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La revolución de las orquídeas

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Un movimiento de movimientos inspirado en la recuperación de nuestra cultura, del orgullo de ser venezolano y del deseo de volver a vivir en democracia. Virtudes ciudadanas sin las cuales no hay prosperidad ni felicidad

@ovierablanco

Para hablar de un movimiento social y político, tenemos que dar un vistazo a los movimientos sociales. Un movimiento social es una agrupación de individuos que comparten rasgos identitarios (etnia, género, clase social, orientación sexual) o ciertos objetivos (políticos, sociales, culturales) que desafían conjuntamente un punto de vista dominante sobre determinada realidad social. Es un actor político colectivo que persigue un objetivo social, un cambio social a través de movilizaciones y otras acciones grupales.

En Venezuela después de muchos años de desmantelamiento del Estado democrático y de derecho sustituido por un Estado de terror [la terreur/ Comisión Interamericana de DH dixit] ha operado una perversa diseminación de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestro sentido de pertenencia. Un plasma identitario y cultural derramado por la ideologización y la represión antillana. Venezuela va por una cruzada colectiva por la libertad que es por nuestra identidad, movimiento de movimientos que lo hemos bautizado: la revolución de las orquídeas.

De Vargas a Gómez: montoneras y más montoneras

Nuestra independencia [1810], comenzó con un ‘movimiento social’ liberal de blancos peninsulares, blancos de orilla, criollos, pardos y mantuanos que rápidamente se extendió a negros, indios, cimarrones y mulatos, generando un diverso movimiento emancipador del imperio español. Con la independencia vino una larga y tumultuosa era republicana entre liberales y conservadores, montoneros y caudillos, que se batían por el poder en medio de revoluciones amarillas, azules, legalistas, restauradoras, reformistas, de marzo, abril o campesina, caracterizadas por un enfrentamiento civil incesante y violento.

Desde la Cosiata de Páez o Revolución de los morrocoyes [Valencia 1926] hasta el benemérito Gómez, Venezuela fue una república rota, agitada, ensangrentada. El ideal integrador bolivariano de la Gran Colombia fue resistido por Páez. Y comienza una cadena de guerras civiles hasta la federal de 1964 […] La salida de Juan Crisóstomo Falcón del poder [1867] y la resistencia de su ministro de Guerra y Marina, Manuel Ezequiel Bruzual [presidente provisional 1867] nos trajo la Revolución azul [José Tadeo Monagas et al]. La Revolución de Abril o Revolución amarilla la lideró Antonio Guzmán Blanco [1870] contra los azules. La Revolución campesina vino antes de la mano de Antonio Leocadio Guzmán [padre de Guzmán Blanco] y luego Zamora [1948] contra Páez. La revolución legalista la protagoniza Raimundo Andueza Palacios, que deseaba continuismo mediante una reforma constitucional. Joaquín Crespo –su otrora adversario– le defiende [de un fraude electoral-diciembre de 1897] contra José Manuel “Mocho” Hernández, quien habría sido triunfador de la contienda presidencial por el Partido Liberal Nacionalista. Montoneras y más montoneras.

La confrontación sangrienta e insaciable arrancó con la revolución de los reformistas contra la Gran Colombia que derrocó Vargas [1935] liderada por Santiago Mariño, Julián Castro y Pedro Carujo –exmilitares descontentos contra las medidas de “los godos” que eliminaron las prebendas a exguerreros militares– pasando por la guerra federal, que persiste con la Revolución reivindicadora de Linares Alcántara [1879] contra la Revolución amarilla de Guzmán Blanco, hasta la revolución liberal restauradora de Cipriano Castro [1899]. Reyertas que acumularon casi un siglo de mortandad donde se perdieron más de un millón de vidas o 1/3 de su población. Una era posindependentista de repúblicas portátiles y frugales, que instaló la impronta del caudillo y el urogallo.

Tras la muerte de Crespo [1 abril–1898] en la batalla de la Carmelera – Revolución de Queipa– comandada por el Mocho Hernández, Cipriano Castro decide salir de su exilio en Cúcuta e ir por el poder contra Andrade [1898]… Y más tarde llega el gendarme necesario [Juan Vicente Gómez], quién defenestra a su compadre Castro, siendo que a punta de sable, rotunda, grilletes y petróleo, pone fin a los caudillos, los vándalos y las montoneras. Llegamos al positivismo criollo [orden, paz y trabajo] que con la muerte de Gómez [1936] da paso a la primera ola democratizadora y de redención social de Venezuela, donde el petróleo fue nuestra bendición y nuestra perdición.

Amaneció de golpe. La montonera republicana

Venezuela no ha vivido un verdadero movimiento social en todo el siglo XX y XXI. Las demandas de cambio contemporáneo [1928 a la fecha] han sido libradas principalmente por líderes políticos bajo esquemas de resistencia, organizados en partidos políticos. Así nacieron ARDI [Plan de Barranquilla 1931] AD, COPEI, URD o el PCV.

En medio de golpes de Estado [1945, 1948, 1952], Venezuela avanza hacia el alumbramiento de la democracia. El Pacto de Puntofijo –tras la salida de Pérez Jiménez– viene a conformar la II ola de democratización y redención político-social del país. Un movimiento cívico-militar, esencialmente partidista [AD, COPEI, URD] que permitió la llegada de la Constitución de 1961 y la consagración de libertades civiles, ciudadanas y republicanas como hito ejemplar en la región.

Sin embargo, aún no surgía un movimiento social de inspiración identitaria con objetivos colectivos comunes derivado de tensiones estructurales causados por un avance galopante de la desigualdad social, la pobreza y las injusticias socioeconómicas. ¿No lo necesitábamos? ¿Hubo otros mecanismos de “drenaje”? ¿El populismo clientelar? ¿El reparto rentista? ¿El estado benefactor? Como sentenció el poeta Cadenas: “hemos vivido en una democracia imperfecta, pero democracia a fin de cuentas, pero no fuimos educados para cuidarla y mantenerla”. Y amaneció de golpe [1992], y llegó Chávez [1998].

En la madrugada del golpe de Estado del 4F de 1992, nadie entendía nada de nada. Nadie se lo creía. ¿Un golpe de Estado en Venezuela? Veníamos de casi un siglo de paz, bonanza petrolera y aparente estabilidad. ¿Merecía el país esta leva de armas?, ¿quienes lo apoyaron o celebraron fueron capaces de anticipar la gravedad de estos hechos?, ¿quienes se catapultaron de aquel por ahora sabían lo que vendría? Muy pocos elevaron su voz contra esta rebelión militar. Muchos políticos, medios e intelectuales lo aplaudieron y lo comprendieron.

Incluso Chávez y los golpistas fueron sobreseídos. Fue candidato, fue presidente y después complacido para celebrar una constituyente a su medida, cuya vara de rencores y revanchas hemos padecido entre ostracismos y maltratos. Es “la retórica heroica que no nos hizo ni más ricos ni más sabios” […] Esta es la orgía de insensatez demencial que nos empuja hacia atrás. Que nos lleva a desandar caminos andados. Que nos induce a repetir errores cometidos […]”. Esta ha sido la profecía de Olavarría que en su discurso memorable del 5/7/1999 nos alertó sentidamente: “Si los venezolanos nos dejamos alucinar por un demagogo dotado del talento de despertar odios y atizar atavismos de violencias, con un discurso embriagador de denuncia de corruptelas presentes y heroicidades pasadas, el año entrante Venezuela no entrará en el siglo XXI. Se quedará rezagada en lo peor del siglo XX. O retornará a lo peor del siglo XIX”. Y aquí estamos: en la montonera bolivariana del siglo XXI.

Con mis hijos no te metas, Gente de Petróleo y Manitos Blancas

La pesadilla desde aquel 4-F no ha cesado. Desde la llegada de Chávez al poder y la constituyente [1999], un procedimiento de reforma de la carta magna no contemplado en la Constitución de 1961, Venezuela se transformó en un Estado dual, un Estado anómico [amoral], un Estado cuartel [Fernández dixit] donde coexiste una Constitución formal [1999] derogada por un sistema normativo paralelo criminal como subsistía la Constitución de Weimar con la era nazi, o el Estatuto Albertino y la era fascista. Un Estado paralelo que tutela al aliado represor y criminaliza al enemigo-ciudadano, que hace apología del odio.

El decreto presidencial 1011–mejor conocido simplemente como Decreto 1011– fue un decreto de octubre de 2000 promovido por el presidente Hugo Chávez cuyo texto modificaba el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, creando una nueva figura administrativa: los supervisores itinerantes. El decreto fue muy polémico y generó el primer movimiento opositor que movilizó a decenas de miles de personas de la sociedad civil durante el resto del año 2000 a protestar contra el decreto bajo el lema “con mis hijos no te metas”.

Las manifestaciones contra el decreto continuaron en 2001. El 31 de marzo se realizó una congregación en Caracas en la que se calificó al decreto como “cubanización e ideologizante’’. Las movilizaciones se convirtieron en la base del rechazo opositor a Chávez hasta 2002. Luego aparecen movimientos como Gente de Petróleo, la primavera ciudadana de 2002, el movimiento queremos elegir 2005, las protestas manitas blancas 2007; las juveniles y sociales 2017 y el despertar ciudadano 2024. Nacían los primeros movimientos de movimientos sociales colectivos e identitarios de Venezuela.

De un movimiento a la revolución de las orquídeas

De actores y agrupaciones políticas como la Coordinadora democrática o la MUD, pasamos a un movimiento social colectivo. Un movimiento de movimientos diverso que nace de la primaria Octubre-2024. Un sentido de identidad relacionado con una necesidad de cambio social, enfocado en el rechazo a la diseminación y al control político autoritario de la sociedad venezolana. Un movimiento social, pacífico, inmensamente libertario y humanitario. Desde grupos vecinales hasta las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, de DD. HH., juveniles, académicas y docentes de todo el país. Del ciudadano de a pie a los líderes políticos, de Juan Bimba a María Corina Machado y Edmundo González.

Venezuela no había tenido esta primavera. El estado bipartito y rentista de los 70, 80 y 90 y un esquema de control social y represivo de los últimos 25 años, no dio espacio a un momentum-movimiento que brota del liderazgo tanto de María Corina como de cada venezolano que tiene como identidad la libertad, la paz y un sentimiento nacional.

Ocurrió en la Europa de los 70 con las revoluciones de claveles, naranjas, jazmines, cedros, rosas u otoñales. Y cayó el muro de Berlín y la URSS. Fue la ola libertaria y democratizadora latinoamericana de los 70, 80 y 90. Fue el Pacto de Puntofijo de la Venezuela de 1958. Ahora es el movimiento renovador y restaurador que acompaña la III ola democratizadora y redentora de Venezuela. Es la revolución de las orquídeas.

Un movimiento de movimientos inspirado en la recuperación de nuestra cultura, del orgullo de ser venezolano y nuestro genuino deseo de volver a vivir en democracia. Virtudes inmensamente ciudadanas sin las cuales no habrá prosperidad ni felicidad. Es la misión de un pueblo cuyo gozo es la práctica de su diversidad. Es la revolución de la alegría contra el Estado de terror que quiere dominar todos los aspectos de nuestra vida.

Un movimiento de movimientos que no parará. No es armado. No es violento. Es profundamente identitario, sensiblemente histórico y cultural. Porque en la sencillez y neutralidad de la cultura está la memoria, la consciencia colectiva y la continuidad histórica de un modo de pensar, la moral colectiva que es la principal arma contra el opresor y anómico. Es la cultura del amor, la libertad y la armonía, que alimenta un movimiento de movimientos frente a la muerte, que sigue siendo la vida, por lo que saldremos de lo peor del siglo XIX para volver a lo mejor del siglo XXI.

vierablanco@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Foro Penal: “Tenemos el mayor número de presos políticos durante el siglo XXI”

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En una publicación para El Mundo de España, voceros del Foro Penal advirtieron que la represión poselectoral en Venezuela supera actualmente con creces a la cubana.

“Es el mayor número de presos con fines políticos conocidos en Venezuela, al menos durante el siglo XXI”, certificó la organización, que hasta este 27 de agosto contabilizaba 1.674 personas privadas de libertad por ideas contrarias al gobierno de Maduro.

La organización no gubernamental informó que antes de las elecciones la cifra de presos políticos se ubicaba en 305 y que actualmente el régimen cubano tiene 1.119 detenidos por disidencia.

“La denominación presos políticos incluye a personas que se mantienen privadas de libertad. No incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo, de 48 horas”, precisó el Foro Penal. 

Entre la cifra de detenidos por la represión después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio sobresalen 107 adolescentes y 216 mujeres. 

A todos se les acusa de terrorismo, crímenes de odio o instigación a la violencia por participar en las manifestaciones pacificas.

Otros simplemente están tras las rejas por ser testigos de la oposición el 28J, pertenecer a un “Comandito” o simplemente estar deambulando en la calle luego del proceso comicial. 

Represión en barrios

De acuerdo al Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS) hubo 915 protestas entre el 29 y 30 de julio, la mayoría llevadas a cabo en sectores populares. 

De acuerdo a Monitor de Víctimas, las manifestaciones poselectorales cobraron la vida de 24 personas en todo el territorio nacional.

Según la recolección de datos, 12 personas murieron a manos de las fuerzas del Estado, diez se le atribuyen a miembros la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), siete al Ejército, dos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y uno es mixto. Otras seis víctimas cayeron por disparos de presuntos colectivos. 

“No hay una sola denuncia que repose en el Ministerio Público que vincule a un funcionario policial o militar”, ha dicho reiteradamente el fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

 

Caleca denuncia un “golpe contra la soberanía popular”

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“En Venezuela hay un golpe de Estado contra la soberanía popular, un golpe que lo dio Nicolás Maduro con apoyo de la Fuerza Armada, o lo dieron los militares para tener a Maduro en Miraflores”, afirmó Andrés Caleca, quien agregó que se ha producido una “masiva y férrea” represión como hace muchos años no ocurría en Venezuela.

En declaraciones difundidas por su equipo de prensa este 27 de agosto, valoró el comunicado del rector del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos Delpino, no porque diga nada que ya no se haya dicho, “sino por la autoridad de quien lo suscribe, y “contiene la ratificación de una serie de planteamientos que hicimos varios que no tenemos la investidura que tiene Delpino, que es rector del Consejo Nacional Electoral, de que no se puede demostrar, de ninguna manera, el triunfo del señor Maduro”.

Contrario a quienes lo han criticado, Caleca dijo que no juzga las actuaciones del Delpino por la situación política que se vive en el país. A tal respecto, opinó que cada ciudadano está en su derecho de tomar las precauciones que crea convenientes para mantener su libertad.

Resistencia y organización

El excandidato independiente consideró que ya no estamos en el momento electoral, ahora la tarea es “resistir y organizarse”.

“Hay que fortalecer a los partidos, a la sociedad civil. No es casualidad que lo primero que haya aprobado la Asamblea Nacional es una ley que quiere acabar con las organizaciones no gubernamentales, toda dictadura quiere que los ciudadanos no se organicen”, sentenció. 

Rechazó asimismo la “masiva e indiscriminada represión” que viene adelantando el gobierno de Maduro desde el 29 de julio, la cual se ha cebado sobre testigos, dirigentes populares y también contra militantes del PSUV que estuvieron en las mesas de votación “y saben que el ganador fue Edmundo González”.

Caleca dijo que los subalternos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana  estuvieron en los centros de votación y saben lo que pasó.

“El general Padrino López apareció acompañado por el Alto Mando el 28 de julio casi diciendo que había ganado Maduro, en el momento en que ya se había suspendido la transmisión de las actas. Ese alto mando tiene una participación fundamental en el golpe contra la soberanía popular, en el robo del voto a cada ciudadano venezolano”, concluyó Caleca. 

“Volver a escuchar su risa”: el anhelo de madre de adolescente detenido

El 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela, Alfredo*, de 17 años, salió de su trabajo y se dirigió a Alta Vista con unos amigos, en Puerto Ordaz. En camino hacia su destino se topó con una marcha de la oposición y aunque intentó alejarse de la multitud, fue detenido de forma arbitraria.  

Alfredo es uno de los 129 menores de edad que, según la ONG Foro Penal, han sido detenidos en Venezuela en el marco de las protestas que se iniciaron el 29 de julio, luego de que Consejo Nacional Electoral anunciara el triunfo de Nicolás Maduro.

El joven intentó esconderse entre la maleza, cuando agentes de la Guardia Nacional Bolivariana lo arrestaron. No pudo identificar sus rostros y tampoco escucharon sus argumentos. Se lo llevaron, lo mantuvieron encerrado y le permitieron hacer una llamada en la madrugada del 30. 

“A las dos de la mañana, le permitieron hacer una llamada. Llamó a su mamá porque estaba muy preocupado por ella. Le dijo a dónde estaba y ella fue hacia allá”, contó Alejandro*, padre del adolescente. 

Desde ese momento, la angustia de la familia no paró. Su mamá asistió al primer sitio que él le indicó y le dijeron que no estaba ahí. Después se dirigieron a San Félix, al otro lado de la ciudad, y tampoco lograron encontrarlo. 

“Nos pusieron a ruletear toda la ciudad. Hasta que llegamos al último destacamento y nos dijeron que no, que no estaba ahí. Pero, insistimos con otras personas, que también esperaban ver a sus familiares detenidos, le pedimos que no lo negaran y fue así que confirmamos que estaba recluido”, afirmó. 

Encontrarlo fue el primer obstáculo que lograron superar. Con el pasar los días, solo permitían que le llevarán comida, pero sus familiares exigían respuestas que no fueron dadas. 

Un número más en la estadística 

De los 129 adolescentes detenidos, según Justicia, Encuentro y Perdón, 114 padres denunciaron que “fueron trasladados a centros para adultos, lejos de sus hogares y sin posibilidades de comunicarse con ellos, conocer sus condiciones emocionales y de salud”. 

Sobre estos hechos, el coordinador general de la ONG Cecodap y abogado, Carlos Trapani, indicó en una entrevista a RunRunes que no se está cumpliendo con el debido proceso. Primero que nada porque son trasladados a centros de detención de adultos y no se le asigna un juez de menores, como lo establece el ordenamiento venezolano. 

“Si bien la Lopnna establece que los adolescentes, a partir de los 14 años, pueden ser responsables penalmente, también dice que debe ser bajo un sistema de responsabilidad diferente al de los adultos”, dijo. 

Sin acceso al expediente ni defensa privada 

A los adolescentes se les están imputando cargos de terrorismo e incitación a delinquir. El mayor temor del padre de Alfredo* es que sea imputado por terrorismo, como le ha pasado a otros adolescentes. 

“No tenemos acceso al expediente. Tuvimos que enviar una serie de documentos a un tribunal de Caracas. No sabemos por qué sigue detenido y escuchamos que lo tildan de terrorista cuando él no hizo nada. Esta situación es nadar a contracorriente porque no conoces al juez, ni al fiscal, ni mucho menos al defensor, porque no nos han permitido la defensa privada”, aseguró. 

Trapani informó que dicha situación es una violación de los lapsos establecidos en cuanto a la presentación en tribunales de los adolescentes. “Según la ley, debería realizarse en un máximo de 24 horas de su detención, pero hay casos de detenidos que llevan hasta más de seis días sin saber de qué están siendo acusados”. 

De esta forma, el coordinador de Cecodap insistió en que los adolescentes no deberían ser imputados de forma inmediata como terroristas. Afirmó que estas penas desproporcionadas, en su mayoría, no corresponden con la realidad de los hechos. 

Mientras los días transcurren, la familia de Alfredo* se sumerge en la desesperanza. No hay respuestas por parte de las autoridades y su hijo fue trasladado hasta el Instituto Nacional del Menor (INAM), ubicado en San Félix, después de varios días. 

“Hay días en los que la desesperación se apodera de su mamá. Ella solo desea volver a escuchar su risa, tenerlo cerca y cada día que pasa sin él es más difícil. Nosotros no somos de Ciudad Guayana, somos de San José de Guanipa, en el estado Anzoátegui, y no tenemos familia aquí”, explicó el padre del adolescente. 

La familia hace lo que puede con los recursos que tiene. “Somos una familia de escasos recursos y con lo que tenemos nos trasladamos. También tuvimos que paralizar muchas de nuestras actividades para estar pendiente de él”, dijo. 

De acuerdo a la información obtenida por los familiares, hay probabilidades de que al adolescente lo trasladen hasta Caracas. Una situación que se suma a la preocupación de sus allegados. 

“Si se da el caso de que a mi hijo lo trasladen para Caracas, ya que eso nos dijo una abogada, que ellos estaban pedidos para Caracas, de hecho, su expediente reposa en Caracas, ¿Cómo haríamos nosotros? Sería muy difícil para nosotros estar allá. Es una preocupación muy grande, todos los días”, señaló el padre. 

Patrón represivo 

La organización no gubernamental Defiende Venezuela destacó que entre los patrones represivos de Venezuela el más común es la violación al debido proceso “imputaciones de delitos graves sin pruebas, violando la presunción de inocencia y sin especificar cargos”.

A esto, Trapani añadió que hay diversos artículos de la ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) que se están violando y que es importante tenerlos en cuenta. El artículo 540 habla de la presunción de inocencia y estable ce que se presume la inocencia del adolescente, “hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación culpable del imputado, imponiendo una sanción”. 

De acuerdo al registro de Cecodap, los adolescentes están siendo imputados sin que existan evidencias de participación o culpabilidad. 

El artículo siguiente, el 541, habla de la información que debe recibir el adolescente: 

“El adolescente investigado o detenido debe ser informado de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no incriminarse y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, representantes o responsables y su defensor”. 

La organización dedicada a la defensa de las infancias indicó que los adolescentes no son informados sobre los motivos de investigación, tampoco sus padres, y se les está negando atención legal de forma privada. 

Además de esto, existen denuncias de que no son tratados con dignidad. La ley establece, en el apartado 538, que “se debe respetar la dignidad inherente al ser humano, el derecho a la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad”. 

También se le suma la preocupación acerca de las condiciones de los detenidos, ya que en un reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones se destacó que existía una “gran preocupación” por las condiciones infrahumanas de reclusión en las que se encuentran todas las personas que han sido arrestadas arbitrariamente. 

Los padres de Alfredo* lo han podido ver en muy pocas ocasiones. Su tristeza es notable, su desgaste físico también y la incertidumbre es una palabra que se insertó en el vocabulario de la familia. 

“No sabemos qué pasará, pero todos los días vivimos una zozobra y tenemos mucho miedo de lo que viene”, expresa el padre de Alfredo*, de 17 años, y recién graduado de bachiller. 

*El nombre del adolescente y de su padre fueron cambiados por motivo de seguridad. 

Apucv condena la vulneración de los derechos de los trabajadores tras elecciones

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La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) condenó este lunes, 26 de agosto, la vulneración de los derechos laborales y políticos de trabajadores públicos tras las elecciones presidenciales.

Mediante un comunicado, la organización también advirtió sobre la “agudización de la crisis humanitaria compleja que aqueja a los trabajadores y al pueblo en general”.

En ese sentido, Apucv declaró que “reclamar derechos laborales y ejercer los derechos políticos con la aspiración de lograr un cambio democrático para el país no es un delito”.

También, advirtió que a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio en instituciones del Estado “se han producido una serie de actos que vulneran los derechos políticos y laborales de los trabajadores, tales como despidos, renuncias forzadas y jubilaciones de oficio, con evidentes fines de retaliación por defender una opción política contraria al actual gobierno”.

Apucv recordó que “estos atropellos” han sido denunciados por diferentes centrales sindicales, gremios y sindicatos de base; “a pesar de lo cual se ha profundizado la persecución, censura, despidos y encarcelamiento de trabajadores de los medios de comunicación”.

Condenó también el hostigamiento hacia el profesor Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad (Apuneg)y miembro de la junta directiva de nuestra federación, por cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo, apuntó que organizaciones defensoras de derechos humanos, como Foro Penal y Provea han registrado la detención de alrededor de más de 1.500 personas, muchos de ellos trabajadores y siete ucevistas (6 estudiantes y 1 profesor). “Esto sin el debido proceso, ni derecho a la defensa”, cuestionó.

Finalmente, señalaron que los trabajadores siguen “sumidos en una situación de precariedad laboral extrema, con un salario mínimo de hambre”.

Ante todas esas consideraciones, Apucv acordó:

– Solidarizarse con todos los trabajadores que están siendo perseguidos y hostigados por sus ideas políticas.

– Exigir el cese al hostigamiento al profesor Raúl Brito, presidente de Apuneg.

– Rechazar categóricamente el desconocimiento de los derechos políticos y laborales de los trabajadores.

– Exigir el cese a los despidos y el reenganche de todos aquellos trabajadores despedidos u obligados a renunciar.

– Demandar el cese inmediato de la represión y la violencia contra el pueblo venezolano y la inmediata libertad de todos los presos políticos.

– Ratificar su exigencia de salarios y pensiones dignas.

– Reiterar el derecho de los trabajadores y ciudadanos en general a expresar libremente sus posiciones políticas y a protestar de forma pacífica.

https://twitter.com/APUCV/status/1828214856484307118

Caracas se queda sin agua mientras el calor galopa sin frenos

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A partir de este jueves 29 de agosto, varias parroquias del municipio Libertador y el estado Miranda estarán sin servicio de agua debido a trabajos de mantenimiento en el sistema. Así lo publicó en su cuenta de Instagram Hidrocapital este 26 de agosto.

De acuerdo a la empresa del gobierno, realizarán una parada programada en el Sistema Tuy II con el fin de llevar a cabo trabajos de fortalecimiento, estabilización y mantenimiento.

Según Hidrocapital, la suspensión del servicio será por 48 horas.   

A juicio de la compañía de agua capitalina, los trabajos están relacionados con la interconexión de una tubería de 100 pulgadas en el sector El Encantado, ubicado en el municipio El Hatillo del estado Miranda. La empresa aseguró que los trabajos no tendrán incidencia alguna en los Sistemas Tuy I y III.

En el municipio Libertador se verán afectados los siguientes sectores: 23 de Enero, Altagracia, Catedral, El Recreo, La Pastora, San Agustín, San Bernardino, San José, San Juan, Santa Teresa, San Pedro y Sucre.

Por su parte, en el estado Miranda, estarán sin agua: El Hatillo, todo el municipio Baruta, Petare, La Dolorita, Filas de Mariche y Caucagüita en el municipio Sucre.

Los trabajos se llevan a cabo en medio de una ola de calor que no ha cesado en todo el año y que ha encontrado un paliativo en repentinas y aisladas lluvias.

Según un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), la falta de acceso constante al suministro de agua ha llevado a que el 94,3% de los caraqueños tengan el hábito de almacenar agua.

La cifra refleja la insatisfacción y desconfianza que existe en el país en cuanto a la disponibilidad de este recurso.

A nivel nacional, el estudio reveló que el 64,9% de los participantes califica de manera negativa la calidad del servicio de agua debido a la falta o intermitencia de suministro y la presencia de residuos en el líquido.

Según el OVSP, el almacenamiento se ha convertido en una medida preventiva común entre los venezolanos debido a la incertidumbre de la periodicidad del servicio.

 

 

Afinando las cuerdas de Juan Carlos Delpino en su declaración sobre las presidenciales

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El gran ausente durante la presentación de resultados de las elecciones presidenciales y la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo,  el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Carlos Delpino, reapareció tras casi cumplirse un mes de los comicios, cuyos días posteriores estuvieron marcados por una crisis política, represión y rechazo de la oposición por unos boletines que dieron como ganador al candidato del PSUV.

En un comunicado que publicó en la madrugada de este lunes, 26 de agosto, en su cuenta de X (antes Twitter), Delpino manifestó las irregularidades que encontró antes, durante y después del proceso electoral.

Entre sus consideraciones, el rector principal del CNE expuso también los desafíos previos y posteriores al día de la elección, los cuales “derivaron en una pérdida de confianza en la integridad del proceso y en los resultados anunciados”.

Dijo lo que ya todos sabían

Juan Carlos Delpino presentó sus argumentos sobre las fallas en las que incurrió el Poder Electoral durante todo el proceso comicial. Había mucha expectativa sobre lo que sería su pronunciamiento,  pero prácticamente, todas sus denuncias ya habían sido reportadas antes por la oposición y organismos internacionales. 

A continuación se analizan las consideraciones del rector, lo que implican y qué faltó por decir en cada una de ellas:

Participación e incidencias

Las cifras que menciona Delpino van en concordancia con las que presentó el CNE en su segundo boletín, el pasado viernes 2 de agosto, cuando el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, detalló que se registró una participación del 59,97% del padrón electoral. Esa cifra fue reseñada también por el Panel de Expertos de las Naciones Unidas en un informe que divulgó sobre el proceso electoral.

Por su parte, el Comando Con Vzla, liderado por la opositora María Corina Machado, divulgó una página web cuyos resultados actualizados hasta el 5 de agosto reflejaban una participación del 60,08%.

Desalojo de testigos de los centros de votación

En cuanto al desalojo de los testigos que menciona Delpino, hay que recordar que el artículo 143 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establece que tanto miembros de mesa como testigos electorales “están obligados a firmar el Acta de Escrutinio, y en caso de inconformidad con su contenido, lo harán constar en la casilla de observaciones del acta”

Si algún miembro o testigo se negase a firmar el acta o no estuviese presente al momento de ser levantada, los demás miembros de la Mesa Electoral y testigos presentes dejarán constancia de ello, y el acta se tendrá como válida. “La distribución de las actas emitidas en el escrutinio se hará de conformidad con lo previsto en el Reglamento dictado por el Consejo Nacional Electoral”, añade el artículo.

El informe del Centro Carter documentó restricciones en el acceso a centros de votación para observadores nacionales y, sobre todo, testigos de partidos políticos, “mecanismos de eventual presión sobre el electorado e incidentes de tensión o violencia reportados en algunas localidades”.

La oposición también había notificado estos incidentes, que fueron la razón por la que no lograron recabar el 100% de las actas, pero sí 84%, suficientes para asegurar que la victoria de Edmundo González Urrutia fue por un amplio margen. La tumultuosa noche del 28 de julio Omar Barboza, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), hacía a las 11:00 p.m. un llamado al CNE a “no dar un paso en falso” y a esperar que se contaran todos los votos y tener todas las actas antes de emitir un primer boletín. 

Barboza afirmaba que, para ese momento, la coalición opositora contaba con un  30 % de las actas electorales; “No nos han permitido tener el resto. Esperemos con calma que cada una de las partes esté segura de lo que tiene en la mano”.

 Interrupción de la transmisión de resultados

Delpino hace mención a esta irregularidad que ya había sido alertada por el Panel de Expertos de la ONU, grupo que denunció que la transmisión electrónica de resultados funcionó bien inicialmente, pero se detuvo bruscamente en las horas posteriores al cierre de las mesas de votación, sin que se proporcionara información o explicación alguna a los candidatos en ese momento, ni al Panel. 

En este punto, el rector no explica por qué no alertó el propio día de la elección o en las horas siguientes sobre una irregularidad que comprometía la emisión de resultados fidedignos. 

Ciberataque

Al momento de anunciar los resultados, Elvis Amoroso declaró que un “ciberataque terrorista” había afectado la transmisión y había causado un retraso en el proceso de tabulación. Sin embargo, el CNE pospuso y posteriormente canceló tres auditorías poselectorales clave, incluyendo una sobre el sistema de comunicación que podría haber arrojado luces sobre la ocurrencia de ataques externos contra la infraestructura de transmisión.

No acudió a la sala de totalizaciones

El reconocimiento de Delpino de no haber estado en la sala de totalizaciones puede generar suspicacia, pues al no estar presente en ese momento, como él mismo lo dice, carece de evidencias que respalden los resultados anunciados. No tiene cómo certificarlos, pero tampoco tiene los medios para refutarlos.

Delpino tampoco explica las razones por las cuales tomó la decisión de no estar presente en una etapa crucial del proceso, vistas las irregularidades que denunció antes sobre la interrupción de las transmisión y las acciones contra testigos electorales. Tampoco reveló si hubo presiones para que no subiera a la sala. 

Sobre este tema el excandidato de Centrados, Enrique Márquez, aseguró a pocos días de las presidenciales que los datos del primer boletín anunciados por el CNE no se imprimieron en la sala de totalización.

“Nuestro testigo era el profesor Robert Rodríguez y se le negó el acceso a la junta para presenciar los actos electorales de la junta. Pero pudimos colocar una ingeniero muy valiosa en la sala de totalización. El reporte que nos da es que en la sala de totalización no se imprimió el boletín número uno, no fue allí, que es donde se tiene que imprimir y en presencia de los testigos”, declaró Márquez el 29 de julio pasado. 

Ausencia en acto de proclamación

Según el artículo 153 de la Lopre, el CNE, la Junta Nacional Electoral y las Juntas Electorales correspondientes son quienes proceden a proclamar candidatos “que hubiesen resultado electos o electas de conformidad con el procedimiento de totalización y adjudicación, emitiéndoles las credenciales correspondientes”. Delpino no estuvo en dicho evento. 

Pero también, el artículo 33 numeral 6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral establece, entre las competencias del Consejo Nacional Electoral, está el “totalizar, adjudicar, proclamar, con base en las actas de escrutinio, y extender la credencial a la candidata electa o candidato electo a la Presidencia de la República, dentro de los lapsos establecidos en la ley”.

Se desconoce el porqué Delpino esperó casi un mes luego de los comicios para dejar por escrito esta inconformidad respecto al acto de proclamación, que se produjo teniendo como telón de fondo protestas en todo el país. 

Elecciones no democráticas

Juan Carlos Delpino

Uno de esos organismos a los que hace referencia Delpino fue el Centro Carter, el único avalado por el CNE para participar como veedor electoral. En su declaración publicada el 30 de julio, la organización consideró: “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.

Por su parte, el Panel de Expertos de la ONU consideró que la publicación del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos “no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas”.

Incumplimiento de publicación de resultados mesa por mesa

Juan Carlos Delpino

El artículo 146 de la Lopre establece que la Junta Nacional Electoral y las Juntas Electorales, estas últimas bajo la supervisión de la primera, “tendrán la obligación de realizar el proceso de totalización en el lapso de 48 horas” –algo que no se cumplió-. “En caso de que las juntas electorales no hubiesen totalizado en el lapso previsto, la Junta Nacional Electoral podrá realizar la totalización” (esta junta la conforman el presidente y vicepresidente del CNE)

También, dicho artículo establece que la totalización “deberá incluir los resultados de todas las actas de escrutinio de la circunscripción respectiva” (tampoco se cumplió).

Delpino no precisa acá con quien estuvo en desacuerdo. ¿Hubo alguna reunión en la que se decidió no publicar los resultados? ¿Le precisaron por qué no lo hacían? ¿Notificó formalmente que no apoyaba esta omisión?

Procedimiento del TSJ

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió el incidente con los resultados de las elecciones presidenciales luego de que el gobernante Nicolás Maduro interpuso un recurso para certificar los resultados emitidos por el CNE.

El máximo tribunal indicó que la Sala certifica de forma  “inobjetable el material electoral peritado” y convalidaba “los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República”.

A propósito de la decisión de la Sala Electoral, el abogado y codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, afirmó en un Space realizado en X con Runrun.es, que con esta polémica sentencia el TSJ se refuerza “el patrón de mandar con la inexistencia”.

Delpino dice que no asistió, se presume que a la lectura de la sentencia, pero tampoco especifica si estuvo involucrado de alguna forma con el proceso de peritaje. 

Incidencias previas

En los meses previos a la elección presidencial, el rector Juan Carlos Delpino enumeró una serie de “desafíos críticos” que “amenazaban la adecuada conducción del proceso”, por lo cual decidió salvar su voto en reiteradas oportunidades ante las sesiones del directorio del CNE. En varias ocasiones, fijó posición sobre temas polémicos como la exclusión de las tarjetas de varios partidos, falta de reuniones del directorio, obstáculos para que los venezolanos dentro y fuera del país actualizaran sus datos en el registro electoral, ausencia de veedores internacionales en elecciones, entre otros. 

Juan Carlos Delpino

Un solista desafinado

Desde semanas previas al 28 de julio, día en que se realizó la elección presidencial cuyos resultados fueron desconocidos por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, las notas de Delpino estuvieron desafinadas con respecto al coro afín a los intereses del poder del resto de los rectores.

Cuando apenas faltaban dos meses para las elecciones presidenciales, Juan Carlos Delpino comenzó a denunciar y criticar las “decisiones unilaterales” del presidente del CNE Elvis Amoroso.

Delpino llegó incluso a pronunciarse en contra de las “acciones excesivas” por parte de los organismos de seguridad del Estado contra activistas políticos, periodistas, transportistas y comerciantes que prestaban su apoyo en los actos de campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. 

Ya son 24 las víctimas de homicidio de la represión postelectoral en Venezuela

El pasado miércoles, 21 de agosto, la cantidad de homicidios ocurridos en medio de la represión postelectoral en Venezuela aumentó a 24. Ese día murió Andrés Alfonso Ramírez Castillo, de 36 años, luego de que lo hirieran de bala en el abdomen, el cuello y las piernas durante la protesta postelectoral que ocurrió la tarde del 29 de julio en la Redoma de San Jacinto, en Maracay, estado Aragua.

Ramírez Castillo es la séptima víctima asesinada en una manifestación que se convirtió en masacre. Allí también balearon a Rancés Daniel Yzarra Bolívar, Jesús Ramón Medina, Anthony David Moya, Gabriel Alfredo Ramos Pacheco, José Gregorio Tovar Perdomo y al sargento de la GNB José Antonio Torres Blanca. Además, se registraron varios heridos.

De acuerdo con periodistas de la región, consultados por Monitor de Víctimas, las cientos de personas que acudieron a la manifestación en la Redoma de San Jacinto fueron reprimidas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando, en medio de las lacrimógenas, comenzó un tiroteo. Testigos aseguraron que los disparos salieron de la sede de la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, perteneciente al Ejército, hasta donde se habían acercado parte de los manifestantes.

De acuerdo con el diario El Siglo, Ramírez Castillo murió luego de estar durante 23 días en el Hospital Central de Maracay y ser sometido a cinco cirugías. Era padre de dos hijos y se ganaba la vida como chofer de camiones.

FANB: mayores victimarios de la represión postelectoral

Según declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, “no hay una sola denuncia que repose en el Ministerio Público (…) que vincule a un funcionario policial o militar” en alguno de los homicidios perpetrados en medio de las protestas. Así lo dijo en una entrevista publicada por Últimas Noticias, diario de tendencia oficialista,  

Pero la información recabada por Monitor de Víctimas indica que los uniformados sí están involucrados. Con Ramírez Castillo son doce las personas que murieron a manos de las fuerzas del Estado en estos hechos. Diez de estos casos se le atribuyen a miembros la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): siete del Ejército, dos de la Guardia Nacional y uno mixto, en donde supuestamente participaron en un homicidio junto a policías.

Otras seis víctimas de la represión postelectoral cayeron por disparos de presuntos colectivos. En cinco de las muertes no se ha podido determinar quién es el victimario.

Distrito Capital se mantiene como la región en donde asesinaron a más personas (ocho) durante las manifestaciones contra los resultados electorales que dieron como presunto ganador a Nicolás Maduro. Le sigue Aragua, con siete, y Miranda y Zulia con dos en cada estado. En Táchira, Lara, Yaracuy, Carabobo y Bolívar mataron a una persona en cada entidad desde el 28 de julio, día de la elección presidencial.