La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la administración de Nicolás Maduro a “reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos” para combatir la impunidad en Venezuela.
Así lo señala la organización en un comunicado que difundió este lunes, 20 de mayo, donde informó tomar nota de los recientes anuncios del Estado de Venezuela “sobre cierta apertura a la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos”.
El 23 de abril Nicolás Maduro anunció que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional instalará una oficina en Caracas, desde donde cooperará con las autoridades nacionales. También comunicó que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sería invitada a tener un equipo en el terreno nuevamente, después de expulsarla el 15 de febrero.
A juicio de la CIDH, la apertura del Estado a recibir ambas oficinas “debe estar acompañada de un compromiso real y serio en la lucha contra la impunidad”.
De acuerdo con un informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una muestra de 183 casos de conductas que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, solo hubo 12 juicios, es decir, un escaso 6%; y en el 52,5% de estos casos el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial.
El desafío
Para la CIDH, el principal desafío en la lucha contra la impunidad en Venezuela radica en la cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo.
Vale recordar que en distintas oportunidades, la CIDH y otros organismos internacionales han denunciado el nombramiento irregular de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del titular del Ministerio Público, presiones para decidir casos o cerrar expedientes, alta provisionalidad de jueces y falta de garantías de inamovilidad en sus cargos, admisión de medios de prueba bajo coacción, cambio recurrente de personas fiscales, así como la falta de control judicial y trasparencia sobre sus actuaciones.
En ese sentido, la CIDH reafirmó que la impunidad “ha propiciado la repetición de violaciones de derechos humanos y ha permitido que en el país se instale una política de represión selectiva dirigida a desalentar la participación política de las personas opositoras o percibidas como tales”.
“Un compromiso genuino en la lucha contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema de justicia en general y de los demás poderes públicos”, finalizó el comunicado.
Este lunes 20 de mayo se confirmó la noticia de la muerte del presidente iraní, Ebrahim Raisí, junto con la del ministro de Exteriores y otros funcionarios en un accidente de helicóptero ocurrido un día antes en el noroeste del país.
El trágico hecho se produjo en el marco de constantes denuncias sobre violación a los derechos fundamentales en el país que presidía y en medio de unas relaciones internacionales complejas, luego de que el el mandatario, fallecido a los 63 años, ordenara a mediados de abril un ataque con más de 300 drones y misiles contra Israel, lo que le valió una amplia condena internacional.
El gobierno de Israel ha denunciado en reiteradas ocasiones que Hamas “es uno de los brazos terroristas del régimen de Irán” y en octubre de 2023, consideraron que el ataque “barbárico” perpetrado por esa organización en su territorio era “otro intento del régimen iraní de asesinar civiles israelíes”.
Hamas es uno de los brazos terroristas del régimen de Irán. Ambos declaran abiertamente que quieren borrar a Israel del mapa.
El ataque barbárico perpetrado hoy por Hamas es otro intento del régimen iraní de asesinar civiles israelíes.
A Raisí lo sucede provisionalmente en el poder Mohamad Mojber, pero se convocaron nuevas elecciones presidenciales para el 28 de junio, aunque esos comicios tienen pocas probabilidades de ser libres, debido a que los candidatos deberán superar el veto del “Consejo de los Guardianes”.
A continuación, algunos hitos del gobierno de Raisí, cuya figura muchos veían que se perfilaba como el posible sucesor del actual líder supremo de Irán.
Un pasado ejecutorio a cuestas
A Raisí algunos medios de comunicación lo calificaron como “el juez de la horca” por formar parte de un grupo de clérigos que aprobó las ejecuciones de miles de presos políticosordenadas en 1988 por el entonces líder supremo, el ayatolá Ruhollah Jomenei.
El ultraconservador figuró como jefe adjunto de la Autoridad Judicial que, tras la guerra entre Irán e Irak, fue responsable de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. El papel estelar que jugó el fallecido mandatario en estos hechos le valió en el año 2019 una sanción del gobierno deEstados Unidos, convirtiéndose así en el primer presidente de Irán que fue sancionado por EEUU antes de asumir el poder.
Por estas y otras denuncias sobre violaciones a derechos humanos, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, expresó tras fijar posición sobre la muerte del presidente iraní, que este tenía “las manos machadas de sangre” y que era responsable de “abusos atroces” a los derechos humanos en su país, así como de apoyar a grupos terroristas de la región como Hamas.
El “ungido” del líder supremo de Irán
En el añ0 2017 Raisí intentó llegar al poder de Irán, pero sus aspiraciones cedieron ante el ascenso del relativamente moderado Hassan Rouhani. Cuatro años más tarde, se convertiría en el octavo presidente de la nación iraní desde que la monarquía respaldada por Estados Unidos fuera derrotada por la Revolución Islámica de 1979.
En junio de 2o21, logró escalar hasta la primera magistratura de Irán en unos comicios en los que el denominado “líder supremo” de ese país, el ayatolá Alí Jamenei, usó todas sus influencias para sacar del paso a cualquier candidato opositor relevante.
La mayoría de la comunidad internacional cuestionó el carácter libre de las elecciones porque los candidatos debieron recibir el visto bueno de 12 teólogos y juristas que forman el Consejo de Guardianes. Aunque este órgano no es electo por los ciudadanos tiene en sus manos la decisión final sobre quién puede o no presentarse en una elección.
Para estos comicios, tal y como lo explicó en un trabajo BBC Mundo, este grupo ultraconservador y religioso prohibió a la mayoría de los candidatos reformistas o moderados competir. De entre más de 600 aspirantes, solo siete fueron aprobados. Por esta misma razón, en los comicios en los que triunfó Raisí, casi el 50% de los iraníes se abstuvieron de participar.
Prometió “muerte” a Trump y sus funcionarios
En enero de 2022, se produjo la muerte por un bombardeo de un dron estadounidense del general Qasem Soleimaní, quien estaba al frente de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní (IRGC).
Después del suceso, Ebrahim Raisí pidió aplicar la ley del talión para el entonces saliente mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el exsecretario de Estado, Michael Pompeo y otros altos cargos estadounidenses.
“El violador, asesino y criminal, el expresidente de EEUU debe de ser juzgado, debe de ser sometido a la ley de “ghesas” (talión)”, afirmó Raisí en la principal ceremonia en memoria del exmilitar, celebrada en la mezquita Mosala de Teherán.
Violaciones de DDHH a la carta
Como promesa central de campaña, Raisí aseguró que llevaría a cabo un estricto cumplimiento de la ley islámica, que abarcaba la segregación de sexos en espacios públicos. Una vez en el poder, intensificó la obligatoriedad de uso del velo islámico.
En marzo de 2024, la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán de la Organización de las Naciones Unidas denunció la “represión violenta de protestas pacíficas y la discriminación institucional generalizada contra mujeres y niñas” en ese país, que alertaron, derivó en “graves violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno de Irán, muchas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad”.
Los hechos a los que se refieren fueron las intensas protestas que se desataron en septiembre de 2022 bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad” . Las manifestaciones masivas se originaron por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 21 años que había sido detenida por no usar el hijab y que murió en un hospital tras estar bajo custodia de la “policía de la moral” por presuntas torturas.
Las manifestaciones por este suceso se extendieron durante meses y se saldaron con el asesinato de al menos 500 personas y la detención de más de 20.000 iraníes. La Misión de la ONU documentó que la represión incluyó “asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, privación arbitraria de la libertad, tortura, violación, desapariciones forzadas y persecución por motivos de género”.
Uno de los casos más sonados de esta oleada represiva fue el del futbolista Amir Nasr Azadani, a quien las autoridades iraníes querían aplicar la pena de muerte. Pero, ante la ola de advertencias de organizaciones de defensores humanos y la presión que se ejerció en todo el mundo, al futbolista lo sentenciaron a 26 años de prisión por participar en las protestas. El gobierno iraní lo procesó por cometer delitos contra “el orden público”, reunirse y conspirar contra la seguridad del país y por un “delito contra Dios”.
Aún ante el fuerte escrutinio internacional, Amnistía Internacional denunció que solo en 2o23 Irán ejecutó a 853 personas. Uno de los sentenciados recientemente a esta condena es el rapero Toomaj Salehi, famoso por denunciar en sus canciones y en redes sociales la corrupción y la represión del régimen iraní.
Asimismo, en abril de 2024, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció una violenta ola represiva en Irán contra mujeres y niñas y hombres que las defienden en aplicación de las “estrictas normas” relativas al uso del hijab o pañuelo islámico. En esa ocasión alertaron de “numerosas detenciones de mujeres y niñas, muchas de ellas de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años”.
En ese mes se anunció la creación de un nuevo órgano destinado a aplicar las leyes vigentes relativas al hijab. Se advirtió que los miembros de esa organización habían sido entrenados para “hacerlo de manera más enérgica” en los espacios públicos, así como también se adelantó información sobre un anteproyecto de ley que buscaba imponer penas de cárcel, multas y hasta latigazos a quienes transgredieran el código vestimentario.
El beso al Corán ante la ONU
Uno de los episodios públicos más comentados del fallecido presidente de Irán ocurrió en septiembre de 2023, cuando Raisí pronunció un largo discurso religioso ante la Asamblea General de la ONU mientras sostenía un Corán en sus manos. Al término de la alocución, besó su “libro sagrado”.
En sus palabras, llamó a tomar medidas contra la quema del Corán por parte de ciudadanos de naciones libres, denunció la “islamofobia y el apartheid” y expresó que defendía la familia “sacrosanta” entre un hombre y una mujer.
🔴El presidente de la República Islámica de Irán🇮🇷, Seyed Ebrahim Raisi, repudió, ante la Asamblea General de la ONU, las profanaciones del Corán. Rechazó el unilateralismo de EE.UU. y destacó el fracaso de las políticas de Washington en el mundo.https://t.co/NW9RKsHLAppic.twitter.com/DavU35G5xe
Los vínculos entre Venezuela e Irán que promovió el fallecido Hugo Chávez se potenciaron aún más con el gobierno de Maduro, que vio en esa nación un aliado para enfrentar la escasez de gasolina en el año 2020.
Fue precisamente el gobernante venezolano uno de los primeros en expresar sus condolencias por la muerte de su homólogo iraní, con quien se reunió en un par de ocasiones.
En un mensaje en la red social X, Maduro tildó a Raisí de “persona ejemplar, un extraordinario líder del mundo (…) un excelente ser humano, defensor de la soberanía de su pueblo y amigo incondicional de nuestro país”.
Estoy consternado ante la dura noticia sobre la sensible pérdida física del Presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi. A Cilia, quien es amiga de su señora esposa, y a mí nos embarga un gran dolor por tener que despedir a una persona ejemplar, un extraordinario… pic.twitter.com/h3LOX1Zhn9
Maduro y Raisí se encontraron por primera vez en junio de 2022 en Irán, en donde firmaron acuerdos bilaterales que se extenderían por dos décadas. En junio de 2023, se produjo la segunda reunión entre ambos mandatarios, esta vez en Caracas. Raisí llegó al país acompañado de una amplia delegación política, económica y científica, reseñaron medios oficiales.
Raisí enfatizó en esa oportunidad que sus relaciones con Caracas y La Habana “eran estratégicas” y anunció que se profundizarían.
Estamos construyendo un mapa de cooperación con estrategias y planes para los próximos 20 años de desarrollo de las relaciones Irán y Venezuela. Tenemos la vista puesta hacia el futuro grande de nuestros pueblos. ¡Es el Nuevo Mundo! ¡Atentos y Atentas de nuestra visita a Irán!
En El Mañanero del 20 de mayo de Runrun.esresumimos los titulares más destacados del fin de semana sobre Venezuela: familiares de presos políticos privados de su libertad en la cárcel Rodeo I denuncian que no les permiten visitarlos, el medio de comunicación digital venezolano La Gran Aldea se suma a la lista de portales bloqueados por las operadoras venezolanas y al menos el 35 % de las mujeres en el estado Mérida sufren de tener el sueldo mínimo estipulado por el gobierno, un ingreso menor a los 3,5 dólares mensuales.
«Denunciamos un nuevo centro de tortura. Tantos ellos como la familia somos encapuchados en el área de visitas», dijo Andreína Baduel, hermana de Josnar Baduel, preso político trasladado a la cárcel el Rodeo I.
Para obtener el poder y gobernar en paz es obligatorio un trabajo político que permita la transmisión de mando sin traumas y acuerdos mínimos
En la elección de 1952, el partido URD ganó la mayoría de la Asamblea Constituyente, pero el dictador Pérez Jiménez desconoció el resultado apoyado en las bayonetas. En la del 2015 la unidad opositora ganó la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, pero el dictador Maduro utilizó las togas sumisas del TSJ y a los rectores del CNE para desconocer a tres diputados.
Guardando las distancias, y considerando otros ejemplos, pareciera que en tiempos de dictadura o de conflictos armados es necesario intentar llegar a acuerdos entre las partes, tal como hicieron nuestros gobiernos democráticos para pacificar al país en la etapa guerrillera de los años sesenta y setenta. Caso contrario, no se logra el poder, se dificulta gobernar o no se alcanza la paz, según las circunstancias. Desde luego, en algunos casos no se logra el objetivo.
Cabe citar a Yuval Noah Harari en su artículo Ganar la batalla y perder la guerra, en el que critica la falta de un objetivo político por parte de Israel en la guerra con Hamás. Según Harari, “la justicia es un objetivo noble, pero la pretensión de justicia absoluta conduce inevitablemente a una guerra sin fin. No ha habido un solo tratado de paz en la historia de la humanidad que no requiera compromisos y que proporcione justicia absoluta”. El analista israelita nos recuerda el caso de Ruanda, en el que hoy hutus y tutsis conviven en paz, y la necesidad de concentrarse en el futuro. “Necesitamos sanar las heridas del pasado, en lugar de utilizarlas como excusa para abrir más y más heridas nuevas”.
Edmundo González, nuestro candidato de la unidad democrática, declaró que “nos comprometemos a escuchar y actuar, a tender puentes, no muros, a sanar heridas, a construir un futuro justo y próspero para todos, nuestro compromiso es con la reconciliación de los venezolanos”. Esa es la dirección correcta. Nuestro llamado es a concentrarnos en la organización para que se vote masivamente y contar con los testigos y las actas, lo que nos garantiza ganar la elección. Sin embargo, para obtener el poder y gobernar en paz es obligatorio un trabajo político que permita la transmisión de mando sin traumas y acuerdos mínimos para recuperar el país.
Al respecto, monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, señaló que los venezolanos manifiestan un compromiso de cambio “que debe construirse en un clima de inclusión, tolerancia, igualdad de oportunidades y respeto, superando la tentación de imposición o control de unos pocos sobre las grandes mayorías”.
Este trabajo político corresponde a Edmundo y a María Corina, con el apoyo de Gerardo Blyde y de otros actores.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que mañana martes, 21 de mayo, se aprobará la Ley para el control y financiamiento de las ONG en Venezuela.
A través de un video difundido en redes sociales, Cabello explicó que este martes se debe estar aprobando en segunda discusión la ley para controlar el financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales.
“Nosotros esperamos aprobar esta ley mañana. Todos van a tener que registrarse, todos van a tener que explicar de dónde vienen los fondos, como los gastan. Es una deuda que tenemos nosotros, histórica”, dijo Cabello.
🇻🇪 | ÚLTIMA HORA
Diosdado Cabello anunció que mañana se aprobará la Ley para el control y financiamiento de las ONG en Venezuela.
Según Cabello, esta ley obligará a las ONG a revelar el origen y uso de sus fondos, argumentando que es necesario para evitar el “robo descarado”… pic.twitter.com/rgIndBpDlu
El proyecto creado por el oficialismo, plantea un mecanismo jurídico para monitorear los ingresos de las ONG. El mismo contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.
Advierten que ley de fiscalización militarizará a las ONG
Según el último registro del Observatorio Venezolano de la Sociedad Civil (OVSC), al 31 de diciembre de 2022, había 6.270 ONG registradas en Venezuela.
Fernando Fernández, profesor universitario de derecho penal, en una conferencia online advirtió que dicha ley constituye una «nueva herramienta de guerra jurídica contra el espacio cívico».
En su opinión, este proyecto de ley militarizaría a las ONG, convirtiendo a estas organizaciones no gubernamentales en instituciones del Estado. «Todas las ONG tendrían que llenar ese padrón y enlistarse en el Ministerio de la Defensa», apuntó el profesor.
Por su parte, el abogado Alí Daniels, enumeró, en entrevista a Provea, varias consecuencias que podría traer esta ley y que recaerán principalmente en la sociedad civil más vulnerable producto de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela desde hace varios años:
“Implicará, si se aprueba, la anulación de la libertad de asociación en Venezuela y, junto con ella, afectará otros muchos derechos porque al hacer prácticamente imposible la creación de ONG, la creación de asociaciones o fundaciones, imponiendo requisitos exorbitantes, se impide que la soberanía se organice y ejerza”.
“La participación en asuntos públicos también se verá afectada porque expresamente el proyecto de ley señala que, si una organización no ha cumplido con toda la infinidad de requisitos que allí se exigen, no puede participar porque no está registrado en el Registro que pretenden crear y que es adicional al ya existente”.
El proyecto de ley implicará que al final solo las organizaciones que el gobierno quiera tendrán personalidad jurídica y el resto serán declaradas de acuerdo a los propios términos de la Ley, inexistentes.
“Esta Ley no reconoce la personalidad jurídica de las organizaciones ya existentes, las que ya se registraron, las que ya han cumplido con todos los requisitos de la ley actual y a esas organizaciones se les ilegalizan y se les obliga, a partir de cero, como que si nunca hubieran existido”.
“La ley obliga a que todas las organizaciones reescriban sus actas constitutivas, incorporen nuevos fines que la ley establece, nuevos objetivos que la ley establece que incorporen actividades con el gobierno, ente otros aspectos”. De acuerdo con la ley, se obliga a que las asociaciones incluyan como miembro a funcionarios públicos, algo que es realmente insólito”.
“Las consecuencias, sobre todo para las organizaciones que denuncian violaciones de derechos humanos, es que lo más probable no se les permita constituirse, no se les dé la posibilidad de continuar”.
“Si una organización trabaja con indígenas waraos, por ejemplo, eso implica que debería estar inscrita, no solo en el estado Delta Amacuro, sino también en los otros estados donde ellos habitan, con lo cual la organización debe estar inscrita en Monagas, Bolívar y, si por ejemplo, no está inscrito en alguno de estos estados y si tiene una medicina en el Delta, pero tiene que enviarlas al estado Bolívar porque lo necesitan, no los puede trasladar porque la ley obliga que deben estar inscritas en los tres estados para poder hacerlo. Entonces, no estamos hablando aquí de sutilezas legales, ni de cosas leguleyas. Estamos hablando de vicios que atentan contra los más elementales derechos humanos”.
Los costos de mantenimiento de las organizaciones, que tendrán que tener estructuras fijas para renovar constantemente estos permisos, serán muy onerosos y eso tiene una repercusión práctica. “Por ejemplo, si un donante da un dinero para alimentar personas o dar medicinas, si antes daba 10 dólares, por poner un caso, y de esos 10 dólares los costos administrativos eran 0,5; ahora puede ser uno o dos dólares por cada 10. Entonces eso implica que, en vez de llegarle más ayuda, le va a llegar menos ayuda a la gente porque los costos operativos para mantener la organización se encarecen”, explicó Daniels.
“La ayuda humanitaria se ejecuta a través de Naciones Unidas, esa ayuda no la ejecuta directamente Naciones Unidas sino que quienes están en el terreno ejecutando esa ayuda humanitaria son las ONG y de ahora en adelante, muchas dejan de operar y Naciones Unidas no va a poder suplir esa falta y de esto estamos hablando, de las vidas en riesgo que pone este proyecto”.
Familiares de presos políticos protestaron el pasado jueves, 16 de mayo, por las «condiciones inhumanas» en las que se encuentran sus parientes en la cárcel El Rodeo I, ubicada en el municipio Zamora del estado Miranda.
En las inmediaciones del Ministerio Público, ese día, Andreina Baduel, hermana de Josnar Adolfo Baduel, denunció que al menos 45 presos políticos han sido trasladados a este lugar el 4 de abril. La mayoría estaba en la sede Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
“Seguimos denunciando para que cese la tortura, para que cesen las violaciones a los derechos humanos, y es que me acompaña un gran temor porque es público, notorio y comunicacional el horror al que fue sometido mi padre y por lo cual murió en custodia, y que hoy temo que mi hermano y muchos presos políticos corran la misma suerte”, añadió Andreina Baduel.
Cuatro días después de esa protesta, este lunes 20 de mayo, Andreina Baduel denunció que le prohibieron visitar a su hermano Josnars Adolfo en El Rodeo I: “La argumentación es porque supuestamente al denunciar las violaciones de DDHH y las condiciones a las que está siendo sometido en el Rodeo I, estoy ‘incitando al odio'”, señaló en su cuenta de X.
#AhoraVPItv | Familiares de presos políticos denuncian la situación en la que se encuentran los reclusos en el Rodeo I.
“Denunciamos un nuevo centro de tortura. Tantos ellos como la familia somos encapuchados en el área de visitas”.
🆘 #Denuncia Cuerpos represores del régimen niegan visitas en El Rodeo I, a familiares que están denunciando la situación de los presos políticos allí detenidos.
Denuncio que me prohibieron la visita a mi hermano @jbaduel
La argumentación es porqué supuestamente al denunciar las violaciones de DDHH y las condiciones a las que está siendo sometido en el Rodeo I, estoy “INCITANDO AL ODIO”.
Sobre el traslado de presos políticos desde El Helicoide a El Rodeo I, Zair Mundaray, exvicefiscal de la República, informó que varios de ellos fueron víctimas de tortura, entre ellos Antonio José Sequea Torres, Juan Carlos Caguaripano, Víctor Alejandro Pimienta, el teniente José Ángel Barreno, los sargentos Evan Rincón y Fernando Noya Contramaestre (quien tiene nacionalidad española).
“Se conoce que les colocaron electricidad y les apuntaron con un fusil en la boca. Me indican que el motivo fue la protesta frente a la pretensión de dejar a los 45 trasladados sin visita por un mes, según ellos por ‘período de adaptación’. Es de recordar que todos son parte de operación Gedeón salvo el Capitán Caguaripano”, añadió Mundaray.
#ATENCIÓN El 4 de Abril cuando fueron trasladados ños presos politicos desde el Helicoide al campo de concentración El Rodeo I, me informan que fueron víctimas de tortura los capitanes: Antonio José Sequea Torres, Juan Carlos Caguaripano, Victor Alejandro Pimienta, el teniente…
Seis de cada 10 eventos delictivos acontecidos en el primer cuatrimestre de 2024 fueron homicidios de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia.
De acuerdo a un estudio del OVV, en el primer cuatrimestre de este año se produjeron 65 eventos delictivos y 121 víctimas. Además de los homicidios, destacaron los robos y las agresiones con un porcentaje de 17% y 12%, respectivamente.
El OVV expuso que aunque los jóvenes son las principales víctimas de la violencia en el Área Metropolitana de Caracas otros grupos etarios van en ascenso, como es el caso de las personas mayores de 60 años que en este estudio representaron el 10% de los delitos.
Segúnla Asociación Civil Convite, al menos 350 adultos mayores murieron de forma violenta en el país en 2023, lo que representó un 7% de los homicidios.
A esa situación de violencia se le suman los bajos ingresos con una pensión de 130 bolívares mensuales (poco más de 3 dólares), abandono de sus familiares producto de la migración y la falta de acceso a salud y alimentación.
Otro modus operandi para los homicidios
Según el OVV, las armas de fuego han pasado a un segundo plano en la perpetración de los delitos.
De acuerdo a lo recabado por los investigadores de la ONG, en el 51% de los casos se emplearon objetos cortantes o punzantes, la fuerza física y otros tipos de armas.
También, prevaleció laviolencia interpersonal y los delitos perpetrados por los familiares y conocidos de las víctimas.
El candidato opositor Edmundo González Urrutia habló de su experiencia en La Victoria, estado Aragua, donde realizó su primer acto público de campaña de cara a las elecciones presidenciales.
Mediante su cuenta de Instagram, González Urrutia compartió un video que recopila todo el sábado 18 de mayo, día en que acudió a La Victoria junto a María Corina Machado, Freddy Superlano, Delsa Solórzano, Andrés Velásquez, entre otros dirigentes.
“Ayer fue un día emocionante al volver al lugar donde nací y crecí (…) Ver la alegría y la esperanza en cientos de rostros me llena de un gran compromiso”, señaló el candidato opositor en la descripción del video.
También, González Urrutia confesó que jamás pensó en eso, pero ante esta “encrucijada”, junto a su esposa Mercedes y sus hijas Mariana y Carolina, decidieron “en familia dar un paso al frente por Venezuela”.
“Unidos vamos a lograr pasar de la división a la unión, del abuso de unos pocos al Estado de derecho para todos, de este presente indigno a un futuro digno para todos. Amigos, hemos iniciado La Victoria”, agregó Edmundo González Urrutia.
Será un presidente que no insulta ni ve a sus adversarios como enemigos
Durante el acto en La Victoria, Urrutia afirmó que si gana las elecciones presidenciales, el país no será uno en el que el presidente insulta.
“Imaginemos por un momento el país que viene: un país en el que el presidente no insulta ni ve a sus adversarios como enemigos”, señaló el candidato opositor ante la multitud que lo acompañaba.
También, el embajador señaló que en una Venezuela gobernada por él “habrá luz” y “habrá agua”, en referencia a las constantes fallas en el servicio eléctrico y de agua potable que padecen millones de ciudadanos en el país.
