Inicio Blog Página 879

El sifrinismo al rescate de la revolución

0
No podemos pasar por alto que el “reportaje” de Telesur señaló que todas esas flamantes camionetas último modelo llegaron al país “a pesar del bloqueo”. El mismo “bloqueo” que impide traer medicinas

@AAAD25

Cuando Hugo Chávez se lanzó a la presidencia de Venezuela, el grueso de la extrema izquierda local, históricamente una parranda de bates quebrados electorales, se montó en su tren. Hubo algunas excepciones, como el otrora comandante guerrillero Douglas Bravo (cuyo peculiar ideario, que combinaba el pensamiento bolivariano con el marxismo, irónicamente influyó bastante en Chávez).

Para muchos de esos ñángaras, el chavismo no era un movimiento genuino de izquierda. Tomaron la decisión correcta de oponérsele, pero por razones equivocadas, pues siempre fue una necedad pretender que en el chavismo no había nada de socialismo extremo. Bueno, al menos hasta hace unos años, cuando la necesidad de buscarse un nuevo método para extraer riquezas y seguir en el poder obligó a la elite gobernante a despojarse de sus ropajes marxistoides.

Pero volvamos a la etapa de extrema izquierda en el chavismo. Como todo movimiento de inspiración marxista, el discurso de lucha de clases era un rasgo bastante común. Se utilizaba para polarizar a la sociedad, dividiéndola irreconciliablemente entre ricos y pobres. Los primeros, desde luego, eran los malos de la película. Los detestables burgueses. Los oligarcas. Los “sifrinitos”. El este de Caracas se volvió la geografía del privilegio ilegítimo. Las advertencias de los economistas sobre una hecatombe por las políticas del gobierno eran desestimadas como cosa de IESA boys “neoliberales” al servicio de esos intereses perversos.

Pues la catástrofe llegó y el resto es historia. Como de costumbre, la reacción propagandística de los responsables ha sido errática e incoherente. En un primer momento, en línea con el ideario chavista original, los empresarios fueron los señalados como culpables. Fue esta la etapa de denuncias de “guerra económica”, “especulación”, “acaparamiento” y demás. Luego hubo intentos de negar que la crisis existiera en primer lugar. ¿Recuerdan a Delcy Rodríguez proclamando alegremente que en Venezuela había suficiente comida para alimentar a muchos otros países?

Pero ahora, con la perestroika bananera en pleno desarrollo y la relación cordial entre Miraflores y Fedecámaras, otro gallo canta. Ciertamente no es el gallo rojo que en Venezuela simboliza el comunismo. Ahora, para comprobar que Venezuela es en realidad un país próspero donde casi todo el mundo está feliz, el chavismo hace fiesta exhibiendo todo aquello de lo que alguna vez denigró: capitalismo, consumismo, riqueza y exclusividad.

La primera muestra de esa hipocresía que pasó por mis desdichados ojos vino ni más ni menos que del periodista y otrora diputado Alberto Aranguibel, una de las voces más radicales y de izquierda trasnochada en el seno del chavismo (seno del cual fue execrado en diciembre del año pasado por unos comentarios apologistas del Tercer Reich, en medio de una rabieta anti-Israel por la guerra en Gaza). Pues bien, lo cierto es que algún tiempo antes el señor de marras se puso a celebrar las imágenes de alguno de esos nuevos locales en Caracas dedicados a la venta de artículos eléctricos para el hogar, lleno de gente. Si mal no recuerdo, por rebajas de Black Friday. Es decir, una orgía de consumo materialista importada de Estados Unidos. ¡Para lo que quedó la “descolonización del pensamiento”!

Hablando de importaciones, en Venezuela el gobierno trae para acá a propagandistas extranjeros. Dos de ellos hace poco se vinieron a la capital para grabar un “documental” para Telesur sobre cómo, citando a Bill Clinton, “todo está chévere en Caracas”. El dúo entre otras cosas muestra el éxito del Sambil La Candelaria y entre sonrisas bebe tragos de ron Santa Teresa. Fíjense ustedes. Aunque el credo oficial del gobierno sigue siendo el socialismo revolucionario y uno de los propagandistas es un entusiasta admirador de Fidel Castro, lo que exaltan de Venezuela es un producto de la empresa privada. Y, además, de los negocios de dos de las familias más ricas del país, los Cohen y los Vollmer. Ni por asomo dicen que ese centro comercial que tanto los deslumbra fue por años una ruina porque Chávez, en otro de sus caprichos, decidió estatizarlo.

Esta misma semana, Telesur volvió a una de las suyas, con un “reportaje” sobre cómo las ventas de vehículos nuevos en Venezuela subieron significativamente (un dato confirmado por la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, pero que no puede abstraerse del hecho de que es un rebote luego de una caída abismal).

Para probarlo, se visitó un concesionario con pinta de lujoso en un lugar no especificado de Caracas pero que, les puedo asegurar, no era La Vega ni el barrio Maca de Petare. 

Quienes me conocen saben que me chocan las suposiciones de que cualquier propietario de comercios así, o cualquiera de sus clientes, tiene que ser un “enchufado”. Pero eso no niega que solo un porcentaje minúsculo de la población puede pagar decenas de miles de dólares por un carro de agencia nuevecito. Así que es absurdo tomar eso como demostración de una recuperación económica generalizada e inclusiva. ¡Ah! Y no podemos pasar por alto que el “reportaje” señaló que todas esas flamantes camionetas último modelo llegaron al país “a pesar del bloqueo”. El mismo “bloqueo” que impide traer medicinas. Asumamos por un momento que ambas premisas son certeras (no lo son). ¿Eso no deja acaso muy mal parado el orden de prioridades?

Noten que todos los ejemplos que refiero son en Caracas. Todos, menos el Sambil La Candelaria, en el este de Caracas. La ciudad que está mal, pero mucho mejor que el resto de Venezuela. La ciudad donde se concentra como nunca antes la riqueza nacional. Ni de broma hay documentales o reportajes sobre alguna aldea pemón donde nunca hay gasolina y la única escuela se cae a pedazos. O una localidad en la Sierra de Perijá donde se pasa ocho horas al día o más sin luz. A este paso, los muchachos de Telesur se restringirán a Las Mercedes y al corredor de La Castellana, Altamira y Los Palos Grandes.

Tanto satanizar el “sifrinismo” para luego abrazarlo. No será, claro, la primera vez ni la última. Sobran historias de izquierdistas revolucionarios que una vez en el poder, en lugar de impulsar a sus países hacia la utopía sin clases sociales, se enriquecen hasta más no poder y dejan al resto de la población en la miseria. En su crítica tanto del psicoanálisis como de la ortodoxia marxista, Deleuze y Guattari apuntan a un deseo inconsciente que puede truncar el “interés de clase” preconsciente, lo cual explicaría cómo es que tantas revoluciones terminan creando mamotretos autoritarios, burocráticos y creadores de privilegios para la nomenklatura. Pero lo que en otros casos fue más disimulado, en Venezuela se hace con desparpajo. ¡Viva la revolución! ¡Vivan los sifrinos!

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Aruba, el país con más refugiados respecto a su población nacional por migración venezolana

0

Aruba es el país que ha dado acogida al mayor número de refugiados en relación con su población nacional (1 de cada 5 personas) y Curazao el cuarto (1 de cada 13), según el último informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El reporte señala que a finales de 2023 había 117,3 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, “debido a persecuciones, conflictos, violencia, violaciones a los derechos humanos  o acontecimientos que han alterado gravemente el orden público”. Este total representa 8,8 millones de personas más que las registradas en esta condición en 2022.

Según reseña el portal web Crónicas del Caribe, el censo de Curazao arrojó como resultado una población de 155.826 personas, mientras que en Aruba residen otras 106.445. Los venezolanos representan el 9% de la población de Curazao y el 16% de la de Aruba, si se toma como referencia la información suministrada por R4V.

Por su parte, la Oficina Central de Estadísticas de Curazao reconoce “un incremento significativo entre los individuos nacidos en Venezuela”, mas apenas contabiliza 4.261 venezolanos en la isla, al tiempo que el número oficial en Aruba no llega a los 7 mil.

En septiembre de 2022, el entonces secretario de Estado de Justicia y Seguridad de Países Bajos, Eric van der Burg, reconoció que Aruba y Curazao “la están pasando mal” por la presión migratoria que produce el éxodo de venezolanos. En el marco de una gira por el Caribe Neerlandés, Van der Burg agregó: “Si se observa la cantidad de personas que están aquí en Aruba provenientes de Venezuela, es como si los Países Bajos recibiéramos a casi 2 millones de personas” en su territorio.

 
*Con información de Crónicas del Caribe 

¿EEUU reconocería una victoria de Maduro? Lo que dice encargado de ese país para Latinoamérica

0

En una entrevista concedida a la agencia de noticias EFE, Brian Nichols, encargado para Latinoamérica del Departamento de Estados Unidos, opinó que todavía hay tiempo para que las elecciones presidenciales en Venezuela «sean competitivas» y, de ser así, el gobierno norteamericano estaría dispuesto a reconocer los resultados de los comicios del próximo 28 de julio si cumplen con unos «estándares mínimos», como la observación internacional y plural.

«Obviamente el campo de juego está inclinado a favor de Maduro, pero si nos fijamos en el tamaño de las manifestaciones de la oposición, vemos que hay mucho entusiasmo y la oposición es bastante optimista. Observaremos el proceso de cerca y esperamos que la presencia de observadores internacionales ayude a brindar mayores garantías al proceso», dijo Nichols en la entrevista publicada este 21 de junio.

A 37 días de las elecciones presidenciales venezolanas, el representante de EEUU consideró que «la comunidad internacional examinará el proceso y tratará de determinar si cumple o no los estándares (…), no lo decidirá Estados Unidos individualmente». 

Ante la posibilidad de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela si llegara a ganar estos comicios, Nichols respondió que «dependerá de las circunstancias» del proceso electoral. «Todavía queda más de un mes para las elecciones y veremos qué ocurre hasta entonces», dijo.

Hasta ahora el madurismo lidera la represión

La ONG Laboratiorio de Paz y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunciaron que más de 30 activistas políticos han sido detenidos arbitrariamente o se encuentran refugiados por represalias del régimen de Maduro. 

El 20 de junio se registraron al menos 12 denuncias sobre inhabilitaciones de alcaldes en los estados Trujillo, Táchira y Delta Amacuro por su presunta participación en los mitines políticos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal plancha política de oposición en estos comicios. Si bien la página web oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) los catalogó como «inhabilitados para ejercer cargos públicos», ninguno de los intendentes municipales recibieron alguna notificación formal por la Contraloría general de la República (CGR) de alguna investigación en su contra. 

Ese mismo 20 de junio, el gobernante Nicolás Maduro y otros siete candidatos acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) a firmar un acuerdo de reconocimiento de resultados de cara a los comicios pero sin reconocer el Acuerdo de Barabdos, un documento firmado en octubre del año pasado entre miembros de la oposición y el chavismo para mantener unos estándares de veracidad y verificación electoral.

Maduro, Daniel Ceballos (Arepa), Benjamín Rausseo (Conde), José Brito (Primero Venezuela), Luis Eduardo Martínez (AD intervenida por el TSJ), Claudio Fermín (Soluciones) , Javier Bertucci (El Cambio) y Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz) firmaron el nuevo acuerdo ante el CNE. 

Los ausentes fueron el candidato Enrique Márquez y el aspirante por la PUD, Edmundo González Urrutia, quien aseguró horas antes que no fue invitado a la firma y dijo que un acuerdo de este tipo «nunca debe ser impuesto unilateralmente».

Entre los ocho puntos de ese acuerdo se destacó el levantamiento de las sanciones contra miembros específicos del chavismo que tienen cargos públicos, que, según las declaraciones del gabinete de Maduro, «impide» que se celebren unas elecciones libres. 

*Con información de EFE

 

Márquez calificó de inútil firma de acuerdo en el CNE 

0

El candidato a la presidencia de la República por el partido Centrados, Enrique Márquez calificó este viernes el acuerdo suscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por ocho de los 10 aspirantes a la silla de Miraflores como inútil, redundante e incompleto.

Márquez sostuvo que se negó a acudir al CNE el jueves porque el acuerdo fue hecho de manera unilateral y no pudo “opinar ni discutir su contenido”.

Al igual que Márquez, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, tampoco asistió porque dijo que ni siquiera fue invitado y además el gobierno ya ha irrespetado los acuerdos de Barbados.

“Hubiéramos firmado si hubiéramos podido opinar y discutir el contenido, pero eso no fue posible. Era una orden, venga usted a firmar. No tenemos por qué acatar órdenes políticas desde Miraflores“, dijo Márquez en referencia al acuerdo que fue propuesto por Nicolás Maduro y su entorno.

Agregó que es inconstitucional que suspendan su candidatura por negarse a firmar un acuerdo, puesto que no está violando normativa alguna.

“No veo ninguna sanción legal que se me pueda imponer por no firmarlo. Ahora, estamos claros que hay un sector del país, que es el que gobierna, que está acostumbrado a doblarla, a torcer la ley, para pasar factura. Estamos listos para cualquier factura que quieran pasar, no hemos violado nada”, indicó.

González Urrutia argumentó que el reconocimiento de los resultados ya está contemplado en el Acuerdo de Barbados, suscrito entre la PUD y el gobierno en octubre del año pasado, con acompañamiento y respaldo internacional.

El acuerdo que firmaron Antonio Ecarri, Daniel Ceballos, Claudio Fermín, Javier Bertucci, Benjamín Rausseo, José Brito y Luis Martínez, además del propio Maduro establece mantener un “clima de respeto, paz y participación democrática, para que, en la jornada electoral y los días posteriores no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país”.

 

Refugiadas venezolanas enfrentan una doble desprotección en países de acogida

0

Amnistía Internacional (AI) recordó este jueves, Día Internacional de las Personas Refugiadas, que millones de personas en el mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de un refugio seguro, huyendo de condiciones que amenazan su vida. Entre ellos, millones de venezolanos y venezolanas. Estas últimas enfrentan condiciones que las hacen más vulnerables. 

En un webinar de YouTube, representantes de la ONG aseguraron que, en lo que va de 2024, las cifras son «muy preocupantes».

Adeline Neau, investigadora de la Oficina Internacional de las Américas de Amnistía Internacional, comentó que para finales de abril de 2024 más de 120 000 000  de personas se encontraban en situación de desplazamiento forzado, un 7% más que el año anterior.

De esta cifra, 43 300 000 corresponden a personas refugiadas o en situaciones similares y 5 800 000  requieren protección internacional bajo el mandato de Acnur.

La investigadora detalló que entre las poblaciones refugiadas más numerosas se encuentran Siria y Afganistán, representando un tercio del total mundial.

A esta cifra se suman unos 6 000 000 de refugiados ucranianos y 6 100 000  de venezolanos desplazados, víctimas de crímenes de lesa humanidad, persecución o la crisis hiperinflacionaria de Venezuela.  

Mujeres refugiadas, doble vulnerabilidad

Las expertas, y miembros de AI, Nastassja Rojas, Rosario Grados y la ya mencionada Neau, abordaron en la situación particularmente vulnerable de las mujeres refugiadas.

Neau recordó que, entre 2021 y 2022, AI llevo a cabo una investigación con especial foco en las mujeres venezolanas. Los resultados fueron alarmantes: las refugiadas enfrentan una doble desprotección, al no ser reconocidas como tales en todos los países y al verse expuestas a altos niveles de violencia basada en género.

De los venezolanos refugiados más de 5 millones se encuentran actualmente en algún país de América Latina.  Colombia y Perú han acogido al mayor número de personas refugiadas venezolanas: se calcula que en Colombia viven  1 840 000 de personas en Colombia y en Perú 1 290 000 

Las mujeres representan el 50% de las personas refugiadas en Colombia y el 58% en el Perú. Las expertas apuntan que la falta de documentación las coloca en una situación aún más desfavorable y les dificulta el acceso a la protección y la justicia.

Llamado a la acción: actualizar marcos legales y fortalecer la protección

Nastassja Rojas, directora adjunta en Colombia para AI Venezuela y politóloga, explicó que las convenciones de Ginebra sobre refugiados y el tratado de Cartagena sobre refugiados, si bien han sido hitos importantes, «requieren ser adaptadas a un contexto global marcado por nuevas formas de violencia, persecución y riesgos para la vida y la dignidad humana»,

La directora adjunta mencionó que hay tres niveles de acción para los refugiados: internacional, regional y nacional. Reconoció los avances en el plano internacional, pero lamentó que «muchos estados todavía desconocen la problemática de refugiados de Venezuela».

Por lo cual hizo un llamado a «operacionalizar» esos acuerdos internacionales y trasladarlos a la práctica en los distintos Estados. «Hay una tensión para evitar llegar a esas garantías internacionales que deberían tener los refugiados», afirmó.

La politóloga enfatizó la importancia de actualizar e incluir nuevos factores de riesgo para los refugiados en los países de acogida, como los riesgos ambientales o digitales.

Falta de mecanismos regulatorios nacionales

Por su parte, Rosario Grados, politóloga responsable de proyectos de Amnistía Internacional Perú, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección en Perú, donde hay más de 1.7 millones de venezolanos de acuerdo a la ONG.

«En Perú no tenemos un mecanismo para generar regulación a personas que entran por las fronteras. Se han desmantelado los mecanismos de protección», reconoció la representante de AI Perú, quien recordó que el año pasado aún se comentaba sobre medidas complementarias para atender esta situación.

Pero, de acuerdo a Grados, la criminalización de la migración irregular en territorio peruano, a través del decreto 13.50, que penaliza a las personas que ingresan al territorio de manera irregular, ha obstaculizado el acceso a la protección de refugiados.

El número de víctimas de trata se ha incrementado en el 100%, según las cifras del ministerio de la mujer de Perú. «Son víctimas de violencia de género e hipersexualización», comentó Grados.

Plan a 10 años para los refugiados en Latinoamérica

A pesar de los avances logrados en materia de protección internacional y regional, las expertas coincidieron en que aún queda un largo camino por recorrer antes del próximo Día Internacional de las Personas Refugiadas. 

La responsable de proyectos de AI Perú adelantó que se trabajará en una medida a largo plazo, aunque no dio detalles respecto a las medidas que se implementarán.

«Los Estados se están reunión para hacer un plan a 10 años. Desde Amnistía llamamos implementar ese acuerdo en todas las personas. Para que se traduzca en realidad a las personas de la región que lo necesitan», comentó.

La operacionalización de las normas existentes, la implementación de herramientas diferenciadas para atender las necesidades específicas de los refugiados y la articulación efectiva entre las instituciones estatales son algunos de los desafíos pendientes para los países latinoamericanos.

«No retrocedamos. Los mecanismos de protección deben fortalecerse. No criminalicemos a personas refugiadas», sentenció Rojas.

Centro Carter vendrá a elecciones del 28J pero con “observación limitada”

0

Por medio de un comunicado, el Centro Carter informó este viernes 21 de junio que vendrá a Venezuela a observar las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, pero debido al tamaño y alcance limitado de la misión “no realizarán una evaluación integral de los procesos de votación, conteo y tabulación”. 

De acuerdo con un comunicado desplegado en su sitio web, “las evaluaciones de la misión se basarán en el marco legal nacional, así como en las obligaciones y estándares regionales e internacionales de derechos humanos para unas elecciones democráticas”. 

A diferencia de la Unión Europea, a la que el régimen de Nicolás Maduro retiró la invitación después de haberlo concretado en los Acuerdos de Barbados, el Centro Carter se mantiene en pie, pero ahora con una observación que será limitada.

Este jueves, Jennie Lincoln, asesora principal para América Latina y el Caribe, confirmó la asistencia de la organización en el proceso electoral.

Lo acordado es que una misión técnica llegue al país el 29 de junio para iniciar un proceso que incluirá evaluación de las campañas de los candidatos y organización de los centros de votación.  

En anteriores oportunidades, el rector Conrado Pérez había confirmado la presencia del Centro Carter en Venezuela.

Raspados en anteriores elecciones 

La última vez que el Centro Carter vino a Venezuela fue en las elecciones regionales de 2021, cuando según su misión técnica encontró injerencia política por parte del Estado y concluyó que los comicios no cumplieron con los estándares democráticos internacionales. 

A la ausencia de la Unión Europea, a quien el presidente del Consejo Nacional Electoral Elvis Amoroso dijo que le retiraba la invitación por respaldar las sanciones internacionales, se suman las de Colombia y Brasil, países cuyas administraciones habían mostrado preocupación por el equilibrio democratico en Venezuela y las inhabilitaciones.  

Este jueves, Maduro junto a otros candidatos supuestamente de oposición firmaron un acuerdo de reconocimiento elaborado por el CNE al que no asistieron Edmundo González Urrutia de la Plataforma Unitaria Democrática y Enrique Márquez de Centrados.

 

Plataforma Unitaria: Detenciones e inhabilitaciones no detendrán decisión de cambio

0

Este jueves, 20 de junio, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), emitió un comunicado para dejar claro que las recientes detenciones e inhabilitaciones políticas “no detendrán la decisión de cambio de la mayoría”. 

A través de su cuenta en X, la PUD denunció que Nicolás Maduro ante el apoyo que ha recibido el candidato Edmundo González Urrutia, “usa la inconstitucional figura de las inhabilitaciones administrativas para castigar a dirigentes políticos y autoridades electas”. 

Hasta el momento, ocho alcaldes del estado Trujillo y dos de Nueva Esparta han sido inhabilitados para ejercer cargos públicos, según reseña la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

El comunicado también señala la detención de los periodistas Gabriel González y Luis López, así como también de Jean Carlos Rivas; miembro de Voluntad Popular, Juan Iriarte; miembro de Vente Venezuela y la del alcalde del municipio del estado Táchira Jonnhy Liscano y la reciente orden de captura contra Rigoberto Ovallos, alcalde del municipio Antonio Rómulo Costa en el estado Táchira. 

“Exigimos que se respete el Acuerdo de Barbados y que se otorgue la libertad plena de todos los presos políticos porque hacer política e informar no es un delito”, finaliza el escrito.

Ocho candidatos firmaron acuerdo electoral

El pasado 20 de junio, ocho candidatos firmaron en el Consejo Nacional Electoral un acuerdo de reconocimiento de resultados, en el que se insta a competir en un clima de “respeto, paz y participación”, pero las acciones como las denunciadas por la Plataforma Unitaria indican que está ocurriendo lo contrario.

El documento fue suscrito por Maduro y por Daniel Ceballos, (Arepa) Benjamín Rausseo (Conde), José Brito (Primero Venezuela), Luis Eduardo Martínez (AD intervenida por el TSJ), Claudio Fermín (Soluciones) , Javier Bertucci (El Cambio) y Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz).

Los ausentes fueron el candidato Enrique Márquez y el aspirante por la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, quien aseguró más temprano que no fue invitado a la firma y quien aseguró que no iría “nariceado” a firmar un acuerdo unilateral.

 

detenciones e inhabilitaciones

Candidatos pactaron un acuerdo con violaciones anticipadas

Este 20 de junio de 2024, el gobernante Nicolás Maduro y otros siete candidatos acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) a firmar un acuerdo de reconocimiento de resultados de cara a los comicios del 28 de julio. 

El documento fue suscrito por Maduro y por Daniel Ceballos, (Arepa) Benjamín Rausseo (Conde), José Brito (Primero Venezuela), Luis Eduardo Martínez (AD intervenida por el TSJ), Claudio Fermín (Soluciones) , Javier Bertucci (El Cambio) y Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz). Los ausentes fueron el candidato Enrique Márquez y el aspirante por la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, quien aseguró más temprano que no fue invitado a la firma.

Previamente, en un comunicado difundido en sus redes sociales, González Urrutia argumentó que el reconocimiento de los resultados ya está contemplado en el Acuerdo de Barbados, suscrito por oposición y chavismo en octubre de 2023, y también consideró que un acuerdo de este tipo “nunca debe ser impuesto unilateralmente”. 

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, se refirió a la ausencia de González durante la lectura del acuerdo. La cámara de VTV mostró un sillón vacío que supuestamente habían reservado para el candidato opositor mientras Amoroso expresaba: “Edmundo González no acudió al llamado de la patria”.

 

En otras declaraciones difundidas por medios que cubrieron el evento Amoroso señaló: “Ellos -la oposición- lo que quieren es desconocer, desestabilizar y sabotear este proceso, pero con ellos o sin ellos, aquí habrá elecciones el 28 de julio (…) Si ellos no quieren presentarse, es problema de ellos”.

Ya el CNE se cobró el cheque en blanco

El acuerdo suscrito por ocho de los candidatos consta de nueve puntos, entre los que se mencionan la necesidad de respetar la Constitución y las leyes electorales, reconocimiento a la autoridad del CNE  y al “cumplimiento de garantías electorales” por parte del máximo órgano comicial, el clima que debe reinar en las elecciones, el compromiso de aceptar los resultados, un pedido de “respeto” a los gobiernos del mundo a la soberanía de Venezuela, la exigencia del levantamiento de sanciones, entre otros aspectos. 

A continuación, detallamos los puntos controversiales del acuerdo y los que, anticipadamente, se han venido violando. 

Unilateralidad y censores en el CNE

El primer punto del acuerdo suscrito destaca que se debe reconocer al CNE como la única autoridad “legítima y competente para la organización, administración dirección y vigilancia” de la elección presidencial del 28 de junio.

Pero pareciera que es el propio CNE quien está poniendo en entredicho su credibilidad y reconocimiento de su autoridad con sus acciones. Una semana antes de la firma de este acuerdo un rector principal sorprendió al alertar sobre irregularidades dentro del ente comicial que afectan el proceso de las presidenciales.

En entrevista con Efecto Cocuyo Juan Carlos Delpino reveló que el CNE “no se reúne desde marzo”, denunció que Elvis Amoroso tomaba decisiones de forma “unilateral” y alertó sobre la existencia de “censores internos” en el ente comicial. 

“Elvis Amoroso toma decisiones sin convocar a sesión desde marzo. El CNE es un cuerpo colegiado y yo tengo derecho a votar, salvar mi voto y razonarlo, y a hacer valer el derecho de todos los candidatos”, disparó Delpino en esa conversación, en la que también que la decisión de revocarle la invitación a la misión electoral de la UE “la tomó él”. 

Sin plenas garantías electorales

En el  punto tres del acuerdo, los candidatos que suscribieron el documento certificaron con su firma que el Consejo Nacional Electoral “ha venido dando cumplimiento a las garantías electorales en cada una de las fases del proceso establecidos en el cronograma electoral”. De igual forma,  se comprometen a “convalidar los resultados emitidos por el Poder Electoral, respetando la expresión perfecta de la voluntad popular manifestada a través del sufragio, en consonancia con lo previsto en los acuerdos de Barbados y Caracas”.

Sin embargo, la realidad ha sido otra desde las primeras fases del proceso. Aunque el Acuerdo de Barbados, que menciona el propio CNE , establecía que se debía respetar el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato, lo cierto es que a la oposición se la pusieron difícil para postular a su aspirante: a la ganadora de las primarias, María Corina Machado, la bloquearon por la inhabilitación que le ratificó el Tribunal Supremo de Justicia.  A la candidata sustituta, Corina Yoris, tampoco se le permitió la inscripción y solo fue en los minutos finales del lapso estipulado por el CNE cuando la Plataforma Unitaria pudo inscribir a Edmundo González como candidato “tapa”. 

Por otra parte, organizaciones como la Red Electoral Ciudadana han denunciado que las garantías electorales no han sido plenas. Hubo varios alertas sobre los obstáculos que puso el organismo comicial a la inscripción de votantes en el exterior, ya que en países como Argentina el registro abrió hasta con dos semanas de retraso, lo que limitó la inscripción de votantes.

Las quejas sobre retrasos en la apertura del proceso en las sedes diplomáticas del Gobierno venezolano en el extranjero no solo vinieron desde Argentina,  sino desde otras ciudades del mundo como Madrid, Berlín, Quito, Bogotá, entre otras.  

Al retraso se le sumó la petición de requisitos casi imposibles a los venezolanos en el exterior. En entrevista a Runrun.es el pasado 5 de abril la coordinadora de AlertaVenezuela, Ligia Bolívar, denunció que con estas acciones el ente electoral estaba violando el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que reza que podrá votar todo el que demuestre legalidad de permanencia fuera de Venezuela. 

Proyecciones del Observatorio Electoral Venezolano indican que apenas 69.000  de los 7,7 millones de venezolanos residentes en el exterior podrán sufragar en las presidenciales del 28 de julio, menos del 1% de la diáspora, reseña una nota de Efecto Cocuyo. 

Asimismo, el CNE publicó el registro electoral preliminar un par de días después de lo contemplado y, a pesar de ello, no se extendió el lapso para generar solicitudes de incorporación e impugnación.

Además se ha señalado la ausencia de comunicación desde el CNE para promover cada hito del proceso, vacío de comunicación “que afecta los derechos de los electores”, expresó en una presentación virtual el pasado 18 de junio Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven. 

El clima no ha sido de respeto, sino de persecución y arbitrariedades

El punto cuatro del acuerdo que firmaron en el CNE ocho candidatos invita a “competir en un clima de respeto, paz y participación democrática, para que durante el proceso electoral del 28 de julio de 2024 y los días posteriores a éste, no se interfiera o desconozca la voluntad del pueblo de Venezuela con hechos de violencia y desestabilización que atenten contra el bienestar del país”.

Pero la cordialidad salió del grupo a pocos minutos de la firma del acuerdo. El candidato Antonio Ecarri le insistió a Maduro para que concurrieran a un debate nacional y Maduro, en tono displicente, le respondió: “Tú no aguantas un espuelazo, Ecarri”. Horas después decía, Maduro se refirió a ese episodio con Ecarri y dijo ante sus seguidores que Ecarri lo tenía “ladillado”. 

 

Y para quienes apoyan al candidato opositor Edmundo González el clima no ha sido ni de respeto, ni de paz como pide el acuerdo. El pasado 17 de junio la líder opositora, María Corina Machado, denunció que el régimen siguen “criminalizando la lucha electoral y la campaña” y precisó que, en lo que va de año, son 37 los dirigentes políticos y sociales “detenidos por la tiranía”,  10 directamente vinculados al comando de campaña opositor.

A las detenciones se suman otras acciones de amedrentamiento.  Hasta el 10 de junio pasado, la ONG venezolana Laboratorio de Paz registraba que  solo un estado de Venezuela de los 13 por donde había pasado la campaña electoral del candidato Edmundo González Urrutia y la líder de la oposición María Corina Machado no había reportado violaciones a los derechos civiles y políticos.

A excepción del mitin político en Delta Amacuro, se registraban para ese momento 69 casos de violaciones a los derechos humanos. A la par de 25 detenciones, la ONG contabilizó  la clausura de nueve establecimientos por ofrecer bienes y servicios a la campaña electoral, órdenes de cierre temporal de al menos 35 locales en Quíbor y la confiscación de un número indeterminado de bienes vinculados al trabajo y sustento de trabajadores y trabajadoras. 

El 19 de junio pasado también se anunció la inhabilitación por 15 años de diez alcaldes opositores entre Nueva Esparta y Trujillo, así como la destitución, por la mayoría chavista de la Cámara Municipal,  de dos concejales opositores en Tucupita tras la visita de la líder opositora, María Corina Machado, al estado Delta Amacuro.

Adicional a estos atropellos, sobre la tarjeta de la MUD sigue pesando como la espada de Damocles de una posible anulación, tras un recurso introducido en marzo de 2024 por Luis Ratti, y luego de que el propio Diosdado Cabello expresara en alocución televisiva que se  mantenía “por ahora” gracias a las negociaciones con Estados Unidos. 

¿Soberanía o ausencia de observación?

En el quinto punto del acuerdo del CNE se pide que los candidatos ratifiquen el llamado a los gobiernos del mundo al “respeto a la soberanía y autodeterminación de nuestra Nación”. 

El acuerdo no indica si ese respeto significa que no puedan alertar sobre las irregularidades que se denuncian desde Venezuela. Y es que cuando faltan menos de 40 días para las presidenciales, varios gobiernos del mundo han alzado su voz y no desde la perspectiva injerencista, sino para expresar preocupación por la falta de observación electoral suficiente, luego de que el pasado 28 de mayo el Consejo Nacional Electoral revocara la invitación que había extendido a la Unión Europea para enviar una Misión de Veeduría Electoral.

El propio Lula da Silva, primer mandatario brasileño, aliado ideológico de Maduro, se comunicó telefónicamente con el gobernante para recordarle la importancia de “contar con una amplia participación de observadores internacionales”.  El 19 de junio, a través de su canciller, Brasil insistió en que aspiraba que las presidenciales de Venezuela tuvieran una “amplia observación internacional” para garantizar su legitimidad. 

Otro conocido aliado del gobierno, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, también fijó posición respecto al tema de la observación electoral en las presidenciales 

En lo que respecta a la observación electoral solo se sabe que la misión de observación del Centro Carter tiene previsto llegar al país el 28 de junio. La última vez que observaron un proceso electoral en Venezuela fue en 2021, cuando se celebraron las elecciones regionales. En esa ocasión, denunciaron la  interferencia política en el CNE y concluyeron que los comicios no cumplieron con las normas internacionales básicas ni democráticas.