Abogados no han podido tener comunicación con Goicoechea
El abogado defensor de Yon Goicochea, Nizar El Fakih, denunció que luego de 24 horas de la detención del militante de Voluntad Popular, “desconocemos con exactitud su paradero, desconocemos en qué situación se encuentra, desconocemos cuál es el procedimiento legal que se le seguirá; no hemos podido establecer ningún contacto telefónico con él, ni sus familiares ni sus abogados”, publica Unión Radio.
El Fakih indicó que luego de las 10 de la noche de este lunes, se encontraba en el Sebin detenido, pero sin mayores explicaciones de su detención. “En estos momentos hacemos seguimiento al caso de Yon Goicoechea como podemos, y seguimos esperando poder tener un contacto telefónico, tal como lo exige nuestra Constitución Nacional a toda persona que esté detenida”.(La Patilla)
Pobreza extrema bajó a 4,4% en el primer semestre
El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, informó este lunes que la pobreza extrema por necesidades básicas insatisfechas, “vuelve a mostrar un signo sumamente importante de reducción” al concluir el primer semestre de 2016 en 4,4%.
Durante la rueda de prensa semanal, precisó que esta cifra se venía ubicando en 5,5% (2013), 5,4% (2014) y 4,8% (2015). (El Mundo)
Trancada la Francisco de Miranda por protesta de trabajadores del Minfra
Cerca de las 10:25 de la mañana trabajadores del Ministerio de Infraestructura iniciaron una tranca en la avenida Francisco de Miranda en Caracas en señal de protesta.
Usuarios de Twitter difunden fotografías de la manifestación que restringe el paso en ambos sentidos.(La Patilla)
Segundo ataque a El Nacional en los últimos dos meses
Durante los últimos dos meses, la sede de El Nacional ha sido violentada por el mismo grupo pro oficialista identificado como «Chama, pueblo en rebelión».
El primero de estos ataques ocurrió el pasado 17 de junio. En esa ocasión, el colectivo llegó a la sede del periódico, ubicada en Los Cortijos, a las 2:00 de la madrugada. Los sujetos se estacionaron frente a las instalaciones e intentaron violentar las cerraduras. Uno de ellos escribió con spray “Chama Pueblo Rebelde” en la caseta de vigilancia y los otros arrojaron excremento. (El Nacional)
Consejo Nacional de Economía ya está reunido en Miraflores
Ya están reunidos en el Palacio de Miraflores, empresarios y trabajadores de 747 compañías privadas, públicas y recuperadas, en lo que ha sido denominado como: Consejo Nacional de Economía N°30.
Concentrados en una “ofensiva integral” que se aplicará desde el primero de septiembre hasta el 31 de diciembre, los asistentes presentarán propuestas para elevar la producción en áreas de alimentos y medicinas. Prevén la participación del Jefe del Estado y del general en jefe, Vladimir Padrino López.(El Mundo)
Zapatero llega por sorpresa a Venezuela en vísperas de la Toma de Caracas
El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado de forma sorpresiva a Venezuela cuando sólo faltan 48 horas para la llamada Toma de Caracas, una protesta nacional contra el presidente Nicolás Maduro cuyo primer objetivo es exigir una fecha para el siguiente paso del revocatorio, publica El Mundo de España.
La llegada del dirigente socialista, que ha mediado sin éxito entre gobierno y oposición por encargo de la Unión Suramericana de Naciones, se produce en medio de la campaña de hostigamiento y persecución contra dirigentes opositores, en un intento de atemorizar a la población para que no acuda a la megamarcha.(La Patilla)
Los abogados españoles Alberto Ruiz Gallardón y Javier Cremades, que apoyan al equipo de defensa de Leopoldo López, viajaron este jueves a Caracas tras la urgente convocatoria para este viernes de su audiencia de apelación.
La Justicia convocó el jueves la vista de apelación de la sentencia de López, condenado a casi 14 años de cárcel, con apenas 24 horas de antelación.
Esta audiencia coincide, según fuentes de la defensa, con la estancia en la capital venezolana del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que actúa como mediador, en nombre de la Unasur, entre el Gobierno y la oposición de Venezuela.
Fuentes de la defensa consideran que, con esta cita a última hora, los convocantes han pretendido que los letrados españoles no pudieran estar presentes en la vista, si bien recuerdan que Zapatero sí estaba informado.
Las mismas fuentes consideran que la presencia del expresidente del Gobierno español durante la vista de apelación podría ser el momento para que la Justicia tuviera un gesto hacia el opositor venezolano.
No obstante, sus abogados exigen la libertad incondicional de López y la restitución de todos sus derechos políticos, con lo que podría, si así lo quisiera, presentarse a presidente de Venezuela.
Esta es la tercera vez que Cremades y Ruiz Callardón, exministro de Justicia en España, viajan a la capital venezolana tras dos sesiones fallidas de la vista de apelación los pasados 20 de junio y 7 de julio.
Lepoldo López, fundador del partido “Voluntad Popular”, lleva dos años y cinco meses en prisión.
Tras su detención, fue condenado a casi 14 años de cárcel por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio en relación con los hechos violentos registrados durante la marcha antigubernamental del 12 de febrero de 2014.
Abogados bolivarianos introducirían al menos 10.000 recursos de amparo contra el referendo
El abogado constitucionalista Hermann Escarrá reiteró este martes que, de acuerdo a los lapsos establecidos en la normativa electoral, no es posible la realización de un referendo revocatorio presidencial en el transcurso de este año, sin embargo, aseguró que en “el supuesto negado” de que se active el proceso, abogados bolivarianos ya prepararon cerca de 10 mil recursos de amparo que introducirían en todo el país contra el mismo.
“Yo lo que si les puedo decir es que los abogados bolivarianos están preparados en todos los estados y las principales ciudades para presentar en cada estado y cada ciudad, no menos de 1.000 amparos, lo que serían más de 10 mil amparos, además de los recursos directos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entonces tendremos revocatorio dentro de 20 años, si acaso, olvídense de eso. En el supuesto negadísimo que pudiera suceder, no se de qué manera, tienen que responderle a más de 10 mil amparos constitucionales, recursos de inconstitucionalidad, recursos en sedes administrativas y denuncias de naturaleza penal, entonces si nos vamos a dar duro, muy duro. Esos recursos están elaborados, por si acaso”, sostuvo.(Correo del Orinoco)
Sancionarán a Jorge Rodríguez y Freddy Ñáñez de no comparecer hoy ante la AN
El presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN, diputado Richard Blanco (Unidad-Distrito Capital), anunció que para este miércoles, por segunda vez consecutiva, se espera que tanto el Alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, como el Ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, acudan a la citación que se les ha hecho llegar desde el Parlamento a fin de tratar el delicado tema de profanación de tumbas en el Cementerio general del Sur. Así lo reseña asambleanacional.gob.ve
Destacó el parlamentario que si los funcionarios antes mencionados no asisten a la segunda convocatoria hecha por la Comisión Mixta serán sancionados severamente de acuerdo a lo contemplado en la Ley de Comparecencia para Funcionarios y Funcionarios Públicos.(La Patilla)
PIB de Venezuela empeora: Cerrará 2016 con caída de 10%
Venezuela cerrará el año 2016 con su Producto Interno Bruto (PIB) en caída libre de -10,0% y una inflación superior al 700%, estimó este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI) al actualizar sus previsiones económicas anunciadas en abril.
Así, el Fondo empeoró en dos puntos porcentuales su expectativa de crecimiento de la economía venezolana con relación a abril, aunque por el momento mantuvo sin cambios su previsión de una contracción del 4,5% de la economía para el año 2017.(La Patilla)
Luis Florido instó al gobierno a acatar petición de la ONU sobre ayuda humanitaria
El diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, instó al gobierno venezolano a acatar la petición de la ONU de aceptar la ayuda humanitaria, para paliar la escasez de alimentos y medicamentos.
«No es cualquier cosa que la ONU se pronuncie sobre Venezuela. La máxima instancia en materia de derechos humanos reconoce que sí hay crisis humanitaria», indicó. (El Nacional)
Paraguay cuestiona capacidad de Venezuela para presidir el Mercosur
Ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, cuestionó la idoneidad del país para asumir la presidencia del bloque debido a la crisis interna
El ministro de Asuntos Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, cuestionó este miércoles la idoneidad de Venezuela para asumir la presidencia de turno de Mercosur por su crisis interna, ya que vive un estado de «tensión» por «el incumplimiento de principios universales y derechos humanos».
El ministro paraguayo hizo estas declaraciones junto a su homólogo español, José Manuel García-Margallo, tras reunirse en Madrid. (El Mundo)
El director de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, en el centro de un escándalo internacional por la filtración de supuestas operaciones financieras de líderes y personajes mundiales, dijo que el bufete no ha actuado mal y que es víctima de un ataque internacional contra la privacidad, en referencia a la investigación Panama Papers.
El diario alemán Süddeutsche Zeitung dijo que recibió más de 11 millones de documentos filtrados de la base de datos de la firma y los compartió con más de 100 organizaciones noticiosas, junto el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), originando la investigación Panama Papers.
Los archivos fueron utilizados para producir una investigación que abarca décadas de trabajo de la firma Mossack Fonseca, especializada en crear empresas legales difíciles de rastrear llamadas «offshore», y detalla transacciones financieras oscuras por miles de millones de dólares.
Ramón Fonseca Mora, cofundador, accionista y director actual del bufete dijo que la firma sufrió un ataque cibernético «limitado», el cual ya fue informado a sus clientes.
El directivo dijo que la firma ha formado más de 240,000 sociedades y que la gran mayoría de ellas ha sido para usos legítimos.
El diario británico The Guardian dijo que los documentos revelaron una red de transacciones offshore secretas y créditos con valor de US$2,000 millones que conducen a amigos cercanos del presidente ruso Vladimir Putin. Reuters no pudo confirmar estos detalles de manera independiente.
«Nosotros nos dedicamos a hacer estructuras legales, se las vendemos a intermediarios como bancos, abogados, contables, fiduciarias y ellos tienen sus clientes finales que nosotros no conocemos ni lidiamos con ellos, no somos responsables de lo que las estructuras hacen», aseguró Fonseca.
Fonseca, un ex ministro consejero de Panamá, dijo que el bufete no ha recibido una acusación formal en casi 40 años de operaciones.
«Creemos que hay una campaña internacional en contra de la privacidad, la privacidad es un derecho humano sagrado, hay gente en el mundo que no entiende eso y nosotros definitivamente creemos en la privacidad y seguiremos trabajando para que la privacidad legal funcione», sostuvo.
Por su parte, el Gobierno de Panamá dijo que lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia.
«El Gobierno de Panamá cooperará vigorosamente con cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial», dijo en un comunicado.
El Bloque Constitucional Venezolano calificó como “una inmoralidad” la Sentencia Nº 09-2016, del 1º de marzo de 2016, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El comunicado ha sido respaldado por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, así como por los presidentes de 20 Colegios de Abogados de Venezuela.
En dicha sentencia, la mencionada Sala “abusando de su facultad para interpretar la Constitución, pretende modificar normas constitucionales relativas a las funciones de control político y de investigación de la Asamblea Nacional”, para reducirla a un poder meramente decorativo, “lo que violenta el sistema democrático del Estado de Derecho, siempre según las consideraciones del referido Bloque”.
La agrupación considera que, por tanto, esta actuación del TSJ contraría los valores, principios, garantías del Estado democrático de Derecho; y, además, los principios éticos que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional “de probidad, rectitud, transparencia, decoro, imparcialidad, que son determinantes de la conducta moral de jueces y magistrados, de cuyo cumplimiento depende la confianza de la sociedad en su integridad e independencia”.
Consideran los juristas integrantes del Bloque, que “lo sucedido justifica que tanto la Asamblea Nacional, como la ciudadanía, desconozcan le validez y eficacia de la referida sentencia”. Recuerdan así mismo, que la imparcialidad de la función jurisdiccional es el supuesto indispensable para la correcta administración de justicia.
Otra irregularidad señalada, es que según la Nota de Secretaría estampada al final de la Sentencia referida, los magistrados Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson, no firmaron la mencionada sentencia, alegando no haber asistido por motivos justificados.
Estos magistrados, al informarse en la Sala Constitucional de la demanda que dio lugar a la sentencia, supieron que uno de sus planteamientos fue el de la supuesta invalidez de la Comisión Especial creada por la misma Asamblea Nacional para revisar la elección de Magistrados Principales del Tribunal Supremo de Justicia, por parte de la Asamblea Nacional cuyo período legislativo finalizó en diciembre del año pasado; dentro de los cuales se encontraban sus propios nombramientos.
Estos debieron inhibirse por tener interés directo en la resolución de la demanda en cuestión, que les era aplicable por mandato del artículo 54, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y que así los obligaba la ley.
Es de destacar que la propia Sala mencionada ha considerado como “violación al deber de la ética judicial la no inhibición por parte de los jueces que conociendo que están incursos en una de sus causales; sin embargo, estos magistrados no cumplieron con esa obligación moral”.
En consecuencia, es de resaltar que los otros magistrados contribuyeron a convalidar el fraude a la ley mencionado, ya que, “como administradores de justicia, tenían la obligación de garantizar la imparcialidad de la función jurisdiccional por parte de la referida Sala”, porque al admitir la violación del deber moral señalado, contribuyeron con la infracción a los principios de la imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia y responsabilidad, que según el artículo 26, de la Constitución, han de orientar la Justicia, y de cuya integridad dichos magistrados son sus guardianes.
Para el Bloque Constitucional de Venezuela, “la Sentencia en cuestión además de ser una violación de los valores, principios, garantías democráticas constitucionales es una inmoralidad desde el punto de vista de la ética judicial y de los estándares de comportamiento ético para jueces a que se contraen los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de 1985, y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, de 2002, ambos instrumentos aprobados por la ONU; violaciones que jurídicamente justifican que la Asamblea Nacional y la ciudadanía desconozcan la validez y eficacia de la pretendida sentencia”.
Los abogados Theresly Malavé, Carlos Daniel Moreno y Ramón Flores, defensores de los diputados arbitrariamente detenidos en el Sebin, Rosmit Mantilla, Renzo Prieto y Gilberto Sojo respectivamente, informaron que las audiencias fueron aplazadas, una vez más, porque los tribunales correspondientes nos tienen despacho desde el 29 de enero de 2016.
La abogada de Rosmit Mantilla, Theresly Malavé, señaló que la decisión de aplazar los juicios de los tres diputados obedecen a intereses políticos.
“Siguen los diferimientos de los casos de Rosmit Mantilla, Renzo Prieto y Gilberto Sojo. Las audiencias no se han dado porque la decisión de realizarla es de carácter político, con dos finalidades, que los condenen rápidamente o que se les den la libertad. La situación jurídica de ambos es coincidente y a nosotros nos ha causado mucha extrañeza porque las decisiones están alineadas en el caso de los tres diputados. Yo les recuerdo a los jueces del caso que están obstruyendo las funciones de la Asamblea Nacional, es el presidente de la Asamblea Nacional quien ordenó la incorporación de estos diputados al Parlamento. Esta es el tercer intento de juicio de Rosmit en esta fase”, dijo la defensora.
De igual forma, el abogado defensor de Renzo Prieto, Carlos Daniel Moreno, criticó que por decimosexta vez se hayan intentado presentar en los tribunales y no hubiese despacho.
“Hoy nos encontramos con la sorpresa que el tribunal decimotercero de juicio de Caracas no está dando despacho y adicionalmente, el Sebin no ejecutó el traslado del diputado Renzo Prieto. Él tiene más de un año y seis meses detenido sin haber cometido ningún delito. Existe un pronunciamiento por parte del Cuerpo de detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas que declaró la arbitrariedad de la detención de Renzo y recomendó su inmediata liberación y los órganos de justicia han hecho caso omiso de esta recomendación. Por eso un grupo de defensores de Derechos Humanos estamos estudiando la posibilidad de solicitarle a la Comisión de Política Interior de que se someta a referendo popular aprobatorio el proyecto de ley de amnistía”.
La ampliación es una vía para equilibrar las fuerzas dentro del máximo tribunal. El incremento se haría, principalmente, en la Sala Constitucional
Abogados están convencidos de que el actual tribunal anulará o rechazará la decisión que tome la AN sobre los magistrados designados el 23 de diciembre
@loremelendez
LA DISCUSIÓN SE PROLONGÓ DURANTE CASI UNA HORA y el detonante fue una pregunta del diputado Stalin González. El tema que puso en el tapete fue la posibilidad de que se ampliara el número de togas en la Sala Constitucional de la máxima corte venezolana y sobre esto respondieron los especialistas en derecho y miembros de las ONG invitadas a la reunión de los miércoles de la Comisión Especial para investigar y evaluar la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Tras el planteamiento, las posturas comenzaron a encontrarse casi de inmediato.
Horas antes se había conversado sobre las irregularidades ocurridas en el proceso de elecciones de los magistrados que ascendieron al TSJ el pasado 23 de diciembre y, entre los argumentos, se dejaron colar las voces de quienes afirmaban que, cualquiera que fuese la decisión del Parlamento sobre este asunto, sería anulada o rechazada. Por eso, discernir sobre una vía alterna, no estaba de más.
Aunque los abogados coincidían en que el TSJ carecía de la institucionalidad necesaria para dictar sentencias equilibradas y alejadas del sesgo rojo que les había caracterizado en los últimos años, no todos estaban de acuerdo con que la ampliación de la Sala Constitucional fuera la salida para que se recobrase la democracia dentro del Poder Judicial.
Legitimación de los magistrados designados, gastos excesivos en tiempos de crisis y dudas sobre la independencia de los nuevos ingresos fueron algunos de los argumentos en contra. Por el otro lado, se debatía la urgencia de una medida política dentro de un organismo que se considera partidizado.
Lo cierto es que tal ampliación sólo es posible si se reforma la Ley Orgánica del TSJ que, de acuerdo con el diputado Carlos Berrizbeitia, entrará en discusión este mes, el mismo en el que se presentará el informe que contiene la investigación parlamentaria que se sigue a las togas designadas en diciembre pasado.
Lea más: Las historias detrás de los nuevos magistrados del TSJ
Al respecto, Berrizbeitia adelantó que se tiene contemplado que en las próximas reuniones de la Comisión Especial se invite a los miembros del Comité de Postulaciones y también a los juristas que se jubilaron por adelantado el año pasado.
“Lamentablemente, con cada día que pasa y que revisamos el expediente, vemos más violaciones flagrantes a la Constitución, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Hay muchísimos vicios en el proceso, de todo tipo, y esto orienta a que ese proceso fue hecho de manera rápida, sin argumentos y con la venia de la antigua asamblea”, afirmó el diputado.
Argumentos a favor
Rafael Chavero – Profesor de Derecho Público
Para el especialista en Derecho Público, no hay otra forma de “recuperar”, a corto plazo, la institucionalidad. Considera que la decisión de ampliar el número de magistrados en el TSJ es un “mecanismo de supervivencia y de recuperación democrática” que busca “neutralizar” las operaciones políticas del máximo tribunal venezolano.
“El nivel de malandraje que hemos sufrido en los últimos años no nos puede permitir salir a pelear con guantes de seda. Es meternos en un ring de boxeo, con toda protección, a pelear con alguien que tiene una ametralladora”, dijo el abogado, quien recalcó que la decisión que se tome debe ser política.
“Cada vez que duden sobre esto, lean la sentencia de la Sala Electoral del 30 de diciembre del año pasado y vean si hay algún vestigio de legalidad”, apuntó.
Claudia Nikken – Centro de Estudios de Derecho Público de Unimet
La profesora universitaria pidió que se dejara la ingenuidad sobre lo que sucede actualmente dentro del TSJ y advirtió que no se debe perder de vista que tanto la Sala Constitucional como la Sala Político Administrativa de esa instancia toman decisiones políticas con el fin de controlar al Gobierno y a la Asamblea Nacional.
Sin embargo, alertó que lo que se debe evitar es que estas mismas decisiones políticas se politicen o partidicen.
“Para restablecer el estado de derecho que no tenemos, habrá que tomar algunas decisiones jurídicas con cierto tinte político”, añadió.
Recalcó que la decisión de esta ampliación debe mirarse desde distintas ópticas, estar apegada a la Constitución y poner su foco en la necesidad de “salir de este escollo político”.
Fernando Ovalles – Foro Penal Venezolano
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Aunque estuvo de acuerdo con la disminución de la cantidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia debido al esfuerzo que representa para el Estado mantener a más funcionarios públicos en un país “quebrado”, aclaró que este sólo era un problema de carácter técnico al que se le debía buscar una solución.
“Si lo vemos desde ese punto de vista, posiblemente no sea conveniente elegir una mayor cantidad de magistrados. Pero la situación histórica que estamos viviendo amerita que la mayoría que el pueblo eligió el 6 de diciembre, también debería llevarse hasta el TSJ. Si ese es el único camino y esta es una decisión política, yo estoy de acuerdo”, afirmó el abogado especializado en temas penales.
Por qué oponerse
Laura Louza – Acceso a la Justicia
Louza recomendó que el paso se estudiara muy bien antes de llevarse a cabo y que la decisión, además de estar sostenida en el obligatorio respeto al Estado de Derecho, también debía tomar en cuenta la eficiencia que tendría el TSJ con un mayor número de magistrados.
“Mientras más personas toman una decisión en un determinado momento, más costos de transacciones hay, porque evidentemente ponerse de acuerdo no es fácil”, aseguró luego de recordar que las estadísticas, desde 2000, reflejan que las Salas dictan menos sentencias de las que deberían. Todo contribuiría, de acuerdo a este razonamiento, a que haya aún más retardo en los procesos judiciales.
Además, recordó que en tiempos de crisis se habla de un necesario recorte de gastos que no podría producirse si se incluyen más togas el máximo tribunal. A esto se suma el problema del lugar, ya que en el edificio actual no hay más espacio.
Alfredo Romero – Foro Penal Venezolano
El abogado y director ejecutivo de la ONG rechazó que esta sea la medida indicada para que el máximo tribunal vuelva a la institucionalidad.
“Yo creo que para tomar esa decisión, sustentada en la ley, tiene que haber fundamento muy fuerte que vaya más allá de decir que los magistrados van a anular cualquier decisión que se tome en la Asamblea Nacional. Hay que dejar constancia por medio de discusiones y acuerdos del porqué se toma esa decisión considerando que, efectivamente, no hay independencia dentro del Poder Judicial”, señaló.
Si la ampliación llegara a aplicarse, Romero dice que este paso “puede ser muy criticado”.
“A mí me da un poco de dolor de estómago pensar que van a hacer lo mismo que critiqué de una manera muy contundente, cuando lo hizo anteriormente el chavismo para conquistar el TSJ en 2004”, agregó en su intervención.
Luis Alfonso Herrera – ONG Un Estado de Derecho
El informe entregado a la comisión de la AN por esta organización advierte los riesgos de esta decisión. Entre estos, mencionan que la inclusión de los magistrados podría permitir que el control de la Sala Plena siga en manos del oficialismo y que se corre el riesgo de aumentar los “superpoderes” de la Sala Constitucional, además de arrojar dudas sobre la independencia de las nuevas togas.
Herrera indicó que va a llegar el momento en el cual el Poder Legislativo deberá manifestar al máximo tribunal que no está “dispuesto a cumplir con disposiciones políticas que no son sentencias” y que desde el hemiciclo se debe anunciar al país y a las organizaciones internacionales que cualquier paso que se da, en este sentido, es para “tratar de tener un tribunal independiente. Para que la AN sea controlada por una instancia independiente y no por un partido político.
Humberto Njaim – Profesor de Unimet
Para el experto en derecho, hacer que ingresen más magistrados al TSJ significaría legitimar a quienes fueron juramentados el pasado 23 de diciembre, luego de un proceso cuestionado desde la instalación del Comité de Postulaciones que evaluó a los candidatos.
Además, planteó que las nuevas togas que entren al máximo tribunal luego de esta ampliación, serán vistas como aliadas de la oposición, lo que les dará un sesgo que más bien debe ser erradicado dentro del Poder Judicial.
“Van a tener un criterio político contrario al de los magistrados que ya están dentro de los tribunales y eso sería, a mi modo de ver, perjudicial ante la opinión pública”, detalló.
Aunque admitió que la propuesta de ampliación tiene un “gran atractivo político”, señaló que esta sería una medida engañosa porque difícilmente podría bloquear las decisiones de la Sala Plena.
Jueces y Magistrados eméritos del Poder Judicial, profesores universitarios en cátedras de derecho, Presidentes de Colegios de Abogados del país así como otros profesionales del Derecho, buscan «rescatar el Estado de Derecho en Venezuela» a través de la creación del Bloque Constitucional de Venezuela.
En el primer manifiesto de este Bloque, sus integrantes fijan posición frente a los atropellos «que en contra de la soberanía popular libremente manifestada el 6 de diciembre pasado, pretende ejecutar y ejecuta -judicial y materialmente- un sector político ligado directamente al gobierno nacional», explican. En este sentido, el Bloque Constitucional de Venezuela, convoca a la defensa de la «representación del pueblo venezolano ante los organismos nacionales e internacionales comprometidos con la vigencia del Estado democrático de Derecho», a rechazar y denunciar toda forma autocrática del ejercicio del poder público y de la destrucción de su institucionalidad civil.
Este grupo refiere, explican en un comunicado, la urgente necesidad de restablecer la institucionalidad democrática del Estado de Derechomediante la defensa del poder legítimo originario representado en el Poder Legislativo Nacional elegido el 6 de diciembre de 2015, rescatar el principio de la independencia de los poderes públicos, principalmente del Poder Judicial, destacar la importancia que tiene la Fuerza Armada Nacional de estar sujeta a la supremacía de la Constitución, denunciar los actos hostiles que amenacen u obstaculicen el ejercicio democrático del poder del Estado y proponer la reorganización y restructuración del sistema de justicia y la despolitización de los tribunales, del ministerio público, entre otras instituciones que integran el sistema de justicia, la renovación del poder electoral, del poder ciudadano y velar por la correcta elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.
Entre quienes integran el Bloque Constitucional de Venezuela, se encuentran los magistrados eméritos, Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Aníbal Rueda, Jorge Rosell Senhenn, Blanca Rosa Mármol, Antonio Ramírez Jiménez, Pedro Rondón Haz, Julio Elías Mayaudón, los miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Alberto Arteaga Sánchez, Ramón Escovar León, Rafael Badell Madrid, los Magistrados de la Corte de lo Contencioso Administrativo y Juez Superior: Perkins Rocha, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Miguel Angel Martin, los presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela y la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y destacados profesores universitarios de derecho, de las distintas universidades nacionales.
