Observatorio Venezolano de Violencia, autor en Runrun

Observatorio Venezolano de Violencia

Entre enero y febrero se registraron 20 víctimas mortales en hechos violentos en Trujillo
Nuevo fueron por homicidios incluyendo un femicidio

De acuerdo con el monitoreo de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia en Trujillo (OVV Trujillo), durante los meses de enero y febrero se registraron 20 víctimas fatales, lo que corresponde al 44,4% del total de los hechos de violencia registrados en la entidad trujillana en ese lapso.

Entre las 20 muertes violentas que se contabilizaron, 9 fueron por homicidios incluyendo un femicidio, lo que equivale al 20% de los casos. Éstos ocurrieron en los municipios Andrés Bello, Escuque, La Ceiba, Miranda, Pampán, San Rafael de Carvajal y Sucre. Entretanto, 3 fueron muertes que se encuentran en averiguación, representando un 6,6%, y 8 decesos que correspondieron al móvil de resistencia a la autoridad (17,7%).

Así lo dio a conocer Johny Humbría, coordinador del OVV Trujillo, quien señaló que el año 2021 sigue presentando altos niveles de violencia, mientras Venezuela vive la mayor crisis social de su historia. “La pandemia causada por el virus Covid-19 profundizó los niveles de pobreza y los indicadores sociales develan una realidad inminente en el cambio de conducta de los ciudadanos. La ya mermada economía venezolana del año 2020, sigue impactada este 2021 por las medidas gubernamentales para el control de la pandemia, aunado a que la cuarentena social incrementó el estancamiento de las actividades productivas que, aunado a los niveles de hiperinflación del país, empeoraron las condiciones de vida de los venezolanos. En ese contexto, para algunas personas, la violencia se ha convertido en un medio perverso de afrontar la crisis país”.

En tal sentido expresó, que, a un año del acatamiento de la cuarentena social, se siguen imponiendo semanas radicales a los venezolanos que restringen el libre tránsito dentro del territorio trujillano y sus límites; sin embargo, esto no detiene la acción de los grupos criminales que, buscando mantener sus ingresos producto del delito, se ingenian mecanismos que les garanticen conservar el control territorial de las zonas donde actúan.

Es así como se han registrado casos, como la muerte del ciudadano identificado como Ronald Báez Medina, de 31 años, quien fue presuntamente asesinado en el sector Doña Alicia Pietri de Caldera en el municipio Miranda por varios sujetos, quienes lo interceptaron con un arma de fuego y le propinaron varios disparos. Asimismo, en el sector Pueblo Nuevo de Sabana Libre del municipio Escuque, fue asesinado en la sala de su casa el ingeniero Mauro Moreno Castellanos, de 70 años. Su cuerpo fue localizado por sus familiares, atado con un mecate y con evidentes rasgos de violencia, según reseñas de prensa.

Humbría explica que las bandas criminales que actúan en el eje Panamericano siguen posicionando a los municipios Andrés Bello y La Ceiba como territorios muy violentos, manteniéndose la tendencia de años anteriores, donde aparecen dentro de los diez municipios más violentos del país. El caso del homicidio en su vivienda del ciudadano Juan Ramón Chirinos, de 77 años, en el sector El Gallo, que, según el monitoreo de prensa, le dispararon con arma de fuego y luego lo terminaron de asesinar a martillazos; es sólo uno de los hechos violentos cometidos este año 2021 en el municipio Andrés Bello. También allí, en sector El Jagüito, se registró el asesinato de la enfermera Liliana Sugeidy Becerra González, a quien sacaron de su casa, le propinaron múltiples disparos causando su muerte y seguidamente guindaron su cuerpo en un árbol, dejando con esa aberrada acción un mensaje subliminal de intimidación a los pobladores de la zona. En el municipio La Ceiba se registraron homicidios como el del ciudadano Carlos Javier Morillo Cañizalez, de 28 años, quien fue asesinado de múltiples disparos, en una parcela ubicada en el kilómetro 14.

Llama la atención -acota Humbría- algunas muertes violentas causadas en extrañas circunstancias, como el caso registrado en el sector Mirabel II del municipio San Rafael de Carvajal, donde presuntamente fue asesinado por sus padres un niño de 2 meses. Al momento de su detención, la pareja de nombre Marilyn Mendoza Hernández y Geovanni José́ Linares Rondón, se encontraba ingiriendo licor, mientras en el interior de la casa se hallaba el cadáver del niño. También se registró la muerte, en el municipio Sucre, de una niña de 4 años que recibió un impacto de bala en el abdomen. Las investigaciones determinaron que ésta fue causada por la manipulación de un revólver por parte del padrastro y la madre de la víctima.

 

Resistencia a la autoridad

El coordinador del OVV Trujillo explicó que han sido diversas las causas de los homicidios, pero las muertes violentas también han registrado casos de resistencia a la autoridad. Es así como se han monitoreado situaciones causadas por enfrentamiento con la Brigada Especial de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Trujillo (Fapet), como, por ejemplo, la muerte en el sector Los Manguitos del municipio Valera, del ciudadano Mario José Contreras Espinoza, de 27 años, y que, según la prensa, tenía registros policiales por robo y hurto de vehículos. El ciudadano portaba un arma de fuego y una granada fragmentaria. En el sector Santa Lucía de Monay del municipio Pampán murió al resistirse a su captura, el ciudadano Jean Carlos Venegas Andrade, de 30 años, buscado por la policía por el delito de violencia sexual y amenaza. En Chejendé, municipio Candelaria, resultó muerto Miguel Aguilar Núñez, de 24 años, en enfrentamiento con las Fapet. Éstos, entre otros casos de muertes violentas por resistencia a la autoridad, fueron identificados por el OVV Trujillo.

Desde octubre del 2020 han ocurrido algunas muertes violentas en esta entidad andina, que se encuentran en averiguación. En esta categoría se registraron casos como la muerte de un ciudadano, cuyo cuerpo fue encontrado sin signos vitales en una vertiente del sector La Plata del municipio Valera, conocida como el Zanjón del Tigre. También se registró la muerte de un hombre sin identificar, localizado en una zona boscosa del sector Albarical del municipio Motatán, y la de Héctor Javier Torres Méndez, de 34 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la laguna del Carrizal del municipio Boconó.

Finalizó Humbría señalando que en los municipios localizados en zonas rurales del estado, las medidas gubernamentales de cuarentena social no han tenido mayor incidencia en la población, puesto que son varios los grupos delincuenciales que comparten el control territorial de algunos municipios trujillanos sin vislumbrarse cambios significativos al respecto, por lo que la convivencia territorial entre los grupos delincuenciales y los cuerpos de seguridad del Estado que actúan en la entidad trujillana, solo podrá ser suprimida a través de un nuevo modelo de políticas públicas de seguridad ciudadana. 

Violencia de género ocupó el 57,1% de los casos registrados entre enero y febrero en Amazonas
14 casos de violencia interpersonal fueron registrados por el Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas

El Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas) registró durante los dos primeros meses del año 2021, 14 casos de violencia interpersonal, de los cuales 8 fueron basados en género, lo que representa un 57,1%, por encima del maltrato infantil y de personas de la tercera edad, que se corresponden con el 42,9% restante. Este resultado es producto de un monitoreo realizado a datos de organismos de seguridad y a la prensa regional para el municipio Atures, que recoge denuncias de maltrato verbal y psicológico presentadas por las víctimas.

El monitoreo realizado entre el 1 de enero y el 26 de febrero por el OVV Amazonas reveló que las mujeres, con edades comprendidas entre 23 y 56 años, fueron agredidas verbal y psicológicamente por sus parejas o ex parejas. Desde la perspectiva de la psicóloga clínica Jasley Caro, la violencia comienza al principio de la relación, sin embargo, “en su mayoría, las víctimas son mujeres adultas, mayores de cuarenta años, quienes deciden terminar con este ciclo de violencia; cuando una mujer decide denunciar, es porque viene pasando desde hace mucho tiempo”, enfatizó.

La especialista manifestó que el tema de la violencia de género se analiza de una forma transgeneracional, “la violencia se aprende desde que somos niños, desde la crianza”. Ante este panorama, recomienda promover una crianza respetuosa con los niños, ellos son los futuros adultos, y si se les maltrata generan un tipo de personalidad agresora o muy sumisa y ambos polos son dañinos, afirmó Caro.

Para el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas, Héctor Escandell, la violencia de género es un viejo problema de la sociedad global y, particularmente, en Venezuela fue por mucho tiempo invisibilizado. Sus causas y consecuencias son múltiples y desde hace unas pocas décadas profusamente estudiadas por las ciencias sociales, demostrando no sólo su existencia, sino también su expansión, en tanto se profundizaba la crisis económica. Ello alimentó una matriz de opinión y mecanismos de presión que derivaron en el desarrollo de legislación específica para abordarlo.

En el estado Amazonas, hasta hace pocos años, no se le reportaba con frecuencia significativa; sin embargo, el fuerte movimiento migratorio hacia la capital Puerto Ayacucho a partir de mediados de la década de 1990, proveniente mayoritariamente de otras áreas urbanas del país, pareciera haber comenzado a cambiar tanto la frecuencia de su denuncia como el perfil de las personas afectadas, aun cuando desde la percepción social continuara dominando la sub valorización de su significado.

La pandemia del Covid-19 y las consecuentes medidas aplicadas para limitar la movilidad social, paradójicamente ha venido a visibilizar el problema, como lo demuestran las estadísticas del OVV e informaciones obtenidas de organizaciones de la sociedad civil que atienden y median en estos casos, muchos de los cuales no derivan en la denuncia oficial. Llama la atención, además, la frecuencia creciente de episodios que se originan en el ámbito de poblaciones indígenas urbanas y que la cualidad dominante esté asociada a violencia económica.

OVV registró once casos de violencia intrafamiliar en Carabobo entre enero y febrero
Especialistas aseguran que el confinamiento obligatorio ha elevado las cifras de abusos

El equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Carabobo (OVV Carabobo) contabilizó, a través del monitoreo de prensa realizado de los meses de enero y febrero, tres femicidios, seis casos de violencia de género y dos menores víctimas de agresiones dentro de sus hogares. Los especialistas aseguran que el confinamiento obligatorio, como medida de protección ante la pandemia del Covid-19, ha llevado a una convivencia obligada durante las 24 horas del día entre los miembros del grupo familiar, lo que facilita la perpetración de estos hechos.

“De existir desavenencias y conductas agresivas por parte de algunos de los integrantes de la familia, este contexto propicia que se generen situaciones y eventos de violencia intrafamiliar que se manifiestan en diferentes tipos, entre ellos los femicidios, violencia de género y violencia contra menores y adolescentes, como ha ocurrido en varios estados del país”, explicó la coordinadora regional del OVV Carabobo, Giannina Fusco.

En la entidad carabobeña, en tan sólo 30 días, ocurrieron tres femicidios: Mariángel Rodríguez, de 26 años, quien fue estrangulada en el municipio Naguanagua; Leanyeli Colina, de 23, quien fue herida con un arma blanca y luego con un arma de fuego en Libertador; y Arenny Castillo, de 35 años, quien recibió un golpe en la cabeza, un disparo y fue posteriormente calcinada en la parroquia Miguel Peña de Valencia.

“Las tres víctimas fueron asesinadas por sus parejas, motivados por celos e ira. Actuaron con altos niveles de agresividad al llevar a cabo el crimen. La primera fue citada por su pareja en el lugar donde le quitó la vida; la segunda estaba embarazada, fue a la visita conyugal al Centro Penitenciario de Carabobo y la pareja, al verla hablando con otro recluso, le quitó la vida; y la tercera fue asesinada en su vivienda frente a sus hijas”, detalló Fusco.

Entre el 30 de enero y el 25 de febrero, en seis de los catorce municipios que conforman la región carabobeña -Los Guayos, Miranda, Guacara, San Diego, Valencia y Puerto Cabello- se reportaron seis eventos de violencia de género. Las víctimas se atrevieron a denunciar ante los organismos de seguridad, los cuales procedieron a la aprehensión de los agresores. En el 50% de los casos los victimarios son ex parejas y en el otro 50% son sus actuales compañeros sentimentales. “Las seis mujeres fueron golpeadas brutalmente, ocasionándoles lesiones en el rostro y varias partes del cuerpo. Una de las víctimas denunció el intento de abuso sexual por parte del esposo, además de la golpiza que recibió, y otra presentó herida abierta en la región maxilofacial”, agregó Fusco.

Los niños no escapan de la violencia

Otro tipo de agresiones vinculadas a la violencia intrafamiliar registradas en febrero fue el   maltrato infantil. Una madre, de 22 años, golpeó con un palo a su hijo de 5 años, ocasionándole una fuerte contusión en el ojo izquierdo y varias marcas en su cuerpo; este hecho ocurrió en el municipio Bejuma el 6 de febrero. El otro caso fue el abuso sexual a una niña de 11 años por parte de su padrastro, quien la violaba desde hacía tres años y la mantenía sometida bajo amenaza. La madre se enteró al leer el diario de la niña y procedió a denunciar al victimario, quien fue detenido por las autoridades.

La violencia intrafamiliar causa daños físicos, psicológicos y emocionales que perduran a lo largo de la vida de las víctimas, y pone en riesgo la integridad física y la vida de la persona, por lo que debe ser tratada como un problema de salud pública.

OVV: Amazonas es la entidad menos violenta del territorio nacional
16,6 muertos por cada 100 mil habitantes fue la tasa de muertes violentas

La tasa de muertes violentas registradas en el estado Amazonas durante el año 2020, fue de 16,6 por cada 100 mil habitantes (m/h), registro que ubica a la entidad por debajo de la tasa nacional (45,6), ocupando la posición 24 y considerado como el estado menos violento del país, según estudios realizados por el Observatorio Venezolano de Violencia en  Amazonas (OVV Amazonas).

Héctor Escandell, coordinador regional del OVV Amazonas, indicó: “en un año atípico, Amazonas baja al puesto 24, en comparación con los años 2018 y 2019, cuando ocupó los lugares 12 y 10, respectivamente”.

Durante su intervención, reveló que las tasas de homicidios, de muertes por resistencia a la autoridad y de muertes en averiguación, proyectadas para el estado Amazonas en 2020, fueron establecidas en 8,6; 3,1 y 4,9 por cada 100 m/h, respectivamente.

Escandell precisó “Al establecer una comparación con los años 2018 y 2019, se observa que hay una disminución en cada una de las variables mencionadas.

Violencia vinculada a la actividad minera

La situación geográfica y las particularidades de la región amazonense, permitieron destacar las condiciones espaciales de la violencia descritas por el investigador, como la violencia convencional urbana y la violencia vinculada a la actividad minera ilegal, que ocurre en todos los focos de minería ubicados en el interior de la entidad, siendo ésta menos visible y por tanto, más difícil de registrar y documentar.

Los datos disponibles muestran que sólo los municipios Atures y Atabapo, reportaron muertes violentas; para el primero de ellos, las tasas de muerte por violencia se ubicó en 22 por cada 100 m/h, respondiendo los homicidios a una tasa de 11; las muertes por resistencia a la autoridad a 4,2 y las muertes en averiguación a 6,8. El predominio urbano de la población del municipio explicaría la posición de liderazgo en el estado.

En el caso del municipio Atabapo, la tasa reportada de muertes violentas fue de 10,5; toda ella, concentrada en la categoría de homicidios. En el territorio del municipio se localiza el principal núcleo minero, con más de 30 minas dispersas, dentro y fuera del Parque Nacional Yapacana.

Otra categoría de violencia presente en el estado, es la referida a la degradación de las condiciones ambientales del territorio que, realizada por particulares, afecta al conjunto de la sociedad de distintas formas, especialmente en las condiciones vinculadas a la salud.

La ausencia de datos para el resto de los cinco municipios, se explicaría por la no presencia de las autoridades competentes y las dificultades de comunicación y traslado que limitan los flujos de información.

La pandemia y la cuarentena podrían desempeñar un rol relevante en la disminución de la tasa general de muertes violentas, hecho que puede trasladarse a las tasas diferenciadas de homicidios y muertes por resistencia a la autoridad; sin embargo, en lo concerniente a otros delitos, parece haber actuado como catalizador.

Al concluir su intervención, el coordinador regional manifestó: “En el OVV Amazonas, nos comprometemos a contribuir en el esfuerzo de sensibilizar a las autoridades y la comunidad en general, para la comprensión del fenómeno de la violencia y el diseño de estrategias dirigidas a abordar sus causas desde la perspectiva de la investigación social”; esto a través de la cooperación y las alianzas con las instituciones y organizaciones sociales interesadas en el tema.

Observatorio Venezolano de Violencia ahora está en Amazonas
Analistas dicen que actividad minera genera eventos de violencia que deben ser investigados

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en el marco de su misión institucional de ofrecer datos e información de calidad, con soporte científico, en torno a los hechos de violencia en el país, amplió su rango de cobertura territorial incorporando al estado Amazonas y creando allí una sede.

El equipo regional está conformado por Héctor Escandell García, Licenciado en Geografía y profesor de la Facultad de Humanidades y Educación, en el núcleo de Estudios Universitarios Supervisados de la Universidad Central de Venezuela (UCV); y una periodista en el área de comunicaciones.

Escandell manifestó que, en el contexto amazonense, “se pretende recabar, sistematizar y procesar evidencias significativas, relacionadas con indicadores de violencia típicos de los espacios urbanos -robos, hurtos, homicidios, extorsiones, represión, violencia de género- y, además, estudiar una realidad que permanece velada en el ámbito rural indígena, hacia el interior del estado”.

Vale destacar que Amazonas tiene características particulares, derivadas de las diversidades biológica y cultural, y la condición fronteriza.

“Sabemos que hay una actividad minera, donde incide un conjunto de actores con intereses concretos y que, en su procura, se generan eventos de violencia que deben ser estudiados”, expresó Escandell. Asimismo, señaló que “la minería está prohibida en el estado; sabemos que hay grupos más fuertes y más débiles. La actividad en las minas, además de las condiciones precarias en que se practica, ofrece menos ventajas para que los indígenas participen, directamente o no, en ella. Nos preocupan las dificultades de movilización y de comunicación; sin embargo, es un reto para el observatorio conocer lo que allí sucede”.

El profesor universitario precisó la pertinencia de visibilizar este tipo de hechos, tomando en cuenta que Amazonas ocupó en el año 2019, según el Informe Anual de Violencia del OVV, el décimo lugar en la escala nacional por muertes violentas, con una tasa de 58 por cada 100 mil habitantes, muy cerca de la tasa nacional que fue de 60,3.

El levantamiento de la información y su sistematización se pretende poner a disposición de la comunidad y también de las autoridades. “Nuestra intención es cooperar en la formulación de políticas públicas que permitan abordar el tema de la violencia, con mayor efectividad”, finalizó el coordinador del OVV Amazonas.  

La extensión del OVV hacia otros estados del país es auspiciada por la Unión Europea (UE), labor que está contextualizada en el marco de la acción titulada Consolidar el Observatorio Venezolano de Violencia como red nacional de organizaciones sociales articuladas para producir, analizar y difundir conocimientos sobre la magnitud, riesgo e impacto social de la violencia.

Merideños reclaman por colapso de servicios públicos
En diez meses se registraron 297 noticias protestas

Los servicios públicos han significado para los merideños un verdadero dolor de cabeza durante el año 2020. Si bien en los últimos años la electricidad y la distribución de gas doméstico representaban dos de las mayores preocupaciones, durante la pandemia esa preocupación no solo se ha centrado en estos dos servicios, sino que ahora se suma la escasez de gasolina, los problemas con la recolección de los desechos sólidos, la merma en la oferta de transporte público, las deficiencias en la telefonía, entre otros servicios vitales que vienen presentando cada vez más fallas en su cobertura y calidad. 

El Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida) realizó un monitoreo de prensa, entre enero y octubre de 2020, para medirle el pulso a los reclamos ciudadanos en cuanto a los servicios públicos. Según la revisión de los diez meses, se registraron 297 noticias donde habitantes de diferentes zonas del estado Mérida denunciaron el mal funcionamiento de algún servicio. En este caso se está hablando de agua, aseo urbano, combustible, electricidad, gas doméstico, internet, salud, telefonía móvil/fija y transporte público. En este sondeo se determinó que marzo, septiembre y octubre fueron los meses donde se registraron más denuncias; se difundieron más de 40 informaciones en cada mes.

En cuanto a las informaciones más recurrentes de las 297 registradas, el surtido de combustible tiene un 22,9% sobre el total de denuncias, seguidas del servicio eléctrico con 22,6%, transporte público 16,2% y el gas doméstico 12,5%. “En conjunto, estos cuatro servicios suman 74,2% del total de denuncias por deficiencias en los servicios. Los que menos han presentado reclamos son: el servicio de salud, agua, aseo urbano, telefonía móvil/fija e internet”, según Gustavo Páez, coordinador del OVV Mérida.

Explicó Páez que, desde el punto de vista espacial, en el Área Metropolitana de Mérida, conformada por los municipios Campo Elías, Libertador, Santos Marquina y Sucre, se registraron la mayoría de las denuncias, es decir, 86,3% sobre el total de denuncias asentadas. Luego, le sigue la zona Panamericana, con 6,1%, donde están los municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Caracciolo Parra y Olmedo, Julio César Salas, Justo Briceño, Obispo Ramos de Lora y Tulio Febres Cordero; y después el Páramo, conformado por los municipios Cardenal Quintero, Miranda, Pueblo Llano y Rangel, con 5,1%.

En el Valle del Mocotíes, donde están ubicados los municipios Antonio Pinto Salinas, Tovar, Rivas Dávila y Zea, y en la zona de los Pueblos del Sur, conformada por Aricagua, Arzobispo Chacón, Guaraque y Padre Noguera, es donde aparentemente se han dado menos protestas con 1,5% y 1%, respectivamente.

Entretelones del conflicto

A pesar que la lista de servicios públicos en crisis es larga, hay algunos que al faltar degradan la calidad de vida de los ciudadanos. El surtido de combustible ha sido uno de los servicios que más protestas ha generado en el estado, por lo que implica la carencia de gasolina y gasoil en la región. Desde principios de año estas protestas se han acentuado en toda la entidad, pues las autoridades competentes no han garantizado el surtido equitativo del combustible. La gravedad de la escasez se ha hecho evidente durante la pandemia. 

Para Gustavo Páez, la falencia de este servicio ha ocasionado pérdidas económicas y de diferentes rubros agrícolas provenientes de los ámbitos rurales de la entidad. Igualmente -destaca Páez- se nota la disminución en la ya mermada flota de unidades de transporte público en la prestación de su servicio, así como el sacrificio que significan las colas de muchas horas, e incluso de días, para poder surtir.

Todo este problema con el combustible, según Páez, ha generado su contrabando y venta a precios superiores a los establecidos por el gobierno nacional. “Ya hemos visto que la venta de cupos o puestos para surtir de gasolina, tanto en las colas como en las propias estaciones de servicio, es una práctica recurrente. Igualmente son comunes las denuncias de extorsión por parte de funcionarios de seguridad del Estado y trabajadores de las estaciones de servicio para surtir de forma preferencial, además de la existencia de bandas delictivas dedicadas, entre otros delitos, a su contrabando”.

Otro aspecto que destacó el coordinador del OVV Mérida, es la repercusión del problema de combustible en servicios tan vitales como el sector salud. En este sentido, señaló que se han hecho recurrentes las denuncias de trabajadores de la salud que, al no poder surtir de gasolina, no logran asistir a sus empleos, lo que, a su vez, ha afectado la prestación de los servicios de salud.

Otro de los servicios que ha mermado la calidad de vida de los merideños ha sido el de electricidad. En la región no se ha dado una justificación oficial para explicar el por qué los habitantes pueden pasar diariamente hasta 12 horas sin el fluido eléctrico. Según la organización Promedehum, una ONG que se ha dedicado en los últimos meses a cuantificar las horas sin el servicio, denunció que durante el mes de octubre los cortes superaron las 20 horas continuas, además de contabilizar 294 apagones y constantes fluctuaciones eléctricas a diario. De acuerdo a la medición, en octubre se incrementaron en un 23 % los cortes eléctricos en el estado Mérida.

La deficiencia en este importante servicio se ve reflejada en las denuncias de la población en los medios de comunicación, donde se destacan los daños en equipos y electrodomésticos como neveras, televisores, así como pérdida de alimentos en hogares y comercios, éstos últimos por interrupción prolongada de las cadenas de frío. “Son innumerables los malestares de los ciudadanos de diferentes zonas de la entidad, donde denuncian no poder preparar los alimentos con cocina eléctrica durante los cortes, por falta, a su vez, del servicio de gas doméstico. Cuando se va la electricidad, muchas familias merideñas no pueden cocinar sus alimentos, por lo que se saltan una comida o comen a deshora”, señaló Gustavo Páez.

El tema eléctrico -explica Páez- ha llevado a que de forma espontánea y cada vez más frecuente, en las noches, se escuche el sonar de cacerolas en diferentes partes de la ciudad de Mérida y de distintos municipios del estado. “Además de protestas de calle con quemas de cauchos y basura, los merideños cada día se invaden más de sentimientos y pensamientos negativos como la rabia, angustia, frustración, irritabilidad, desesperanza, entre otros, incluso algunos caen en episodios de ansiedad y depresión”.

Gas doméstico: otro dolor de cabeza

En las últimas semanas, las protestas más fuertes han surgido de la molestia de los ciudadanos por la falta de gas doméstico. Calles y avenidas se han visto interrumpidas como señal de rechazo a la falta de este insumo. Los medios regionales y nacionales han reseñado cómo los ciudadanos se han apostado, en largas colas, a las afueras de las plantas de llenado para exigir la venta de bombonas de gas. Lo que agrava la situación son las denuncias sobre la venta en dólares de los cilindros, que resultan imposibles de comprar para las familias de escasos recursos. Residencias y urbanizaciones han manifestado tener más de tres meses sin el servicio, lo que, aunado a la falta de electricidad, agrava la situación para quienes utilizan cocinas eléctricas.

“Preocupa el uso, cada día más frecuente, de la leña como material de combustión para cocinar los alimentos. Esto, a su vez, ha llevado a la tala desmedida de árboles en zonas boscosas, sobre todo en los ámbitos rurales y en las periferias de los centros poblados; a la par, usuarios de varias empresas de gas denuncian constantemente la desaparición de cilindros y el incremento de su robo y hurtos”, señaló Gustavo Páez.

Otros servicios, otros problemas

Así como la electricidad, el combustible y el gas doméstico, otros servicios están dando problemas y mortificaciones a los merideños. Si bien no son de la magnitud de los ya nombrados, siempre representan alteraciones de la cotidianidad. El transporte público mermado por los problemas del combustible, el servicio de aseo urbano deteriorado por los problemas presentados en el vertedero Loma del Calvario ubicado en el municipio Sucre, el internet y la telefonía móvil que muestran un franco deterioro por falta de inversión y por los constantes robos de cables, y un sistema de salud cuestionado por la forma como ha enfrentado la pandemia, muestran cómo cada vez resulta más cuesta arriba contar con servicios de calidad en la región.

Para Gustavo Páez, como coordinador del OVV Mérida, las deficiencias en la cobertura y calidad de los servicios en Venezuela, tanto en los de inversión pública como privada, han sido consecuencia de un proceso acumulativo y sistemático de violencia estructural.

“Esa violencia estructural ha ocasionado la emergencia política compleja que padecen los merideños y en general los venezolanos en la actualidad, la cual se profundiza con el transcurrir de los años, situación adversa a la que no escapan todos los servicios. Mientras no se reviertan las tendencias de no recuperación, mantenimiento e inversión en materia de servicios, sobre todo de los públicos, lo que se avecina es un mayor deterioro en el funcionamiento de los mismos y un colapso inminente de éstos”. Finalizó diciendo el representante del OVV Mérida.

OVV: Escasez de gasolina fortalece control territorial de la delincuencia en Sucre
El asesinato de Bislick ocurrió un día después de su secuestro cuando cuatro sujetos armados ingresaron a su residencia y se lo llevaron

La violencia e inseguridad aumentaron durante los dos últimos meses en el eje costero del estado Sucre, pese a las restricciones de la cuarentena producto de la pandemia de COVID-19, pero además, por la escasez de gasolina.

El pueblo de Güiria, municipio Valdez, se conmocionó tras confirmarse, el 18 de agosto, el asesinato del dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Carmelo Bislick. Ocurrió un día después de su secuestro cuando cuatro sujetos armados ingresaron a su residencia y se lo llevaron. Posteriormente, el cuerpo fue hallado con múltiples impactos de bala en un terreno baldío de la jurisdicción.

Bislick era docente, locutor y excandidato a la alcaldía del municipio Valdez. De acuerdo a la publicación realizada sobe el caso en el portal aporrea.org, era un dirigente crítico, con denuncias sobre tráfico de combustible, drogas, extorsión y corrupción en la entidad oriental.

El Cicpc inició las investigaciones; sin embargo, no ha habido pronunciamiento oficial sobre otros hechos de violencia, como el enfrentamiento entre organizaciones delictivas de San Juan de Unare y Río Caribe, que causó temor a los habitantes del municipio Arismendi y cuyo video se hizo viral el pasado 21 de agosto.

Tal como lo publicó El Pitazo, el hecho dejó una persona fallecida y de manera extraoficial, se conoció que se trató de un sujeto conocido con el alias “El Chichi”, líder de la banda que opera en el sector La Gloria.

El 18 de julio fue asesinado el segundo al mando de la misma organización delictiva, identificado como Jesús Vizcaíno alias “El Chucha”, exfuncionario de Protección Civil en la jurisdicción arismendina.

La escasez de combustible en Sucre pudo haber sido el origen de la disputa porque le quitaron 22 bidones de gasolina a la banda de “El Moncho”.

Letalidad policial

Durante una fila de gasolina se registró un intercambio de disparos en la zona popular de Caigüire en Cumaná, el pasado 25 de agosto, cuando dos sujetos fueron abatidos por una comisión mixta de funcionarios de la Policía del estado Sucre y las FAES, cerca de la escuela Nueva Esparta.

Las personas fallecidas fueron identificados como Carlos Alexander Ramos, de 28 años, conocido como “El Bachaco”, quien residía en el sector La Prefectura de la misma comunidad, y Wilfredo Córdova Rivas, de 20 años, quien vivía en la calle El Refugio.

Ambos individuos, al parecer, pertenecían a la banda de “Los Monster”, que opera en la zona. En la noche, vecinos del sector denunciaron que se produjo un nuevo intercambio de disparos que dejó otra persona muerta, aún sin identificar.

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