La Secretaría del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas publicó este 22 de agosto un mensaje en la red social X en el que señalan la falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ente al que el gobernante Nicolás Maduro pidió auditar los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 28 de julio, que lo favorecieron.
En el texto del mensaje, recuerdan que la Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela ha alertado antes sobre la “falta de independencia e imparcialidad” de ambas instituciones.
El mensaje se acompañó de un video en el que se destaca un mensaje de la Misión, que expresa que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el CNE han jugado un papel en la “maquinaria represiva” del Estado venezolano.
En el audiovisual indican que, como lo han registrado los informes de la Misión, el gobierno ejerce una “indebida influencia” sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y de declaraciones públicas de figuras del chavismo como Diosdado Cabello y el propio gobernante, Nicolás Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia de #Venezuela requerido para auditar los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral.
La Misión de Determinación de los Hechos sobre este país alerta sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones. pic.twitter.com/IzKRG9bVUq
— United Nations Human Rights Council (@UN_HRC) August 22, 2024
El video también resalta unas declaraciones de Francisco Cox, miembro de la Misión, en las que indica que en 2022 la Asamblea Nacional, de corte oficialista, modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales para ser “controlada por la misma asamblea” y elegir a los actuales magistrados y magistradas.
“La actual presidenta del TSJ y de su Sala Electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, es militante del partido de Gobierno y ha ejercido cargos de elección popular”, alerta Cox.
En el material también se incluye una declaración de Patricia Tappatá, otra miembro de la misión, en la que recuerda que Elvis Amoroso, presidente del CNE, también fue diputado en representación del partido de gobierno y que, como contralor, fue responsable dela “inhabilitación ilegal” de María Corina Machado y otros opositores al gobierno.
El país se mantienen a la expectativa por una eventual sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que avalaría a Nicolás Maduro como ganador de la elección del 28 de julio, pese a los cuestionamientos de la oposición de organizaciones internacionales como el Centro Carter y el panel de expertos de la ONU, quienes advirtieron sobre la falta de transparencia e integridad de la elección.
El pasado 21 de agosto, María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y la Plataforma Unitaria Democrática emitieron un comunicado en el que advirtieron que “sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer”. Destacaron además que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y la harán respetar.
El peritaje para validar el resultado electoral emanado por el CNE y que declaró a Nicolás Maduro como ganador de la contienda del 28 de julio genera más dudas que certezas por varios aspectos: el proceso ha transcurrido sin presencia de los partidos que apoyaron a la PUD, con una presidenta del TSJ exmilitante del PSUV, invitados internacionales afectos al chavismo y con un CNE que aparentemente se lavó las manos en torno a la entrega de resultados detallados.
Por su parte, un informe de Transparencia Electoral, alertó que con la participación de “falsos observadores” se pretendía “legitimar el fraude en Venezuela”.
La organización aseguró que buena parte de estos observadores foráneos que hoy presenta el gobierno como independientes vinieron a Caracas previo a los comicios para participar en un encuentro por la autodeterminación de los pueblos organizado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), afín al chavismo.
En El Mañanero del 22 de agosto de 2024 de Runrun.esresumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: Ana Carolina Guaita Barreto, reportera de La Patilla, fue detenida por presuntos miembros del Sebin en la urbanización El Rincón, en Maiquetía este 20 de agosto. Guaita es hija de dos dirigentes opositores de La Guaira, Xiomara Barreto y Carlos Guaita
“Independientemente del gobierno de turno, los expresidentes tenemos un compromiso con el país de atender al llamado de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Hoy iré a manifestar mi inconformidad con la postura de Colombia frente a la elección fraudulenta que hubo en Venezuela y también frente a otros aspectos de nuestra política exterior”, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia
El jueves 15 de agosto la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión, la “Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro”, un extenso título para nombrar un instrumento legal con la que se busca someter a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Venezuela.
El documento, redactado en términos más cercanos a las consignas ideológicas que a un texto legal, plantea que el Estado venezolano debe asumir el rol de vigilante de las ONG y despliega, en un lenguaje peligrosamente ambiguo y amplio, todo un conjunto de normas y restricciones que impiden el trabajo de la sociedad civil organizada sin que cuente con la aprobación de los poderosos que nos gobiernan.
La imposición de complejos protocolos para la evaluación de las ONG, la definición, siempre parcial y arbitraria, de lo que debe ser el trabajo de la sociedad civil, la imposibilidad de que la personas que se organizan en torno a una organización puedan hacer críticas al Estado, defender libremente los derechos humanos y ejercer el activismo político, las restricciones a los financistas, las limitaciones burocráticas que imponen a estas organizaciones y un extenso articulado que permite la suspensión, por vía judicial, de las actividades de las ONG, nos confirma lo que sabíamos desde nuestra experiencia de trabajo y que muchos líderes en las comunidades han venido advirtiendo, sobre la verdadera filosofía que hay en Miraflores sobre lo que debe ser la organización popular y el trabajo de la sociedad civil organizada.
Para los poderosos que nos gobiernan el espacio público, donde la gente se organiza para hacer frente a sus problemas, debe ser una zona controlada por el activismo político de un solo color, una extensión del partido de gobierno y un coto cerrado donde la organización popular se construye bajo un sistema de dominación donde el trabajo, los recursos y el apoyo a la gente sea correspondido por una lealtad política y un sometimiento a la estructura de mando de un partido único. El Estado venezolano no promueve la organización popular; por el contrario, le teme y aspira a controlarla desde el chantaje y la amenaza.
No es casualidad que esta ley, con la que nos habían amenazado durante años, aparezca justo en el momento en que los venezolanos reafirmamos con contundencia nuestro deseo de lograr el cambio pacífico hacia la democracia. El régimen, consciente del verdadero resultado electoral del pasado 28 de julio, se siente amenazado en sus bases y está recurriendo a formas elementales como la persecución, amenazas y censuras para lograr un control de una sociedad que ha decidido ser libre.
La ley contra las ONG es un capítulo más de este oscuro recorrido iniciado por Miraflores para consolidar un Estado totalitario en momentos cuando más necesario es el trabajo de estas organizaciones para el registro, denuncia y defensa de su pueblo en medio de la masiva violación de derechos humanos en el país.
Sin lugar a dudas es una mala noticia para quienes trabajamos en las comunidades, apoyando los liderazgos que se construyen de abajo hacia arriba y promoviendo espacios democráticos para el consenso y el esfuerzo común para la solución de los problemas. Estamos viviendo tiempos muy complejos donde se pone a prueba la resiliencia que tengamos y nuestros valores democráticos.
Hoy, más que nunca, debemos seguir insistiendo en el trabajo en las comunidades, en el esfuerzo colectivo por la organización popular y en el activismo en defensa de los derechos humanos y las libertades civiles. A pesar de las amenazas, estamos seguros de que las organizaciones sin fines de lucro seguirán en la calle trabajando, guiados como siempre por los valores de la solidaridad.
Importante: varias ONG, dedicadas a la defensa de los derechos humanos, tienen habilitados números telefónicos para que quienes se sientan vulnerados en sus derechos puedan denunciar. Además, podrán recibir asesoría psicológica y jurídica.
Cofavic tiene dos líneas de comunicación por Whatsapp para atención psicojurídica: 0424-1947373 y 0424-2708638
PROVEA recibe denuncias por contacto@provea.org Tlf 0424.176.9441
Foro Penal presta atención a personas detenidas. Para hacer las denuncias comunicarse por 0412-556-8211, 0412-556-8212 o escribir a info@foropenal.com
Observatorio Venezolano de la Violencia recibe denuncias por este correo electrónico ovvcontacto@gmail.com
Espacio Público recibe denuncias a violaciones a la libertad de expresión al 0424-1127622
Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ correo: denuncias@nomasdiscriminacion.org
Amnistía Internacional 0212-7931318, seguridadciudadana@aiven.org
Centro de Justicia y Paz (Cepaz): comunicaciones@cepaz.org
CECODAP. Para atención psicológica para niños, niñas, adolescentes y sus representantes 0424-2842359; 0414-2691229
La aprobación de la LEY ANTI-ONG Y TODA LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA es en realidad la institucionalización de la persecución y criminalización de cualquier tipo de organización de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a sus problemas más urgentes. Pretende eliminar la vigilancia sobre la violación de los derechos humanos de los venezolanos, la atención humanitaria a comunidades vulnerables, entre muchas otras cosas. Alertamos que esta ley es parte de un proyecto totalitario que busca someter y eliminar la acción cívica con el objeto, por parte del régimen, de controlar por completo la vida de los venezolanos.
En una democracia, el asunto electoral no es solo un mecanismo de selección de autoridades, sino un acto de legitimidad. La obligación ética y moral de publicar las actas electorales resulta indispensable para asegurar claridad, rendición de cuentas y confianza en las instituciones. En el sistema democrático y de libertades, reside un principio inquebrantable: la transparencia. Sin ella, el contrato social se desmorona y el afecto ciudadano se convierte en frágil espejismo.
La pureza electoral no es un mero accesorio del sistema democrático, sino su esencia misma.
Divulgar las actas electorales implica que cada voto emitido y resultado contabilizado se hace visible, accesible al escrutinio público. Lo que disuade cualquier intento de manipulación, fraude o alteración. En las sociedades donde la sombra de la corrupción y el dolo electoral han erosionado la confianza, la divulgación abierta y detallada de las actas es un acto de reparación moral y política.
Su dilación u ocultamiento genera la sospecha que lo distingue de complicidad. En la luz de la pureza, la democracia se fortalece, y en la oscuridad de la opacidad, se corrompe. Por lo tanto, garantizar el acceso irrestricto a las actas es un imperativo categórico para cualquier democracia que aspire a ser considerada legítima.
La rendición de cuentas es un principio, una obligación, un compromiso en la teoría democrática. Los ciudadanos no son espectadores pasivos, son actores fundamentales. Publicar las actas permite a la ciudadanía y las organizaciones civiles realizar un seguimiento riguroso, verificar la corrección del proceso y, si fuera el caso, impugnar el resultado de manera fundamentada.
La difusión de las actas electorales garantiza que las resultas no queden sujetas a la interpretación de los mandos, sino que sean asequibles y verificables por la ciudadanía. Los electores tienen la posibilidad de cotejar los resultados oficiales con los datos provenientes de las mesas de votación, lo que reduce la posibilidad de fraude y maniobra.
La pureza electoral no es opción, sino una obligación al conjunto de normas aceptadas para establecer lo que está bien o está mal.
Desde la perspectiva jurídica, la difusión de las actas debe consagrarse como un derecho fundamental dentro del marco legal. No obstante, trasciende el ámbito jurisdiccional, y se convierte en un deber moral y ético del Estado. Esto no puede depender de la voluntad de las autoridades de turno. Negarse a publicarlas es traición al pacto social sobre el cual se sustenta la democracia.
Promulgarlas no es un simple requisito administrativo o técnico, sino la reafirmación de valores democráticos. Quienes lo desconozcan envían el mensaje de que la soberanía popular puede distorsionarse a conveniencia. Actitud deleznable que fragua la inestabilidad política, social y económica.
La reclamación en difundir las actas es un requerimiento ineludible para el resguardo democrático; que no solo debe ser transparente, sino parecerlo en cada uno de sus actos.
Si la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, entonces es ese pueblo quien debe confirmar si su voz ha sido escuchada y reverenciada. La publicación de las actas electorales, por tanto, es un acto de justicia democrática.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Paul León trabaja en el canal VPItv y fue detenido mientras se preparaba para cubrir una manifestación en Valera, estado Trujillo.
En una audiencia telemática, un tribunal especial en Caracas lo imputó por delitos de terrorismo. Con Paul, son cuatro los trabajadores de la prensa que están detrás de las rejas posteriores a las elecciones del 28 de julio.
“Mis viejos, mis abuelitos, tía Mari, mis hermanos y Daniela, estoy bien. Llegará el momento de hablar de esto, pero quiero concentrarme en decirles que ustedes son todo lo que tengo, y confío en que vamos a salir de esta situación que, no les negaré, me entristece mucho, pero me llena de fuerza pensar en ustedes y en volverlos a ver pronto. Gracias por todo lo que están haciendo por mí. No tendré cómo pagarles cuando estemos juntos de nuevo. LOS AMO. Dios con nosotros”.
La carta estaba escrita a mano, con lápiz de grafito, en un pedazo de hoja arrugada. Las letras no eran uniformes, algunas parecían más bien garabatos. Quizá, al escribir, la mano temblaba, ¿de miedo, rabia, cansancio, tristeza?
Sin embargo, por la sintaxis y en general por la cuidada redacción, era claro que detrás de esas líneas temblorosas estaba Paul, el joven tesista de comunicación social que ya trabajaba como periodista y camarógrafo en Valera, la ciudad de Trujillo, donde nació y creció.
Sin participación en la política
Al leer la carta, el 5 de agosto de 2024, su familia se sintió aliviada. Habían pasado cinco días —cinco interminables días— sin certezas, ahogados en la angustia de no saber nada de él. La carta, que llegó a sus manos como un rayo de esperanza, estaba cargada de sus palabras temblorosas, pero que al menos confirmaban su existencia y la voluntad de contar su versión de los hechos.
Paul nunca se había involucrado en la política. Era conocido en su entorno como locutor y presentador deportivo, especialmente por su afición al Trujillanos Fútbol Club. Además, había fundado, junto a amigos de la universidad, Voces Solidarias, una ONG que ayudaba a los niños en desnutrición. Su nombre también resonaba en la escena de la música alternativa en Valera.
La mañana del 30 de julio, justo el día en que sería detenido, había salido temprano de su casa para encontrarse con Daniela, su novia, en un puesto de comida rápida de la ciudad. Se sentaron a desayunar y, mientras comían, hablaron de los temas candentes de la nación: las elecciones del 28 de julio.
El Consejo Nacional Electoral había anunciado la reelección de Nicolás Maduro, pero las actas de escrutinio recabadas por la oposición mostraban resultados radicalmente distintos. Trujillo, según esos documentos, había votado en un 64% por el opositor Edmundo González, desafiando la narrativa oficial.
Conversaron sobre el país, la creciente incertidumbre y el futuro incierto. Daniela, también periodista, había planteado en diciembre de 2023 la posibilidad de abandonar Venezuela. Sin embargo, a pesar de tener familiares y amigos en el extranjero, Paul había sido renuente a dejar su tierra natal. ¿Cambiaría de opinión ahora?
Valera, una ciudad con cerca de 600 mil habitantes, es más bien un pueblo grande, siempre tranquilo. Esa mañana, parecía más apagada que de costumbre. La mayoría de los locales permanecían cerrados, y por calles y aceras se paseaba más la basura arrastrada por el viento que los autos y peatones.
Pronto, sin embargo, habría más movimiento. La gente, sin una organización formal, había convocado a una manifestación a las 11:00 de la mañana cerca de la Avenida Bolívar. Era una de las muchas que surgieron en todo el país tras el anuncio del CNE. Entre el 29 y el 30 de julio, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 915 protestas.
Después de desayunar, Paul se dirigió hacia el lugar de la concentración, para encontrarse con la periodista Mayra Linares, su compañera en el canal VPItv. Aunque Paul solía cubrir temas deportivos, la situación exigía su colaboración en la cobertura de la protesta como camarógrafo.
En el camino, notó que otras personas también se dirigían hacia el lugar de la manifestación y que había piquetes policiales en distintos puntos de la carretera. La tensión era palpable entre él y Mayra, pero siguieron adelante con sus credenciales, cámaras y micrófonos, listos para enfrentar lo que viniera.
Esta historia es original de La Vida de Nos, puedes extender este texto en su página web.
Al analizar las actas digitalizadas emitidas por las máquinas de votación, recabadas por los testigos opositores de las elecciones presidenciales del 28 de julio y alojadas en la página web que dispuso la oposición, se observa que en algunos municipios del país el candidato Edmundo González Urrutia tuvo más votos que los que acumularon todas las otras opciones diferentes a él y al oficialista Nicolás Maduro.
Este sitio web, donde se han cargado 25.073 actas (83,5%), muestra los resultados mesa por mesa en cada municipio del país. Ha sido la alternativa para que Venezuela y el mundo conozcan la totalización de datos, pues a más tres semanas de la elección, el Consejo Nacional Electoral sigue en deuda y no los ha hecho públicos.
La última actualización del sitio web de la oposición es del 5 de agosto, y para la fecha, González Urrutia contaba con 7.303.480, el gobernante Nicolás Maduro con 3.316.142 y el resto de las opciones, agrupadas en ocho candidatos de otros partidos, alcanzaban apenas 267.640 votos.
Al hacer una revisión de los municipios más habitados del país, en tres de ellos el candidato Edmundo González obtuvo más votos que el acumulado por todos los demás aspirantes a la presidencia, sin contar a Maduro. Estos otros candidatos fueron Luis Eduardo Martínez, Antonio Ecarri, Benjamín Rausseo, Enrique Márquez, José Brito, Javier Bertucci, Claudio Fermín y Daniel Ceballos.
Por ejemplo, en el municipio Libertador de Caracas, según la página web, González Urrutia obtuvo 505.956, eso indica que solo en esa jurisdicción el opositor sumó 238.316 votos más que las otras ocho opciones, sin incluir a Maduro,
Asimismo, en el municipio Maracaibo del estado Zulia, González Urrutia se impuso con 273.762 votos. Por su parte, en el municipio Iribarren, estado Lara, el opositor alcanzó 275.909 votos.
La página web de las actas digitalizadas especifica que en la elección se habilitaron un total de 30.026 mesas. La cifra de mesas que transmitieron datos y lograron recabarlos fue de 25.073. Asimismo, detallan que de una población habilitada para votar de 18.122.062, sufragaron 10.888.475, lo que significa una participación del 60,08 %.
Retranscripción de la data disgregada por candidatos
El pasado 7 de agosto, la plataforma de verificación de datos EsPaja certificó la veracidad de la página Macedonia del Norte, cuyo creador es Giuseppe Gangi, quien se identifica como desarrollador de software.
#7Ago ¿Una página llamada “Macedonia del Norte” divulga actas resguardadas por la oposición?
📄✅ #EsVerdad. Hicimos varias búsquedas aleatorias para comparar las actas contenidas en ambas webs y hasta el momento no hemos conseguido discrepancias. Debe aclararse que estas actas… pic.twitter.com/vvVipGRnOW
“Soy un ingeniero venezolano que vive en el extranjero, como tantos millones que han tenido que emigrar por la crisis en Venezuela, y simpatizo con la causa de los venezolanos que luchan por la democracia y la libertad”, señaló Gangi en conversación con EsPaja.
Esta es una iniciativa que surgió para hacer frente al bloqueo sistemático al acceso a la información en Venezuela y la opacidad del CNE.
De acuerdo con los datos divulgados por Macedonia del Norte -que hizo una auditoría colaborativa de la data del Comando Con Vzla- el resto de los candidatos (sin incluir a Nicolás Maduro) obtuvieron los siguientes resultados cada uno:
– Luis Eduardo Martínez: 86.228 (0,79 %)
– Antonio Ecarri Alianza: 51.012 (0,47 %)
– Benjamín Rausseo: 38.620 (0,35 %)
– Enrique Márquez: 26.067 (0,24 %)
– José Brito: 22.095 (0,20 %)
– Javier Bertucci: 20.404 (0,19 %)
– Claudio Fermín: 12.635 (0,12 %)
– Daniel Ceballos: 10.581 (0,10 %)
Resultados disgregados por candidatos y partidos / Foto: Macedonia del Norte
Según los datos comparativos de la página -que, como se reitera, se basa en la data de las actas que logró recabar la oposición– Edmundo González se impuso con un amplísimo margen en comparación tanto con Maduro como con el resto de los candidatos en municipios como Sucre, del estado Miranda; Caroní, de Bolívar; Baruta, de Miranda; Maturín, de Monagas; Barinas, de Barinas; Girardot, de Aragua; Valencia, de Carabobo, entre otros. A tal punto de que la sumatoria de votos tanto del gobernante actual como de los otros candidatos sería insuficiente para alcanzarlo.
Incluso, si se toma un ejemplo puntual con alguno de los candidatos, como José Brito -que obtuvo en total 22.095 votos según la web Macedonia del Norte-, el candidato Edmundo González le hubiera podido ganar la presidencia solo con los votos del municipio Atures, estado Amazonas, ya que solo en esa jurisdicción el opositor obtuvo 27.219 sufragios.
Resultados del municipio Atures, estado Monagas / Foto: Macedonia del Norte
González Urrutia también ganó en las mesas donde votaron otros candidatos
De acuerdo con una evaluación del medio aliado TalCual, Edmundo González ganó cómodamente en las mesas donde votaron otros candidatos que adversan a Nicolás Maduro y no comulgan con la oposición tradicional.
Por ejemplo, en la mesa en la que votó Javier Bertucci, -mesa tres del Centro de Educación Inicial Queipa, Carabobo-, el candidato obtuvo el respaldo de solo cuatro personas. Allí Edmundo González Urrutia ganó con 429 votos.
A su vez, Antonio Ecarri votó en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana República del Ecuador. El acta cargada en la página no precisa en qué mesa votó, pero sí cómo votaron las 488 personas que participaron del total de 872 convocados a ella. Ecarri quedó en tercer lugar con solo siete votos a su favor y Edmundo González Urrutia se impuso con 324 votos.
Mientras tanto, Benjamín Rausseo solo obtuvo cinco votos en la mesa (8) en la que sufragó en el colegio San Antonio de La Florida, en Caracas. A la mesa estaban convocados 916 electores, pero solo votaron 369. Del total de votantes, 284 sufragaron por Edmundo González Urrutia.
Cuestionamiento a resultados del CNE y validación de actas opositores
El Centro Carter, único veedor internacional aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones presidenciales, concluyó en un informe el pasado 30 de julio que la contienda electoral del 28 de julio “no puede ser considerada como democrática” por no adecuarse a parámetros y estándares internacionales “de integridad electoral”.
Entre los argumentos del Centro Carter, destaca el siguiente: “El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”. Asimismo, la organización apuntó a otras faltas, como la inhabilitación de candidatos opositores y al desequilibrio de recursos para promocionarse que tuvo el oficialismo.
Por su parte, el Panel de Expertos de la ONU que estuvo evaluando el proceso electoral -pero no como una misión de observación- sorprendió al mundo el pasado 13 de agosto tras difundir el reporte que se suponía era de carácter privado y solamente sería compartido con el secretario general Antonio Guterres y con el CNE.
Según el informe, el Panel revisó una pequeña muestra de los documentos que actualmente son de dominio público (incluidos los que publicó la oposición en la página web), señalando que los documentos reseñados “exhiben todas las medidas y características de seguridad de los protocolos de resultados originales”, lo que a juicio de los evaluadores, “sugiere que una salvaguarda clave de la transparencia puede estar disponible, según lo previsto, con respecto al cualquier resultado publicado oficialmente”.
Por su parte, la profesora adjunta Dorothy Kronick, de la Goldman School of Public Policy de la Universidad de California en Berkeley, concluyó en una investigación sobre la validez del conteo de votos de la oposición venezolana que los dos registros impresos generados por el sistema electoral electrónico en Venezuela —un comprobante por cada votante y un acta por cada máquina— “esencialmente descartan el fraude o la falsificación por parte de la campaña opositora”.
«La evidencia presentada aquí indica que ni siquiera con niveles extraordinarios de capacidad organizativa, talento conspirativo, y músculo financiero se podría haber perpetrado un fraude que hubiera producido los datos publicados por la campaña, sin dejar rastros en la traza de papel—rastros que, al cerrar este artículo, no han aparecido. Por esa razón, incluso una persona con la inclinación a dudar de la oposición venezolana puede, sin ningún conflicto, creer que los datos de la campaña reflejan lo que votaron los venezolanos el 28 de julio de 2024«, destaca en un su informe.
Los líderes de la izquierda latinoamericana viven la disyuntiva de asumir posiciones democráticas o motivadas por un compadrazgo al compás del Bella ciao
La política es el escenario más pugnaz de las sociedades. Es ingrata la mayoría de las veces o la arena donde el líder victorioso recoge sus frutos, los cuales pueden revertirse en trago amargo si no cumple con la promesa a la masa que en sus hombros le entregó el olimpo del poder.
Hoy la izquierda que ejerce el mando en algunos países del continente es escrutada en torno a su posición sobre las recientes elecciones presidenciales celebradas el 28-J en Venezuela. Las mismas que han levantado un polvorín por las dimensiones del fraude más escandaloso que haya conocido la región tras dos siglos de la independencia del bardo español.
No es para menos. Ese conglomerado ideológico vive la disyuntiva de comprometerse con su rol de estadistas o asumir decisiones en base a su compadrazgo doctrinario formado al compás del Bella ciao, la lectura trasnochada del Manifiesto comunista, de las Venas abiertas de América Latina, y la creencia de que estamos todavía en la Guerra Fría. Esto les conmina a aceptar que el desarrollo de la humanidad se dirime en el terreno de la defensa de la democracia contra la dictadura, y no en la solidaridad inocua de ser de izquierda o de derecha.
En tan solo 3 semanas las propuestas conocidas difieren de las que nos tenían acostumbrados con la unánime disciplina bolchevique, de los del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla en sus manoseados manifiestos antimperialistas.
Los incondicionales
En un primer grupo resaltan los incondicionales. Aquellos que en la misma noche del 28-J, al emitir el primer boletín del CNE reconociendo el “triunfo de Maduro”, celebraron en jolgorio felicitándolo. Allí se anotaron sus compinches de Nicaragua, Cuba, Honduras, Bolivia y alguna que otra republiqueta del Caricom.
La izquierda democrática de Boric
La segunda posición manifestada ha sido la gallarda declaración del presidente Gabriel Boric de Chile, quien no dudó en calificar de “fraude monumental” el crimen cometido en Venezuela por Maduro contra la voluntad soberana de la población. Dicha posición le valió al chileno toda la gama de insultos de la vocería del régimen, quienes le señalaron como agente del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El tercer grupo lo integran líderes que no están hoy en el poder. Nos referimos a los del Frente Amplio de Uruguay, Pepe Mujica, entre otros, como es el caso del expresidente Julio Ma. Sanguinetti, quien manifestara que “Maduro está sostenido por la bayoneta, no por la gente”. También se incluye a Cristina Kirchner, quien no reconoce el resultado y solicita la publicación inmediata de las actas de las mesas de votación.
Los “mediadores”
En un cuarto grupo están quienes han asumido un rol de mediadores, como es el caso de Lula Da silva, presidente de Brasil; y de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Ambos propusieron la repetición de elecciones y hasta la conformación de un gobierno de coalición de maduristas con la oposición. A este grupo se agrega AMLO, presidente de México, quien propone esperar la decisión del TSJ sobre la publicación de las actas, cuya responsabilidad le corresponde a otro poder: el CNE.
Esta última variedad de alternativas luce claramente absurda, es la extensión de un balón de oxígeno para un régimen en franca agonía. Un régimen que recurre a toda suerte de peripecias y triquiñuelas para ganar tiempo y hacer digerible el asalto cometido contra la decisión de la población.
La patética izquierda latinoamericana
Como podemos observar, es patético el cuadro de la izquierda latinoamericana. Comenzando por Lula, que hace mutis frente la cruenta represión de los aparatos policiales del régimen madurista. Ello, a pesar de que vivió en carne propia la cárcel de manos de los militares brasileños en el periodo de 1964-1984, la prohibición de sus derechos civiles, la persecución de sus compañeros sindicalistas, quienes fundaron la central sindical CUT y luego el Partido de los Trabajadores.
El colmo de Lula es calificar al gobierno de Maduro como “un régimen desagradable que no puede ser calificado como dictadura”, aun cuando la dictadura apresó a unos 2500 ciudadanos, asesinó a 25 manifestantes y sigue persiguiendo a disidentes políticos, incluso al presidente electo, Edmundo González, y a María Corina Machado.
Estas actitudes pusilánimes, aun cuando son señaladas por algunos como pasos de avanzada al menos por ser mediadores, son condenadas en su mayoría tanto por los venezolanos como por la comunidad internacional, quienes se aprestan a sancionar a un régimen promotor de un golpe institucional para preservar el poder.
Venezuela hoy es la demostración para los pueblos del mundo sobre los efectos nocivos que causan las tiranías. A decir de Isabel Allende, hija del extinto Salvador Allende: “Maduro es un gobierno autoritario, dictadura, con todas sus letras”, sobre la condición de vida, la libertad, las instituciones, de allí el agradecimiento a la comunidad internacional en su apoyo para reconquistar la democracia.
Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), indicó que alrededor de 100 000 docentes han abandonado sus puestos de trabajo en Venezuela durante los últimos dos años.
Márquez sostuvo que en los últimos tres años se han llevado a cabo más de 4000 protestas vinculadas al descontento de los educadores con sus sueldos y el alto costo de la vida en Venezuela.
La docente destacó que los bajos salarios de los maestros son insuficientes siquiera para acceder a la canasta básica de alimentos, por lo que los educadores se han visto en la obligación de emprender otras labores o migrar a otro país en busca de una mejor vida.
Agregó que las condiciones de infraestructura en las escuelas son precarias, cuestión que agrava la crisis educativa.
Márquez sostuvo que es perentorio reactivar las conversaciones con los representantes del Ministerio del Poder Popular para la Educación en procura de rescatar la discusión del contrato colectivo, la cual se encuentra estancada actualmente.
Maestros desamparados
De acuerdo a Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, los docentes han enfrentado más de850 días sin ajustes salariales. lo que significa poco más de dos años.
Machado manifestó que debido a la precariedad de los salarios, muchos docentes están considerando regresar a clases en septiembre cuando inicie el año escolar o buscar alternativas de sustentabilidad para sus familias.
Según Machado, más del 48 % de las escuelas en el Distrito Capital se encuentran en condiciones inadecuadas para recibir a los alumnos.
De acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), una persona necesita 34,4 salarios mínimos para costear la canasta básica de alimentos.
La organización ubicó la canasta, contentiva de precios de 60 productos de primera necesidad, en 542,94 dólares.
A juicio de Cendas, para poder adquirir la canasta una familia de cinco miembros necesita al menos 18,09 dólares diarios.
