios, poseen innumerables armas de fuego, inclusive de las consideradas de guerra, las cuales son utilizadas para crear zozobra en las comunidades aledañas y para asesinar, lesionar y someter al resto de la población reclusa. Buena parte del financiamiento para poseer este arsenal proviene de los distintos hechos delictivos cometidos desde el interior de los recintos carcelarios mediante la utilización de la telefonía celular o la Internet, por ello es imprescindible que el Estado ejecute con urgencia acciones preventivas para que esta realidad no continúe ocurriendo”.

Tal realidad no puede ser ocultada y a pesar que desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario pretenden hacernos creer que esto no existe ya en nuestras cárceles, sabemos que no es así y el uso de teléfonos celulares y la Internet se ha convertido en uso común de la población reclusa y en otro de los muchos negocios que funcionarios inescrupulosos utilizan para lucrarse ilícitamente dentro de las cárceles. El ingreso por parte de funcionarios civiles y militares de teléfonos celulares, computadoras, modem inalámbricos para el uso de Internet, son junto al ingreso de armas, drogas, alcohol y otras sustancias ilicitas, algunos de los negocios que las mafias carcelarias manejan desde esos recintos.

Esta Ley de Limitación de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios establece en su primer artículo lo siguiente “Esta Ley tiene por objeto prevenir que desde el interior de los establecimientos penitenciarios del país se ejecuten delitos a través de la utilización de la telefonía celular, la Internet y, en general, de todos los servicios de voz y datos que ofrecen las compañías de telecomunicaciones”.

Posteriormente explica el mecanismo para evitar el uso de teléfonos celulares e Internet en las cárceles y nos dice “El Ministerio para el Servicio Penitenciario deberá adquirir e instalar equipos destinados a inhibir, bloquear o anular de manera permanente la señal de telefonía celular y la Internet en el interior de los establecimientos penitenciarios  del país”.

Igualmente la ley establece sanciones a “Quien introduzca o facilite la introducción de teléfonos celulares u otros equipos tecnológicos de comunicación personal a los establecimientos penitenciarios con la finalidad de que sean utilizados por los reclusos, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. La pena será de 4 a 6 años de prisión cuando el autor del delito sea funcionario o empleado público”.

Igualmente “Quien intencionalmente dañe, apague o de alguna forma obstruya, aun de forma temporal, el funcionamiento ordinario de alguno de los equipos destinados a anular la señal de los teléfonos celulares y la Internet en los establecimientos  penitenciarios del país, será sancionado con prisión de 4 a 6 años. La pena será de 6 a 8 años de prisión cuando el autor del delito sea funcionario o empleado público”.

Hay que destacar que el motivo de esta ley ha sido una propuesta que desde hace muchos años hemos presentado las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que trabajamos el tema penitenciario y que ahora está a punto de ser una realidad.

La inhibición de señales de celulares e Internet en las cárceles, entre otras cosas eliminaría el problema de hacer una requisa para incautar teléfonos y computadoras, simplemente no lo pueden usar y por lo tanto no lo necesitan en las cárceles.

Tal vez el único problema a tomar en cuenta, aun y cuando el proyecto de ley lo establece, es que las compañías de telefonía acondicionen dentro de los recintos carcelarios una buena cantidad de teléfonos públicos que funcionen con tarjetas o con llamadas con cobro al destinatario para garantizar la comunicación de los privados de libertad dentro de los recintos carcelarios con el mundo exterior. Esto tendría que trabajarse conjuntamente con la colocación de inhibidores de señal, previamente a su instalación deben estar preparadas y acondicionadas las áreas para teléfonos públicos en las diferentes cárceles del país.

Adicionalmente la aplicación de esta ley no ocasiona grandes costos pues los inhibidores de señal en realidad no son muy costosos y más si tomamos en cuenta los miles de millones de bolívares que desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario se han despilfarrado en cosas innecesarias y en corrupción de sus funcionarios.

Aun y cuando el Código Orgánico Penitenciario, recientemente en vigencia, establece expresamente esta prohibición, es necesario una ley que amplié y establezca claramente los mecanismos y sanciones para eliminar el uso de teléfonos celulares e Internet en los recintos carcelarios.

Esperamos que pronto sea aprobada esta ley y que así como se aprobó por mayoría absoluta en la primera discusión de los Diputados de la Asamblea Nacional, la veamos igualmente aprobaba en la segunda discusión, definitivamente contribuiría mucho a solucionar uno de los muchos problemas que tiene nuestro sistema penitenciario, un buen comienzo para salir del caos.

 

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@cnietopalma

El Nacional