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Amazonas

En seis estados de Venezuela ya no pregonan periódicos

Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Sucre y Zulia se quedaron sin medios impresos en un lapso de cinco años

Cuatro de estos estados tienen a más de 80% de su población bajo el plan de racionamiento eléctrico, lo que dificulta acceso a medios digitales

De 90 periódicos que habían en 2013 a nivel nacional hoy en día apenas circulan 28

 

@franzambranor

Infografía: Mayerlin Perdomo

 

“AGOTADO EL INVENTARIO DE PAPEL y todos los esfuerzos para reponerlo, debemos hacer una pausa”. Con estas palabras el diario Panorama se despidió de su edición impresa el pasado 14 de mayo de 2019 en una ultima edicion especial.

Las despedidas a mediados de mayo de Panorama y Mi diario, ambos productos de la misma casa editorial, dejaron al estado Zulia sin medios impresos. La entidad occidental es la sexta que se queda sin diarios junto a Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa y Sucre, según datos del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).

Amazonas llegó a tener hasta cuatro medios impresos: El Amazonense, El Autana, El Kiki Riki y El Chamancito, estos dos últimos todavía funcionan en versión digital.

El 24 de agosto de 2018, Ultima Hora dejó de distribuirse en los kioscos del estado Portuguesa luego de 44 años de existencia. Fue el último en despedirse en la entidad luego de la salida del Periódico de Occidente y Ciudad Portuguesa también el año pasado y El Regional en agosto de 2017.

En Barinas, el diario La Prensa cesó su circulación el sábado 19 de mayo de 2018 luego que ya habían cerrado sus homólogos De Frente, La Noticia y Ciudad Barinas. El 27 de agosto de ese mismo año bajó la santamaría el periódico Visión Apureña; Notisemana ya lo había hecho en Apure durante 2016. En Sucre, La Región expiró en febrero de 2018 dejando a la entidad sin periódicos, Diario Sucre se había despedido en 2016 y Provincia en 2014.

Tomando en cuenta estadísticas manejadas por Ipys, 12 estados cuentan con un solo periódico: Anzoátegui, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Miranda, Monagas, Trujillo, Vargas y Yaracuy.

El avance del silencio ha sido progresivo desde la llegada de Nicolás Maduro al poder. De acuerdo a datos de Ipys, desde 2013 a mayo de 2019, 68 periódicos en Venezuela dejaron de circular parcial o permanentemente. 52 medios impresos fueron cerrados y 16 sufrieron suspensiones temporales. De los medios que dejaron de salir de forma definitiva, 56% no tienen versión digital.

Según Ipys, solo en 2018, 35 diarios de 18 estados del país debieron parar sus rotativas.

De un universo de 90 periódicos impresos en Venezuela para 2013, actualmente apenas circulan 28, una reducción de 72% en la oferta a nivel nacional.

Con la pérdida de medios, no solo se pierden libertades, también memorias: con 104 años, Panorama era hasta mediados de mayo el periódico más longevo de Venezuela. Antes el honor pertenecía a El Impulso de Barquisimeto, que en febrero de 2018 también salió de circulación luego de 114 años de existencia. Previo a Panorama, se produjo la desaparición física de la edición de El Nacional en diciembre de 2018, después de 75 años.

“El Puente sobre el Lago tiene 60 años y Panorama cumplió 104 años. Fuimos por mucho tiempo la única referencia informativa que tenían los zulianos”, dijo María Inés Delgado, directora editorial del diario Panorama, que ahora solo tendrá una edición digital.

 

 

Según una investigación de Prodavinci llamada Las horas oscuras, desde el 7 de marzo, cuando ocurrió el primero de los tres apagones nacionales, 18 millones de los 30 millones de habitantes de Venezuela vive en un plan de racionamiento eléctrico oficial, que no siempre sigue el orden del cronograma diseñado por el Ministerio de Energía Eléctrica. De acuerdo con Prodavinci, “las zonas afectadas pueden pasar entre 15 y 21 horas sin electricidad a la semana”.

En los seis estados que se quedaron sin periódicos, también es precario el suministro eléctrico, por lo que la dificultad para conectarse a Internet y consultar redes sociales o medios digitales condiciona aún más el derecho de los ciudadanos a ser informados.

En Zulia, estado más golpeado por los cortes eléctricos según reportes de los habitantes, casi 50% de sus habitantes vive en parroquias con racionamiento según el cronograma. Esto revela la informalidad de los cortes en el estado petrolero. En Apure, 81% de los habitantes sufre racionamiento; en Barinas, 80%; en Portuguesa, 84% y, en Sucre, 86%.

Amazonas es el único estado sin medios impresos pero con luz. Del plan de cortes quedaron excluidos Distrito Capital, Vargas, Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar.

“Ya nosotros veníamos con una fuga de talentos producto de la crisis que vivimos en el estado. Hiperinflación, apagones, falta de agua, transporte, gasolina y hasta gasoil para prender la planta eléctrica causaron mella en el personal. El periodista, el diseñador y el fotógrafo pueden migrar a la versión digital, pero qué puede hacer alguien que trabaja en rotativas”, indicó María Inés Delgado de Panorama.

Sin papel para imprimir

Según datos del investigador y profesor universitario, Marcelino Bisbal hace 20 años habían 334 periódicos en Venezuela”, dijo Mariengracia Chirinos, directora de libertades informativas de Ipys.

Chirinos dijo que entre los principales factores que afectan la impresión de periódicos se encuentra la escasez de papel, materia prima que desde mayo de 2013 es distribuida por la Corporación Editorial Alfredo Maneiro, organo adscrito al Ministerio de Comunicación e Información y al Sistema Nacional Bolivariano de Información y Comunicación.  

“No solo son los controles para la importación de papel, también son los factores económicos y los problemas que enfrentan las empresas para seguir operando y pagando a su personal”, dijo Chirinos. “Hay medios que ni siquiera tienen para pagar una bobina de papel, cuyo costo se ha elevado en divisas en los últimos cinco años”.

“Con la Corporación Maneiro se hicieron todos los trámites, pero nunca nos facilitaron materia prima, en primer lugar porque las bobinas que ellos importan no eran compatibles con nuestra rotativa”, dijo María Inés Delgado de Panorama. “Ellos al parecer no entienden la dinámica de este negocio. Periódicos como La Verdad y Versión Final tuvieron detenciones temporales porque no les entregaban las bobinas de papel a tiempo”.

La directiva de Ipys sostuvo que algunos diarios se han visto en la obligación de mutar a semanarios para seguir con vida. “No hay capacidad para imprimir a diario. El ecosistema de periódicos actualmente en Venezuela es bastante pobre”.

Para Chirinos, en Venezuela la migración de medios impresos a digitales ha sido forzada. “Los cambios se han dado saltando el entorno tradicional. Lamentablemente no todos los medios corren con la suerte de seguir de pie. Hay algunos que ni siquiera tuvieron la posibilidad de saltar al mundo virtual”.

Chirinos dijo además que en los estados donde no hay periódicos, la navegación en internet es precaria. A esto hay que sumar los recientes inconvenientes con el servicio eléctrico. “Esto refleja los niveles de opacidad que hay”.

La reducción de páginas y de frecuencia de impresión han influido en el personal de algunos medios. “Las plantillas de los periódicos también han sido reducidas. Mucha gente ha sido despedida y otros han renunciado para irse a ejercer otras funciones o simplemente marcharse del país. El tema del transporte también es una limitación para los empleados y en esto incide la escasez de gasolina en el interior. A Caracas ya no llegan los periódicos regionales y al interior los medios impresos de la capital”, manifestó Chirinos.

“Ya nosotros veníamos con una fuga de talentos producto de la crisis que vivimos en el estado. Hiperinflación, apagones, falta de agua, transporte, gasolina y hasta gasoil para prender la planta eléctrica causaron mella en el personal. El periodista, el diseñador y el fotógrafo pueden migrar a la versión digital, pero qué puede hacer alguien que trabaja en rotativas”, indicó María Inés Delgado de Panorama.

Delgado espera que un diario tan emblemático como Panorama regrese a los kioscos. Anhelo que también contemplan directivos de diarios como El Nacional, El Carabobeño y El Impulso, porque como dijo el dramaturgo estadounidense Arthur Miller: “Un buen periódico es una nación hablándose a sí misma”

Protestas de 2019: Represión en manifestaciones nocturnas dejan más muertos en menos días
De acuerdo con cifras registradas por Runrun.es, el balance de víctimas asciende a 33 personas. Distrito Capital encabeza la lista con nueve caídos

@loremelendez

Entre el 21 y el 24 de enero, al menos 33 personas murieron en Venezuela en medio de la represión a las manifestaciones de calle que repudian el gobierno de Nicolás Maduro. La cifra comprueba que el amedrentamiento y los ataques a quienes protestan han sido más letales que en 2017, cuando ese número de víctimas solo se alcanzó luego de 25 días de conflicto. En este caso, solo pasaron 4 jornadas.

Buena parte de las muertes ocurrieron en la noche, momento en el que se desatan las protestas en las zonas populares. Así ha sido en Distrito Capital, donde todas ocurrieron después de las 8:00 pm.

En la capital del país, los últimos casos reportados son los de los mototaxistas Kevin Antonio Cárdenas y Luis Alberto Martínez, de 22 y 32 años de edad, respectivamente. Ambos recogían agua en la calle la noche del 23 de enero, cuando un grupo de jóvenes que protestaba comenzó a correr por la represión de los cuerpos de seguridad. Un comerciante de la zona. que tenía su local abierto, pensó que la muchedumbre venía hacia él para saquear su negocio y así comenzó a disparar. Los hombres cayeron al suelo con varios impactos de bala.

Bolívar es el segundo estado con más muertes: 7 en total, todos ocurridos en medio de la noche. A las cuatro víctimas reportadas anteriormente, se sumaron los caso de Yeskarly José Gil Martínez, de 25 años, y Adán Pérez, de 45, quienes murieron durante saqueos en Ciudad Guayana entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de enero. En Ciudad Bolívar, capital de la entidad, cayó Luis Pérez, un adolescente de 16 años.

Las cifras recolectadas por Runrun.es fueron extraídas de reportes de la prensa nacional y de organizaciones no gubernamentales, así como información policial y testimonios de los familiares de los caídos.

En Barinas, tercer estado con mayor cantidad de homicidios en las movilizaciones contra Maduro, la manifestación del 23 de enero dejó cuatro víctimas fatales. Mientras, en Portuguesa dejó tres: Juan Rafael Medina Torres y

Enmanuel Zambrano, de 19 años, y Jhonny Jesús Pacheco Vega, de 23. Los tres murieron durante las marchas del 23 de enero en Guanare.

Amazonas, Táchira y Monagas tienen, cada una, dos víctimas. En esta última entidad murió el único uniformado de la lista: el sargento segundo de la Guardia Nacional, Pedro Díaz. En Miranda, Sucre, Vargas y Yaracuy se registra, hasta el momento, un caído por estado.

Manifestaciones en Venezuela dejan 15 muertos en las últimas 24 horas
En Bolívar y Barinas se registraron la mayor cantidad de víctimas: 4 en cada estado. Todas las muertes se han producido por arma de fuego

@loremelendez

Foto: @Francojuanky

 

Entre la noche del 22 y el mediodía del 23 de enero, 15 personas han muerto en medio de las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro en cinco estados del país. Como presuntos victimarios, familiares y testigos han señalado tanto a las fuerzas de seguridad del Estado como a miembros de grupos paramilitares del chavismo (colectivos).

A las 9:00 pm de este martes, Franklin Alexander Figuera fue ingresado a la emergencia del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño de Caracas. El joven llegó muerto tras haber recibido dos disparos durante una protesta en el Kilómetro 14 de El Junquito, al extremo noroeste del Distrito Capital. Uno de los proyectiles lo impactó en el tórax y otra en la mano derecha.

Una hora después llevaron el cuerpo de Alixon Dos Santos Pizani, de 19 años, al Hospital Periférico de Catia. Según información extraoficial, le dispararon agentes de la Policía Nacional Bolivariana durante una protesta en el sector Cutira de la parroquia Sucre del Distrito Capital. El hecho ocurrió en las adyacencias del Liceo Gustavo Machado.

En Catia, ya en la madrugada del 23 de enero, también murió Stefany Maholy Jajoy Natera, de 20 años, a quien las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional (PNB) le dieron cuatro balazos por la espalda mientras manifestaba en el sector El Cuartel. Era madre de dos niñas.

Esa misma noche, los saqueos que se desataron en Ciudad Bolívar durante las protestas antigobierno dejaron 4 muertos. Uno de ellos fue identificado como Carlos Alfredo Olivares Bonalde, de 30 años, a quien le dispararon desde un carro cuando saqueaban el establecimiento “Comercial Hermanos Los Próceres”, en el barrio Bello Monte de la parroquia Agua Salada. Junto a él cayeron dos personas más que aún no han sido identificadas.

También en la misma capital del estado Bolívar mataron a Yeimbert José Rangel Lereico, de 24 años, durante un intento de saqueo a la tienda Makro de la avenida Paseo Simón Bolívar, en la parroquia Marhuanta.

Los muertos del 23 de Enero

Ocho personas murieron en las manifestaciones convocadas en todo el país para este miércoles por la Asamblea Nacional, como una muestra del desconocimiento popular del gobierno de Maduro.

En Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, la Guardia Nacional disparó contra Yhonny Alejandro Hernández Ojeda, de 27 años, y Efrén Sandalio Castillo, de 47, de acuerdo con reportes de Fe y Alegría en esa entidad. Este último trabajaba en la Alcaldía de Atures y era activista del Frente Amplio Venezuela Libre en esa región.

En la Séptima Avenida de San Cristóbal, estado Táchira, murieron Eduardo José Marrero, de 21 años, y Wilmer Antonio Zambrano, de 28. Según reporteros de la zona, los victimarios fueron miembros de colectivos armados.

En Barinas, una balacera contra los manifestantes que se concentraron en la avenida Cuatricentenaria de la capital, dejó cuatro víctimas fatales: Wilmer Mendoza, de 25 años; Gustavo Ramírez, 30 años; Iván Antonio Álvarez Fernández, de 21 años, y una persona que todavía no ha sido identificada.

A esta lista se suma el nombre de Nicar Bermúdez Muñoz, la ingeniero de 32 años que fue asesinada la noche del 21 de enero por presuntos colectivos. El suceso ocurrió en el Callejón 11 de Agosto de Cotiza. Familiares dijeron que, en medio de las protestas que se desarrollaban en la zona, salió a la calle a botar la basura en un contenedor cercano cuando fue abordada por motorizados que la atracaron para quitarle su celular. Al resistirse, le dispararon en la cabeza.

Con Bermúdez Muñoz serían 16 las víctimas caídas en las manifestaciones que comenzaron hace apenas tres días. En ese mismo período, durante las protestas de 2017 no se registraron homicidios, sino que estos ocurrieron a partir del sexto día, mientras que en 2014 hubo tres muertes en los primeros tres días.

Indígenas en aislamiento: bajo el asedio de mineros, enfermedades y guerrilla

Mujeres del pueblo indígena Yanomami. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Los Hoti, Yanomami y Piaroa ─grupos indígenas aislados─ están asediados por la minería ilegal. Algunos son utilizados para trabajos forzados y otros han dejado sus territorios y decidido internarse en lo más profundo de la selva
La epidemia de sarampión que ataca a Venezuela ha diezmado a los Yanomami y el Estado ha fallado en llevar el sistema de salud a sus territorios
La llegada de grupos guerrilleros como el ELN y disidencias de las Farc tienen en una constante amenaza a los pueblos indígenas en aislamiento

 

Escrito por Lorena Meléndez

Publicado en Mongabay

 

UN VUELO EN AVIONETA; una travesía en bote por varios afluentes del Orinoco; paradas en medio de la selva verde, espesa y calurosa; más recorridos por aguas turbias y calmadas. Para llegar al lugar donde viven los Hoti (Jödi), indígenas en aislamiento en la Sierra de Maigualida, entre los estados de Amazonas y Bolívar, al sur de Venezuela, hay que atravesar cientos de kilómetros de vegetación frondosa y virgen durante horas. Allí, entre caños y ríos, se ha extendido durante siglos su territorio, ese donde han decidido permanecer lejos de la occidentalización que arribó al continente hace más de 500 años.

Pero ese santuario que habitan está bajo la amenaza de un decreto gubernamental: el Arco Minero del Orinoco (AMO), un controvertido proyecto puesto en marcha por la administración del presidente Nicolás Maduro que habilitó y delimitó casi 112 000 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales y piedras preciosas que abarcan desde el oro hasta el coltán y el diamante. El extremo oeste de esas tierras toca el hogar de los Hoti, uno de los tres grupos étnicos reconocidos en el país como “pueblo indígena en aislamiento”.

Pero los Hoti no son los únicos asediados por la minería. Los otros dos pueblos indígenas en aislamiento de Venezuela atraviesan la misma situación desde hace varios años. Decenas de comunidades de los Yanomami –ubicadas entre la sierra Parima y el cerro Delgado Chalbaud; en el Alto Siapa, Alto Ocamo y el río Metacuni en Amazonas; y en el Alto Caura y Alto Paragua, en Bolívar–, así como de los Piaroas (Uwottüja) –en el Alto Cuao, en Amazonas–, están sometidas a los desmanes de quienes explotan los yacimientos ilegales bajo la mirada de un Estado que no hace nada para evitarlo.

La minería ha hecho que los indígenas Hoti cada vez se aíslan más y se internan en lo más profundo de la selva. Foto: Óscar Noya.

La minería ha hecho que los indígenas Hoti cada vez se aíslen más y se internen en lo más profundo de la selva. Foto: Óscar Noya.

El documento ‘Pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial’ publicado en 2012 por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Instituto de Promoción Estudios Sociales (IPES) confirmaba para entonces que los tres grupos, además de compartir similitudes en cuanto a su forma de vida, tenían también las mismas amenazas.

“Lo característico es que, por una parte, todas estas áreas son zonas de selva con difícil acceso, y en ellas estos grupos o comunidades tienen un cierto aislamiento geográfico, que de alguna manera dificulta los contactos con la sociedad dominante y por otra, sus territorios están siendo penetrados sistemáticamente por grupos de mineros ilegales sobre todo provenientes de Brasil y Colombia”, sostiene el trabajo. En él, además se menciona que estos grupos indígenas están en una situación de fuerte vulnerabilidad, sobre todo por la introducción de enfermedades endémicas y epidémicas, la contaminación y destrucción de su territorio, y la reducción del espacio para sus actividades tradicionales de subsistencia.

De hecho, el sarampión y la malaria actualmente están dejando efectos devastadores en comunidades Yanomami y la minería ilegal y grupos guerrilleros tienen acorralados a todos los pueblos indígenas aislados de Venezuela.

Del sarampión a la malaria

La alarma no se ha levantado. Desde marzo de este año, un brote de sarampión ataca a los Yanomamis y ocho meses después de que se reportaran los primeros casos, todavía no se sabe cuántas muertes ha causado la enfermedad en este pueblo, ni en general, en Venezuela.

Una fuente del Ministerio de Salud, que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias, le dijo a Mongabay Latam que varios grupos indígenas en aislamiento reclamaron a los equipos médicos haber arribado tarde para salvarlos. “Algunas comunidades ya estaban diezmadas”, admitió.

Hasta el momento, las únicas cifras conocidas sobre la epidemia en los Yanomamis de Venezuela las ha ofrecido la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pero con base en los datos levantados en Brasil con corte a junio de 2018. Para ese mes, se contabilizaban 280 casos en observación y, de estos, 79 eran de indígenas venezolanos.

El Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía “Wataniba” expresó entonces su preocupación porque, hasta ese momento, se había constatado que 25 Yanomamis en el país tenían sarampión y, de estos, más de la mitad eran mayores de 25 años, lo cual agravaba su condición. Del total, 88% eran de sexo masculino.

“El sarampión no se está tratando en Venezuela”, denuncia David Kopenawa, representante de los indígenas Yanomamis en el estado de Roraima, en Brasil, en un video difundido por la ONG internacional Survival. Allí, reprocha que el gobierno e instituciones de salud en el país no han hecho nada por frenar el brote.

“Sí estaban vacunando, pero con un esquema de vacunación que no se ajustó a las necesidades del pueblo indígena”, contestó la fuente del Ministerio de Salud, quien resaltó la gravedad de la epidemia. Estos grupos indígenas tienen un sistema inmunológico más débil pues no han tenido contacto con muchas de las enfermedades que suelen aparecer en las sociedades conectadas.

Niño de la comunidad Hoti. Foto: Óscar Noya.

Niño de la comunidad Hoti. Foto: Óscar Noya.

El brote de la enfermedad, contó Luis Bello del grupo Wataniba, coincidió con la denuncia de un asentamiento de garimpeiros (mineros ilegales brasileños) que se había reportado en la frontera con Brasil. Presume que en ese lugar había enfermos de sarampión y que el cruce frecuente de Yanomamis venezolanos hacia la zona pudo ayudar a la propagación de la epidemia.

La vulnerabilidad de los pueblos indígenas en aislamiento ante estos padecimientos está relacionada tanto con condiciones físicas como con el acceso a la salud pública. “Su poco contacto con otras personas hace que inmunológicamente sean más débiles ante esas enfermedades que ellos no tenían (…) Suele ser más difícil llegar hasta ellos con vacunas o con un tratamiento, porque por su propia situación, las tecnologías médicas no les llegan”, señala la fuente del Ministerio Público.

Aunque años atrás, en estos grupos se registraron brotes como leptospirosis y fiebre amarilla, la enfermedad que más aqueja a los tres pueblos indígenas en aislamiento en Venezuela es la malaria o paludismo, causada por un parásito (plasmodium falciparum) que llega a los humanos a través de mosquitos infectados. Si bien está estrechamente relacionada con la minería, en los territorios ancestrales también existe una malaria endémica que suele presentarse en estas comunidades.

La incidencia de oncocercosis, una enfermedad parasitaria que envejece la piel y puede causar ceguera, incentivó la creación de un programa para tratar de erradicarla en estos pueblos y que, según la fuente del Ministerio de Salud, avanza con resultados satisfactorios. Sin embargo, las visitas que hacen los médicos a estas zonas ocurren cada tres meses y no son suficientes para combatir otros males.

Los Yanomami se han visto diezmados por la reciente epidemia de sarampión que ataca a Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Los Yanomami se han visto diezmados por la reciente epidemia de sarampión que ataca a Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

La red de ambulatorios que se había abierto en el Alto Orinoco, y que hasta hace algunos años había sido mantenida por misioneros cristianos, está hoy prácticamente desmantelada. Sin insumos ni medicinas, estas infraestructuras resultan inútiles para atender a los indígenas de la zona que presenten alguna dolencia. Tampoco existe una red que les permita comunicarse por radio ante cualquier emergencia.

Esta situación es solo un reflejo de la crisis que atraviesa el país, donde el sistema de salud está prácticamente fuera de servicio. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales 2018, desarrollada por la organización Médicos por la Salud, en 88 % de las instituciones de atención pública no hay medicamentos para atender ninguna enfermedad o condición. En 83 % el servicio de emergencia funciona de forma intermitente, mientras que en 79 % falla el agua potable. El estudio, por cierto, no incluye al estado Amazonas, donde está la mayor parte de los pueblos indígenas en aislamiento, ya que los investigadores no pudieron acceder a trabajadores sanitarios de la entidad.

Mineros brasileños, oro y guerrilla

Luis Bello acusa a los garimpeiros de introducir el “trabajo esclavo” en el sur de Amazonas a través de las múltiples incursiones que han hecho al territorio del pueblo aislado Yanomami desde la década de los 80 y que persisten hoy.

“Cuando llegan los garimpeiros, utilizan a los Yanomami en trabajos de minería. Es un trabajo esclavo, porque son los que realizan el trabajo duro de cargar la tierra. Allí los indígenas no tienen el control y tienen que hacerlo a cambio de ‘matoji’, que son cositas, machetes, hachas, franelas, ropa, cuchillos…”, relata el experto.

Los Yanomami habitan entre la sierra Parima y el cerro Delgado Chalbaud; en el Alto Siapa, Alto Ocamo y el río Metacuni en Amazonas; y en el Alto Caura y Alto Paragua, en Bolívar. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Los Yanomami habitan entre la sierra Parima y el cerro Delgado Chalbaud; en el Alto Siapa, Alto Ocamo y el río Metacuni en Amazonas; y en el Alto Caura y Alto Paragua, en Bolívar. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Estas invasiones han incluido episodios de sangre. Entre junio y julio de 1993, un grupo de garimpeiros armados asesinaron a 16 indígenas Yanomami, en su mayoría mujeres y niños, dentro de su shabono (vivienda tradicional), debido a los conflictos por ocupación del espacio. El episodio es recordado como la “Masacre de Haximú”.

Bello además subraya que a través de caño Iguana, caño Asita, río Parucito y caño Mosquito, los mineros violan de manera intermitente el territorio de los Hoti y el fenómeno no es nuevo. Hace cuatro años, la Organización Indígena Yabarana del Parucito (OIYAPAM) denunció ante autoridades militares la presencia de mineros que utilizaban maquinarias en los predios de los Hoti. Así lo reseñó el ‘Informe sobre la Situación Actual de los Grupos de Pueblos Indígenas en Aislamiento Relativo y Poco Contacto en Venezuela (Jödi, Uwottüja, y Yanomami)‘ de octubre de 2017.

“En octubre y noviembre de 2014 hubo presencia de grupos de mineros ilegales extranjeros trabajando minería del oro en la zona del caño Corobita, afluente del Parucito, usando para ello máquinas – motobombas, grandes mangueras y mercurio (azogue), que causan graves daños ambientales y contaminación del agua en la zona, habitada por nuestras comunidades. Los mineros ilegales, una vez que salieron del sector Corobita, se han reubicado en la zona del caño Mosquito (Yuepa), afluente del Parucito, aguas arriba”, se lee en el informe.

Lo más grave, según el documento, es que en caño Mosquito hay varias comunidades del pueblo Hoti que hasta ahora se han encontrado aisladas y sin mucho contacto, poniéndose en peligro su salud y su vida, ya que son muy vulnerables a las enfermedades introducidas por los mineros. Su hábitat y tierras también se encuentran en peligro por destrucción de la selva y por contaminación del agua con mercurio. Con el pasar de los años esta actividad ilegal ha traído como consecuencia desde el daño de grandes extensiones vegetales hasta la alteración del curso de los ríos.

Indígena Piaroa en el Alto Cuao, Amazonía venezolana. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Indígena Piaroa en el Alto Cuao, Amazonía venezolana. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Ese mismo trabajo revela que la minería ilegal también opera en territorio del pueblo Piaroa al menos desde 2014, cuando comenzó la ocupación de áreas del Alto Sipapo, Alto Guayapo y Alto Cuao, donde se explota oro y coltán. “Esta situación y los impactos ambientales y socioculturales no han sido evaluados por las instituciones competentes del Estado. Desde la perspectiva de los grupos en aislamiento voluntario del pueblo Uwottüja (Piaroas), esta intervención minera y de grupos armados se encuentra en áreas cercanas a los lugares donde hay pequeñas comunidades aisladas y negadas al contacto”, reseña el informe.

La incursión de grupos armados que menciona el documento pone la luz sobre otro hecho: la explotación del oro ha atraído nuevos inquilinos a los territorios cercanos de los aborígenes aislados. Hasta allí habrían llegado tropas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla colombiana que cada vez tiene más participación en el AMO y en los yacimientos ilegales, así como integrantes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tal como lo asegura un reportaje publicado en la web Armando.info.

Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes en Venezuela, le explica a Mongabay Latam que los asentamientos de los irregulares en estas zonas se debe a que estos son considerados como aliviaderos. “A veces, los guerrilleros actúan como grupos de seguridad de los mineros, pues ese ha sido uno de sus mecanismos de sobrevivencia”, señala.

Sin embargo, el diputado de la Asamblea Nacional, Américo de Grazia, ha indicado de forma reiterada que la penetración del ELN está avalada por el gobierno nacional, que pretende hacer una “limpieza” en la zona para poder quitar de en medio a las bandas delictivas que comandan los yacimientos y entregarlos a las compañías extranjeras que obtuvieron concesiones del AMO.

Estructura de los indígenas Piaroa en Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Estructura de los indígenas Piaroa en Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Ante esta nueva variable, los pueblos indígenas no se han quedado de brazos cruzados. “Han tenido que pactar, llegar a acuerdos de respeto de sus territorios, de usos y costumbres, respeto a sus mujeres, sus niños y jóvenes. Lo han tenido que hacer porque el Estado está ausente en estos espacios. Los guerrilleros, por su parte, también vienen de relacionarse con grupos indígenas de Colombia, por eso pactan”, afirma el abogado Aguilar.

La respuesta de aquellos que están en aislamiento, al menos en el caso de los Hoti, ha sido alejarse todavía más. “Cada vez suben más a la cabecera de los ríos, cada vez están más metidos en las entrañas de la selva, de las montañas, del nacimiento de las cuencas de agua porque las amenazas son cada vez mayores. Su intención y pretensión es aislarse cada vez más porque ven esta civilización como la civilización del desorden, del aniquilamiento (…) Ese aislamiento es proporcional a la amenaza de sus territorios, a su fragmentación”, concluye Aguilar.

Así, indígenas Hoti, Yanomami y Piaroa están a la merced de los efectos de la minería, ya sea legal o no. La contaminación, las epidemias, los abusos, la prostitución y los crímenes que arrastra consigo la economía caótica de los yacimientos del sur venezolano, ponen en riesgo sus vidas y su derecho a permanecer en un ambiente imperturbable por costumbres ajenas a su cosmogonía.

Arco inconsulto

En 2016, el informe ‘Derechos humanos en el contexto del proyecto ‘Arco Minero del Orinoco’ en Venezuela”, presentado por las organizaciones Programa’ Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea); el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes y el Laboratorio de Paz (LabPaz), ante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya advertía que “dentro de las poligonales”, trazadas por el AMO, estaba el pueblo aislado Hoti y el pueblo indígena Eñepá.

Viviendas del pueblo indígena Yanomami en Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Viviendas del pueblo indígena Yanomami en Venezuela. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

“En efecto, en el año 2012 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe sobre las medidas de protección especial para estos pueblos (…) Si no se toman medidas de protección a favor de estas comunidades, se generarán condiciones favorables para su desaparición”, afirmaban los miembros de la ONG Provea y GTAI en el documento.

Más allá del respeto hacia su territorio está el silencio que desde el gobierno se guardó sobre este proyecto que, antes de su anuncio, nunca se participó a los aborígenes. Pese a que las leyes venezolanas lo contemplan, ni a los Hoti ni a ninguna etnia indígena se le consultó sobre la implementación del AMO. Eso es lo que establecen los tratados y convenios que la nación ha suscrito tanto con la Organización de Naciones Unidas (ONU), como con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ese derecho está también contemplado dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras leyes nacionales. En la Carta Magna, por ejemplo, el capítulo “De los Derechos de los pueblos indígenas” refiere la demarcación y garantía que los indígenas deben tener sobre sus tierras y se detalla que la explotación de minerales en sus entornos “se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos”. Pero el plan avanza y los Hoti están cada vez más expuestos a sus peligros.

“El gran drama del Arco Minero del Orinoco es que la frontera se va ampliando porque el tema de la minería descontrolada va comiéndose el territorio como las termitas (…) La frontera no termina en la poligonal, esas son simplemente unas líneas que se van extendiendo para legalizar lo que es ilegal”, sentencia el abogado Vladimir Aguilar, quien no descarta que el proyecto gubernamental tome más tierras indígenas.

Indígena Yanomami. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

Indígena Yanomami. Foto: Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba.

El especialista sostiene que mientras se violan estos territorios ancestrales, también se atenta “contra las principales reservas de bosques y aguas del país y en la zona de mayor biodiversidad de la nación que es la Amazonía y la Cuenca del Macizo Guayanés”. Recalca que a pesar de que la Sierra de Maigualida, ocupada por los Hoti y el Alto Caura -Erebato, donde hay comunidades Yanomami, están dentro de los linderos del recién creado Parque Nacional Caura, las fronteras del AMO no han sufrido ninguna modificación y rozan parte de la nueva área que hoy está protegida constitucionalmente.

“Otro interrogante se refiere a que la creación de este parque se realiza en el contexto de la ejecución del AMO, ampliamente cuestionado por organizaciones ambientalistas, sociales, científicas e indígenas, por sus posibles impactos ambientales y socioculturales en la región. Surge la duda de si su creación es sólo formal para mitigar las críticas actuales, o si hay una verdadera intención de protección y saneamiento del área”, argumenta el informe ‘Derechos humanos en el contexto del proyecto ‘Arco Minero del Orinoco’ en Venezuela’.

Crímenes sin Castigo:  La FAN desnuda

El ataque al convoy de la Guardia Nacional en Amazonas, y los eventos posteriores, pusieron en evidencia el deterioro de la Fuerza Armada Nacional

 

@javiermayorca

 

EL ATAQUE AL CONVOY MILITAR EN EL SECTOR PICATONAL DEL ESTADO AMAZONAS, y la posterior reacción de la jerarquía castrense, pusieron en evidencia las deficiencias que aquejan a la Fuerza Armada Nacional, y que le impiden cumplir a cabalidad sus tareas primordiales.

El enfrentamiento con una columna del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó un saldo de tres sargentos de la Guardia Nacional muertos y otros once efectivos heridos, de acuerdo con los partes que fueron conocidos extraoficialmente, en la medida en que avanzaban las horas del domingo 4 de noviembre.

La primera deficiencia es producto de conductas que son arrastradas desde mucho antes que Hugo Chávez asumiera la Presidencia. Estamos ante una Fuerza Armada incapaz de hacer una comunicación efectiva sobre los hechos que realmente interesan a la sociedad. Uno se asoma a los órganos divulgativos del estamento castrense, desde el twitter hasta una pomposa televisora, y se percata de que solo son vehículos para una propaganda en la que nadie cree.

Esto contrasta con el silencio oficial durante las horas clave que corrieron durante la mañana de ese domingo hasta la tarde. El vocero por excelencia de la Fuerza Armada, que es el ministro de la Defensa, estaba más pendiente de adelantar las navidades. Los civiles nos dimos cuenta de esa situación, pero primero lo hicieron los militares. Evidencia clara de esto es que, en medio de la crisis originada en el ambulatorio de Puerto Ayacucho ante la llegada de los cuerpos ensangrentados, la información sobre lo ocurrido comenzó a fluir, con minutas y fotos incluidas, a través de canales irregulares y extraoficiales, con una proximidad a los hechos que solo era posible si se viste un uniforme.

Un lector crítico podría pensar que estas líneas las escribe un periodista deseoso de lograr noticias. Y es verdad. Pero esto no exime a la FAN de cumplir con los parámetros mínimos en la divulgación de los hechos relevantes, en la segunda década del siglo XXI, cuando las guerras incluso son transmitidas en directo.

Es que ni siquiera lo hacen para cumplir con los protocolos internos. Luego del asalto a la 41 brigada blindada en Valencia, en agosto de 2017, uno de los aspectos revisados con mayor detenimiento fue la tardanza en la aplicación de los llamados “planes de reacción”, que implican la ejecución de una serie de medidas luego de que se ha verificado un hecho de tal naturaleza. Luego, corrieron radiogramas por todas las unidades, revelando lo inocultable.

Quince meses después de este asalto, nos damos cuenta de que la lección no fue aprendida. Los correctivos no fueron aplicados. La orden de reforzar la vigilancia perimetral e interna a las otras instalaciones castrenses de Amazonas fue transmitida por la jerarquía militar casi al mediodía, es decir, más de cinco horas después del ataque de los elenos. La cosa no fue peor, básicamente, porque los guerrilleros se contentaron con la emboscada.

Uno conversa sobre este tema con militares retirados y las respuestas son generalmente miradas gachas y gestos de negación. Como dando la cosa por perdida. Creen que esta Fuerza Armada tiene pocas posibilidades de mejoría en lo inmediato. La conducta errática del titular de Defensa en los días posteriores al enfrentamiento armado pareciera confirmar esta impresión: de hablar casi en tono comprensivo de unos “muchachos con prendas militares” pasó 48 horas después a una alocución histriónica donde aseguraba a gritos que irían contra todos los irregulares que ya sentaron plaza en el país. Aun así, fue incapaz de singularizar al grupo que protagonizó la matanza, cosa que ya sabíamos gracias al comunicado oficial de la cancillería colombiana.

En este contexto, nos enteramos del contenido de la última Guía de planeamiento distribuida en los componentes castrenses a través del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb). Lo que uno ve a allí también desnuda a la Fuerza Armada: una pirámide que en su base pasa hambre y enfermedades, como la hepatitis que diezma a los estudiantes de la GN, y que en su tope ordena a todas sus capas constituir empresas, de cualquier naturaleza, puesto que para los de arriba la guerra que vale es la económica, y no la que se manifiesta con la presencia activa de grupos irregulares en buena parte del país.

Mientras las cosas sigan como van, veremos muchas más cartas como la del capitán de corbeta Miguel Angel León, obstinado por el “cáncer” que ve cuarteles adentro.

  

 

Breves

 

*Siete de los nueve detenidos en Amazonas, señalados de formar parte del grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) liderado por Luis Ortega Bernal, alias Garganta, fueron recluidos en el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques. Como suele ocurrir en estas circunstancias, una parte de este grupo fue enviado de inmediato a celdas de aislamiento, ubicadas en la planta baja, no se sabe por cuánto tiempo. Estos nuevos integrantes de la población penal podrán ser un verdadero dolor de cabeza, puesto que la mayoría de los reclusos son efectivos de la Fuerza Armada, para quienes los elenos son enemigos naturales. Más aún si llegan allí con el antecedente de haber propiciado la muerte de tres sargentos en funciones. Habrá que estar pendientes de esta situación.

 

*Desde el mes de octubre, una ola de secuestros sacude al estado Anzoátegui. Esto ha tenido incluso un impacto en las cifras manejadas por el Gobierno. Los despachos policiales admiten que el número de casos denunciados se ha elevado en 150% con respecto a 2017. Pero esto es apenas un pálido reflejo de lo que ocurre en las calles, donde la mayoría de los plagios no es informada a los cuerpos de seguridad. En octubre, por ejemplo, cinco sujetos armados y en motocicletas interceptaron a un hombre cuando salía de una marina en Lecherías. Simulaban un procedimiento policial. Le dijeron que conducía una camioneta robada, y que tendría que ir con ellos a una comisaría para comprobar la legalidad del vehículo. Pero no fueron a ninguna instalación gubernamental sino a una casa particular. Allí le informaron que sabían que él tenía una cuenta en la banca estadounidense, y que no lo dejarían en libertad hasta que transfiriera a otra cuenta en el exterior la cantidad de diez mil dólares. La víctima argumentó que no tenía a disposición los medios para cumplir con tales demandas. Luego le dieron un teléfono y le indicaron que instruyera a su esposa para hacer la transferencia. Poco después, el hombre fue liberado. Ya no se encuentra en el país.

*Con la entrada del nuevo director, general de división (Ejército) Manuel Christopher Figuera, comenzaron algunos intentos de corregir irregularidades en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Hay un nuevo jefe en Investigaciones Estratégicas, que según fuentes internas es un comisario de carrera en la institución. Allí el trabajo apenas comienza. En las regiones se ordenó suspender las “operaciones negras”, en las que utilizaban personas y vehículos sin ningún tipo de identificación, frecuentemente con el propósito de robar, secuestrar y extorsionar. De igual forma, como ocurre cuando hay cambios de mando en este tipo de organizaciones, está planteada la suspensión y renovación de las credenciales ad honorem. Por cierto, durante los últimos días también se han detectado irregularidades con tales carnets en Cicpc y la Policía Nacional, donde incluso detuvieron a seis personas tras el hallazgo de un mercado de chapas de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES). Usaban computadoras e impresoras de alta gama y entregaban los documentos a cambio de pagos en dólares.

Diosdado Cabello:

EL PRESIDENTE DE LA ANC, Diosdado Cabello, aseguró hoy que el ataque en el que murieron 3 militares venezolanos el pasado domingo provino “de Colombia”, al tiempo que pidió a las fuerzas castrenses del país actuar con “mucha prudencia” y evitar “provocaciones”.

“La violencia que hay aquí en Venezuela viene de Colombia, eso que ocurrió en Amazonas viene de Colombia”, dijo el número dos del chavismo durante la emisión su programa semanal de televisión.

El hecho, según dijo, forma parte de un “plan para tratar de generar situaciones de disturbios en Venezuela” que den paso a una invasión armada.

“No caigamos en provocaciones, mucha prudencia al actuar, mucha sabiduría”, pidió a la Fuerza Armada.

El suceso ocurrió hace tres días en el estado de Amazonas (sur), cuando una patrulla de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) se enfrentó con un grupo aún no identificado.

Según dijo entonces el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, el suceso ocurrió en represalia por la captura de varios integrantes de un grupo paramilitar.

En el ataque también resultaron heridos otros 10 efectivos de la GNB.

Padrino López advirtió el martes a los responsables del ataque con el “poder ofensivo” del país, y aseguró que la Fuerza Armada buscará “hasta el último grupo” irregular que opere en territorio venezolano.

Por las muertes la oposición venezolana ha responsabilizado al ELN, en tanto que el Parlamento, que controla el antichavismo, exhortó a Maduro “a cumplir con el deber de asegurar la soberanía” de la nación.

Colombia, por su parte, ha manifestado que facilitará a Venezuela “toda la colaboración” necesaria para asegurar el castigo de los responsables del asesinato de los miliares.

Miembro del ELN y detenidos por ataque en Amazonas son recluidos en Ramo Verde

ESTE MARTES 6 DE NOVIEMBRE FUERON PRESENTADOS en los tribunales de Caracas los nueve detenidos por la operación “Nido de Buitres”, donde se dio captura a Luis Felipe Ortega Bernal, alias “Garganta”, junto a otros presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN).

Durante la audiencia de presentación se dictó medida privativa de libertad y se fijó como sitio de reclusión la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques.

A los implicados se les imputan cargos de porte ilícito de arma de guerra, subversión, ultraje al centinela y contra la seguridad de la Fuerza Armada, según reseñó la periodista Sebastiana Barráez.

Ortega Bernal, quien era comandante del ELN asentado en el territorio nacional y poseía documentos venezolanos como cédula y carnet de la patria, fue capturado junto a sus dos escoltas en una posada del sector Ojo del Águila, en el estado Amazonas, después de su presunta participación en la emboscada donde el grupo insurgente colombiano atacó a un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional, en el que murieron los oficiales Alfredo  Zolano Guevara, Robert José Artahona Díaz y José Martínez Bolívar.

Durante la tarde de este martes, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se refirió nuevamente ante el hecho señalando que hará frente a los grupos irregulares que operan en la frontera colombiana. “Sean guerrilleros, paramilitares o narcotraficantes, los vamos a echar de esta patria”.

“Ante la falta de respuesta del gobierno de Colombia y su canciller, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer militarmente y no renunciamos a la ofensiva, a nuestro poder ofensivo, para hacer respetar nuestra soberanía sagrada”, señaló Padrino López, quien acotó que ya giró instrucciones a sus generales sobre las maniobras de patrullaje en los estados limítrofes del país.

*Con información de El Estimulo

Seis indígenas murieron en Amazonas por brote de enfermedad no diagnosticada

EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES HAN FALLECIDO 6 indígenas de la comunidad “Momi” en el sector Alto Ventuari, del municipio Manapiare de Amazonas, a causa de un padecimiento que no ha sido diagnosticado por falta de personal médico en la zona.

Ariosto Apiama, miembro del pueblo indígena sanema y habitante del sector, informó que desde finales del mes de julio varios miembros de la comunidad Momi han padecido de la referida enfermedad, que se manifiesta a través de fiebre alta, tos, gripe, vómito y en ocasiones diarrea.

El primer fallecido fue el indígena Tecasi Apiama de 51 años de edad, seguidamente, Sito Panapanay (26), Nota Apiasoma (21) y tres niños entre 5 meses y 2 años. Los actos funerales se hicieron conforme a los usos y costumbres del pueblo sanema: la incineración, por lo que oficialmente ninguna autoridad ha tenido conocimiento de estas defunciones y sus causas.

Luego de estos fallecimientos, otros 7 indígenas (5 adultos y 2 niños) que padecían estos síntomas fueron trasladados a pie entre la selva y durante dos horas a la comunidad yekuana “Cacurí”, y salieron vía aérea al hospital de Puerto Ayacucho, donde están recibiendo atención médica, a pesar de la crisis de medicamentos y de infraestructura que experimenta.

Recordamos que también en Amazonas, el enfermero de la comunidad Mavaquita denunció recientemente a Kapé Kapé el fallecimiento de 5 niños yanomami de las comunidades Mioma y Crepuwei.

En su momento, los pequeños no recibieron ningún diagnóstico de la enfermedad, y de acuerdo a lo que pudo observar el enfermero en el seguimiento de sus casos la misma se manifestó con la presencia de llagas en el labio superior, que se fueron extendiendo hacia el resto de las caras de los niños, hasta el punto de carcomerle parcial y totalmente la nariz. Los niños fallecieron entre los 6-10 días de iniciar la afección.

Con ambas situaciones una vez más queda en evidencia el descuido por parte del Estado venezolano de su deber de garantizar la salud y la vida de las y los venezolanos, lo que implica condiciones dignas y un sistema de salud óptimo, en especial para aquellos sectores más vulnerables de la población como lo son las comunidades indígenas.

A pesar que las autoridades sanitarias del Amazonas tienen conocimiento de estos brotes, en el caso de las comunidades Mioma y Crepuwei, porque fueron notificados por el enfermero del sector; y de los enfermos de Momi porque están siendo atendidos en el hospital de Puerto Ayacucho, no se ha activado ningún programa de atención y diagnóstico para conocer sobre estos males que siguen cobrando vidas de indígenas, especialmente en los lugares más recónditos de la selva donde la atención médica llega a cuenta gotas o por medio de los tratamientos ancestrales.

Con información de Kapé Kapé