La jueza Katherine Harrington ratificó la condena a 30 años de prisión contra Emirlendris Benítez por estar implicada en el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto de 2018.
Al igual que al general Héctor Hernández da Costa y al estudiante Oswaldo Castillo, la Corte de Apelaciones a cargo de Harrington ratificó la pena máxima contra la comerciante.
Loredana Hernández, hija de Hernández Da Costa, informó por su cuenta de X que “la juez de apelación ratificó la “injusta condena” a su padre.
“Esta decisión se tomó a pesar de ser inocente, sin prueba, ni testigos en contra e irrespetando las medidas internacionales de protección y liberación que posee mi padre”, agregó Hernández.
Por su parte, la abogada Theresly Malave denunció en sus redes sociales que “la sentencia contra Castillo es un vivo ejemplo de lo que un juez no debe hacer…Oswaldo jamás estuvo vinculado a esos hechos y así quedó probado”.
Por el caso denominado de los “drones”, también fueron condenados Juan Carlos Monasterios, Juan Requesens, Argenis Valera, José Miguel Estrada, Alberto Bracho, Brayan Oropeza, Henribert Rivas, Yolmer Escalona, Yanin Pernía, el general de División Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano.
Emirlendris en precario estado de salud
El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias pidió la liberación de Benítez y que se le concediera una indemnización, además de otros tipos de reparación en 2022, sin embargo el requerimiento no fue tomado en cuenta por la jueza.
Benítez, de 42 años de edad, permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques.
Sus familiares así como ONG han solicitado a las autoridades en reiteradas ocasiones que se le garantice atención médica o medidas cautelares para poder recibir un tratamiento adecuado.
La directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, declaró el mes pasado que Benítez se encuentra en delicado estado de salud. “No puede caminar”, dijo.
“Tras su detención arbitraria y cuatro años de retardo procesal, Emirlendris no solamente recibió la pena máxima en 2022, sin existir pruebas en su contra ni el desarrollo del debido proceso, sino que las fuertes torturas a las que fue sometida han colocado su estado de salud en el límite de riesgo inminente, y ya con secuelas irreversibles para poder caminar con normalidad. La denuncia sobre su situación ha sido replicada por organismos internacionales de derechos humanos y forma parte de los casos revisados por la Misión Independiente de Determinación de Hechos Venezuela I de la ONU”, se desprende de un comunicado de JEP.
https://twitter.com/JEPvzla/status/1775571727994470868
Benítez fue detenida el pasado 5 de agosto de 2018 junto a su pareja Yolmer Escalona cuando transitaban por una alcabala.
Durante su reclusión en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) hubo denuncias de que fue torturada por funcionarios y a raíz de ello perdió al bebé que estaba gestando en ese momento.
