Amazonas

16,6 muertos por cada 100 mil habitantes fue la tasa de muertes violentas

La tasa de muertes violentas registradas en el estado Amazonas durante el año 2020, fue de 16,6 por cada 100 mil habitantes (m/h), registro que ubica a la entidad por debajo de la tasa nacional (45,6), ocupando la posición 24 y considerado como el estado menos violento del país, según estudios realizados por el Observatorio Venezolano de Violencia en  Amazonas (OVV Amazonas).

Héctor Escandell, coordinador regional del OVV Amazonas, indicó: “en un año atípico, Amazonas baja al puesto 24, en comparación con los años 2018 y 2019, cuando ocupó los lugares 12 y 10, respectivamente”.

Durante su intervención, reveló que las tasas de homicidios, de muertes por resistencia a la autoridad y de muertes en averiguación, proyectadas para el estado Amazonas en 2020, fueron establecidas en 8,6; 3,1 y 4,9 por cada 100 m/h, respectivamente.

Escandell precisó “Al establecer una comparación con los años 2018 y 2019, se observa que hay una disminución en cada una de las variables mencionadas.

Violencia vinculada a la actividad minera

La situación geográfica y las particularidades de la región amazonense, permitieron destacar las condiciones espaciales de la violencia descritas por el investigador, como la violencia convencional urbana y la violencia vinculada a la actividad minera ilegal, que ocurre en todos los focos de minería ubicados en el interior de la entidad, siendo ésta menos visible y por tanto, más difícil de registrar y documentar.

Los datos disponibles muestran que sólo los municipios Atures y Atabapo, reportaron muertes violentas; para el primero de ellos, las tasas de muerte por violencia se ubicó en 22 por cada 100 m/h, respondiendo los homicidios a una tasa de 11; las muertes por resistencia a la autoridad a 4,2 y las muertes en averiguación a 6,8. El predominio urbano de la población del municipio explicaría la posición de liderazgo en el estado.

En el caso del municipio Atabapo, la tasa reportada de muertes violentas fue de 10,5; toda ella, concentrada en la categoría de homicidios. En el territorio del municipio se localiza el principal núcleo minero, con más de 30 minas dispersas, dentro y fuera del Parque Nacional Yapacana.

Otra categoría de violencia presente en el estado, es la referida a la degradación de las condiciones ambientales del territorio que, realizada por particulares, afecta al conjunto de la sociedad de distintas formas, especialmente en las condiciones vinculadas a la salud.

La ausencia de datos para el resto de los cinco municipios, se explicaría por la no presencia de las autoridades competentes y las dificultades de comunicación y traslado que limitan los flujos de información.

La pandemia y la cuarentena podrían desempeñar un rol relevante en la disminución de la tasa general de muertes violentas, hecho que puede trasladarse a las tasas diferenciadas de homicidios y muertes por resistencia a la autoridad; sin embargo, en lo concerniente a otros delitos, parece haber actuado como catalizador.

Al concluir su intervención, el coordinador regional manifestó: “En el OVV Amazonas, nos comprometemos a contribuir en el esfuerzo de sensibilizar a las autoridades y la comunidad en general, para la comprensión del fenómeno de la violencia y el diseño de estrategias dirigidas a abordar sus causas desde la perspectiva de la investigación social”; esto a través de la cooperación y las alianzas con las instituciones y organizaciones sociales interesadas en el tema.

Analistas dicen que actividad minera genera eventos de violencia que deben ser investigados

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en el marco de su misión institucional de ofrecer datos e información de calidad, con soporte científico, en torno a los hechos de violencia en el país, amplió su rango de cobertura territorial incorporando al estado Amazonas y creando allí una sede.

El equipo regional está conformado por Héctor Escandell García, Licenciado en Geografía y profesor de la Facultad de Humanidades y Educación, en el núcleo de Estudios Universitarios Supervisados de la Universidad Central de Venezuela (UCV); y una periodista en el área de comunicaciones.

Escandell manifestó que, en el contexto amazonense, “se pretende recabar, sistematizar y procesar evidencias significativas, relacionadas con indicadores de violencia típicos de los espacios urbanos -robos, hurtos, homicidios, extorsiones, represión, violencia de género- y, además, estudiar una realidad que permanece velada en el ámbito rural indígena, hacia el interior del estado”.

Vale destacar que Amazonas tiene características particulares, derivadas de las diversidades biológica y cultural, y la condición fronteriza.

“Sabemos que hay una actividad minera, donde incide un conjunto de actores con intereses concretos y que, en su procura, se generan eventos de violencia que deben ser estudiados”, expresó Escandell. Asimismo, señaló que “la minería está prohibida en el estado; sabemos que hay grupos más fuertes y más débiles. La actividad en las minas, además de las condiciones precarias en que se practica, ofrece menos ventajas para que los indígenas participen, directamente o no, en ella. Nos preocupan las dificultades de movilización y de comunicación; sin embargo, es un reto para el observatorio conocer lo que allí sucede”.

El profesor universitario precisó la pertinencia de visibilizar este tipo de hechos, tomando en cuenta que Amazonas ocupó en el año 2019, según el Informe Anual de Violencia del OVV, el décimo lugar en la escala nacional por muertes violentas, con una tasa de 58 por cada 100 mil habitantes, muy cerca de la tasa nacional que fue de 60,3.

El levantamiento de la información y su sistematización se pretende poner a disposición de la comunidad y también de las autoridades. “Nuestra intención es cooperar en la formulación de políticas públicas que permitan abordar el tema de la violencia, con mayor efectividad”, finalizó el coordinador del OVV Amazonas.  

La extensión del OVV hacia otros estados del país es auspiciada por la Unión Europea (UE), labor que está contextualizada en el marco de la acción titulada Consolidar el Observatorio Venezolano de Violencia como red nacional de organizaciones sociales articuladas para producir, analizar y difundir conocimientos sobre la magnitud, riesgo e impacto social de la violencia.

La diputada señaló que además deben hacer sus compras en la frontera porque no hay bolívares en el sur del país

La diputada de la Asamblea Nacional, Mauligmer Baloa (UNT-Amazonas) denunció que los indígenas piaroas deben remar hasta la frontera con Colombia, para poder comprar alimentos y medicinas. 

“Por la necesidad que están pasando nuestros indígenas Piaroas del municipio Autana del estado Amazonas deben navegar a canalete hasta la frontera colombiana para poder vender el producto de su cosecha y así comprar víveres secos, porque el régimen de Maduro acabó con el comercio al sur de Venezuela”, agregó.

Baloa explicó que tienen que irse remando en curiara, porque no hay gasolina para los motores, para poder vender sus cosechas y deben hacerlo en la frontera ya que no hay bolívares en el sur de Venezuela sino peso, dólar u oro.

«Con lo que logran vender en la frontera, es que pueden comprar víveres secos, productos de aseo personal y medicinas para sus familias, este es el verdadero drama que estamos viviendo los pueblos indígenas”, expresó la diputada.

La diputada Mauligmer Baloa lamentó que la administración de Nicolás Maduro sea tan indolente con los pueblos indígenas que cada vez más dificulta su supervivencia.

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En un destacamento de la GNB conocido como El Muelle hay 19 detenidos en una habitación oscura, cuya única ventilación es la puerta principal

Atención médica, agua potable, aseo en los establecimientos, suministro regular de alimentos y restitución de los procesos judiciales son algunas de las peticiones de los familiares de más de 120 detenidos que se encuentran en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de la ciudad de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas.

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), señaló que este grupo de familiares se comunicó con la organización para relatar las penurias que sufren los reos, quienes sucumben ante la desidia penitenciaria y la falta de interés por parte del Estado.

Eduardo Santiago Lozano, de 21 años de edad, murió el pasado 14 de agosto por desnutrición y neumonía. Así lo confirmó su madre María Florez, quien aseguró que el muchacho tenía cinco meses detenido en el CICPC y en ese tiempo rebajó más de 15 kilos.

“Él era un muchacho delgado, pero no estaba como me lo entregaron. Un hueso forrado de piel, así mismo quedó”, fue la descripción que hizo la afligida madre sobre la contextura física de su hijo, quien en sus últimos días fue aislado por su agravado estado de salud ya no le permitía caminar.

“Dos semanas antes de que muriera me dejaron acercarme a esa celda y Eduardo me pedía que lo sacara de allí. Ya no caminaba y su brazo medía tres dedos de grosor, se los medí”, dijo la señora María, quien además explicó que el jueves 13 de agosto, un día antes de su muerte, lo trasladaron hasta el Hospital Dr. José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, porque el médico del CICPC emitió la orden “antes de que muriera en los calabozos”.

Asimismo, la madre manifestó que siempre le llevaba la comida a su hijo, a pesar de no tener los recursos suficientes para garantizar las proteínas recomendadas en la ingesta diaria. “Así fuera arroz o pasta, pero lo llevaba”, sentenció la mujer, quien sospecha que los alimentos no eran entregados al joven.

En otro orden de ideas, María Florez denunció que acudió a los tribunales para solicitar una orden de evaluación médica, pero nunca fue atendida porque el trámite debía ser realizado por un abogado. También clamó por ayuda en la Defensoría del Pueblo, pero “solo me anotaron en un cuaderno y nunca fueron, el día que hospitalizaron a mi hijo acudí nuevamente para ver si lo veían en el hospital y una vez más me anotaron en el cuaderno”, finalizó.

Sin agua y hacinados

La directora del OVP manifestó que, según las denuncias recibidas por su equipo, la sede del CICPC de Puerto Ayacucho alberga a 65 presos en una celda que está dividida por una reja; mientras en el CONAS son al menos 46 los presos que conviven en lo que anteriormente era un baño de un preescolar.

Por su parte, en un destacamento de la GNB conocido como El Muelle hay 19 detenidos en una habitación oscura, cuya única ventilación es la puerta principal.

“La situación es similar en todos los calabozos del territorio nacional, aunado al hacinamiento que es crítico en clara violación a los derechos humanos de los privados de libertad. Son centros de detención preventiva, no son cárceles y estas personas no deben permanecer recluidas allí durante más de 48 horas”, recordó Girón.

En el caso del CICPC, los familiares relataron que deben llevar agua potable en bolsas plásticas porque no permiten el ingreso de envases plásticos. Cuando no hay agua en las instalaciones, los reos se ven obligados a consumir el líquido que emana de la tubería de un aire acondicionado, así como también algunos tienen que dormir de pie porque no hay suficiente espacio.

Mientras tanto, los 46 detenidos del CONAS no tienen acceso a baños, por lo que sus familiares reciben sus heces en bolsas plásticas y aseguran que son pocas las veces que pueden asearse.  Denuncian que en ocasiones la ropa que les entregan para lavar está manchada de sangre, pero desconocen qué es lo que ocurre en este centro.

De igual manera, se conoció que en este centro de detención los reclusos se dividen en dos grupos para dormir y convivir durante el día: 23 de pie y 23 sentados.

En cuanto a los 19 privados de libertad que alberga la GNB en la sede conocida como El Muelle, se conoció que solo tienen agua cuando llega el camión cisterna y pueden pasar hasta una semana sin que esto suceda. Los reos cocinan en una habitación pequeña sin ventilación y derriten plástico para generar fuego.

Todos los familiares afirmaron que estos casos han sido expuestos ante la Defensoría del Pueblo de Puerto Ayacucho, pero hasta la fecha no han enviado comisiones a los centros de detención. Al igual que la madre del joven fallecido en las instalaciones del CICPC, los datos de los denunciantes son anotados en un cuaderno y aparentemente quedan en el olvido.

Por último, la directora del OVP instó a la Defensoría del Pueblo de Amazonas a que atienda estas denuncias por reiteradas violaciones contra los derechos humanos de los privados de libertad en la entidad y, en consecuencia, se proceda a una investigación exhaustiva y veraz sobre cada caso en particular.

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*Prensa OVP

El coordinador técnico del Plan País Ambiente, Antonio De Lisio indicó que el Arco Minero no es el futuro 

El diputado de la Asamblea Nacional y Comisionado Presidencial para el Arco Minero, Américo De Grazia (Causa R-Bolívar) aseguró que la explotación de oro en el Arco Minero, afecta también la generación de energía eléctrica.

En el programa Plan País, el diputado indicó que el Arco Minero no solo afecta a los pueblos indígenas o las comunidades cercanas a la zona. “Hoy Maracaibo no tiene electricidad porque Guri no tiene la capacidad de otros tiempos, no solo por la falta de inversión sino porque su fuerza hídrica se ha disminuido por el daño a las cuencas en la explotación de las minas”, explicó.

También alertó sobre el aumento de la violencia y desapariciones, por la extracción de minerales. “Venezuela tenía alternativas antes de llegar Chávez al poder. Si bien tenía problemas, no se parecen en nada a los que hoy vive el pueblo al sur del país: la malaria, el desplazamiento, la masacre institucionalizada y el envenenamiento de las aguas.”, denunció De Grazia.

Sin embargo aseguró que hay soluciones, presentados a través del Plan País, enfocados principalmente en el cuidado y preservación del ambiente, la tierra y los ríos.

En este punto el coordinador técnico del Plan País Ambiente, Antonio De Lisio dijo que lo primero que se debe hacer es retornar a las actividades que pueden darle vida a la economía sostenible. «En los bosques del Arco Minero tenemos los principios activos para confrontar muchas enfermedades y que se han robado farmacias del primer mundo, esa es una oportunidad”.

«Hay que pensar que el Arco Minero no es el futuro. Recuperar el turismo para entrar en las rutas ecológicas internacionales, que las comunidades, los indígenas, las mujeres puedan formar parte de esa economía sustentable y no se vean obligados a formar parte de una actividad ilegal como la minería o la prostitución”, añadió.

Calidad de vida mermada

En la discusión también participó la diputada Mauligmer Baloa (UNT-Amazonas) quien denunció la merma en la calidad de vida de las comunidades indígenas, en cuanto a la ocupación de sus tierras por parte de presuntos grupos paramilitares.

También criticó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de cambiar la forma de elección de la representación indígena dentro de la Asamblea Nacional.

«A esto le sumamos que el gobierno usurpador les dio permisos a empresas trasnacionales para hacer exploración y explotación de minerales sin consultarnos. Se han aprovechado de nuestros recursos, lesionando la cultura de los pueblos originarios, derechos que están consagrados y reconocidos a nivel internacional”, dijo la diputada Baloa.

Además aseguró que la situación de la pandemia del COVID-19, ha agravado la situación en Amazonas, pues solo cuentan con un hospital y no tienen suficientes equipos de bioseguridad para el personal de salud. 

“En este momento, en el Hospital no hay un par de guantes para atender a un enfermo de cualquier patología. No han declarado a ningún muerto por Covid-19, pero lo han enterrado, arrancándoselos a sus familiares, metiéndolos en tres bolsas y enterrándolos en la noche en el cementerio municipal”, alertó la parlamentaria.

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Recientemente, Kapé Kapé celebró sus primeros 15 años haciendo precisamente lo que saben hacer mejor: defendiendo a sus pueblos y tierras ancentrales

“La grave crisis económica y el Decreto de Explotación del Arco Minero aceleraron la vorágine de destrucción, violencia y descomposición social en las zonas mineras”, advierte Armando Obdola

Al sur de Venezuela, decenas de indígenas han muerto por la minería desenfrenada y 1.200 personas han sido desplazadas forzosamente de sus territorios ancestrales

@nelapalaciosr

La asociación civil Kapé Kapé  se ha convertido un símbolo de libertad y de la lucha por la democracia y los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Estado Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas desde su fundación, el 28 de julio de 2005.

Recientemente, Kapé Kapé celebró sus primeros 15 años haciendo precisamente lo que saben hacer mejor: defendiendo a sus pueblos y tierras ancentrales, que se han convertido en el escenario de uno de los peores ecocidios registrados en Latinoamérica y en territorios sin ley controlados por bandas criminales y fuerzas irregulares que imponen su poder y roban riquezas patrimoniales al pueblo venezolano día tras día, bajo la fuerza de las armas.

Armando Obdola, presidente de Kapé Kapé, rechaza el nuevo reglamento del Concejo Nacional Electoral por considerar que viola los derechos políticos de los pueblos indígenas y representa un enorme retroceso a los avances alcanzados por ellos.

Tras la ampliación de la superficie de extracción de oro, diamantes, coltán y otros minerales en el Arco Minero del Orinoco, una franja que ocupa el 12% del territorio nacional y en la que residen más de 50.000 venezolanos de 197 comunidades indígenas, este líder indígena está especialmente preocupado por la voracidad minera que se ha desatado en esas tierras y lo que eso supone para el futuro de las etnias pemón, yekuana, sanema, yanomami, piaroa y jivi, entre otras.

No es para menos: más de 20 indígenas han muerto en medio de la actividad minera desenfrenada en los últimos 2 años.

El informe sobre el Arco Minero del Orinoco presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas, Michelle Bachelet , advierte sobre graves violaciones en esa zona: desde explotación laboral, sexual e infantil, asesinatos y mutilaciones, hasta el aumento de enfermedades, daño ambiental y grupos delictivos que controlan las minas y han desatado una violencia que disparó las tasas de homicidios a registros récord en 2019, como las de los municipios Caroní y Heres (97 y 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes, respectivamente).

¿Qué opina del nuevo reglamento del Consejo Nacional Electoral (CNE) que elimina el voto directo a los indígenas en Venezuela?

Es violatorio de las normas legales vigentes en Venezuela con relación a los pueblos y comunidades indígenas, puesto que establece un sistema de elección mediante asambleas populares, lo que vendría siendo una elección de segundo grado, lo cual no está previsto en las leyes venezolanas vigentes. Además, la Organización Socialista Bolivariana Unida (Osibu) desmintió que 320 comunidades y 18 organizaciones indígenas regionales y nacionales habían sido consultadas para la modificación de la elección de los representantes indígenas en la Asamblea Nacional.

Los 8 pueblos que hacen vida en el municipio Sucre realizaron una asamblea en la que decidieron que no participarían en las elecciones parlamentarias. A las comunidades indígenas no se les tomó en cuenta para la elaboración de este reglamento y esto también viola la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas en sus artículos: 11, 63, 64 y 65.

Este Reglamento Especial reduce considerablemente la representación indígena en la Asamblea Nacional para las próximas elecciones parlamentarias e impone a los pueblos originarios a unas votaciones de segundo grado, con una Asamblea General a Mano Alzada con observadores del Consejo Nacional Electoral, en medio del peligro latente de la pandemia de la COVID-19. Esto representa un enorme retraso a los derechos alcanzados por nuestros pueblos indígenas.

¿Cuantos indígenas han muerto hasta ahora en el Arco Minero del Orinoco?

Más de 20 indígenas han muerto en los últimos dos años en hechos vinculados con la minería. Actualmente existe una situación crítica de caos e invasión en los territorios indígenas con actividades mineras, como el caso de los municipios Sifontes y Gran Sabana.

Se exhorta al Estado venezolano a que asuma el control garantizando el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, a través de la consulta previa, pues hasta ahora ha actuado contraviniendo estos principios con la entrega en concesión de territorios a empresas trasnacionales, como es el caso de los 111.000 km² de territorios indígenas que hoy son intervenidos en el estado Bolívar a través del Arco Minero del Orinoco.

Al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por las actividades mineras ilegales. Otra zona de importante riqueza natural es la de Ikabarú, ubicada en el Municipio Gran Sabana, entre los estados Bolívar y Amazonas, actualmente sus comunidades indígenas están invadidas por minas ilegales de oro.

Al menos un centenar de comunidades indígenas de la entidad se han visto forzadas a dejar su estilo de vida, para incluso participar en las actividades mineras, como modo de subsistencia ante la nueva dinámica social y comercial impuesta en sus espacios de origen.

Tanto mineros no indígenas como indígenas, coinciden en que son extorsionados por las bandas ilegales que se han adueñado del negocio minero, con la participación de los cuerpos de seguridad y resguardo apostados en estas zonas (como Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB, Guardia Nacional Bolivariana GNB y Policía del Estado Bolívar PEB). Algunos de los casos emblemáticos de muertes de indígenas vinculadas a la actividad minera que ha registrado nuestra asociación son los siguientes:

• Marzo 2018. San Luis de Morichal, municipio Sifontes del estado Bolívar. Asesinato del indígena Oscar Mella.

• Agosto 2018. Comunidades indígenas de Maripa denunciaron el asesinato del líder indígena del pueblo jivi Misael Ramírez. El hecho habría ocurrido en medio de un enfrentamiento por el control de la mina El Silencio, ubicada en la desembocadura del río Matu, en el municipio Cedeño del estado Bolívar. También falleció el hijo del capitán, Milson Dorangel Rondón Reina, de 18 años, así como otras 4 personas que no fueron identificadas.

• Septiembre 2018. En el municipio Gran Sábana, fue asesinado el comandante de la Guardia Territorial Pemón, José Vásquez, quien había logrado mantener la seguridad en territorios indígenas de la delincuencia.

• Noviembre 2018. 4 indígenas de la etnia piaroa murieron tapiados luego que ocurriera un derrumbe de tierra en la mina Cacique, localizada en el Parque Nacional Yapacana, del municipio Atabapo en Amazonas.

• Diciembre 2018. Un indígena pemón fallecido y una veintena de heridos fue el resultado de un operativo de funcionarios del DGCIM en el Parque Nacional Canaima.

• Febrero 2019. La indígena Zoraida Rodríguez fue asesinada y por lo menos otros 15 miembros de su comunidad resultaron heridos tras la arremetida de un convoy de la Guardia Nacional a esta comunidad pemón del municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar. Luego del incidente, otras 7 personas fallecieron producto de las lesiones que recibieron en este ataque, la última de ellas fue el indígena pemón, Onésimo Fernández.

En Kumarakapay también fueron asesinados Rolando García y Kliber Pérez, los dos últimos guías turísticos del tepuy Roraima, una de las maravillas naturales del sur de Bolívar. Este incidente tuvo otras consecuencias como la migración forzada de cientos de indígenas quienes huyeron por amedrentamiento de los cuerpos de seguridad. Reportándose unos 1200 desplazados forzosos, cifras semejantes a las reportadas por ACNUR.

• Mayo 2019. El 26 de mayo fue asesinado Eduardo Garrido, indígena del pueblo kurripaco y Capitán de la Comunidad Puerto Montaña Fría, ubicada en la parroquia Platanillal, en el eje carretero sur.

• Junio 2019. Nelson Pérez, capitán general de las comunidades indígenas de la etnia jivi de El Silencio, denunció la desaparición de 2 de sus líderes indígenas del municipio Sucre de Bolívar.

• Noviembre 2019. Habitantes del sector minero de Ikabaru denunciaron una nueva masacre, con un saldo de 6 fallecidos confirmados por los cuerpos de seguridad.

Aunque la explotación minera tiene una historia de más de 50 años en el país, la grave crisis económica de los últimos años y el Decreto de Explotación del Arco Minero del Orinoco aceleraron la vorágine de destrucción, violencia y descomposición social en las zonas mineras.

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21?

Considero que durante este gobierno se ha marcado una violación invalorable de los DDHH, trayendo como resultado una Impunidad marcada en todos los sectores.

¿Estamos hoy mejor o peor que en 1999? ¿Por qué la constitución de 1999 se nos ha convertido en letra muerta en tantos aspectos?

La situación de los DDHH ha empeorado mucho a pesar que desde el inicio se hicieron las bases legales para el respeto de los derechos. Por lo tanto, siempre ha sido Ley muerta.

El coronavirus ya llegó a las comunidades indígenas del país. ¿Cómo podría protegerse mejor a estos pueblos durante la pandemia?

Desde el 16 de marzo el país se encuentra en una cuarentena social ordenada por el Ejecutivo Nacional para contener la propagación del Covid-19. Desde las primeras semanas del decreto, las comunidades indígenas del país comenzaron a ver las consecuencias.

En el caso de Bolívar, donde las comunidades indígenas se caracterizan por la movilización constante entre centros poblados para el comercio de artículos tradicionales o el abastecimiento, poco a poco comenzaron a verse restringidos principalmente por la falta de gasolina para retornar a sus comunidades; y así la cuarentena social se fue convirtiendo en sinónimo de falta de dinero y comida. Muchos se quedaron varados en otros centros poblados en medio del decreto.

Con el avance de la cuarentena y el cierre de frontera, en Amazonas comenzaron a notarse los efectos en el abastecimiento, con su consecuente aumento de precios, toda vez que vendedores formales y los “bachaqueros” comenzaron a tener problemas para surtirse de productos en Casuarito o en Puerto Carreño.

Los habitantes del Bajo Delta se enfrentan a la instalación de puestos de la GNB que tienen tomado el paso fluvial, lo que les niega la posibilidad de salir a Tucupita para abastecerse de alimentos.

En el caso de las comunidades indígenas del Delta, Bolívar y Amazonas la escasez de combustible ha significado la imposibilidad de salir a vender y comprar insumos, poniendo en riesgo mayor la situación alimentaria y sanitaria en el interior de las comunidades.

Las infecciones respiratorias se propagan rápidamente entre los pueblos indígenas debido a que las condiciones de salud, generalmente, son peores que las de la población no indígena.

La convivencia en viviendas multifamiliares y la falta de agua, sumadas a la inexistencia de campañas de información, aumentaron los riesgos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha advertido que los pueblos indígenas ya experimentan un acceso deficiente a la atención sanitaria, tasas significativamente más altas de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

A eso se suma la falta de acceso a servicios esenciales, saneamiento y otras medidas preventivas clave, como agua limpia, jabón, desinfectante, etc. Asimismo, la mayoría de las instalaciones médicas locales cercanas, si es que las hay, suelen estar mal equipadas y carecen de personal.

Le agradezco ahora tres mensajes claves. Uno dirigido al madurismo gobernante y las FANB. Otro dirigido al liderazgo opositor. Y otro al pueblo venezolano, al ciudadano de a pie que hoy apenas si tiene fuerza y energía para resolver el día de su familia.

A los gobernantes y a la FANB les diría que recuerden que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Al liderazgo opositor le diría que reconozcan que por su hambre de poder terminaron muchos arrodillándose ante el gobierno. Y al pueblo venezolano le diría que debemos seguir teniendo esperanza que pronto Venezuela será libre y mucha fortaleza.

Testigos de una destrucción progresiva

¿Cómo y cuándo nace la asociación civil Kapé Kapé?

Nace con el propósito de generar respuestas antes las constantes violaciones de los DDHH de los pueblos indígenas, el 28 de Julio del 2005.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer esta Kapé Kapé y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno desde entonces hasta ahora?

En el 2005 estábamos en la segunda fase del mandato de Hugo Chávez. Las comunidades indígenas comienzan el proceso de destrucción a través de la minería ilegal.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

Kapé Kapé realiza trabajos en materia de derechos humanos, así como en actividades en el area social, cultural, educativa y deportiva.

¿Qué servicios ofrece?

Capacitación, foros, charlas, denuncias, asistencia jurídica y socio cultural.

¿Cuántas personas trabajan en la organización?

En Kapé Kapé somos 18 en total

¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

Organizaciones indígenas nacionales e internacionales, organizaciones de DDHH nacionales e internacionales.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

Salud, transporte y educación.

¿En qué zonas operan actualmente?

Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Zulia


¿Cómo pueden ayudar a Kapé Kapé las personas que estén interesadas en hacerlo?

Participando, difundiendo y acompañando a la organización en cada uno de las actividades.

¿Cuáles son los mayores retos y mayores amenazas de Kapé Kapé en la actualidad?

La situación de pandemia y enfermedades endémicas; la problemática de la escasez de gasolina y la deficiencia de los servicios públicos son nuestros principales retos. Y la presencia de grupos irregulares en las zonas de trabajo y la situación política actual del país, son nuestras principales amenazas.

Compártanos los casos emblemáticos del trabajo que han realizado en esta organización desde su fundación.

El caso Kumarakapay es el que podría destacar. Fuimos los primeros en lograr llevar medicinas luego de la masacre militar. En la madrugada del viernes 22 de febrero, la Guardia Territorial Pemón del municipio Gran Sabana de Bolívar, impidió el paso de convoyes del Ejército.

Los indígenas se negaron porque, para ellos, los militares iban a impedir la operación de acceso de la ayuda humanitaria. Después de un forcejeo, los militares dispararon para dispersar la concentración en la que, se aupaba a Juan Guaidó como presidente interino.

La balacera terminó con 16 pemones heridos, la mayoría fueron trasladados a Boa Vista. Al día siguiente las personas tenían temor salir a las calles. Se produjeron allanamientos ilegales a casas y comunidades indígenas.

Entre ese primer día y los venideros, se contabilizaron 8 asesinatos, 43 heridas y más de 60 detenciones arbitrarias. 4 de ellas a menores de edad. Ninguna de estas detenciones era de los militares que habían disparado contra los pemones de Kumarakapay.

Los funcionarios de la GNB en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, aún no hay detenidos por el asesinato de esas personas. Tras estos incidentes, líderes indígenas y particulares se movilizaron hasta Brasil en busca de resguardo ante la militarización y amedrentamientos de la GNB. Actualmente la comunidad permanece vacía por la secuela que dejó esa incursión armada de funcionarios del Estado venezolano.

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Ambulatorios cuentan sólo con enfermeros de la misma comunidad y a veces un médico

Indígenas habitantes del eje carretero norte reportan que con el comienzo de la temporada lluviosa ya se han empezado a ver algunos casos de malaria y los establecimientos de salud no cuentan con materiales e insumos para atender  a los pacientes.

Señalan que los ambulatorios generalmente cuentan sólo con enfermeros de la misma comunidad y a veces un médico, pero la carencia de recursos hace difícil la labor sanitaria y lo que hacen en la mayoría de los casos es derivarlos al hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho

José Linares, indígena curripaco, habitante de la comuniad El Cejal, señala que no hay medicinas, “la población está tomando plantas medicinales ante la falta de medicinas. Las medicinas que llevan de Colombia los vendedores, las venden pero en pesos colombianos”.

Mencionan que han visitado la Dirección Regional de Salud para solicitar fumigaciones por el elevado número de casos de malaria  y dengue que tuvieron el año pasado para esta época del año, pero los funcionarios les han expresado que no tienen la autorización para salir a efectuar operativos, por la cuarentena por la pandemia de la COVID 19. Aunado a eso se suma la falta de combustible, y el no contar con suficientes vehículos para el traslado a las comunidades.

Exhortan a las autoridades a ejecutar jornadas de fumigación y distribución de mosquiteros, como forma de prevención de estas enfermedades endémicas en estas zonas.

En 2019 hubo 6 fallecidos y más de 35 mil casos de malaria confirmados en Amazonas. La mayoría de los fallecidos por malaria en 2019 en Amazonas fueron indígenas, resaltando los casos de 1 niña piaroa de 7 años de la comunidad Munduapo del Municipio Autana y un niño jivi de 8 años de la comunidad Limón de Parhueña, municipio Atures.

Kape Kape 

El avión de Estelar con 118 venezolanos repatriados que venían desde Argentina, al parecer presentó un desperfecto en la presurización de la aeronave. 

La aeronave debía aterrizar originalmente en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, sin embargo, presentó problemas y el avión descendió en Puerto Ayacucho sin autorización

Un avión Boeing 737 de la aerolínea Estelar, abordada por 118 pasajeros venezolanos que provenían de Buenos Aires, Argentina, se vio en la obligación de aterrizar sin autorización en el aeropuerto nacional Cacique Aramare, ubicado en Puerto Ayacucho, estado Bolívar, debido a que presentó una falla el día miércoles 18 de marzo a la 1:30 de la tarde.

El vuelo ES 8568 de Estelar debía aterrizar en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar. No obstante, una falla con la presurización de la nave evitó que esta continuara el recorrido.

Militares y autoridades aeronáuticas se dirigieron a la pista, mientras que los pasajeros permanecían en el avión para determinar qué protocolo se ejecutará en vista de las precauciones que deben tomarse debido al coronavirus.

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INAC suspende todos los vuelos comerciales y privados

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A pesar de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) anunciara la suspensión de todos los vuelos comerciales y privados desde y hacia Venezuela, el mismo instituto autorizó el aterrizaje de tres vuelos humanitarios en el aeropuerto de Maiquetía.

Un vuelo de Turkish Airlines proveniente de Estambul, otro de Laser Airlines desde República Dominicana y el de Estelar proveniente de Buenos Aires que aterrizó en Puerto Ayacucho.

De acuerdo con una fuente del INAC consultada por El Pitazo, los vuelos fueron aprobados tras la solicitud de estas tres líneas aéreas debido a que venezolanos se encontraban varados en aeropuertos internacionales de estos países a raíz de la repentina prohibición dictada por el régimen de Maduro.

La misma fuente resaltó que no serán los primeros ni los únicos vuelos humanitarios que se aprueben para repatriar a venezolanos que se encuentran varados en otros países.

«En algunos casos las aerolíneas indicaron que sus aviones están fuera de la base sus aeronaves y necesitan volver a sus hangares, por lo cual era imperioso aprobar su regreso al país. Estos no serán los únicos vuelos de repatriación o vuelo humanitarios que permita el gobierno de Venezuela», explicó el vocero a El Pitazo.