La mañana de este lunes 17 de agosto, el Foro Penal Venezolano (FPV), organización dedicada a la defensa de los derechos de los privados de libertad, divulgó una lista con las 78 excarcelaciones que ha podido corroborar desde el anuncio realizado por el Ejecutivo el pasado viernes, cuando anunció que 131 presos políticos serían liberados.
De acuerdo a la información oficial y la validación que ha podido hacer Foro Penal, faltaría confirmar la identidad de 53 personas.
#17Ag 8:00am Esta es la lista de 78 presos políticos excarcelados desde el pasado viernes 14 de agosto hasta ahora. Esperamos se produzcan más excarcelaciones.Todos los presos políticos deben ser liberados. pic.twitter.com/u9xUdtD0JD
Este sábado, Decy Rodríguez aseguró que 1.046 personas que se encontraban privadas de libertad han regresado a sus hogares en el marco de los acuerdos políticos.
“1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.
Hasta el momento, el Gobierno no ha publicado una lista oficial con los nombres de todos los excarcelados ni ha precisado las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas las medidas.
Llamado a la transparencia
Familiares y organizaciones no gubernamentales reclaman transparencia en el proceso de excarcelaciones por parte del gobierno interino y lo exhortan a publicar las listas de las personas que han sido liberadas.
Este sábado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos cuestionó la falta de información oficial detallada sobre las excarcelaciones. “Desde enero se repite el mismo patrón: se anuncian cifras que, al momento de su difusión, no pueden ser corroboradas independientemente”, denunció la organización, en redes sociales.
La presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, también exigió claridad sobre el número de presos políticos excarcelados en Venezuela y afirmó que están atentos a este proceso.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 17 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
En Ciudad Caribia, más de 100 familias se encuentran afectadas por los derrumbes de paredes en sus viviendas. Durante un recorrido por siete de los 12 edificios dañados en lo alto de la Cordillera de la Costa, Runrun.es constató las huellas del doblete sísmico en Ciudad Caribia y la realidad de una comunidad que reorganiza su vida desde los refugios temporales. El recorrido realizado coincidió con el inicio formal del censo de viviendas afectadas y el arribo de la segunda fase de la denominada “Operación Caracas Sonríe”.
Dinorah Figuera: “urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso”.
Lo que rompe en redes
🔴Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, afirmó que en una transición democrática en #Venezuela “no debe haber presos políticos”.
Pidió al régimen de Delcy Rodríguez claridad en las cifras oficiales sobre las excarcelaciones iniciadas el #14Agos, que difieren… pic.twitter.com/SIwi7Wgu5d
Hay tragedias que no solo ponen a prueba a los gobiernos, sino que, además, ponen al descubierto la calidad de esos Estados. Como los terremotos. Tomemos, por ejemplo, los que han sacudido recientemente a Venezuela y Colombia.
Un terremoto, por supuesto, no pregunta quién gobierna. No distingue entre izquierda y derecha, entre oficialistas y opositores. No le importa quién ocupa el Palacio de Miraflores o la Casa de Nariño.
La tierra tiembla y, en cuestión de segundos, todo cambia. Pero, pereeeero, después del terremoto, aparece una diferencia fundamental: la capacidad del Estado para responder.
En este artículo quiero comparar lo ocurrido en Venezuela y Colombia. Y no, no es para hacer política con el dolor. Todo lo contrario: es para entender por qué dos países latinoamericanos sometidos a una tragedia natural similar respondieron de maneras tan distintas.
En Venezuela, el terremoto del 24 de junio dejó al descubierto una realidad que ya conocíamos, pero que la tragedia hizo imposible ocultar ante todo el mundo: que el país no estaba preparado de manera alguna para hacerle frente a una emergencia de semejante magnitud.
Porque no basta con tener funcionarios, uniformes, vehículos. Mucho menos declaraciones oficiales. Un rescate exige otras cosas que aquí en Venezuela no hubo: equipos especializados, protocolos, comunicaciones, logística, entrenamiento, coordinación entre organismos y, sobre todo, instituciones que sepan qué hacer antes de que ocurra la emergencia, porque las primeras horas después de un terremoto son decisivas. Cada minuto puede significar la diferencia entre encontrar a una persona viva o hallarla muerta.
En demasiados lugares de Venezuela fueron los ciudadanos comunes quienes asumieron las tareas que correspondían a equipos profesionales: buscar, remover escombros, localizar sobrevivientes, transportar heridos. Salió a flote y todo el mundo fue testigo de la solidaridad de una sociedad que se vio obligada a sustituir al Estado.
Aquí debo hacer una precisión que me parece indispensable: sería absurdo decir que el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella fue el responsable de la preparación del país ante el desastre, porque llevaba apenas un día en el poder. La comparación, por tanto, no es Petro frente a De la Espriella. Es Venezuela frente a Colombia.
Y lo que mostró Colombia fue que, con todos sus problemas, con todas sus contradicciones y con todas las críticas que puedan hacerse a sus gobiernos, allá existe algo que Venezuela perdió en el último cuarto de siglo: la capacidad institucional.
Colombia tenía organismos de gestión del riesgo, grupos especializados de búsqueda y rescate, bomberos entrenados, capacidad logística, protocolos, maquinaria y personal que sabía cómo actuar ante una emergencia.
¿Fue perfecta la respuesta colombiana? No. Hubo decisiones cuestionables, momentos de confusión y críticas que deben ser investigadas. Una emergencia de esta magnitud siempre pone al descubierto fallas.
Pero hay una diferencia enorme entre cometer errores teniendo un Estado capaz de responder y no tener la capacidad institucional para responder. Y aquí aparece la verdadera lección.
Un Estado serio no comienza de cero cada vez que cambia un gobierno. Los gobiernos pasan. Las instituciones deberían permanecer. Las políticas deberían ser de Estado, no del gobierno de turno.
Los equipos permanecen. Los protocolos permanecen. La experiencia permanece. La memoria de las tragedias anteriores permanece. Ojalá se hubiera mantenido el impecable trabajo de Carlos Genatios durante la tragedia de Vargas… porque de eso se trata la institucionalidad, precisamente lo que Venezuela ha perdido durante los años del chavismo.
No fue el terremoto el que destruyó nuestra capacidad de respuesta. El terremoto simplemente la hizo visible.
La destrucción institucional no ocurrió de un día para otro. Se produjo desde el momento cuando se sustituyeron profesionales por lealtades políticas, cuando se desmantelaron organismos, cuando desapareció el conocimiento técnico, cuando se abandonaron los sistemas de prevención y cuando el Estado dejó de prepararse para aquello que inevitablemente podía y se sabía que iba a ocurrir. Yo misma escribí sobre un foro que hubo en 2017 en la CAF donde los expertos que participaron advirtieron claramente el desastre que sería el próximo terremoto de Caracas. Y no se equivocaron.
Los terremotos no se pueden evitar. Sus consecuencias, en cambio, sí pueden reducirse. Un país no puede impedir que la tierra tiemble. Pero puede tener edificios mejor preparados, sistemas de alerta, equipos de rescate, hospitales capaces de recibir heridos, comunicaciones de emergencia y personal entrenado. Puede, sobre todo, tener un Estado que sepa reaccionar. Eso fue lo que vimos en Colombia: no una respuesta perfecta, pero sí una respuesta institucional. Y eso es muchísimo.
Porque cuando alguien está debajo de los escombros, no necesita que el gobierno sea de izquierda o de derecha. No necesita discursos. No necesita propaganda. Necesita que alguien llegue. Que quienes lleguen tengan al menos una pala, no un fusil, como sucedió en Venezuela 72 horas después de haber ocurrido la tragedia. Necesita una cámara térmica, un perro entrenado, un médico, una ambulancia. Necesita que alguien sepa qué hacer.
Los terremotos de Venezuela y Colombia dejaron una comparación dolorosa: dos países vecinos. Dos pueblos que sufrieron el miedo, la pérdida y la incertidumbre. Dos gobiernos enfrentados a una naturaleza que no negocia con nadie. Pero también dos Estados con capacidades muy diferentes. En Venezuela, la tragedia mostró el precio de haber destruido las instituciones. En Colombia, con todas sus fallas, mostró cuánto vale conservarlas.
No se trata de Petro. No se trata de De la Espriella. Se trata de algo mucho más importante.
Se trata de si un país tiene un Estado capaz de proteger a sus ciudadanos cuando más lo necesitan. Porque el próximo terremoto no preguntará quién ganó las elecciones.
La única pregunta será otra: ¿habrá un Estado preparado para llegar a tiempo?…
Hago votos porque para cuando eso suceda, Venezuela haya logrado recuperar sus instituciones. No sé si llegaré a verlo, pero me gustaría pensar que será así…
Astrid Polanco camina entre las paredes rotas de su apartamento en la planta baja del bloque 223 de Ciudad Caribia con la voz quebrada. Muestra la habitación principal, pasa al baño colapsado y señala las fracturas en la mampostería. “Esta parte del cuarto se cae… todas las paredes se caen. El baño está todo caído. Como vemos, está todo destrozado”, dijo.
El 24 de junio, cuando ocurrió el doble terremoto que sacudió la zona central del país, el descuadre de la infraestructura trabó la salida de su vivienda. “Pensé que todo se me iba a caer encima. Cuando íbamos saliendo las puertas no abrían. Los vecinos del frente nos ayudaron para poder salir a todos”, relató a Runrun.es.
Astrid Polanco estaba con sus hijos en su apartamento cuando ocurrió el doble terremoto / Foto: María Gracia Lacruz
A metros de su bloque, en la cresta de la Cordillera de la Costa que separa al valle de Caracas del litoral central –entre los municipios Libertador y Carayaca–, la brisa de la montaña barre hoy una hilera de carpas montadas sobre la tierra. A espaldas de los refugiados, varios edificios tienen etiquetas amarillas en sus fachadas. Transcurrieron 51 días desde el doblete sísmico para que la comunidad de Ciudad Caribia viera iniciar el arribo de los primeros camiones con materiales de construcción.
Concebida en 2011 por el expresidente Hugo Chávez, quien la consideró la “ciudad del siglo XXI”, esta urbanización alberga a más de 23 000 habitantes en 137 edificios, cuenta con tres instituciones educativas y un hospital.
La ladera de las etiquetas amarillas
De acuerdo con los balances comunitarios de la zona, el impacto del doble sismo alcanza a 12 edificios del complejo urbanístico —la mayoría conformados por 20 apartamentos cada uno—, lo que suma un total de al menos 138 inmuebles comprometidos. Aunque inicialmente se contabilizaban 118 familias en situación de contingencia, el número ha ido en ascenso tras la inclusión reciente de dos bloques adicionales a la lista de estructuras con daños.
Durante el recorrido realizado por el equipo de Runrun.es, se constató de primera mano la situación en siete de estos 12 edificios situados de forma casi consecutiva en la ladera de la montaña: los bloques 210, 219, 220, 221, 222, 223 y 224. En ellos, las inspecciones técnicas de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Viviendas aplicaron etiquetas amarillas que indican acceso restringido.
Afectaciones en edificios de Ciudad Caribia / Foto: María Gracia Lacruz
Pese a la magnitud del movimiento telúrico y a la destrucción interna en varios apartamentos, Ciudad Caribia no registró víctimas mortales. La infraestructura de su hospital local sirvió como el primer punto de contención y triaje para los heridos que las ambulancias trasladaban desde la costa de La Guaira dada su cercanía con la autopista.
Sin embargo, en el interior de los bloques residenciales, el sacudón dejó huellas profundas y expuso fragilidades en la construcción.
Ante la restricción de acceso a los apartamentos agrietados, decenas de residentes se instalaron en campamentos en las áreas adyacentes a los edificios y en el espacio de una estructura destinada originalmente a un gimnasio que no llegó a concluirse.
En las adyacencias de los edificios afectados hay varias carpas dispuestas para albergar a las familias afectadas / Foto: María Gracia Lacruz
El crujido de las paredes interiores
En el piso 1 del bloque 222 de Ciudad Caribia, Jairo Ortiz, de 75 años, preparaba la cena familiar cuando ocurrió el doble terremoto del 24 de junio. “Estaba aquí lavando el arroz para la cena. Las dos niñas, como duermen allá, estaban allá con los teléfonos y el niño estaba aquí”, contó Ortiz. Tras resguardar a sus nietos bajo las vigas principales, la familia presenció la caída de los revestimientos del baño.
Ortiz explicó que el inmueble presentaba fragilidades previas: “Esto estaba rajado así ya desde hace tiempo porque por ahí van los tubos de la electricidad”. Después de que pasaron los temblores, en casa de Ortiz terminaron de derribar manualmente los pedazos de mampostería inestables para prevenir accidentes dentro de la vivienda.
Jairo Ortiz vivió los terremotos junto a su hija y sus nietas / Foto: María Gracia Lacruz
Aleska López camina sobre los escombros del que fue su dormitorio. La pared divisoria de su apartamento colapsó por completo. “Mi apartamento quedó destrozado porque primero se cayó la pared de mi cuarto hacia mi cama. O sea, si yo hubiese estado aquí, me imagino que no sé, no estuviera viva”, relató a Runrun.es.
Aquel 24 de junio la urbanización quedó a oscuras y sin señal telefónica residencial. Únicamente los equipos con líneas de la empresa estatal Digitel con las líneas 0422 lograron emitir llamadas intermitentes. Al día siguiente, cuando retornó el flujo eléctrico, los vecinos conocieron el impacto del sismo en el resto del país.
Hoy, Aleska pernocta en el campamento exterior y rechaza las reparaciones cosméticas en la edificación. “Yo quiero que me tumben todas las paredes, que no me reparen nada. Tumbar todo porque la fachada, la estructura como tal está deteriorada, está partida, doblada, oxidada”, indicó al mostrar las grietas que cruzan el exterior del bloque.
Aleska López no estaba en su casa cuando ocurrió el doble terremoto y al llegar encontró todo destrozado / Foto: María Gracia Lacruz
La resistencia en la intemperie
La vida comunitaria se trasladó a las áreas aledañas y a una estructura inconclusa de lo que sería un gimnasio. Entre sábanas guindadas para amortiguar el sol y fogones improvisados, las familias afectadas organizan su día a día.
Yuleidy Rodríguez, de 31 años, comparte una carpa individual con su esposo y sus tres hijos de 12, 11 y 6 años. “Desde el momento estoy en carpa. Hace ya como 2 o 3 días me dieron una carpa individual. Una carpita azul donde estoy con mis hijos y mi esposo”, relata.
A pesar del hacinamiento y la incertidumbre, Rodríguez mantiene activa su labor en la Casa de Alimentación de la zona. “Yo le trabajo a Casa de Alimentación, tengo tiempo con ellos y entonces ahorita aquí le estamos cocinando lo que es el tema de los refugiados y aquí nosotros mismos también cocinamos”, indica sobre las jornadas diarias de preparación de comida para el campamento.
Yuleidy Rodríguez apoya en el campamento en un espacio donde preparan alimentos para las familias afectadas / Foto: María Gracia Lacruz
Un plan oficial que llega después de 50 días
El recorrido realizado por este medio coincidió con el inicio formal del censo de viviendas afectadas y el arribo de la segunda fase de la denominada “Operación Caracas Sonríe”.
Desde la E.B.N. “Samuel Robinson” —una de las tres escuelas de la urbanización que también presentaron daños en sus paredes—, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, encabezó la entrega de herramientas e insumos para las cuadrillas comunitarias. “Trajimos el material, bloques, cemento, todo lo que se utiliza, las herramientas que deben tener la brigada para hacer el trabajo y bueno, nos vamos activando. Nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde”, declaró la funcionaria ante las familias del sector.
Carmen Meléndez junto al padre Numa Molina desde la E.B.N. “Samuel Robinson” de Ciudad Caribia / Foto: María Gracia Lacruz
En los puntos de acopio dispuestos a lo largo de la vía principal se observaron sacos de cemento, herramientas manuales y galones de pintura. Las cuadrillas obreras iniciaron la destrucción de paredes en los edificios afectados, mientras los habitantes de los bloques agrietados permanecen a la espera de evaluaciones de ingeniería que confirmen si sus apartamentos podrán volver a ser habitados de forma segura.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció un nuevo esquema de tarifas bancarias a través de la Gaceta Oficial N.º 43.427, que introduce incrementos significativos en los costos por servicios financieros. El ajuste más drástico se observa en el piso mínimo de las comisiones para pago móvil y transacciones inmediatas, que pasó de 2 a 14 bolívares, lo que representa un aumento de siete veces respecto al tarifario previo de octubre de 2025.
El nuevo tarifario publicado por el BCV sustituye los límites máximos que estaban vigentes desde finales de 2025. Las cifras revelan incrementos que, en varios rubros, multiplican por siete los costos anteriores.
En el caso de los puntos de venta, las comisiones por el uso de tarjetas de débito oscilan ahora entre 1,5 % y 2 %, mientras que para las tarjetas de crédito el rango se ubica entre 3 % y 5 %. No obstante, el cambio de mayor peso para el comerciante es el mantenimiento mensual de los equipos propiedad del banco. El tope máximo para este concepto subió de 3.521,60 a 23.771 bolívares, lo que representa un incremento de casi siete veces.
El servicio de pago móvil, ampliamente utilizado tanto por personas naturales como jurídicas, también sufrió modificaciones en sus costos. Aunque las comisiones porcentuales para operaciones P2P (persona a persona) y C2P (comercio a persona) se mantienen entre 0,39 % y 2 % del monto transado, el cargo mínimo obligatorio se elevó a 14 bolívares. Este mismo monto mínimo de 14 bolívares se aplica ahora a débitos y créditos inmediatos, transacciones fallidas y reversos de transacciones.
Anteriormente, estos cargos por transacciones fallidas o reversos tenían un costo de apenas 2 bolívares.
Otros servicios bancarios básicos también registraron alzas considerables en sus topes máximos, entre ellos el mantenimiento mensual, referencias bancarias y estados de cuenta tienen ahora un tope de hasta 54 bolívares.
Comerciantes reaccionan
Ante esta realidad, los comerciantes manifiestan resignación e incertidumbre, al señalar que los nuevos costos operativos llegan en un momento de estancamiento en el consumo. Para el sector comercial, este incremento supone una presión adicional sobre márgenes de ganancia ya reducidos, lo que genera en algunos interrogantes sobre la viabilidad de mantener ciertos servicios de pago para sus clientes.
“Qué más nos van a cobrar, ya con lo que pagamos es demasiado”, dijo una comerciante caraqueña mientras consultaba las nuevas tarifas en su teléfono celular. En su establecimiento de venta de ropa, la decisión de aceptar ciertos métodos de pago se ha vuelto restrictiva debido a los altos costos asociados. “Solo a clientes muy específicos, que ya uno conoce, y de favor”, comentó la comerciante al explicar por qué prefiere evitar el uso de tarjetas de crédito en su local debido a las comisiones que debe pagar a la banca.
Pero la actualización de las comisiones no solo afecta a los comercios, sino que ha generado una ola de reacciones entre los ciudadanos en redes sociales, quienes ven cómo el uso de los servicios bancarios consumirá una porción mayor de sus ingresos.
En plataformas digitales, algunos usuarios plantean que estos costos obligarán a la población a retroceder en la digitalización de la economía. “Vamos a tener que volver al efectivo. Por todos lados quieren sacarnos la poca platica que hacemos para sobrevivir”, señaló Carlos Bencochea en redes sociales, añadiendo que los ciudadanos se sienten acorralados entre las políticas gubernamentales y la banca.
Otros usuarios, como Adelis Medina, cuestionaron la falta de billetes de alta denominación en circulación, sugiriendo que la banca “esconde el efectivo” mientras aumenta las comisiones por transacciones digitales.
Las nuevas tarifas ya están vigentes y los bancos comenzaron a aplicarlas a las transacciones de sus clientes, marcando u nuevo impacto en el costo de la vida.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de información desde dentro del país.
Este domingo, 16 de agosto, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dignora Figuera pidió claridad en la cifras de presos políticos excarcelados desde el pasado viernes.
A través de su cuenta en X, Figuera quien lidera los diálogos con la presidencia interina, manifestó que “urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso”.
Figuera aseguró que se mantienen vigilantes y haciendo esfuerzos para que se den las liberaciones. “Es una gran demanda nacional que salgan en libertad todos los presos políticos y que la misma sea plena”, dijo.
Dignora Figuera insistió en que “en un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos”.
En un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos. Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso. Estamos vigilantes y hacemos esfuerzos para…
El abogado y vicepresidente de la ONG Foro Penal, que defiende los derechos humanos de los privados de libertad, Gonzalo Himiob, informó este domingo que hasta el momento ha podido confirmar la excarcelación de 78 de los 131 presos políticos que anunció la vicepresidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, a través de un comunicado.
#16Ago 9:30 a.m. Hasta este momento, desde el 14 de agosto, en el @ForoPenal hemos podido confirmar la excarcelación de 78 presos políticos. Seguimos revisando y verificando.
Este sábado, Rodríguez aseguró que 1.046 personas que se encontraban privadas de libertad han regresado a sus hogares en el marco de los acuerdos políticos.
“1.046 connacionales que estaban privados de libertad han retornado a sus hogares en el marco de los acuerdos alcanzados entre venezolanos. Continuaremos avanzando con responsabilidad”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.
Hasta el momento, el Gobierno no ha publicado una lista oficial con los nombres de todos los excarcelados ni ha precisado las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas las medidas.
Excarcelados continúan sometidos a procesos judiciales
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) denunció que los presos excarcelados en las últimas horas continúan sometidos a procesos judiciales y restricciones. “Excarcelar no siempre significa liberar”, recalcó el comité.
El Clippve, a través de su cuenta en X, exigió las listas públicas, verificación independiente, cierre de las causas arbitrarias y libertad inmediata, plena e incondicional para todos los presos políticos.
🚨COMUNICADO | La libertad no se anuncia, se concreta: plena, verificable y para todos
El Gobierno interino de Venezuela anunció 131 excarcelaciones, pero hasta este 15 de agosto solo se han podido verificar de manera independiente alrededor de 70. Los presos políticos… pic.twitter.com/ILnNbrv90a
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) August 15, 2026
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este viernes, 14 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela y advirtió a los beneficiarios afectados que podrían quedar sujetos a deportación si no cuentan con otra vía legal para permanecer en el país.
El organismo incluyó a Venezuela en una lista de países cuyas designaciones de TPS han sido terminadas. Entre los países que quedan fuera de la protección están: Haití, Siriam Yemen, Afganistan, Camerùn, Nepal, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Sudán del Sur, Somalia y Etiopía.
El organismo publicó un mensaje dirigido a quienes perdieron esta protección migratoria: “SALGAN AHORA o serán DEPORTADOS”.
El TPS permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener autorización de empleo. Sin embargo, este beneficio no concede por sí mismo residencia permanente ni otro estatus migratorio.
Termination of TEMPORARY Protected Status is now in effect for the following countries.
La situación de los venezolanos ha estado marcada por decisiones administrativas y litigios judiciales desde que el gobierno de Donald Trump comenzó a revertir las extensiones otorgadas durante la administración anterior.
Alrededor de 600.000 venezolanos llegaron a estar amparados por las designaciones de TPS de 2021 y 2023. Unos 250.000 beneficiarios del grupo de 2021 perdieron la protección en noviembre de 2025, mientras que la situación de otro grupo ha estado sujeta a distintas órdenes judiciales.
USCIS señala actualmente que determinados beneficiarios que recibieron documentos con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026 antes del 5 de febrero de 2025 mantienen su autorización de empleo y la validez de esa documentación hasta esa fecha, como consecuencia de decisiones judiciales relacionadas con el TPS venezolano.
Impacto diferenciado
La terminación del TPS no significa que todos los venezolanos anteriormente protegidos queden automáticamente en la misma situación migratoria.
Algunos beneficiarios pueden contar con solicitudes de asilo pendiente, residencia permanente u otra base legal para permanecer en Estados Unidos. USCIS reconoce que una persona cuyo estatus haya terminado puede tener otra vía legal que le permita continuar en el país.
Por esta razón, la situación dependerá del expediente migratorio individual de cada beneficiario y de las protecciones o solicitudes que se mantengan vigentes ante las autoridades estadounidenses.
*Con información de TC
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de información desde dentro del país.
Los sismos del pasado 24 de junio agravan la parálisis del mercado secundario de viviendas en Caracas y sus alrededores. Numerosas casas y apartamentos sufrieron daños por el doble terremoto y las opciones de las familias afectadas para tener un techo son limitadas ante la baja oferta de viviendas para la venta, la falta de financiamiento y la severa contracción de los alquileres.
La urgencia ocurre en momentos en que los sectores de la construcción y el inmobiliario no han logrado una recuperación total de los años de crisis causados por la menor disponibilidad de materiales para construir, las regulaciones como la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que golpeó el mercado primario, y la Ley de Arrendamientos que inhibió los alquileres, la restricción del gasto público y la ausencia de créditos por los ajustes al encaje legal (depósitos congelados en el Banco Central) que ha dejado a los bancos con menos margen de maniobra para prestar.
Aunque los años de menor liquidez y de restricciones en los créditos hipotecarios incidieron en los precios del mercado de compraventa de casas, donde los costos por metro cuadrado se ubicaron en mínimos históricos respecto a los de hace más de una década y representaban un escenario de oportunidad con valores rezagados, la falta de financiamiento impidió dinamizar las operaciones.
Persisten los cuellos de botella
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, los precios en el mercado inmobiliario subieron 30%, lo que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) aclaró que respondía a un cambio puntual en las expectativas y no a un aumento real de la demanda. Su presidente, Pablo González Travieso, dijo que, bajo una inflación de tres dígitos, brecha cambiaria y sin crédito hipotecario, el sector continuaba siendo un “mercado de compradores”, donde el incremento en el valor del metro cuadrado carecía de sustento macroeconómico.
Si bien los precios por metro cuadrado podrían bajar por la coyuntura, los cuellos de botella no se han terminado de corregir, pese a los anuncios de reformas legales y subsidios.
Las cifras oficiales muestran un panorama complicado. Según balances del Registro Único de Vivienda después del doblete sísmico, cerca de 18.000 personas quedaron sin hogar en las zonas afectadas por los sismos. De las más de 53.000 viviendas evaluadas al 10 de agosto, unas 12.411 están restringidas y 9.567 son de alto riesgo.
Aunque La Guaira absorbe el mayor peso de la devastación, en zonas de Caracas, así como en el eje mirandino y en Guarenas y Guatire, más de un millar de viviendas tienen compromisos estructurales y otras afectaciones de menor severidad. Y muchas familias no tienen la capacidad para costear los arreglos de sus inmuebles en medio de una inflación anual de 576%, de acuerdo con los datos del Banco Central y que, según analistas, se puede seguir acelerando.
La brecha entre el anuncio y la viabilidad
En paralelo, arrendar es una carrera cuesta arriba. El segmento de alquileres ya sufría una severa contracción de la oferta, no solo en Caracas sino también en La Guaira, San Antonio y el eje Guarenas-Guatire. En estas ciudades dormitorio de la región capital, la inseguridad jurídica acumulada llevó a numerosos propietarios a mantener inmuebles desocupados o a recurrir a contratos leoninos en divisas, con exigencias de pago de hasta un año por adelantado.
Frente a la urgencia de reubicar a miles de familias, el gobierno de Delcy Rodríguez apostó por reactivar el mercado de alquileres mediante la promulgación de la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento. Y aunque el nuevo marco legal frena el exceso de garantías a un máximo de tres meses, promueve el arbitraje y formaliza el cobro en divisas, está por verse si la sola publicación en Gaceta Oficial será suficiente para mover a los propietarios a alquilar tras más de una década de desconfianza acumulada.
Junto al cambio de la ley de alquileres, en el parlamento también se prepara una modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria que buscaría que los privados impulsen el mercado primario de viviendas. Analistas señalan que la construcción podría crecer a tasas altas por la reconstrucción que se quiere no solo en vivienda, sino también en otras áreas de infraestructura. No obstante, la actividad depende del gasto público y del financiamiento interno y externo, que aún no se ha precisado.
¿Y la estructura financiera?
Adicionalmente, Rodríguez dijo que para la compraventa de viviendas habrá un plan de subsidios de hasta el 80% con créditos a 25 años por el monto restante. La efectividad de ese plan de subsidios y financiamiento —que según el Ejecutivo provendrá del Fondo Venezuela Renace— no depende de la banca comercial, la cual aclaró que actuará como simple administradora o adjudicatario de los recursos.
Y al igual que con los recursos para la construcción, hasta la fecha, el Ejecutivo no ha detallado la estructura de financiamiento ni las fuentes de ingresos de dicho fondo para los subsidios, por lo que el éxito del esquema queda atado al 100% a la capacidad de caja del Estado. Sin respaldo presupuestario claro, el anuncio corre el riesgo de quedarse en el papel.
Hoy, con miles de familias desplazadas y viviendas inhabitables en las ciudades satélite, los planes gubernamentales no lucen como la solución inmediata que exigen quienes siguen durmiendo en carpas y refugios.
A un par de semanas del doblete sísmico, Síntesis Financiera advirtió en un informe que el plano fiscal y monetario, la escasez de reservas internacionales, la ausencia de espacio fiscal y mecanismos de financiamiento de contingencia, un régimen cambiario distorsionado y distorsionante, y con un sistema de pagos fracturado el margen de acción de las autoridades para mitigar el perjuicio a la actividad económica y financiar la reconstrucción sin recurrir al financiamiento monetario y reactivar la espiral inflación devaluación es limitado.
