A pesar de suscribir varios acuerdos internacionales que reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado, el Estado venezolano no garantiza que los venezolanos tengan acceso a este
El derecho a la salud y alimentación son dos de los 10 derechos humanos que se ven vulnerados por la escasez de combustible
Venezuela termina el primer semestre de 2023 con largas filas para surtir sus vehículos de combustible en al menos 11 estados del país.
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) atribuyó “la sobredemanda” de combustible a la publicación de “información falsa” en redes sociales, que urgen a los usuarios a llenar sus tanques, explicó en mayo el vicepresidente de consumo y suministro de calidad de la compañía, Juan Carlos Díaz.
Si bien la Refinería El Palito reanudó operaciones en la unidad de craqueo catalítico, lo que sería «clave» para paliar la escasez de combustible, la inestabilidad en el suministro una realidad que se ha vuelto cada vez más frecuente desde el 2015.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante abril, hubo denuncias en 11 estados por fallas en la distribución del combustible y la baja calidad del mismo causando daños en los vehículos.
Durante el periodo, el OVCS contabilizó 25 protestas en 11 estados del país para exigir abastecimiento de combustible de calidad en forma regular y sin dolarización de tarifas.
El índice de protestas por este motivo lo lidera el estado Zulia (5), seguido de Barinas (4).
Según Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea y sociólogo, la dificultad para surtir gasolina en Venezuela forma parte del diagnóstico de la emergencia humanitaria compleja, lo que ha generado consecuencias en diferentes derechos humanos.
“El acceso a los servicios básicos de una manera tan accidentada se ha convertido en un mecanismo de control”, indicó Uzcátegui.
En un informe de Transparencia Venezuela sobre gasolina, se indicó que empresas petroleras internacionales fueron excluidas del negocio de la venta del combustible las estaciones de servicio de gasolina. BP, Mobil, Shell, Texaco y Trébol, entre otras, cuyas marcas desaparecieron para dar paso al logotipo de PDV. En este caso, las bombas de gasolina pasaron a ser administradas por un operador que, la mayoría de las veces, era el dueño del terreno y del comercio, pero Pdvsa se quedó con la propiedad de los activos.
Luego de este cambio, el número de estaciones de gasolina en toda Venezuela también mostró una disminución. De las 1.865 que existían en 2008, quedan 1.568 en 2020 de acuerdo con la cifra ofrecida por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Este número de centros de establecimiento deja a la población con menores opciones, especialmente en el interior, donde deben pasar horas y horas en las colas (filas) para poder abastecerse.
DDHH que vulnera la escasez de gasolina
Para el coordinador general de Provea, el acceso al combustible forma parte de los servicios básicos y poder acceder a ellos forma parte del nivel de vida adecuado que ha sido reconocido en diferentes pactos internacionales que han sido suscritos por el Estado venezolano, siendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) el más importante.
El sociólogo identificó al menos 10 derechos humanos que se ven afectados por la escasez o difícil acceso al combustible en Venezuela:
Derecho a la alimentación: Debido a la dificultad de poder distribuir alimentos de una manera permanente y adecuada. Además, el encarecimiento de los precios de productos que ocasiona, en un país que se ha caracterizado por tener una alta inflación. Especialmente, en el sector alimentos.
Derecho a nivel adecuado de vida: Poder acceder a los servicios básicos forma parte del nivel de vida adecuado, tener acceso a servicios básicos permanentes forma parte de tener un nivel de vida adecuado. Los venezolanos no tienen acceso constante y permanente al combustible.
Derecho a la salud: Debido a todas las dificultades que tienen las personas para llegar a un centro asistencial, incluyendo los médicos, y para cubrir los gastos estipulados de la movilización al centro de salud. En el caso de los centros asistenciales que funcionan con plantas eléctricas que operan con diésel y gasoil también se han visto perjudicados por no tener acceso a este recurso.
Derecho a la educación: El derecho a la educación se ha visto vulnerado, especialmente en escuelas y centros educativos en zonas de difícil acceso, remotas y rurales, ya que la escasez de gasolina dificulta el traslado hacia ellos. Esto limita a los niños, niñas y adolescentes a asistir regularmente a un centro escolar. “Estas dificultades son parte del aumento de la deserción escolar”, explicó el coordinador general de Provea.
Derecho a la vivienda: “No podemos hablar del derecho a la vivienda y que la vivienda es segura si no se garantiza el acceso a servicios básicos. Tener una vivienda digna tiene una serie de características. No solo son cuatro paredes y un techo, también tiene que ser una vivienda segura, que tenga acceso a servicios básicos: combustible, agua, gas y electricidad”, reiteró el sociólogo.
Derecho a tener servicios básicos: “El acceso a los servicios básicos de una manera tan accidentada se ha convertido en un mecanismo de control. El acceso a la gasolina ha hecho que las personas deban pasar horas y días para intentar surtir su vehículo”, indicó Uzcátegui.
Derecho a manifestar: Según el sociólogo, en zonas donde es tan complicado acceder al combustible también se ve violado el derecho a la manifestación porque se han prohibido las fotografías, las manifestaciones en los alrededores de las estaciones de servicio y hay personas que son detenidas por esta razón, que tratan de exigir que haya celeridad y acceso.
Derechos de los Pueblos Indígenas: Los artículos 122 y 123 del Capítulo VIII sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución también son vulnerados por la escasez de gasolina. “Para acceder a comunidades indígenas remotas todo se hace en avionetas o lanchas. Las comunidades indígenas tienen un cupo de combustible y generalmente esa cantidad de combustible que le venden subsidiado es incumplido de manera sistemática. Eso ha originado que haya dificultades para su movilización hacia centros urbanos, ya sea para buscar salud o para simplemente moverse hasta allí”, reiteró el coordinador de Provea.
Derecho a la libre reunión: En algunas zonas, como Zulia, Mérida y Táchira, la escasez de combustible se ha convertido en un mecanismo para disuadir a las personas de ejercer su derecho a la libre reunión porque son sectores en los que las personas han tenido que restringir sus movilizaciones por la gran cantidad de tiempo que invierten para acceder al combustible.
Derechos humanos laborales, ciudadanos y políticos: La carencia de gasolina perjudica la productividad y los DDHH laborales. “La cantidad de aporte del producto interno bruto (PIB) de las empresas disminuye mucho por la reducción de la productividad. Las personas se ven afectadas en su día a día porque dedican gran parte de su tiempo en buscar el acceso a muchos servicios básicos. Eso no permite el acceso a la recreación y cultura. Tampoco a ejercer su derecho ciudadano y político”, dijo Uzcátegui.
