Miles de ONG cerradas, inexistencia de prensa independiente y confrontación directa con las iglesias es el escenario actual de la Nicaragua presidida por Daniel Ortega, uno que podría reflejarse en un futuro en Venezuela, de acuerdo a la directora para las Américas de Human Right Watch, Juanita Goebertus.

A propósito de la realidad que enfrentan los venezolanos luego de los comicios del pasado 28 de julio, La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual de este martes 20 de agosto llevó por nombre “Los Derechos Humanos en el contexto poselectoral.” 

En el programa participaron Ronna Rísquez, directora de la ARI; Luis Blanco, director de Runrun.es; Víctor Amaya, director de Tal Cual, además de Goebertus. 

Según la especialista en DDHH, lo más probable es que Venezuela siga el camino de Nicaragua: “Estas semanas posteriores a las elecciones han servido para comparar a Venezuela con Nicaragua, más de 80% de las organizaciones de la sociedad civil han sido eliminadas, no queda periodismo independiente, todos los periodistas están en el exilio”.

Goebertus informó que en Nicaragua la Ley de Fiscalización a las ONG, similar a la aprobada recientemente por la Asamblea Nacional chavista, no se puso en vigor sino hasta 2018.

La abogada indicó que en México y Perú se han presentado iniciativas similares que hasta el momento no se han aprobado. Dijo además que, diferencia de Nicaragua, en Venezuela los canales diplomáticos aún están abiertos.

“Cuando la comunidad internacional llama a Nicaragua no hay nadie que conteste el teléfono, el cierre hacia todo canal diplomático es lo que pudiese agravar la situación en Venezuela”, alertó. 

Goebertus mencionó que lamentablemente es difícil conseguir en la comunidad internacional a alguien que le importe lo que suceda en Nicaragua. 

“Porque no tiene la misma repercusión de lo que pase en Venezuela, porque lo que acontezca en Venezuela va a tener implicaciones para el resto de la región”, opinó, esto principalmente asociado a la masiva migración de venezolanos que se han refugiado en casi todos los países de América Latina.

Contradicciones y fallas

La también politóloga sostuvo que el rol de gobiernos cercanos al régimen de Maduro como Colombia y Brasil ha estado signado por fallas metodológicas y contradicciones.

“En Colombia el canciller Murillo dice algo y el presidente Petro otra cosa, lo mismo pasa en Brasil con Amorim y Lula. Colombia podría tener algo más que palabras, todo parece improvisado, emplean canales poco estructurados. Sin embargo, Petro y Lula siguen intentando que pase algo en el marco de un diálogo frustrado. Me parece que la propuesta de Lula de repetir elecciones es una cachetada al pueblo venezolano, lo que hay es que mostrar las actas”, consideró. 

Goebertus calificó la posición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como “absurda”, en vista de que otorga al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parcializado con el Ejecutivo  la responsabilidad de resolver la crisis política desatada por las acusaciones de fraude.  

“Se necesitan canales diplomáticos, actores que puedan tener comunicación con el régimen, ninguna dictadura ha caído con pura vocería. Se ha salido de dictaduras cuando hay organización, protesta pacífica y presión internacional, no podemos caer en el derrotismo de que nunca se puede salir y que el dictador es el que decide cuando se va”, expresó. 

Mayor represión

La directora de HRW sostuvo que no es primera vez que el gobierno de Maduro reprime la protesta civil, pero en esta oportunidad fue más cruenta en proporción al número de días: “Claramente, mandando una señal de amedrentamiento, ahora a los detenidos les imputan por terrorismo, no les están dando acceso a abogados privados y la posibilidad de recuperar la libertad es menor en comparación con las protestas de 2014 y 2017”.

Indicó que la represión no se había visto en sectores populares como luego del 28J.

“Detenciones de 40 y 50 personas a la vez, muertes de transeúntes que no tenían nada que ver con la manifestación”, precisó. 

Apuntó también que en la mayoría de las 25 muertes que contabiliza HRW después de las elecciones se emplearon armas de fuego: “Tenemos 20 personas que aún están desaparecidas, más de 90 heridas y 1.500 detenidas”.

Destacó también el trabajo de ONG como el Foro Penal Venezolano. “Nosotros estamos haciendo contraste de videos y procesos de verificación para tratar de desmitificar las fake news”.

Goebertus sentenció que este panorama lo que hace es ampliar la investigación de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela sobre presuntas torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

“El problema es que en Venezuela no hay independencia judicial para avanzar en este tipo de casos, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados y el país está lejos de una justicia transicional”. 

Goebertus consideró fundamental el trabajo de organizaciones internacionales, nacionales y prensa independiente en torno a la documentación de eventuales violaciones a los DDHH.

“Lo que nos muestra la historia es que décadas después esa información recolectada sirve para hacer justicia”. 

Se viene más migración 

La experta en DDHH manifestó que HRW contempla una migración de 1,5 millones de venezolanos si Maduro se mantiene en el poder.

“Hay un incremento de pasos fronterizos hacia Brasil, en el caso de la selva del Darién no hemos registrado aumento alguno, pero estamos a un nivel cercano al pre electoral”. 

Goebertus informó que solo en 2023 alrededor de 500 mil migrantes (la mayoría venezolanos) cruzaron el Darién.  

“Llevamos dos años haciendo trabajo de campo en el Darién y lo que podemos afirmar es que el Clan del Golfo controla el paso por ese lugar, estipulamos que por cada migrante obtiene una extorsión de 125 dólares lo que significó $68 millones en 2023. Aunado a esto tenemos denuncias de homicidios, desaparaciones y violencia sexual en torno a esta estructura de gobernanza criminal”.

Goebertus aseveró que es fundamental insistir al gobierno colombiano en la necesidad de ampliar el abanico de refugio y asilo para los perseguidos venezolanos.

“Mientras las autoridades panameñas dicen que no pueden retornar a los venezolanos sino llevarlos a la frontera con Costa Rica para que sigan su paso hacia el norte, Estados Unidos indica que lo más probable es que no entren a territorio norteamericano”.

Ni libres ni justas

A juicio de la directora de HRW, toda la comunidad venezolana e internacional estaba consciente de que las del 28J no iban a ser elecciones libres ni justas.

“Veníamos de un contexto de inmensa restricción, inhabilitaciones, detenciones de líderes políticos y sociales como Rocío San Miguel, de impedimento al derecho al voto en el exterior y ese contexto se contrasta con un día de elecciones que transcurrió en paz con una participación significativa. Tenemos entendido que las primeras horas del proceso de conteo de votos se da en relativa calma, pero después de cierto tiempo empieza a restringirse el acceso a las actas y la posibilidad de estar presente en la totalización de los escrutinios”, reseñó. 

Según Goebertus, en términos de fraude el Panel de Expertos Electorales de la ONU aseguró que no tienen un antecedente parecido al del 28J.

“A pesar de las inmensas dificultades la gente salió valientemente a votar. Entiendo que algunos tengan pánico, cuando la amenaza se transforma en realidad es difícil manejarla porque hay miedo, pero a quien más le interesa pasar la página de esto es al régimen porque actualmente no tienen el reconocimiento ni siquiera de sus aliados más cercanos, la única forma de pasar la página es con justicia”, concluyó.