Luis David Márquez, de 31 años de edad, intentó separar a dos mujeres que estaban peleando en la vía pública y recibió una cortada en el cuello de parte de un tercero, que le costó la vida.
Su hermana, quien prefirió mantenerse en el anonimato, indicó en la morgue de Bello Monte que el suceso ocurrió el pasado domingo 8 de septiembre, a las 8 de la mañana, cerca de la residencia de Márquez, en el sector 28 de junio de la parroquia Caucagüita, en el municipio Sucre del estado Miranda.
“Él sólo estaba intentando separar a estas mujeres, porque conocía a una de ellas y, de repente, vino un sujeto y lo agredió”, dijo la hermana.
Márquez falleció en una institución hospitalaria, el martes 10 de septiembre, producto de la herida, según informó su pariente. Ella agregó que una de las involucradas en la reyerta fue a ofrecer declaraciones en el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y dijo que el supuesto homicida está prófugo de la justicia.
Márquez trabajaba como fiscal de la línea de transporte colectivo “Guerrero”, en Caucagüita, y dejó huérfanas a dos niñas de 12 y 10 años.
Había cumplido servicio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y hace dos años pidió la baja, debido a una lesión que tuvo en las piernas y en la columna, como consecuencia del volcamiento de una tanqueta durante unos ejercicios en Amazonas.
Entre enero y julio de este año, se han reportado 10 muertes por arma blanca en el Área Metropolitana de Caracas, mientras que en 2023 se registraron 29, según datos provenientes del registro de Monitor de Víctimas.
Por otro lado, hubo 13 víctimas de enero a julio de este año a causa de riña o pelea iniciada en el sitio en el Área Metropolitana de Caracas y en 2023 se contabilizaron 26; de esta última cifra, 6 corresponden al municipio Sucre.
Edmundo González Urrutia, quien fue abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática en las elecciones presidenciales, reveló este miércoles, 18 de septiembre, “toda la verdad” de su salida de Venezuela, sobre una carta que difundió el oficialismo difundió la cual fue firmada opositor, en la que supuestamente acató la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente.
Esta carta, que primero se filtró en redes sociales, fue mostrada en televisión por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020. Según el oficialista, González Urrutia “reconoció” a los cinco Poderes Públicos del país al firmar esta carta.
En una alocución televisada, Rodríguez explicó que representantes de la administración de Maduro fueron -supuestamente- “contactados por interlocutores” de González Urrutia para establecer comunicaciones.
Esos interlocutores, prosiguió el chavista, manifestaron el “deseo que el señor González Urrutia tenía de abandonar el país”, por lo que solicitó a las autoridades venezolanas salvoconductos para poder desplazarse al aeropuerto y tomar el vuelo hacia España, donde solicitó asilo político.
“Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de Justicia, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que aunque no la comparto, la acato”, dice la misiva, que fue exhibida por Rodríguez, quien destacó la firma “voluntaria” del opositor.
Rodríguez también mostró unas fotografías en las que se le ve reunido junto a González Urrutia. En el encuentro también participó la vicepresidenta del oficialismo, Delcy Rodríguez.
“Nosotros esperamos que se acabe el chisme y que usted cumpla con lo que firmó, señor González Urrutia”, dijo Rodríguez durante su alocución.
Edmundo González publicó un mensaje en sus redes sociales donde contó “toda la verdad” sobre su salida del país y la firma de ese documento, aunque Jorge Rodríguez dijo que el opositor la firmó de forma “voluntaria”.
“El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza.El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación”, expresó González Urrutia.
Según el opositor, estando en la residencia del embajador de España, Jorge Rodríguez y su hermana Delcy Rodríguez, “se presentaron con un documentoque tendría que refundar para permitir” su salida del país. “En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias.Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones”, reveló González Urrutia.
“En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano.Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento.Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar”, apuntó el opositor.
González Urrutia, que es reconocido como presidente electo por la oposición y varios gobiernos extranjeros, afirmó tajantemente: “Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy.La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano”.
Por otro lado, consideró que lo que debería estar divulgando el oficialismo son las actas de escrutinio. “La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar.No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato”, finalizó.
El Senado español aprobó este miércoles, 18 de septiembre, instar al Gobierno de España a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela y promover ante el Tribunal Penal Internacional una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros “sospechosos” de crímenes de lesa humanidad.
Una moción impulsada por el conservador Partido Popular (PP), principal partido opositor al Ejecutivo de Pedro Sánchez que tiene mayoría absoluta en la cámara alta española, ha salido adelante con el apoyo de los ultraderechistas de Vox y los nacionalistas catalanes, justo una semana después de que el Congreso aprobara una proposición similar.
En defensa de la iniciativa, el senador popular José Antonio Monago acusó al Gobierno español de “complicidad” con el régimen de Maduro y “mirar hacia otro lado” al escudarse en las actas electorales para no reconocer la victoria de González Urrutia.
Además cargó contra el papel “tan vergonzoso” del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que “no es un mediador” sino que lo que hace es “facilitar la dictadura de Maduro”, descalificaciones que fueron constantes desde la bancada de las derechas.
El texto de la moción aprobada en el Senado incluye la solicitud de liberación de los dos detenidos españoles en Venezuela, acusados de pertenecer al CNI y de preparar un atentado contra Nicolás Maduro, y el reclamo de apoyo institucional para que organismos que trabajan en Venezuela puedan desarrollar su labor solidaria con la población de origen español.
Para el abogado defensor de presos políticos Joel García, la arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra la sociedad civil en Venezuela luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio ha sido la más cruenta en los últimos 25 años.
A juicio de García, en este momento “nadie en Venezuela está a salvo, todos estamos en libertad condicional”.
El abogado hizo la afirmación este martes 17 de septiembre durante una nueva edición de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual, la cual llevó por título El drama de los presos políticos en Venezuela.
En el programa, que estuvo conducido por Víctor Amaya, director de TalCual y Luis Blanco, director de Runrun.es, García aseguró que en Venezuela se puede ir a la cárcel por el simple hecho de emitir una opinión en público o redes sociales, haber sido testigo o miembro de mesa el 28J, ser político, activista, periodista o colocar un estado de Whatsapp.
“No sabemos si esta conversación que tenemos ahora pueda ser considerada un acto de terrorismo”.
Según García, esta arremetida poselectoral del régimen chavista no ha concluido y continúa con la edificación o remodelación de prisiones, imputaciones de delitos de odio y terrorismo y aumento de la cifra de presos politicos.
Para el abogado existe una marcada diferencia entre las represiones en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014, 2017 y 2019 y las recientes luego del 28J.
“Más allá de lo cuantitativo, estamos viendo que desde enero de este año, a ninguna de las personas detenidas les han permitido designar defensores de confianza y el ejemplo más ferviente es el caso de Rocío San Miguel, que está presa desde febrero y sigue sin derecho a abogado privado”.
García denunció que a abogados como él ni siquiera les dan acceso a los tribunales.
“Los jueces de control son los primeros que vulneran los derechos, las audiencias son masivas, no se individualizan conductas. El fiscal (Tarek William Saab) dice que no tiene denuncia alguna por violaciones a derechos humanos y eso es porque a los defensores públicos les prohíben denunciar”.
El abogado sentenció que cualquier funcionario público está obligado a denunciar tratos crueles y degradantes.
“Esa omisión es considerada un delito. El asunto es que a los defensores les prohíben denunciar cualquier irregularidad porque el resultado es declarar sin lugar y corren el riesgo de perder sus cargos incluso su libertad”,
García citó el caso de Maglen Marin Rodríguez, quien se desempeñaba como fiscal provisoria del estado Anzoátegui y fue destituida e imputada por supuestamente cometer el delito de “omisión intencional” en un proceso judicial contra cuatro manifestantes.
Adolescentes desamparados
El abogado indicó que los juicios a los adolescentes tienen un carácter educativo.
“En teoría deberían estar presentes los representantes, pero ninguno ha podido participar. Los adolescentes no pueden cumplir una pena superior a 10 años y se les debe rebajar la condena si admiten su responsabilidad”.
Alertó que a los adolescentes les están haciendo audiencias masivas.
“Muchos tienen más de 45 días y no han sido acusados, los imputan de manera telemática sin especificar conductas individuales, como si se tratase de una misa colectiva. La mayoría no ha recibido visita de su familiares, no les pueden suministrar alimentación, desconocen de su salud, lo poco que saben es que están bien”.
García sentenció que al admitir la culpabilidad al acusado debe rebajársele un tercio o la mitad de la sentencia, pero en delitos como terrorismo corresponde un tercio.
El abogado acotó que ante estas irregularidades la Defensoría del Pueblo brilla por su ausencia.
“Conozco muchos familiares que han acudido y no han obtenido respuesta alguna, la Defensoría solo existe en la Constitución, es una sede, pero no conocemos más nada, es totalmente gris”.
García indicó que con lo estipulado en el nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, es suficiente para que la Defensoría del Pueblo abra una investigación de oficio.
“En Venezuela hace falta más educación en vez de construir más cárceles, se están construyendo prisiones para un sector específico de la población, un sector que siente que le fueron vulnerados sus derechos políticos por medio del sufragio”.
El abogado informó que desde 2014, los cuerpos de seguridad del Estado han practicado más de 17 mil detenciones por razones políticas, de esas a 9 mil personas les aplicaron medidas cautelares.
“El patrón ha sido igual, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos sin órdenes judiciales, torturas, incomunicación y ausencia de defensa”.
García denunció que la “Operación Tun Tun” se ha venido practicando desde hace tiempo.
“La autonomía judicial no existe, hay una cadena de mando y eso es grave porque todos los venezolanos estamos indefensos”.
El abogado indicó que pese a que no hay una suspensión de garantías, en Venezuela no existe el estado de derecho.
“Es una sociedad de barbarie, nadie está a salvo. La persecución por razones políticas está establecida como un crimen de lesa humanidad. Hablar de justicia en este país es forzar el concepto, porque no la tenemos”.
Hombres armados mataron el mismo día a tres obreros dentro de dos fincas que están en la zona rural del municipio Santa Rita, en la Costa Oriental del Lago. Autoridades vinculan este hecho del 3 de septiembre de 2024 con bandas que operan en el estado Zulia.
Las primeras dos víctimas fueron identificadas como Carlos Javier Colina Colina, de 19 años, y Leonel José Peralta Graterol, de 34. Ambos recibieron unos 10 disparos, después de ser sometidos por los sicarios dentro de la finca Guadales, ubicada en el sector El Guanábano.
El tercer asesinado fue el ordeñador Juan Pablo Olivares Romero, de 58 años, quien recibió cuatro disparos en el rostro cuando comenzaba su jornada en la finca San Benito, en el mismo sector El Guanábano.
El triple homicidio se registró con menos de 30 minutos de diferencia. El hecho preocupa a ganaderos y habitantes de la zona rural de Santa Rita.
Los otros trabajadores que también cumplían con su jornada en estas fincas fueron testigos de los asesinatos e, inclusive, uno de ellos, un adolescente, fue obligado a llevar a la finca San Benito a los sicarios que asesinaron a la tercera víctima, Juan Olivares.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) atribuyó este triple asesinato, de obreros que se dedicaban al ordeño de ganado, a la banda del “Huérfano Masacre”, señalada de extorsión y abigeato.
Casi dos semanas después, el 16 de septiembre de 2024, se reportó la muerte de tres presuntos responsables de estos asesinatos, vinculados con la referida banda, en operativos liderados por funcionarios del Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalística (Cicpc) en zonas rurales de los municipios Miranda y Santa Rita.
Mario José Butrón Nava, de 27 años de edad, murió en medio de un presunto enfrentamiento en el sector Simón Mesa, de Santa Rita y, menos de seis horas después, en el sector Recta de Guajiros, en el municipio Miranda, falleció Carlos Guillermo Rodríguez Romero, de 23 años.
Ambos fueron señalados en la minuta policial como los autores de estos asesinatos que se registraron en dos fincas del sector El Guanábano, de Santa Rita.
Antecedentes en Miranda
En el mes de agosto de 2024, también se reportó otro triple homicidio en el municipio Miranda y fue vinculado con bandas de la zona, según las estadísticas de Monitor de Víctimas.
El cadáver de Óscar Campos fue encontrado, el 15 de agosto, en una zona enmontada de Santa Rita, tres días después de que perdieran su rastro. En la misma semana, fue registrado el doble homicidio de Alonzo River y Roiber Javier Chirinos, en Los Puertos de Altagracia, municipio Miranda.
Con estos, serían siete los sicariatos registrados en el municipio Miranda.
¿Favorece el tiempo a Nicolás Maduro en el contexto actual? A primera vista, parece que el paso de los días tiende a estabilizarlo. Miraflores impone su ley usando la fuerza, castigando a los inconformes y promoviendo el asedio ciudadano. Las protestas populares cuestionando los resultados anunciados por el CNE son reprimidas. Las calles retornan a la tranquilidad. La cotidianidad se impone. El chavismo trata de pasar la página. La gente se retira a sus dominios personales.
Sin embargo, aquel que se anime a ampliar el lente y trate de figurarse sobre cómo será el desarrollo de la vida institucional venezolana en el mediano plazo, quizás pueda terminar concluyendo que la circunstancia actual no es sostenible. Bajo esa óptica, el tiempo favorecería entonces a María Corina Machado. Esa falla de origen que el chavismo considera un detalle, podría terminar generando nuevos problemas de gobernabilidad.
Es complejo figurarse por cuánto tiempo puedan durar los efectos institucionales y un status quo producto de un resultado electoral tan discutible, tan precariamente expuesto y explicado, que ha dejado a tanta gente insatisfecha dentro y fuera de Venezuela.
Si nos atenemos a la pulsión de la vida nacional en las últimas décadas, tendríamos que convenir en que se trata de una situación contranatura. Se acaba de celebrar una elección que lo decretó ganador, pero lo cierto es que el de Maduro es un gobierno rodeado por una sociedad descontenta.
Tal circunstancia aumenta el riesgo de que, para hacerse respetar, la censura aumente, se penalicen más derechos constitucionales, se naturalicen más vejaciones cotidianas y se endurezcan selectivamente los procedimientos penales y policiales. Si la situación es tan inusual, y el tiempo de las masas y las mayorías ha terminado, el gobierno necesitaría infundir más miedo para hacer valer su autoridad.
Esta llegada a la zona “Nicaragua” no tendría que ser, por cierto, un punto definitivo y sin retorno, o una circunstancia estática. El modelo chavista seguirá siendo el mismo; puede que la oposición siga ganando alcaldías como la de Baruta o Lechería. Tal y como ha hecho en el pasado, el gobierno revolucionario podría posteriormente abrir un compás de apertura o ensayar un repliegue para descomprimir, con jornadas de solidaridad e invitados extranjeros, como ya lo ha hecho otras veces, una vez concluida la tarea de extirpar aquellas zonas de la oposición que le están estorbando.
Desde hace mucho, incluso en los tiempos de Hugo Chávez, el ciudadano promedio se había acostumbrado a que en la presidencia mandara el candidato más votado. La soberanía nacional y el fundamento del voto eran garantías que la población ejercía desprevenidamente, y que se daban por descontadas en el país.
El propio ejercicio del voto entraría a partir de este momento, si todo sigue como va, en una dimensión de suspenso con reservado pronóstico. Si termina de consolidarse el panorama político impuesto de 28-J, es muy probable que amplísimas capas de la población se desvinculen de las citas electorales que organiza el chavismo, y la militancia revolucionaria, en total minoría, se apropie totalmente del mapa nacional del poder.
Siendo tan palpable en las calles el anhelo de cambio político, antes y después de la celebración de las elecciones, el gobierno de Nicolás Maduro ofrece evidencias de tener un total control de la situación. La dureza de sus procedimientos represivos, y la naturalidad con los cuales han sido aplicados, han ahogado hasta el silencio la furia ciudadana e inhibido por completo cualquier asomo de disidencia interna.
Después de todo, en eso, precisamente, consisten las dictaduras: en algún momento del desarrollo de su hegemonía, el cuerpo del estado se divorcia de los intereses de la sociedad, porque tiene otros, e impone las cosas por la fuerza con niveles variables de intensidad y dureza. El régimen chavista sabe imitar los modelos liberales, pero se mostrará despótico y arbitrario cuando sienta amenazada su presencia en el poder, como acaba de suceder en las elecciones.
María Corina Machado tiene la popularidad y el capital político intactos, y sigue estando dentro del juego, evaluando pasos a seguir y tomando decisiones. Sería un error subestimarla, o suponer que va de salida. La marcha de Edmundo González Urrutia, sin embargo, duplica sus niveles de exposición y le hacen más empinada la cuesta.
En este marco, el oxígeno para hacer política parece que se agota.
En El Mañanero del 18 de septiembre de 2024 de Runrun.esresumimos los titulares más destacados sobre Venezuela: El informe de la ONU destacó que la protesta contra los resultados electorales y la respuesta represiva del Estado, marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. María Corina Machado afirmó que el mundo no puede ser indiferente ante la alerta de la ONU y aseguró que no descansarán hasta que los responsables de estos crímenes rindan cuentas y haya justicia
“Informe de la ONU devela la existencia de una represión sin precedentes que profundiza la grave crisis de derechos humanos que está viviendo Venezuela”, Edmundo González Urrutia
Luego del 28 de julio 2024 la febril inventiva de los laboratorios del régimen ha demostrado su infinita capacidad para lanzar al ruedo múltiples eventos, orquestados en el objetivo de conjurar la paliza histórica propinada por el pueblo venezolano contra su gestión de 25 años en el poder.
A decir verdad, han convertido el escenario político en un batiburrillo de mentiras y tramas, dignas de las enrevesadas sagas filmadas por las plataformas streaming de resonancia mundial, al extremo que el ciudadano y la comunidad global se despiertan cada día en un mar de conspiraciones. En las primeras las arropa el misterio del desenlace, entre tanto en las disparatadas alocuciones del ministro del Interior o del mandatario nacional ya se conoce desde el inicio el trágico final.
Total, nadie les cree. Sus desaforadas “actuaciones” son percibidas con memes y burlas de todo género por el ciudadano y por la opinión pública mundial. Todos conocen los innumerables atentados como fuentes de inspiración de dictadores y de aspirantes a serlo, al contarse por centenas en la historia contemporánea los atentados a Fidel Castro, a Stalin y, en nuestros predios, al comandante de Sabaneta y al actual siniestro mandatario nacional.
Las piruetas del régimen
Vamos a excluir de estas piruetas las aberraciones inconstitucionales representadas en grado máximo en la sentencia del jueves 22/8, cuando el TSJ indica que la Sala “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado” y “convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024”. La feroz represión que ha derivado en miles de detenciones, decenas de asesinatos, la judicialización de la protesta popular contra el fraude y la discusión en la Asamblea Nacional de la ley contra el fascismo como instrumento de persecución de la disidencia opositora.
Acá nos referimos a una serie de eventos lanzados por el régimen como cortina de humo, para pretender esconder la estafa contra la decisión mayoritaria soberana de casi 8 millones de votos contra el candidato oficialista, y para contrarrestar la connotada ofensiva de la comunidad internacional representada en la OEA, UE y la ONU.
El Alba, parapeto ideológico
En tal sentido, señalamos la convocatoria en el mes de agosto 26/8 de La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), integrado por siete países: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas, la Mancomunidad de Dominica y Antigua y Barbuda.
Este organismo, creado en 2004, se autocalifica como “una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación”, siendo en realidad un bastión de la política exterior del régimen sin ningún beneficio en materia de intercambio comercial para la economía nacional. Por el contrario, es un reservorio de manifiestos ideológicos en apoyo en este caso al fraude electoral contra la voluntad del pueblo venezolano.
Cuando observamos los magros indicadores económicos de este parapeto de integración comercial confirmamos que es solo un bluf. Tan solo un mecanismo de propaganda, jamás de desarrollo económico para la región como lo fue en su tiempo la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Veamos este Boletín Informativo # 5 de Integración Financiera del organismo ALBA-TCP 05/2015:
“El volumen de comercio intrarregional del ALBA-TCP en el 2013 fue relativamente bajo; los países miembros del bloque intercambiaron entre sí USD 1,263.2 millones. El 1 % del total de exportaciones del bloque tuvo como destino los países del ALBA-TCP. La información da cuenta que Dominica (37.6 %), Antigua y Barbuda (10.1 %), Nicaragua (8.5 %), Bolivia (2.4 %) y Ecuador (2.2 %) mantuvieron un intercambio comercial superior al registrado para el bloque; en tanto que Venezuela (0.02%) fue el único país que registró un menor indicador de exportaciones intrarregionales respecto al bloque”.
El “antifascismo” de los fascistas
Continuamos con un segundo evento el denominado ‘Congreso Mundial contra el Fascismo y Expresiones Similares’ realizado recientemente entre el 11 y el 12 de septiembre en Caracas. Así lo reseña la prensa internacional: “El Gobierno prepara esta actividad cuando el país atraviesa una crisis política tras las presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro fue ‘reelegido’ para un tercer mandato consecutivo, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado cuestionado por buena parte de la comunidad internacional y rechazado por la oposición mayoritaria, a la que el oficialismo señala como ‘fascista’”.
Al concluir el evento, Maduro anunció la creación de la Internacional Antifascista: “Estamos enfrentando una agresión internacional y un brote fascista, criminal, muy peligroso sobre Venezuela. El Gobierno de Estados Unidos (…) Ellos diseñaron una política para utilizar este proceso electoral y montar una operación multidimensional contra Venezuela”.
En resumen, participaron cientos de delegados de 92 países, invitados a disfrutar del “turismo político” en un ambiente de despilfarro y propaganda, totalmente innecesarios para un país en ruinas, cuya política de Estado se basa en mantener en el poder al tirano gobernante.
En este orden de ideas, se destaca la decisión presidencial de “adelantar las navidades” para el primero de octubre, creyendo que producirá alegría en una población que durante este cuarto de siglo ha sufrido la expropiación del disfrute navideño. Simplemente no hay nada que celebrar cuando la desidia gubernamental pulverizó salarios, utilidades y pensiones.
La sarta de desaguisados y de tramas señalados, se desarrolló como guinda de la torta el pasado fin de semana, referente a la denuncia de un golpe de Estado y de un atentado presidencial. El régimen apresó a ciudadanos europeos: 2 incautos de origen español y uno de Republica Checa; y a 3 estadounidenses, quienes se atrevieron a visitar el país y ahora fueron convertidos en monedas de cambio al peor estilo del intercambio de espías en el marco de la Guerra Fría.
A fin de cuentas, toda esta bufonada traduce el pánico de un régimen en decadencia, sin argumentos para justificarse en el poder. Una tiranía que recurre a toda suerte de operetas para alargar su agonía, pretendiendo negarle al pueblo venezolano su derecho a tener un presidente que soberanamente eligió y a reestablecer la democracia perdida.
