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Organizaciones LGBT claman por nulidad de artículo 44

LA ASOCIACIÓN CIVIL VENEZUELA IGUALITARIA desplegó un intenso operativo por la geografía nacional para apoyar la Demanda de Nulidad del Artículo 44 del Código Civil por inconstitucional. Dicho artículo es considerado la piedra de tranca para aprobar el matrimonio igualitario en Venezuela, expresa la Fundación Reflejos en su página web.

Una era de cambios acelerados tiene lugar en el mundo. Como un efecto dominó, países en todo mundo se van sumando al clamor de la comunidad LGBT para que en sus legislaciones se consagre finalmente el derecho de lesbianas y gays de casarse, formar familia y tener los mismos beneficios socioeconómicos que ya disfrutan las parejas heterosexuales.

El gobierno de Michelle Bachelet en Chile se comprometió recientemente a impulsar el debate sobre la legalización del matrimonio igualitario. Austria podría aprobar igualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, según propuesta impulsada por el primer ministro, Christian Kern.

Los diputados de la Asamblea Constituyente de Ciudad de México también han dado el paso. Modificaron la letra de su Código Civil y la hicieron pionera en la aceptación del matrimonio igualitario. En Perú un tribunal acaba de ordenar que un matrimonio gay sea inscrito en el registro civil de ese país.

Estados Unidos, contrariamente, se ha convertido en foco de preocupación, tras la asunción a la presidencia de Donald Trump. Sus políticas amenazan con propinar un serio revés a las conquistas sociales LGBT de la administración Obama. Lo seguro es que allá la ciudadanía está ganada para exigir enérgicamente que se respeten los derechos de sus minorías.

ARTICULO 44 .- El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. La Ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela sino el que se reglamenta por el presente Título, siendo el único que producirá efectos legales, tanto respecto de las personas como respecto de los bienes.

Dirigente universitario solicitó al TSJ permitir el matrimonio igualitario

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El secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y activista de la comunidad Lesbiana, Gay, Transgénero e Intersexo, Pedro Martínez, se sumó a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 44 del Código Civilcó que en enero introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Venezuela Igualitaria.

«Hoy es un día histórico para los venezolanos. Hoy, desde el TSJ invitamos a los venezolanos que quieren construir un país de iguales y libres, a adherirse a la demanda contra el artículo 44 del Código Civil», aseveró Martínez, en un comunicado, en el cual agregó: «El matrimonio es un derecho humano fundamental al cual millones de venezolanos estamos excluidos por ser homosexuales. Gran parte del hemisferio ha decidido dar un paso hacia adelante en la conquista de derechos civiles. Hoy todos sabemos que la democracia exige que se reconozca los derechos de las minorías, y cuando hablo de minorías no me refiero solamente a la diversidad sexual, sino también de los adultos mayores, y un grupo que ha sido golpeado durante estos 15 años, que son las mujeres».

Asimismo, aseguró que «Venezuela aspira superar la pobreza y adherirse a los temas del siglo 21».

«Hoy hay múltiples derechos sociales vinculados al matrimonio como derecho civil, como lo es obtener una pensión de sobreviviente y la herencia de bienes (…) Hoy no existe un sistema de seguridad social que proteja a un gran número de venezolanos solo por su orientación e identidad sexual», informó el activista, quien estuvo acompañado por el abogado José Manuel Simons y los activistas Elinger Medina y Juan Carlos Viera.

En 2008 la Sala Constitucional ya rechazó permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo al interpretar los artículos 21 y 77 de la Constitución, los cuales establecen que los venezolanos «son iguales ante la ley» y que el matrimonio es «entre un hombre y una mujer», respectivamente.

Sin embargo, en ese mismo fallo abrió las puertas a que la Asamblea Nacional busque garantizar los derechos a este colectivo, lo cual hasta el momento no ha hecho, pese a tener varias propuestas en su mano.