Los resultados electorales del 28 de julio desencadenaron una serie de protestas en todo el país. El clamor de la gente derivó en una fuerte represión, hostigamiento y detenciones y las mujeres que participan en la política en el país no escaparon de esta oleada represiva.
Hay casos más visibles que otros y uno de ellos fue la detención de María Oropeza, una activista política parte de Vente Venezuela en Guanare, estado Portuguesa. La situación se produjo mientras grababa un ‘en vivo’ en Instagram y hablaba de la situación política del país.
Sus palabras: “Por favor, estoy dispuesta a colaborar, pero me gustaría que usted me diga si tiene una orden de allanamiento… Soy abogado de la República, me gustaría que me diga cuál es la orden de allanamiento. Este es mi hogar, es una propiedad privada”, quedaron grabadas.
En otro contexto fue detenida Edni López, una profesora universitaria, trabajadora humanitaria y poeta, mientras se disponía a ir de vacaciones a Argentina. La detuvieron sin una orden de arresto en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía sin conocer las razones de su detención y sin la posibilidad de ver a sus familiares.
A 24 horas de su detención, sus familiares recorrieron los principales centros de detención de Caracas, sin respuesta alguna. Dos días después, se dio a conocer que estaba recluida en La Guaira. Finalmente, Edni López fue excarcelada el 9 de agosto de 2024 con medidas cautelares. Tiene prohibición de salir del país y debe presentarse ante los tribunales cada 30 días.
Cargos de terrorismo e incitación al odio
A esta lista, también se suma la reportera gráfica Deysi Peña, quien fue detenida en la estación de servicios Los Nuevos Teques, en el municipio Guaicaipuro, estado Miranda, el 2 de agosto.
Dos días después, el 4 de agosto, Peña se conoció que fue trasladada hasta el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques. Sobre la razón de su detención, le atribuyeron unas fotografías que tomó en una protesta que suscitó después de las elecciones.
A Peña le imputaron los cargos de delito de terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad, vandalismo, daños a la propiedad privada y pública, al igual que a otros trabajadores de prensa.
El Foro Penal, una organización de derechos humanos dedicada a la asistencia jurídica, contabilizó, hasta el 13 de agosto, 1 393 arrestos comprobables y verificables. De este número, hay 185 mujeres.
Organizaciones como Provea, Espacio Público, Amnistía Internacional, Justicia Encuentro y Perdón, Aula Abierta, APUCV y Civil Rights Defenders Latin America han abogado por su liberación, además han alertado de una nueva forma de violación de derechos humanos.
¿El delito de resguardar las actas?
En los últimos días, se ha observado cómo la administración oficialista se ha encargado de aprehender a mujeres ligadas a la política de alguna u otra forma.
El 9 de agosto, Fundehullan Venezuela, una organización de derechos humanos ubicada en los llanos del país, reportó la detención de Yulennis Aranguren, coordinadora de mujeres del Comando de Campaña con Venezuela en Biruaca, estado Apure.
Aranguren fue detenida en una alcabala al frente del Parque Menca de Leoni. Sobre lo ocurrido, el vocero oficial del comando, Perkins Rocha, escribió que los únicos dos instrumentos incautados al momento de detenerla fueron su cédula y su teléfono celular.
Además de dedicarse al activismo político, Aranguren tiene 30 años de servicio en el área de enfermería.
La historia de esta activista del estado Apure se suma a la lista de las mujeres que decidieron acatar el llamado de María Corina Machado y Edmundo González de permanecer “en vigilia”, para resguardar el voto, como es el caso de Marbelis Lanz, en el estado Bolívar.
Según la organización Foro Penal, Lanz fue arrestada en la Funeraria ‘La Esperanza’, situada en el sector de Castillito en Puerto Ordaz, el 8 de agosto.
Ella estaba en el funeral de un familiar cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM) la detuvieron. En el momento de su arresto, no contaban con una orden judicial.
La razón de su detención parece estar relacionada con un video en el que se la ve fuera de su centro de votación en Puerto Ordaz, exigiendo que se le permitiera revisar las actas electorales tras los comicios 28 de julio, tal como lo pidió la dirigente de la oposición, María Corina Machado.
Un abogado de la misma organización indicó que a la víctima se le ha negado servicio legal privado y tampoco se le ha permitido ver a sus familiares.
Dos fiscales detenidas
Además de activistas políticas, dos fiscales fueron detenidas en el contexto poselectoral, El 7 de agosto Tarek William Saab informó sobre la detención de Rosa María Mota, exfiscal provisoria de la Circunscripción Judicial del estado Apure. Según lo que reseñó en su cuenta de X, antes Twitter, la detuvieron por su presunta participación en el delito de retraso u omisión intencional de funciones.
Saab manifestó que sería imputada por la Fiscalía 55 Nacional Plena “por actuar contrario a su deber al divulgar información de carácter reservado, permitiendo la evasión de sujetos investigados por hechos de violencia, actos vandálicos ocurridos y desestabilización”.
Además, afirmó que Mota apoyó las protestas que se desataron después de los resultados electorales.
Mota se convirtió en la segunda en ser imputada por el mismo cargo. El 3 de agosto se había anunciado la imputación de Maglen Marín Rodríguez también por el delito de retraso u omisión intencional de funciones.
Saab dijo que la fiscal “omitió procesar a cuatro sujetos identificados como Alfenis Jose La Rosa González, José Eduardo Malaver Rondon, Luis Antonio Bericote Malave y Edén de Jesús Naranjo Monasterios, señalados en una investigación llevada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas por su participación en manifestaciones.
Provea, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, puntualiza que “el número de arrestos contra personas opositoras, manifestantes, periodistas y otras personas percibidas como opositoras, equivale a un 41,59% del total de detenciones arbitrarias registradas entre los meses de abril y agosto de 2017, el ciclo de protestas más importante del país desde 1989”.
A las personas detenidas en el contexto electoral se les está negando el derecho a la defensa privada.
Hacinadas y sufriendo violencia de género y maltratos
Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) revela una situación alarmante en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida”, en el estado Miranda, que expone múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas en el contexto postelectoral.
Las detenidas se enfrentan al hacinamiento y a la falta de servicios básicos. Sufren de violencia de género y maltrato por parte de la directora del recinto, quien presuntamente las humilla y les echa agua fría, además de estigmatizarlas con etiquetas como “terroristas”.
Este trato cruel se acompaña de torturas psicológicas, al asegurarles que enfrentarán largas condenas.
Las mujeres son sometidas a requisas invasivas, que incluyen desnudarse y agacharse para que las custodias puedan inspeccionar sus partes íntimas. Esta práctica es una violación a su privacidad y dignidad, así como lo afirma el OVP.
Otra situación que documenta el organismo es la falta de registro y documentación: las mujeres detenidas no tienen un registro formal de su situación legal. No existe documentación que refleje su estado procesal, y ni los abogados ni los familiares tienen acceso a información sobre el estado legal de las detenidas.
Además de eso, no hay existencia de orden judicial. Las detenciones de estas mujeres parecen no estar respaldadas por una orden judicial válida.
La falta de un expediente judicial y la ausencia de información adecuada sobre las actuaciones legales realizadas agravan la situación.
El OVP enfatiza que estas condiciones son “inaceptables” y que las mujeres detenidas tienen derecho a un trato digno, a un debido proceso y a la protección contra el maltrato y la tortura.
Este reporte subraya la necesidad urgente de reformas en el sistema penitenciario y en los mecanismos de justicia para garantizar los derechos humanos de todas las personas detenidas.
“En el centro de la política está una mujer”
Magaly Huggins, psicóloga social especialista en criminalística, afirma que la detención de mujeres que son dirigentes o activistas políticas puede corresponder a un patrón que expresa -de forma clara- que las mujeres “no deben entrometerse” en esa área.
La psicóloga correlaciona dicha afirmación con el contexto político actual, en el cual una mujer, en este caso María Corina Machado, es tildada como la líder de la oposición.
“En el centro de la política está una mujer. Una mujer que logró conectar con la gente por medio de un discurso sensible que va dirigido al sufrimiento de las familias venezolanas y ese discurso ha encajado con gran parte de la población, pero en especial en las mujeres”, afirma.
Huggins señala que “la historia ha cambiado y ahora una mujer (refiriéndose a María Corina Machado) los ha hecho perder la capacidad de lucha, y en este contexto, están consternados porque están recibiendo un coletazo que no esperaban”.
Machado salió victoriosa en las primarias opositoras, en abril de 2023, pero le impidieron inscribirse en la contienda presidencial por una inhabilitación.
Tenía un plan B y abanderó a Corina Yoris, a quien nombró su sustituta, sin embargo, también bloquearon su inscripción.
Hasta que un hombre, Edmundo González, fue designado para representar a la oposición unitaria y se inscribió por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Pese a esto, Machado lideró la campaña de la oposición antes del 28 de julio, y fue capaz de movilizar a cientos de venezolanos en diferentes partes del país, incluyendo las zonas populares.
Sobre este punto, Huggins analiza que la molestia radica en que sea una mujer la que encamine el descontento popular.
“La represión está en el centro del ataque y continuará aumentando, especialmente, hacia las mujeres”, indica.
Reiteró que “la violencia es su forma de respuesta, porque es una forma aprendida. Es una decisión consciente y es un mensaje contundente”.
María Oropeza, Deysi Peña, Rosa María Mota y Maglen Marín Rodríguez, hoy detenidas y a quienes se les ha vulnerado sus derechos, tienen un patrón en común: cada una ejercía política en su forma y a su manera.
La Asociación Cauce emitió el pasado 14 de agosto un comunicado en el hacía un “llamado urgente” para que se respeten los derechos humanos de todas las mujeres venezolanas, independientemente de su posición política.
En el texto, denunciaban que en un contexto de creciente persecución política, “más de 150 mujeres han sido víctimas de desapariciones y detenciones arbitrarias simplemente por ejercer sus derechos civiles y políticos”. Recordaban además que Venezuela debe cumplir con tratados internacionales como la CEDAW y la Convención Belem do Pará, así como con la Constitución, pues todos garantizan la protección de los derechos de las mujeres.
“Exigimos la aplicación efectiva de estos instrumentos, la garantía del derecho a la defensa y al debido proceso, y la movilización de recursos para detener las violaciones de derechos en curso”, pidieron.
