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Madres de niños detenidos denuncian que le suspendieron las visitas

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Las madres y familiares de los niños detenidos en el Centro de Justicia 431, ubicado en El Cementerio, denunciaron que este martes, 17 de septiembre, no les permitieron las visitas. Los menores están detenidos como consecuencia de las protestas poselectorales. 

En el centro de reclusión las visitas son permitidas los martes y viernes. Los familiares deben llegar antes de las 9:00 de la mañana para que se le asignen “los pases” y después de eso, deben pasar por el proceso de revisión y así poder ver a sus hijos. 

“Llegamos antes de las 9:00 de la mañana, como de costumbre, para que nos entregaran los pasos y nos decían ‘ahorita’, ‘ahorita’, llegó las 2:00 de la tarde y no nos dejaron entrar, no pudimos ver a los muchachos”, expresó la tía de uno de los menores detenidos. 

“Una orden del ministro” 

La familiar aseguró que “los tenían mareados” y que después de varias horas de espera, les dijeron que no pasarían porque era una orden del ministro, Julio García Zerpa. 

“La directora del centro nos dijo que no nos daría pasar. Nos quedamos con la comida afuera y no nos permitieron la entrada”, dijo. 

Añadió que están tratando a los niños como delincuentes cuando ellos son inocentes y no hicieron nada malo. 

Los representantes de los menores detenidos creen que tomaron esta decisión después de denunciar las violaciones de derechos humanos a los que han sido sometidos desde que están detenidos. 

Madres de adolescentes detenidos
Madres de niños detenidos no pudieron entrar. Crédito: Cortesía.

Madres denuncian maltrato 

El viernes, 15 de septiembre, las madres de los menores detenidos denunciaron que cumplen más de 45 días detenidos de forma arbitraria. Al momento de su captura, los agentes de seguridad no tenían ninguna orden de aprehensión y, los primeros días, fueron detenidos en centros de reclusión para adultos. 

En el caso de Diomer Gómez, de 17 años, pasó 12 días desaparecido antes de que sus familiares supieran dónde estaba recluido. Su hermana, Dionexis, comunicó que tampoco ha recibido atención médica debido a que tiene una goma en la espalda. 

“No le han mandado hacer exámenes, no le han mandado hacer placas. Solo nos mandaron a comprar unas inyecciones y unas pastillas. No sabemos más nada”, afirmó su hermana durante la rueda de prensa. 

Familiares de los niños detenidos denunciaron maltrato y tortura.

Gómez añadió que su hermano es un “niño estudioso” y que nunca se metió en problemas. “Su mayor deseo es estudiar Comunicación Social en la UCV. Ellos no son criminales, queremos que salgan y que nos den respuestas”, dijo. 

Capucha de cebollita: una forma de tortura 

Theany Urbina, madre de Miguel Urbina, de 16 años, informó que los niños, antes de ser trasladado al centro de detención de El Cementerio, estuvieron retenidos en Zona 7, centro de reclusión preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y que recibieron tratos inhumanos. 

Los torturaron de forma física y psicológica. “Hay una cosa que llaman la capucha de cebollita, consiste en que le ponen una bolsa en la cara con gas lacrimógeno”, aseveró ante los medios de comunicación. 

Los ocho niños, los cuales están en una misma celda, están siendo acusados de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública. 

“Tenemos entendido que terrorismo tiene una imputación de 10 años, y esto le está trancando su futuro y, de verdad, no sabemos qué pasará con nuestros hijos”, expresó Urbina. 

Así reaccionó la oposición al informe de Determinación de Hechos de la ONU sobre la represión en Venezuela

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Este martes, 17 de septiembre, se hizo público el informe más reciente de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, en el cual se responsabiliza a Nicolás Maduro y a los cuerpos de seguridad de Estado de crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias, represión y torturas. Sobre este nuevo balance, varios políticos de oposición utilizaron sus redes sociales para pronunciarse por la gravedad de la situación que el texto describe. 

Una de las primeras en pronunicarse fue la líder de oposición, María Corina Machado, quien aseguró que el informe confirma lo que han denunciado incansablemente,

“El régimen venezolano ha usado la violencia, la represión y el terror como sus armas para intentar callar a los venezolanos que defendemos la democracia y la libertad. Niños secuestrados y torturados, líderes perseguidos, activistas y periodistas acosados, familias enteras que hoy lloran a uno de los suyos”, se lee en un post en X. 

Machado agregó que el mundo no puede ser indiferente ante la alerta de la ONU y aseguró que no descansarán hasta que los responsables de estos crímenes rindan cuentas y haya justicia.

El abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde el 8 de septiembre, expreso en un audio al que tuvo acseso EFe, que el informe presentado este martes por la Misión de la ONU “devela ante el mundo la intensificación del aparato represivo del Estado, destacando la existencia de una represión sin precedentes que profundiza la grave crisis de derechos humanos que está viviendo Venezuela”.

Según González Urrutia, “en Venezuela nos encontramos en una situación que, aunque es un patrón de violaciones continuas, en el contexto postelectoral el régimen ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para silenciar toda oposición pacífica (…); desde el 28 de julio se registran 2.200 detenciones” y en muchos casos de personas sujetas “a torturas como golpes, choques de electricidad, privación del sueño, desnudez forzada y aislamiento”.

Asimismo, reafirmó que el sistema de justicia está “claramente subordinado a los intereses del Poder Ejecutivo, lo cual sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social”.

Por su parte, el político Juan Pablo Guanipa indicó que el nuevo informe de la Misión de la ONU “relata una lista lamentablemente larga de vejaciones y violaciones a los derechos de los venezolanos”.

Exhortó a que “el mundo democrático debe seguir poniendo su atención en Venezuela, lo que aquí sucede no solo es un ataque directo a los venezolanos, sino también un precedente terrorífico para los autoritarismos del mundo”.

El político Juan Guaidó también usó su cuenta en X para pronunciarse sobre el informe y reclamar que Maduro debe ser responsable por sus crímenes.

Delsa Solorzano, presidenta de Encuentro Ciudadano y defensora de DDHH, señaló que el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre la represión en Venezuela evidencia “que nuestra nación ha enfrentado con valentía a un régimen criminal”.

A través de la red social X, Solórzano dijo que «el informe emitido por la Misión Independiente de Determinación de Hechos reviste particular importancia, ya que no sólo reitera que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, sino que añade la descripción de hechos cometidos por funcionarios del Estado que configuran el Crimen de Persecución (Artículo 7 del Estatuto de Roma)».

Añadió que el informe de las Naciones Unidas alerta sobre el incremento de las detenciones arbitrarias, todas en grave violación al debido proceso. “Estas detenciones se caracterizan además, por estar precedidas de desapariciones forzadas de corta duración”.

González Urrutia continúa con su agenda de reuniones con políticos españoles 

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Siguiendo con su periplo por tierras españolas, el candidato presidencial venezolano de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, se reunió este martes 17 de septiembre con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

De acuerdo con la agencia internacional EFE, ambos políticos intercambiaron “visiones sobre el momento actual y la democracia, la libertad y el diálogo en Venezuela”.

La reunión de González Urrutia con Albares se produjo justo después de mantener un encuentro con el principal líder del Partido Popular (PP) en España, Alberto Núñez Feijóo y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.

 “Hoy he tenido el honor de entrevistarme con el presidente electo de Venezuela en el Congreso de España, donde ha sido reconocido como tal”, escribió Feijóo a través de su cuenta de X.

Feijóo dijo que está “totalmente comprometido política y moralmente con el pueblo venezolano”.

Durante la reunión con González Urrutia, el líder popular reclamó la liberación de todos los presos políticos y exigió que el régimen de Nicolás Maduro informe sobre la situación de los españoles detenidos en el país. 

Albares, exigió al canciller de la administración madurista, Yván Gil, confirmar la identidad y ubicación de los dos españoles que se encuentran detenidos en Venezuela, además de explicar bajo qué cargos fueron acusados.

De acuerdo al canciller español, los detenidos arbitrariamente no tienen vinculación alguna con organismos públicos de España “y mucho menos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)”. 

El régimen madurista informó que los detenidos oriundos de España responden a los nombres de Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, ambos presuntamente relacionados con una supuesta operación para llevar a cabo actos terroristas contra el gobierno venezolano.

El ministro español de Asuntos Exteriores aseguró que el consulado español en Caracas está “en contacto continuo con las familias de los dos detenidos”.

 

Universidades retornarán a clases con “deplorables condiciones de estudio y trabajo”

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Las universidades venezolanas retornarán a su jornada de clases en pocos días a pesar de las “deplorables condiciones de estudio y trabajo”, según advirtió este lunes, 16 de septiembre, la organización no gubernamental Observatorio de Universidades (OBU).

En un hilo publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el OBU recordó que de acuerdo con la Encuesta del Observatorio de Universidades (Enobu) del 2023, al menos 91% de los centros de estudio no cuentan con servicio de agua y 86% no tiene servicio eléctrico de forma continua.

Además, 85% afirmó que no cuenta con el funcionamiento de baños de manera regular y el 95% carece del servicio de conexión a internet en sus instituciones.

Por otra parte, al menos el 86% de los universitarios tampoco cuenta con transporte universitario, por lo que el 32% de los estudiantes y el 39% de los profesores deben trasladarse caminando para cumplir con sus obligaciones académicas.

En cuanto a las instalaciones de las casas de estudio, 6 de cada 10 estudiantes señalan que no cuentan o les son insuficientes los laboratorios y bibliotecas especializadas. 

Asimismo, el 97% de los alumnos de las instituciones públicas no recibe becas, 92% no recibe bonos del sector público y 96% no cuenta con el servicio de comedor, providencias determinantes en la prosecución académica.

El estudio del OBU también advierte que el proceso de desalarización y la eliminación casi absoluta de las providencias estudiantiles “mantiene en aumento las privaciones multidimensionales de la población universitaria”.

“En el sistema de educación superior de Venezuela hay profesores y estudiantes con inseguridad alimentaria. No obstante, es una realidad invisibilizada que no ha sido atendida por el Estado”, advirtió la organización.

El OBU alertó también que el daño por las precarias condiciones de la infraestructura universitaria “se han hecho irreversibles a pesar de los esfuerzos propios realizados por la comunidad universitaria con la vuelta a la presencialidad”.

FVM advierte que casi tres millones de niños están fuera del sistema escolar

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La Federación Venezolana de Maestros (FVM) alertó que tres millones de niños están fuera del sistema educativo. La cifra llega a pocos días de iniciar el periodo escolar en el país, el cual se tiene previsto para el 30 de septiembre, de acuerdo a las declaraciones de Héctor Rodríguez, ministro de Educación. 

En un comunicado, publicado en su cuenta oficial de X, antiguo Twitter, expresaron que “la educación es la palanca que mueve el desarrollo de un país”. 

En la misiva indican que las clases iniciarán con las mismas carencias del pasado: un gran número de planteles educativos con infraestructuras inadecuadas, sin recursos pedagógicos y tecnológicos, sin aumento salarial, beneficios contractuales disminuidos por la Onapre, sin seguridad social y escasez de talento humano, debido a la migración. 

“Una crisis continuada por la falta de voluntad política”

El magisterio sentenció que la grave situación de la educación en Venezuela es “una crisis continuada por la falta de voluntad política del ejecutivo nacional para dignificar la profesión docente. Los docentes están desmotivados, desmoralizados y desanimados, con baja autoestima debido a la situación económica y social”. 

Insisten que son las mismas exigencias de hace cinco años:

“La exigencia de los maestros es la misma desde hace al menos unos cinco años: un salario digno que cubra sus necesidades y les permita concentrarse en preparar su trabajo escolar sin ninguna otra preocupación”.

La Federación Venezolana de Maestros sostuvo que la crisis alimentaria también es un problema recurrente en las escuelas del país, ya que esta situación deriva una de las “principales causas que impide a docentes y estudiantes acudir a los centros educativos”. 

Acerca del Programa de Protección de Alimentos (PAE), el gremio denuncia que es “de mala calidad”. 

Según información oficial, dicho “programa estructural está dirigido a fortalecer el recurso más preciado de una nación como lo son sus niños y niñas en la tarea de lograr su formación integral”. Sin embargo, los maestros consideran que es una dieta cargada de carbohidratos y que el programa no cumple con las expectativas. 

“Los efectos son catastróficos para un niño en edad escolar, que está en pleno desarrollo físico, psicológico y cognitivo”. 

Docentes suspendidos y sin salario 

El comunicado de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) enfatizan en el un “número importante de docentes suspendidos y sin salario”, denuncian que dicha situación viola el debido proceso, además del derecho a la defensa y la estabilidad laboral. De esta forma, exigen la restitución de los salarios a dichos profesionales. 

En la misiva enlistan todas sus exigencias: 

La primera de ellas es “destinar suficientes recursos para firmar la convención colectiva, que permita un salario justo y condiciones de vida dignas”, la segunda es la seguridad social para los trabajadores de la educación, reparación y acondicionamiento de la infraestructura educativa y del mobiliario escolar y garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

El magisterio pide “cesar el acoso laboral contra los docentes y restitución de los salarios suspendidos”.

Y, por último, resaltan que es responsabilidad del “Ejecutivo Nacional, quien debe garantizar la paz laboral y para ello deben dignificar a los maestros y brindar un servicio educativo de calidad”. 

 

CAP: vete y no peques más [II]

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¿Pudo Caldera haber indultado a Carlos Andrés Pérez? ¿Por qué le concedió amnistía al exministro Izaguirre, sobreseimiento a Hugo Chávez y dejó a CAP sometido a juicio y arresto?

@ovierablanco

El 20 de mayo de 1993 la Corte Suprema de Justicia [CSJ –con ponencia de Gonzalo Rodríguez Corro– dictaminó que existían razones suficientes para el antejuicio de mérito a Carlos Andrés Pérez [CAP], el cual insistió en todo momento en su inocencia y en la tesis de una conspiración puramente política urdida por sus enemigos.

Al conocerse el fallo judicial, CAP lanzó su propia sentencia, en la cual alertaba que no era una decisión de un juez sino “el espíritu inquisitorial y destructor que no conoce límites a la aniquilación –moral o política– de la rebelión de los náufragos de las últimas cinco décadas: los rezagos de la subversión de los años sesenta, los derrotados en las intentonas subversivas del 4F y el 27N-1992 y los nuevos reclutas que conformaban la abigarrada legión de causahabientes”.

Con esta proclama CAP resumía medio siglo de reconcomios, soberbia e inmadurez política, cuya conjura histórica nos condujo injustamente a lo que podríamos denominar el holocausto político venezolano que hoy padecemos: más de 8 millones de venezolanos desplazados, millones en situación de hambruna, millones de muertos por violencia, criminalidad y delincuencia y millones sumergidos en la más profunda miseria.

Del petro-Estado a Estado liberal. Quiera Dios…

CAP justificó sus acciones de gobierno alegando que “ya no era posible el estatismo, porque el Estado macrocefálico había llegado a su fin”. La armonía social, financiada de manera ilimitada por el petróleo, colapsó [Moisés Naím dixit].

Un país petrolero que generó cincuenta años de deformaciones. CAP asumió la impopular tarea de intentar un salto a la modernidad. Pero sus enemigos “no [le] perdonaron haber sido dos veces presidente por aclamación popular […] ser parte consustancial de la historia venezolana de este medio siglo […] enfrentar los avatares y salir victorioso de ellos”, por lo que concluía que “quienes han conducido al país a esta encrucijada dramática de su historia, tendrán que asumir su responsabilidad”. No la asumieron y, los que aún viven, no la asumen.

CAP logró una visión muy exacta de lo que nos tocaría vivir. Lo anticipó con un poderoso acto de fe y dolor, pero sin rencor: “Quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo no tengan motivos para arrepentirse”. Y ese proceso de contrición, redención y propósito de enmienda, aún lo estamos esperando. “Vete y no peques más…” como respondió Jesús, fue en pocas palabras la actitud de CAP. A sus enemigos los invitó a arrepentirse, los perdonó, y los alertó de adonde nos llevaría tanta maldad. Pero sus adversarios, que no sabían de nobleza, fueron incapaces de redimir, no solo a CAP sino a todo un país. Por el contrario, querían hundirlo más, sin piedad y sin sentido.

El 18 de mayo de 1994 Pérez fue arrestado e ingresado en el Retén Judicial de la prisión del Junquito por decisión de la otrora CSJ. Más de tres horas esperaron CAP y su abogado, el Dr. Alberto Arteaga Sánchez, por esa decisión. Los magistrados no sabían qué hacer y a dónde enviarlo. Dos días después, el Comité Ejecutivo Nacional de AD, en una tensa reunión, resolvió expulsarlo del partido.

Encarcelado y expulsado, el expresidente fue sometido a juicio el 22N de 1994. El fiscal general, Iván Darío Badell, solicitó para el acusado la pena de prisión que contemplaba la ley venezolana y una multa de 700 millones de bolívares por los delitos de malversación y peculado. El 30 de mayo de 1996, la CSJ halló a Pérez culpable del delito de “malversación genérica agravada” y le impuso una pena de 2 años y 4 meses. Queremos detenernos en este episodio:

Bueno aclarar que no se encontró culpable de peculado porque CAP jamás dispuso de la partida secreta. Se trató de un acto de rectificación del cual no hubo apropiación. Tampoco el monto que se utilizó para la misión de seguridad a Nicaragua costó 250 millones de dólares sino 600.000 dólares, lo cual tampoco suponía malversación.

Hablando de indulto, recordemos que a CAP le allanaron su inmunidad presidencial el 21 de mayo de 1993, asumiendo el cargo de presidente Octavio Lepage, poco después sustituido por Ramón J. Velásquez [5/6/93], quién entrega la presidencia provisional al presidente electo Rafael Caldera [2/2/1994]. CAP fue definitivamente destituido por el Senado en agosto de 1993. Posteriormente es llevado preso a El Junquito en mayo de 1994, donde permaneció tres meses. Luego por su edad [70 años] se acoge al arresto domiciliario hasta obtener sentencia. Dos meses antes [26 de marzo de 1994], Hugo Chávez, quién protagonizó el golpe de Estado del 4F-92 y era procesado por insurrecto, fue sobreseído por orden del presidente Rafael Caldera [a escaso mes y medio de ocupar su cargo]. Mientras tanto CAP quedó sometido a juicio y privado de libertad.

Chávez exgolpista del 4F-92 sale de prisión. Por haber sido sobreseído antes de ser juzgado [indulto presidencial antes de recibir condena] queda habilitado para ser candidato a la presidencia de la república, la cual ganó en diciembre de 1998. CAP siguió arrestado hasta 1996.

¿Pudo Caldera haber indultado a Carlos Andrés Pérez? ¿Por qué le concedió amnistía al exministro Izaguirre [diciembre de 1994], sobreseimiento a Hugo Chávez [marzo de 1994] y dejó a CAP sometido a juicio y arresto? ¿Cuál hubiese sido el destino de Venezuela si Chávez era enjuiciado y CAP no hubiese sido depuesto? Volvemos con el decir de CAP: “Quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo no tengan motivos para arrepentirse…”. Los venezolanos nos hubiésemos ahorrado inéditos y horrendos sufrimientos, mucho odio y violencia ajena a nuestra cultura, y la pérdida de la democracia.

Un efímero y perseguido regreso…

A CAP lo condenó la CSJ el 20/5/1996. Fue liberado por haber cumplido sentencia durante su proceso. Pérez regresó a la arena política con ímpetu renovado. El 20 de marzo de 1997 presentó su nuevo partido, el Movimiento de Apertura y Participación Nacional. CAP perseguía el escaño de senador por Táchira en las próximas elecciones legislativas. Nuevos contratiempos judiciales le salieron al paso.

El 14/4/1998 el Tribunal Superior de Salvaguardia del Patrimonio Público (TSS) ordenó su arresto domiciliario y su puesta bajo custodia por nuevos cargos de enriquecimiento ilícito, presuntamente cometidos en CAP II. Caldera seguía siendo presidente de Venezuela. A Pérez y a Cecilia Beatriz Matos Molero se les acusó de ocultar sendas cuentas abiertas en sucursales del Citibank y el Republican National Bank de Nueva York […] CAP inscribió su partido para concurrir en las legislativas del 8 de noviembre de 1998. Apertura cosechó el 1,7 % de los votos de la cámara (tres diputados) y 2,4 % del Senado (el escaño de Pérez).

El 6D-98 tuvo lugar las presidenciales ganadas por Hugo Chávez. Asumiendo [CAP] su inmunidad como senador el 7E-1999, el TSS suspendió los autos contra el expresidente. Sin embargo, en agosto de 1999, el Congreso quedó suspendido por el proceso constituyente impulsado por Chávez. Pérez renunció al Senado para postularse a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Chávez. La elección (25J-1999) no le favoreció. CAP quedó expuesto a nuevas acciones judiciales. El 20D-2001, tres días después de reabrir el caso por dos fiscales del Ministerio Público, el juzgado de primera instancia del Área Metropolitana de Caracas, ordenó que Pérez y Cecilia Matos cumplir arresto preventivo en sus domicilios, por las cuentas mancomunadas en EE. UU.

Pérez se encontraba en la República Dominicana. Calificó el reinicio de las diligencias judiciales de “farsa”, “chantaje” y “amenaza” orquestados por Chávez, quien le acusaba de conspirar contra su Gobierno, aunque aseguró estar dispuesto a comparecer ante la justicia, bajo la convicción de que no podría probarse ningún delito. El 24E-2002 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo falló a favor de la extradición de Pérez y Cecilia Matos y, el 3-Abril-2002, la Cancillería del Gobierno cursó petición oficial a República Dominicana y luego igual demanda a las autoridades de EE. UU.

Días después se produjo el golpe cívico-militar que fracasó en el intento de derrocar a Chávez. Tras su regreso al poder, el Gobierno acusó al expresidente de haber sido el “autor intelectual de la intentona del 11A-2002”. En los meses siguientes, las autoridades de Caracas presionaron intensamente a las de Santo Domingo, llegando a verse afectadas las relaciones energéticas bilaterales, para que les entregaran al imputado.

Las acciones judiciales no cesaron contra CAP hasta su muerte. CAP falleció a los 88 años de edad, el 25D-2010. Sus últimos años los pasó envuelto en nuevas disputas judiciales, señalamientos de corrupción, acusaciones; problemas de salud, ostracismo y una inclemente persecución. Quiera Dios…

Hasta el mismo día, CAP tuvo a su patria en sus pensamientos, sus labios y en su corazón. Un corazón fuerte y bravío para mantener de pie a unos de los políticos más destacados y visionarios de nuestra historia. Un corazón que soportó mucho dolor e injusticias, duras traiciones e inquinas, y que, a pesar de ellas, no lo llevaron a acumular una sola gota de rencor en su alma. Un corazón que hasta su último latido hubiese preferido otra muerte.

Un último aliento… no rectifico

“Me dirijo hoy a todos mis compatriotas y a todos los extranjeros que han hecho de Venezuela su patria. Quién como yo que ha dedicado su vida entera a la conquista, a la defensa y la consolidación de la democracia, no tiene que rectificar que acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia. No la juzgo. Será la historia –implacable en su veredicto– la que lo hará más adelante. Y la acato, porque asumo mi responsabilidad como presidente, como poder y como venezolano” [Yo sigo acusando. Habla CAP, Agustín Blanco Muñoz en 2011].

Un último aliento de nobleza y dignidad, que sus detractores no demostraron. Un ejemplo de hombre de Estado, cuya virtud no asumieron quienes llegaron al poder y quienes hoy se mantienen en el mando. Un noble llamado a dejar de pecar y marcharse para dejar el país en paz.

Pero pudo más la ambición personal y la codicia, quizás por no ser presidentes, por no ser hombres de Estado, por no conocer el significado noble del concepto de poder y por no representar el sentir, el amor, el orgullo y el compromiso de ser venezolanos.

vierablanco@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La misión de la ONU reveló las claves de la represión postelectoral

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Este martes, 17 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó un nuevo informe sobre la situación de Venezuela y afirmó que luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Estado reactivó e intensificó la modalidad “más dura y violenta de su maquinaria de represión”. 

El informe de la ONU señaló que el gobierno de Nicolás Maduro está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Según la Misión, que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas, el Estado se centra en “aplastar” a la oposición a través de acciones que son “parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir” a la disidencia.

El documento presentado inicialmente comprendía el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto pasado; sin embargo, se actualizó e incluyó los eventos previos y posteriores a las controvertidas elecciones presidenciales. 

A continuación siete claves sobre el más reciente informe de la ONU sobre la situación de Venezuela y en especial después de los comicios del 28 de julio: 

La misión destacó que una vez conocidos los resultados electorales, la represión no sólo continuó enfocada en acallar a los miembros de la oposición, sino que se tornó “masiva e indiscriminada” y se dirigió contra cualquier persona que expresó su rechazo por la victoria de Nicolás Maduro.

Sobre las muertes en protestas los días 29 y 30 de julio, el informe señala que el Fiscal General (Tarek William Saab) reconoció la muerte de 25 personas y sin una investigación previa le atribuyó la totalidad de las muertes “a los grupos delincuenciales instrumentalizados por los mal llamados ‘comanditos’.

La misión reseñó los casos de detenciones arbitrarias de personas opositoras o percibidas como tales y aseguró que las mismas aumentaron notablemente durante la campaña electoral y, sobre todo, en los días que siguieron a las elecciones del 28 de julio. 

“De las detenciones ocurridas antes de las elecciones, la misión tiene motivos razonables para creer que las autoridades llevaron a cabo al menos 39 detenciones arbitrarias (32 hombres y 7 mujeres) de personas opositoras o percibidas como tales”, apuntó la Misión y además agregó que en la gran mayoría en la gran mayoría de los casos investigados, las detenciones estuvieron acompañadas o seguidas de “graves y sistemáticas violaciones del debido proceso”. 

Entre las personas detenidas se contaron numerosos miembros o simpatizantes de Vente Venezuela y otros partidos opositores. También se detuvo a dueños, familiares o trabajadores de empresas simplemente por prestar servicios de hospedaje. El informe destacó que la cifra de detenidos fue en constante aumento, pues tras dos días de protestas, el número de detenciones ascendió a 1.062 y una semana más tarde, Maduro se refirió una cifra de 2.229 detenidos, a los que calificó de “terroristas”

En relación con las detenciones posteriores al 28 de julio de 2024, la misión inició la investigación en al menos 27 casos de detenciones, incluidos las de 7 niños y niñas, en los que se obtuvo indicaciones preliminares de que podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración. 

Aunque el número de casos de violencia sexual y basada en género se mantuvo en cifras relativamente bajas entre septiembre de 2023 y julio de 2024, tuvo un fuerte incremento tras las elecciones del 28 de julio, según el informe. 

“Al igual que en los períodos de 2014-2019 y 2020-2023, los actos de violencia sexual y de género se cometieron principalmente durante las detenciones. Las personas detenidas y los familiares que las visitaron en los centros de detención –sobre todo mujeres y niñas- fueron las víctimas principales de estos actos”, dice el informe.

La misión concluyó, con motivos razonables para creer, que se produjeron actos de violencia sexual y de género en tres casos antes del 28 de julio de 2024 y en otros cuatro casos después de esta fecha.

El informe destacó que la protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Por tal motivo, tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de los derechos humanos investigadas durante este período “representan una continuidad de la misma línea de conducta que la misión caracterizó en informes previos como crímenes de lesa humanidad”.

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“El Niño Guerrero fue captado por la CIA” y otras perlas de Nicolás Maduro

El gobernante Nicolás Maduro aseguró este lunes, 16 de septiembre, que Héctor Guerrero Flores, alias “El Niño Guerrero”, fue supuestamente captado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para incluirlo en los planes contra Venezuela.

Durante su programa Con Maduro+, el oficialista señaló que el prófugo de la justicia y el Tren de Aragua estarían vinculados con un “plan” y el militar estadounidense detenido en Venezuela.

Asimismo, afirmó que este fue quien «dirigió los desmanes y la violencia del 29, 30 y 31 de julio» en el país, cuando los ciudadanos salieron a protestar por estar en contra de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral.

También, Maduro dijo que próximamente la Fiscalía llevará las pruebas a los tribunales que se encargarán de este caso.

A continuación las perlas más destacadas de Maduro sobre el ‘Niño Guerrero’:

“Teníamos varias informaciones de que el ‘Niño Guerrero’ está en Venezuela, fue captado por la CIA”.

“El operativo mundial que se hizo para declarar al ‘Niño Guerrero’ terrorista formaba parte de una fachada para tapar realmente; chantajearlo y obligarlo a sumarse al gobierno de EEUU y la agresión contra Venezuela”.

“Venezuela debe saberlo, que el ‘Niño Guerrero’ y su Tren de Aragua están vinculados directamente con el plan como hoy lo tenemos más que demostrado con las pruebas obtenidas con el militar activo de Estados Unidos”.

Según Maduro, el líder de la banda delictiva Tren de Aragua es, supuestamente, fue quien «dirigió los desmanes y la violencia del 29 de julio, 30 de julio y 31 de julio en el país».

Sobre los dos españoles detenidos en días pasados, a quienes vincula con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, Maduro dijo: “Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados”.

Maduro dijo que ambos españoles “fueron capturados y que están convictos, confesos y con plena prueba de las acciones que traían dentro de Venezuela para asesinar gente, colocar bombas, etcétera”.