Las recientes sentencias de la Sala Constitucional del TSJ, del mes de marzo de 2017, signadas con los números 155 y 156, objeto de repudio nacional y mundial, ya han sido analizadas desde el punto de vista jurídico por muchos juristas de la más alta talla. No entraré en esos aspectos, ya harto discutidos y analizados. El repudio generalizado y la coincidencia en los criterios que se esgrimen para desarticular uno a uno los bárbaros argumentos que sustentan esos fallos, son abrumadores. En ambas decisiones, de un plumazo, partiendo de falsos supuestos, usurpando funciones de otros órganos del Poder Público y excediéndose claramente en sus atribuciones, la Sala Constitucional, de la mano de sus siete magistrados, desmonta nuestro modelo de Estado y viola nuestra Carta Magna como no lo había llegado a hacer en ninguna otra decisión previa de esa instancia judicial, y hablando de la Sala Constitucional de nuestro TSJ, eso es mucho, pero mucho, decir. Los nombres de esos siete sujetos, de los que decidieron olvidar lo que habían aprendido, y algunos de ellos enseñado, en las aulas, de los que optaron por colocarse por al margen de la Constitución y pisotear al pueblo soberano son: Juan José Mendoza Jover, Arcadio Delgado Rosales, Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos, Lourdes Benicia Suárez Anderson y Federico Sebastián Fuenmayor Gallo.
Las ponencias que dieron lugar a las providencias del oprobio fueron conjuntas. Ninguno de los firmantes de las decisiones se abstuvo o salvó su voto. Eso quiere decir que, con plena conciencia y sin reserva alguna, estas siete personas decidieron colocarse, también de un plumazo, en el lado oscuro de la historia. Sus razones tendrían, pero no hay forma de que en el futuro se les vaya a recordar como algo distinto de lo que ya han, por propia decisión, sido: Los verdugos finales del Estado de Derecho, de la democracia, de la separación de poderes y del respeto irrestricto a los DDHH en Venezuela. Algunos de ellos, muy pocos, podían hasta ahora exhibir con orgullo previos méritos académicos y profesionales, pero eso ya se acabó. La toga les quedó grande. En todo caso su única y última virtud es que ayudaron a que las pocas caretas que quedaban desaparecieran para revelarnos, sin ninguna duda posible, el verdadero tamaño del monstruo que nos desgobierna, en toda su fatal dimensión. Así quedarán para propios y ajenos, y todo lo que hayan hecho con anterioridad, lo bueno y lo malo, y hasta lo que hagan después, bueno o malo, quedará para siempre opacado por estos dos exabruptos que, como vómito en escopeta, violentos soltaron uno tras otro contra Venezuela entera en menos de tres días, en este duro mes de marzo de 2017.
Pero no son solo ellos los que tendremos que guardar en nuestra memoria como ejemplo de lo que un abogado jamás debe hacer. Esas decisiones, tan similares en sus efectos y contenido a la “Ley Habilitante para Solucionar los Peligros que Acechan al Pueblo y al Estado” y al “Decreto del Presidente del Reich para la Protección del Pueblo y del Estado” (mejor conocido como “Decreto del Incendio del Reichstag”) ambos surgidos en la Alemania Nazi de 1933, tan parecidas en sus consecuencias a las de aquel nefasto “Fujimorazo” de 1992 en Perú, no nacieron de la nada. Esas decisiones fueron la respuesta de la Sala Constitucional a solicitudes formuladas y redactadas por, aunque ahora cueste llamarles así, abogados.
Es importante que también registremos y guardemos en la memoria los nombres de esos abogados, de esos colegas que tanto ahora, como antes, han decidido poner su título al servicio del abuso, de la injusticia y de las arbitrariedades contra las que juraron luchar.
Es verdad, como ocurre entre los médicos y sus pacientes, no nos corresponde a los abogados hacer juicios de valor sobre nuestros representados. De la misma manera en la que un médico, al recibir un enfermo o un herido, debe intentar curarlo sin preguntarle si es buena o mala persona, cuando a los abogados se nos encomienda un asunto legal no nos toca indagar sobre la buena o mala fe de nuestro mandante, lo que nos toca es verificar si su inquietud es viable y está apegada a las normas y, en todo caso, brindarle nuestro consejo y asesoría de la mejor manera posible y dentro de lo que ordenan la Constitución y la ley. Esa es la regla, pero en toda regla hay excepciones. Si tu representado te pide que le asistas en la interposición, por ejemplo, de un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional, y tú sabes (porque no vives en Narnia, sino en Venezuela) que eso va servir para acabar con la institucionalidad democrática y con el Estado de Derecho, y que el recurso no es más que una excusa para buscar la manera de disolver a la AN, despojándola de sus facultades y atribuciones, como abogado no solo puedes rechazar ese caso, sino que estás obligado a hacerlo, estás obligado a negarte a ser el hacha que le corte la cabeza al órgano del Poder Público del que, por cierto, emanan las leyes que son nuestro modo de vida y que los abogados, muy especialmente, tenemos que respetar y hacer valer.
Quizás por eso, aunque no me atrevería a asegurarlo, hasta la misma Fiscal General de la República, la misma que ha dirigido y dirige una de las instituciones que más ha servido a la intolerancia oficial y a la injusta persecución política de tantas personas, por primera y sorpresiva vez alza la voz contra el exabrupto judicial y nos dice que esa línea, la de ese golpe de estado que nos ha dado la Sala Constitucional del TSJ, ni siquiera ella está dispuesta a avalarla ni a cruzarla.
No los mencionan los medios, no se habla de ellos, pero en las decisiones que nos han puesto ahora, para mal, bajo la lupa del mundo, están sus nombres. Búsquenlos. No los conozco, ni me interesa en realidad conocerlos, pero intuyo que algunos de ellos, en la soledad de sus noches recientes, ya habrán pensado que esta vez, por muy “leales al proceso”, por muy “rodilla en tierra” que sean, se les fue la mano. El dinero o las promesas que hayan recibido por estas gestiones están manchados ¿Qué buscaban a cambio de sus nombres y de la paz de la nación? ¿Unas cuantas lochas de más? ¿Quince minutos de mala fama? ¿La fatua e infantil satisfacción de sentirse, por unos minutos, cercanos a los “poderosos” e “influyentes”? No me imagino cómo pueden darle la cara a sus esposas o esposos, a sus padres o especialmente a sus hijos, si los tienen. Es con el futuro de ellos con el que se metieron, es el porvenir de sus pequeños el que se prestaron a destruir, poniendo su conocimiento jurídico y su mucha o poca pericia a la orden del oprobio y al servicio de quienes, para mantenerse en el poder “como sea”, para seguir dilapidando el dinero de todos en propio beneficio, para seguir destrozando nuestra nación, son capaces hasta de acabar con los últimos resquicios de institucionalidad que nos quedaban.
Esos abogados han olvidado que, como lo decía Ángel Ossorio y Gallardo en “El Alma de la Toga”, el verdadero abogado es el que se apasiona con su arte, con el amor por la ley y por el orden y la paz que de su cumplimiento dimanan, y que aquél no necesariamente ha de llevarle a donde el cliente le pida o le exija, sino a donde esté, luminosa, “la emanación pura de la justicia”.
@HimiobSantome
