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Defensor del pueblo

Acceso a la Justicia: El quiebre institucional como causa de la emergencia humanitaria

EN VENEZUELA SE VIVE UNA SITUACIÓN DE INSTITUCIONALIDAD ROTA EN LA QUE IMPERA LA LEY DEL MÁS FUERTE. La mayoría de los órganos del Estado cuyas decisiones son ejecutables son ilegítimos, porque sus representantes no han sido electos por el pueblo; es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), o no han sido seleccionados por la sociedad civil como manda la Constitución: magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), Defensor Pública, Defensor del Pueblo, Fiscal General; o no han sido designados por la Asamblea Nacional (AN), por ejemplo el Consejo Nacional Electoral (CNE), y en parte el Poder Judicial, (por lo menos, 13 de sus magistrados principales y 20 de sus suplentes).

Sin embargo, hay otros organismos legítimos, como la AN, pero sus decisiones no son ejecutables, porque el TSJ lo ha imposibilitado (ochenta y tres sentencias que han anulado sus competencias, entre ellas la legislativa y la contralora) desde su elección en diciembre de 2015.

A esto se añade que el Gobierno nacional concentra el poder, pues es quien realmente lo ejerce, habiéndoselo atribuido u otorgado el TSJ (este ha dictado desde diciembre de 2015, al menos 158 sentencias favor del Ejecutivo y en desmedro de la Constitución y los derechos humanos, incluyendo en este número las 83 en contra del Parlamento). Los ministerios y otros organismos funcionan por inercia, no hay inversión, mantenimiento ni respuesta a las demandas desde hace varios años. Por ello, todo lo público está a punto del colapso o no funciona.

El problema se agrava porque la mayoría de los bienes y servicios han sido nacionalizados desde hace varios años o progresivamente las empresas privadas han sido expropiadas. De un tiempo para acá, el Gobierno ha adoptado otras formas, y es que de las pocas empresas que van quedando cuando ya están por cerrar, dados los desincentivos a la producción y la imposibilidad de repatriar su capital, son objeto de una medida de ocupación. Por otro lado, los servicios públicos básicos (luz, agua, telecomunicaciones, recolección de desechos sólidos) están en manos del Ejecutivo ya desde años.

La crisis de los servicios públicos también ha incidido en las redes de comunicación provocando episodios de desconexión y desinformación por las precariedad del acceso a internet, lo que, junto a amenazas, bloqueos y cierres de medios, afecta la libertad de expresión en el país.

El Estado ha olvidado sus funciones fundamentales, incluso seguridad y justicia, y esto ha dado lugar, junto con una política pública de impunidad, a que delincuentes se transformen en bandas y luego en megabandas con ocupación de territorio a cambio de seguridad para los habitantes de la zona. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) calcula que la tasa de homicidios es de aproximadamente 110 por cada 100.000 habitantes (no hay cifras oficiales). En promedio, en el año 2017, cada semana fallecieron 106 personas por acciones de funcionarios policiales o militares y cada día del año murieron 15 personas por resistencia a la autoridad.

Corrupción

A todo esto se une el colapso de la industria petrolera que, por su mal manejo y la inmensa corrupción que la caracterizó, especialmente en el período 2004-2014, ya no es rentable como lo era antes, por lo que el Gobierno ha continuado con su rentismo, pero basado ahora en el oro y otros minerales (Arco Minero), con la presencia de grupos armados que controlan en buena medida las zonas de extracción, donde impera la ley del más fuerte. La opacidad en materia de contratos de extracción de minerales y manejo de recursos por parte del Ejecutivo es enorme. En estas zonas ya está presente el grupo irregular colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actúa con la complicidad de funcionarios y Gobierno. Los abusos en la región son atroces y hasta se han instaurado formas de trabajo de esclavitud moderna.

Las consecuencias de la incursión de la guerrilla en nuestro territorio van más allá. Un número alarmante de estudiantes, en al menos cinco estados fronterizos, es víctima de secuestro y reclutamiento forzado por parte de fuerzas irregulares. Directivos y docentes son amenazados para que distribuyan material proselitista a los alumnos. Al respecto, el procurador general de Colombia y el representante de Unicef en Colombia, han informado que disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúan secuestrando a menores de edad en Venezuela. Varias ONG reportan que la violencia dentro de las escuelas por crimen organizado, microtráfico de drogas, violencia de odio y agresiones a estudiantes y docentes se ha incrementado en 75% debido a la falta de programas de prevención y acciones efectivas.

También está ocurriendo que algunos gobernadores imponen sus normas en su territorio, contrarias a la Constitución, incluso en contra del Poder Nacional a la luz de su falta de autoridad en las regiones.

Persecución política

A todo esto se une que los partidos políticos y dirigentes de oposición han sido perseguidos y anulados, además de ser víctimas de una importante campaña comunicacional de descrédito, en lo que la gestión de Maduro ha sido muy eficiente, logrando su objetivo de fracturar a los adversarios agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), lo que ha empeorado la percepción ciudadana ante la posibilidad de una salida electoral a la crisis.

A la falta de instituciones se une una inseguridad jurídica crítica: el presidente es quien legisla a través de decretos leyes sin el aval del Parlamento como lo ordena la Constitución sobre la base de una emergencia económica, decretada desde enero de 2016, cuando la norma señala que la duración máxima del estado de excepción es de 60 días con una sola prorroga de igual lapso.

Existe además un sinfín de leyes inconstitucionales y contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos, que niegan la existencia de derechos, e incluso, su ejercicio los convierte en delitos, como la Ley Constitucional contra el Odio,  por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, emanada de la ANC, que prevé hasta veinte años de cárcel, cierre de medios y emisoras, y bloqueos de portales, cuyo contenido u opiniones que se expresen sean consideradas por el Gobierno como críticas a su postura.

En este ámbito de la libertad de expresión, los medios de comunicación han sido controlados, comprados, silenciados o perseguidos. Al menos cuarenta y cuatro periódicos dejaron de circular de forma definitiva desde 2013, mientras que otros catorce cesaron sus labores temporalmente. De esta cifra, sólo en 2018 dejaron de imprimirse treinta diarios (en buena medida por falta de papel), de los cuales diez anunciaron el cese total de sus operaciones. Aunado a esto, emisoras de radio y televisión han cerrado sus puertas y hay limitaciones para ver canales de comunicación como CNN o NTN24, por mencionar algunos.

El TSJ ha contribuido con el bloqueo informativo, emitiendo más de cuarenta sentencias que han violado el derecho de acceso a la información, incluidas las relacionadas con las políticas en sector alimentación y salud. En tres años los ministerios no han publicado su informe de gestión anual, el presupuesto nacional, la ejecución del gasto, las contrataciones, el producto interno bruto, los índices de inflación, entre otros aspectos de especial relevancia y cuando las ONG solicitan la información les es negada.

A esto se añade la absoluta inseguridad jurídica que se manifiesta, entre otros, en que las normas dictadas por el Ejecutivo Nacional a veces no aparecen publicadas en Gaceta Oficial (instrumento oficial de publicación de normas jurídicas) en la fecha en que se anuncian (generalmente por televisión en cadena nacional), y cuando se publican finalmente suele hacerse con una fecha anterior a la del día en el que en realidad aparecen, por lo general la fecha del anuncio televisivo. También el TSJ dicta sentencias sin publicar su texto completo, solo el dispositivo o a través de una nota de prensa informa lo decidido.

Concluimos que el quiebre institucional descrito se ha gestado en una crisis económica y social de gran magnitud, que por su tiempo y desatención se ha convertido en una verdadera emergencia humanitaria, lo que explica la verdadera causa del éxodo masivo de un gran número de habitantes del país y revela la absoluta y total responsabilidad del Estado en esta grave situación.

Defensor avala uso del carnet de la Patria para obtener gasolina

 

 

El defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, aseguró que el nuevo método del censo para la adquisición de gasolina en el país, a través del Carnet de la Patria, “no es motivo para perder la calma”.

Este procedimiento se llevará a cabo por el alto contrabando de gasolina “esto dará la posibilidad de tener acceso al combustible en las zonas donde es mas difícil adquirirla”. También dijo que de escogerse esta modalidad se realizarán jornadas para el carnet de la patria y que todo el pueblo pueda gozar de este beneficio.

Afirmó que el carnet de la patria es un mecanismo para ayudar a las personas que “están en estado de necesidad” y no tiene nada que ver con el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Acceso a la Justicia: ANC legalizó la persecución política y la arbitrariedad

SI SE TENÍA ALGUNA DUDA sobre la vigencia de la Constitución de 1999 en Venezuela, con la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia queda claro que ya no es válida. Igual ocurre con la democracia y con todas sus implicaciones, por mencionar algunas de las más básicas para su existencia: la libertad de expresión, el pluralismo político y el derecho al voto.

En efecto, esta supuesta “ley constitucional” persigue e incluso instiga a perseguir cualquier actividad o mensaje que promueva el “fascismo”, la “discriminación”, la “intolerancia”, el “odio” o la “violencia política” (artículos 4, 5, 24.1).

En principio esto puede parecer positivo, porque el fascismo, la discriminación, la intolerancia, el odio o la violencia política pueden dar lugar a conductas irrespetuosas, contrarias al prójimo, a la armonía social e incluso, bajo determinadas circunstancias, pueden constituirse en delitos. Pero la ley mencionada no tipifica claramente los elementos de hecho que prohíbe y sanciona, con lo que más bien promueve una limitación importante a la libertad de expresión y da un cheque en blanco al Gobierno para determinar discrecionalmente qué mensaje o conducta constituye la conducta prohibida.

Lo que puede darnos una pista sobre lo que significa para la Asamblea Nacional Constituyente, que es quien aprobó la ley usurpando nuevamente las funciones legislativas de la Asamblea Nacional y violando la Constitución, es que su presidenta, Delcy Rodríguez ha usado la palabra “fascismo” para hacer alusión a la oposición política. De la misma manera lo ha hecho el Presidente de la República, Nicolás Maduro, y ha calificado como actos de odio, intolerancia y violencia política las protestas de ciudadanos en contra de su gestión. El propio Tribunal Supremo de Justicia considera un delito el llamado por la oposición política a manifestar pacíficamente.

El mayor problema de este instrumento legal es que lo que persigue coincide con los calificativos que el régimen da a la oposición, por lo que nunca será aplicable a los adeptos del oficialismo. Por lo tanto, se trata de una norma que viola el principio básico de cualquier ley en una democracia, es decir, que sea aplicable a todos sin discriminación, por lo que no tiene sentido una ley contra la discriminación que nace de ella.

La ley erige como una política pública la persecución con el nombre de  “política pública para la convivencia pacífica”, con sanciones hasta de veinte años de prisión y limitaciones, inclusive de funcionamiento de organizaciones políticas y sociales, por cualquier manifestación que el Gobierno considere de odio, discriminación, fascismo o intolerancia. En este sentido, hasta establece el Día Internacional de la Paz como un feriado nacional y el mes de mayo como el Mes Nacional para la Promoción de la Paz, la Convivencia y la Lucha contra la Intolerancia (artículo 10).

Por otro lado, el órgano responsable de la aplicación de la ley es la Comisión para la Convivencia Pacífica, cuyo objeto sea la promoción de la paz, la convivencia y la tolerancia. Ella estará integrada por tres representantes de la ANC;  tres ministros (Educación; Interior, Justicia y Paz; Comunicación e Información); el Presidente del TSJ; el Fiscal General; el Defensor del Pueblo; el Defensor Público; un rector del CNE, y tres voceros de organización sociales.

Con información de Acceso a la Justicia 

Defensor del Pueblo respalda decisión de la ANC de repetir elecciones en Zulia

alfredodiaz

 

El defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, manifestó su apoyo a la decisión emanada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de convocar un nuevo proceso electoral en el estado Zulia, después que el Consejo Legislativo de la entidad, declara falta absoluta de Juan Pablo Guanipa.

“La persona que fue electa en el estado Zulia abandonó el cargo y no quiso juramentarse ante la ANC, que fue la que solicitó las elecciones”, dijo Ruiz y argumentó que lamentablemente hay “una vacancia en la gobernación y deben repetirse las elecciones”.

Juan Pablo Guanipa fue el único de los cinco gobernadores opositores electos el 15 de octubre que se negó a juramentarse ante la ANC, por considerar que esta instancia es fraudulenta e inconstitucional, además de señalar que usurpa funciones del parlamento nacional. A diferencia de Guanipa, los gobernadores de AD por los estados Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui sí accedieron a juramentarse, actitud que fue catalogada por algunos partidos de la Mesa de la Unidad como una traición a los venezolanos en la lucha por lograr un cambio político en el país.

 

*Con información de El Pitazo

Represión, torturas y dictadura, por Carlos Nieto Palma

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Para el mundo entero en Venezuela se vive una dictadura. Eso los venezolanos lo sabíamos desde hace mucho tiempo y la comunidad internacional ya tiene una opinión clara al respecto. Sobre lo que vivimos hoy en día, que dista mucho de ser una democracia, se han expresado de manera contundente países y organizaciones internacionales de todo el planeta.

El martes 8 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, presentó al mundo las conclusiones de un trabajo que hizo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela sin poder constatarla in situ, por la negativa del Estado venezolano a autorizar la visita. Por este motivo, se desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos en el país, del 6 de junio al 31 de julio. El equipo llevó a cabo aproximadamente 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscalía General. También recibió información por escrito de la oficina del defensor del pueblo.

En las conclusiones del informe final que será presentado a finales de este mes se hacen graves señalamientos de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que ponen al descubierto lo que la dictadura se encarga de negar constantemente: que somos un país forajido en materia de derechos humanos y que la represión, la tortura y la muerte se han convertido en el pan nuestro de cada día, de los cuerpos de represión del régimen que actúan con total impunidad.

En este documento, presentado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se señala: “Los testigos relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado, sin previo aviso, gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparados a corta distancia y que la policía usó como munición canicas (metras), perdigones, tuercas y tornillos. Según las fuentes, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes. Contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales, en muy raras ocasiones, condenaron esos incidentes. Hasta el 31 de julio, la oficina de la fiscal general había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo del Acnudh, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró”.

En el mismo documento se establece: “Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1° de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria. Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones. En varios casos examinados por el Acnudh hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura. Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante períodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual– a ellos y a sus familiares”.

A esta grave denuncia del más alto representante de los derechos humanos de la ONU se unió la declaración de 17 países del continente americano que se reunieron en Lima, Perú, para discutir la situación de Venezuela. Dejaron en claro su posición frente a la dictadura de Maduro mediante un acuerdo que se resume en los siguientes puntos: 1) Condenan el quiebre del orden democrático en Venezuela; 2) No reconocen ni la asamblea nacional constituyente ni los actos que emanen de ella; 3) Manifiestan su apoyo y solidaridad a la Asamblea Nacional; 4) Rechazan la violencia sistemática y la aplicación de medidas que perjudiquen las libertades del ciudadano; 5) Manifiestan su apoyo a la fiscal general y los integrantes del Ministerio Público; 6) Condenan la violación de los derechos humanos como consecuencia de la represión luego de más de 120 días de protestas; 7) Consideran que Venezuela no cumple con requisitos de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 8) Expresan su preocupación frente a la crisis humanitaria que atraviesa la nación y hacen un llamado a la reflexión de las autoridades; 9) Reiteran su apoyo a la suspensión de Venezuela del Mercosur; 10) Mantienen firme su decisión de no apoyar candidatura venezolana en mecanismos regionales ni internacionales; 11) Hacen un llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela; 12) Solicitarán presidencia pro tempore de la Celac y consideran postergar Cumbre Celac-UE y, finalmente, 13) Se comprometen a mantener un seguimiento activo de la situación en Venezuela.

La dictadura está desenmascarada ante el mundo, solo su club de aliados que disfrutan del dinero de los venezolanos la apoyan, la comunidad internacional en su mayoría respalda el cambio en Venezuela y la salida de este régimen que tanto daño le ha hecho a nuestra patria. Soplan aires de cambio y un futuro cercano para el retorno a la democracia.

 

@cnietopalma

El Nacional

ANC nombra a Tarek William Saab como fiscal provisional

TarekWilliamSaab

Apenas en su primera sesión ordinaria, la Asamblea Nacional Constituyente informó sobre la destitución de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz y designó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab en su lugar provisionalmente.

La propuesta fue del diputado Diosdado Cabello, quien además sugirió, lo que contó con un respaldo mayoritario, que la ANC dure dos años, es decir, hasta agosto de 2019.

Además de inhabilitar a Ortega Díaz, le prohibieron la salida del país y le congelaron los bienes.

 

El Tribunal Supremo de Justicia informó, a través de un comunicado, que la Fiscal fue suspendida de su cargo luego de que la instancia considerara que hay méritos suficientes para enjuiciarla.

“Esto no es un linchamiento político o personal, es una acto constitucional”​, advirtió Cabello.

Cabello también indicó que la ANC debería funcionar en todos los espacios de la Asamblea Nacional y no en el Salón Elíptico.

 

William Saab fue juró hacer justicia “para todos, dándole un mensaje al mundo de que esta es una democracia firme que respeta los DDHH”. 

“Hoy se ha tomado de la manera más correcta y constitucional, el camino para restituir el orden jurídico en el Ministerio Público  (…) vimos como poco a poco esta institución fue socavado en los últimos años (…).”

Informó que la Defensoría del Pueblo queda en manos de Alfredo Ruiz.

“Ante las amenazas de intervención armada.  Aquí estará el Fiscal General hoy nombrado por la ANC, colocando un grano de arena por la paz  y  por la unidad nacional de este país (…) Por más sanciones que nos impongan, Venezuela no será Panamá, No será Chile , no será una nación invadida (…) Venezuela será la de siempre, no será sometida a un baño de sangre como algunos países satélites del Imperio Estadounidense hoy quieren”, afirmó.

Fiscal General acepta someterse a prueba del polígrafo si TSJ reconoce que eso viola DDHH

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La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, aceptó este sábado participar en la prueba del detector de mentiras si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se compromete a reconocer que dicha prueba viola los derechos humanos y promete no realizarla a ningún otro venezolano.

“Si los que ordenan esta prueba se comprometen a reconocer que es violatoria de los derechos humanos y que ningún otro venezolano será sometido a esta arbitrariedad, estoy dispuesta a sacrificar mi propio derecho para proteger al resto del país de semejante abuso de poder”, expresó la fiscal a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

Ortega Díaz condenó y denunció las pretensiones del TSJ y afirmó que no tiene temor de someterse a la prueba del polígrafo, pero no lo puede hacer si es realizada por un órgano ilegítimo y cuyo poder no reconoce.

“Nadie puede ser sometido a tan ilegítima prueba, y quedará en la historia que ha sido el mismo defensor de los derechos del Pueblo el que ha promovido un polígrafo”, expresó la Fiscal.

Informó que el polígrafo es tan cuestionado como la tortura, pues la práctica es utilizada contra la misma persona, razón por la cual está proscrita en los procesos penales modernos y su efectividad está cuestionada mundialmente. Agregó que la decisión de aplicar la prueba del detector de mentiras es una violación a los derechos humanos, al debido proceso y a la dignidad de las personas.

Además, declaró que no formará parte “de este nefasto circo que pretende desviar la atención de los venezolanos de los graves problemas que los afectan como alimentos, medicinas, inseguridad, y que busca convertir la mentira en una forma de justicia”.

También se preguntó cuántos de los que actualmente están dirigiendo el país soportarían la prueba del polígrafo, y si se atreverían a hacérsela.

Joven Asperger golpeado por PNB y GNB en Lechería se encuentra estable tras operación

Gianni Scovino Agresión

 

Un episodio de violencia, protagonizado por efectivos de cuerpos de seguridad que golpean a un joven en la calle, salió a la luz a través de las redes sociales y desde dirigentes opositores hasta el oficialista defensor del Pueblo han expresado su rechazo al hecho.

En un vídeo anónimo viralizado a través de redes sociales se puede observar a un grupo de Guardias Nacionales Bolivarianos (GNB) y Policías Nacionales Bolivarianos (PNB) golpeando reiteradamente a un joven de la comunidad de Lechería, la segunda ciudad del estado Anzoátegui, que fue identificado como Gianni Scovino. El joven padece de síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista.

Tras haberlo golpeado con armas y escudos, los efectivos llevaron detenido a Scovino al comando militar de la GNB, Core 7. De allí fue trasladado a un centro de salud para ser asistido, ya que era evidente la gravedad de las lesiones que sufría.

La Federación Interamericana de Abogados (FIA) del estado Anzoátegui informó que el joven debió ser operado con cirugía exploratoria en área abdominal en la madrugada pues presentaba una condición de extrema gravedad” al sufrir múltiples lesiones hepáticas y musculares.

Abogados de la FIA contaron a Runrun.es que Scovano presenta daños renales además de múltiples contusiones en la espalda y la cabeza. Presenta además una lesión severa en uno de sus ojos.

 

El joven actualmente se encuentra estable y médicos monitorean su condición por riesgo de complicaciones, informó el coordinador de la juventud de Voluntad Popular en Anzoátegui, Oscar Navas.

La Federación de Abogados también aclaró que han tenido acceso en todo momento a su defendido, e indicó que se publicará únicamente la información indispensable en protección a Scovino.

A pesar de sus lesiones y el video que evidencia la agresión y la detención arbitraria, el joven se encuentra puesto a la orden de un tribunal militar, informaron sus abogados. Aproximadamente 40 personas fueron detenidas en la misma zona que Scovano, muchas de ellas transeúntes que no participaban en la manifestación antigubernamental que sucedía en las cercanías.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, afirmó que las acciones de los efectivos “jamás debe hacerse al practicar la aprehensión”, puesto que la misma debe ceñirse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además dijo comunicarse con el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el general Sergio Rivero, a objeto de iniciar las averiguaciones necesarias.

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, tildó de “atroces” las acciones de la Guardia Nacional y la Policía Nacional en contra del joven. María Corina Machado aseveró que “toda la brutalidad de la tiranía se derrumba frente a la dignidad de un solo hombre”.