La frase “nada sucede de repente” encierra sabiduría, máxima que pasa desapercibida en la vida cotidiana. A primera vista, puede parecer un cliché o afirmación vacía, un recordatorio de que la paciencia es una virtud. No obstante, esta declaración escueta contiene una verdad esencial sobre la naturaleza de los eventos y procesos que moldean la existencia.
Vivimos en una época que valora la inmediatez y la gratificación instantánea. La tecnología permite acceder a información en segundos, comunicarnos con cualquiera y obtener productos o servicios con un solo clic. En este entorno veloz, es fácil olvidar que casi nada ocurre de manera repentina, súbita o sin un trasfondo de preparación y evolución.
Detrás de cada logro, avance tecnológico o éxito personal, hay meses, a veces años, de esfuerzo constante, consagración y perseverancia. En el ámbito de la ciencia y la innovación, los grandes descubrimientos rara vez son el resultado de un “eureka” instantáneo, como suele retratarse en la cultura popular. En realidad, esos avances son el fruto de arduo trabajo, incontables experimentos y fracasos que culminan, eventualmente, en una revelación.
En el ámbito propio y profesional, este axioma cobra relevancia. Es común que el individuo apetezca éxito y felicidad de un día para otro. Queremos alcanzar metas, mejorar relaciones o conseguir bienestar de manera apremiante. Sin embargo, lo cierto es que las grandes victorias –ya sea en una carrera, en la construcción de relaciones significativas o en el desarrollo de habilidades excepcionales– son el fruto de tiempo, dedicación y arrojo inquebrantable. La mayoría de los éxitos no surgen de la nada; requieren aguante, aprendizaje continuo y una buena dosis de perseverancia. Aquellos que triunfan en cualquier área han invertido años de duro trabajo para llegar a donde están.
En la política, la perseverancia es clave
Esta reflexión también aplica en el ámbito social y político. Los cambios profundos en una sociedad –desde los avances en derechos civiles hasta la igualdad de género o la justicia social– no ocurren de la noche a la mañana. Son resultado de generaciones de lucha, activismo y concienciación. Aunque en ocasiones algunos parezcan surgir de manera abrupta, suelen tener detrás un largo proceso de germinación, cálculo y evolución del pensamiento colectivo. En el ambiente de la política, rara vez algo se da de forma inmediata; laudos, decisiones, movimientos e intercambios importantes suelen gestarse con mucho tiempo antes de hacerse evidentes.
La frase “nada sucede de repente” recuerda la jerarquía de la entereza, serenidad y perseverancia. En una época marcada por el desasosiego y evidente zozobra, es fundamental entender que las verdaderas gratificaciones requieren maduración, compromiso y firme determinación. Aceptarlo ayuda a reducir la frustración y el estrés que acompañan la búsqueda de objetivos y metas, tanto personales como culturales y sociales.
Resumen que invita a ser pacientes y apreciar el proceso tanto como el resultado. Detrás de cada logro, evento y transformación significativa en la vida, existe una historia de esfuerzo, aprendizaje y crecimiento. La próxima vez que enfrentemos un desafío o una meta aparentemente inalcanzable, recordemos esta verdad: “nada sucede de repente”. Con rectitud, valor, moralidad y ética, todo es posible.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció este jueves que presentará «algunas cosas» sobre el excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia, luego que este asegurara que fue presionado por parte del gobierno venezolano para firmar un documento y poder salir de Venezuela.
«Acuérdense que hay un lapso de 24 horas que ya feneció, quizás con cierto retraso de algunas horas voy a comparecer ante los medios de comunicación para presentar algunas cosas sobre el coaccionado», señaló desde la sesión de la Asamblea Nacional.
Es importante recordar que Rodríguez presentó el miércoles como evidencia una carta que manifestó fue firmada por González, donde según indicó el presidente del Parlamento venezolano, este reconoce la sentencia de la Sala Electoral y acata la validez de la reelección presidencial del mandatario Nicolás Maduro.
🔴 Jorge Rodríguez anunció que presentará algunas pruebas sobre la Edmundo González Urrutia, “el coaccionado”.
🗣️ Ese señor dijo que que él se va a juramentar el próximo 10 de enero yo me pregunto ¿Dónde se va a juramentar, en el Doral en Miami?
Sin embargo, el excandidato presidencial afirmó que fue «presionado» por el gobierno venezolano.
«En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones», dijo.
Por otra parte, ante las declaraciones de González donde expresa que se juramentará el próximo 10 de enero de 2025, Rodríguez puntualizó:
“Ese señor dijo que él se va a juramentar el próximo 10 de enero, ¿Dónde se va a juramentar? ¿Se va a juramentar en la clínica de rehabilitación de personas de la tercera edad donde trabaja Dinorah Figuera en Valencia, España? ¿Viajará a Doral en Miami y buscará al excelso jugador de Pádel de Juan Guaidó? ¿No se supone que tiene que pararse aquí para recibir el juramento según lo que está establecido en esta Constitución? En consecuencia, coaccionado, acude, te estamos esperando”, concluyó Rodríguez.
Fotos de EGU con los Rodríguez dejan más dudas que certezas
Quedan más dudas que certezas sobre las fotos y la carta que firmó González Urrutia.
La principal duda es por qué esta carta está redactada directamente para ser firmada, es decir, pareciera estar redactada en primera persona. ¿Realmente fue Edmundo González quien la redactó o se la presentaron así, lista para firmar, los hermanos Rodríguez?
Al saber que Edmundo González no dio su consentimiento para ser fotografiado y grabado, como dijo su abogado, hay que preguntarse: ¿Las fotos y las grabaciones que dice tener Rodríguez fueron tomadas a escondidas y con qué propósito? ¿Quién fue la persona que las tomó?
Otra cosa que hasta el momento se desconoce es si el embajador de España en Venezuela, Ramón Santos, sabía los detalles de la conversación entre los Rodríguez y González Urrutia donde se produjo la supuesta coacción, conocía de estas fotos, de las supuestas grabaciones y si estuvo de acuerdo con que se tomaran.
La firma que muestra Jorge Rodríguez desafía la afirmación hecha por el abogado de Edmundo González de que el opositor no había firmado ningún documento al respecto, como lo dijo el 8 de septiembre (cuando ya González Urrutia estaba en suelo español).
En Venezuela hay más de 1 800 presos políticos, según cifras del Foro Penal Venezolano. Uno de esos es José Gregorio Pérez, quien vive en Charallave, estado Miranda y es una de las personas detenidas en el contexto de la represión poselectoral.
El lunes 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales, en las que se declaró a Nicolás Maduro como el vencedor -resultado cuestionado por la oposición y parte de la comunidad internacional- José Gregorio fue detenido por sujetos encapuchados, presuntamente colectivos, portando armas largas en conjunto con la policía municipal de Charallave cuando regresaba a su casa después de una jornada de trabajo.
Según Diego Casanova, hermano de Pérez, a su pariente lo acusaron de supuestamente lanzar piedras a una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Pero él lo desmiente. Su hermano dice que es una víctima de la “política represiva” del gobierno de Nicolás Maduro contra los sectores populares del país que no apoyaron al oficialismo en las elecciones presidenciales.
“Todos sabemos lo que pasó el 28 y cómo a partir de los resultados el gobierno desató una lanza represiva contra los sectores populares del país. Activó un operativo de revancha contra los más pobres en venganza por esa decisión”, relató Casanova en un live de Instagram de la cuenta ConVzla Mundo.
José Gregorio lleva más de 50 días recluido en un comando policial. Según la ONG Una Ventana a la Libertad, por diferentes factores como la clausura de penales, retraso en la construcción de nuevos centros de reclusión, entre otros; han convertido a los centros de detención preventiva en lugares que acogen de forma indefinida a los presos, cuando allí no deberían pasar más de 48 horas recluidos.
Esos lugares no cuentan con condiciones de salubridad adecuadas y además, presentan una falta de alimentos que han afectado el derecho a la vida y a la salud de los privados de libertad.
Familia de bajos recursos
José Gregorio tiene 26 años y vive en el barrio La Colmena, un sector pobre de Charallave. No es una persona conflictiva, por el contrario, solo se dedica a trabajar como jardinero y el día en que lo detuvieron iba de regreso a su casa después de hacer unas compras tras salir de su jornada laboral.
Diego señala que su hermano fue detenido sin ninguna mediación cuando iba a pasar por un puente. Dice que su familia es de escasos recursos y tiene que llevarle comida diariamente al Comando de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas en Charallave, donde está detenido.
“Hemos vivido un calvario y mi familia no tiene los recursos suficientes para garantizar la alimentación diaria de un preso. Es difícil porque hay que llevar desayuno, almuerzo, cena y agua”, relató su hermano.
Además, a la familia de José Gregorio solo les permiten visitarlo una vez a la semana y durante apenas una hora. Pero a veces también suspenden las visitas sin ninguna razón.
La familia de José Gregorio logró verlo el 10 de agosto de 2024, más de 10 días después de haber sido detenido.
El alcalde de Charallave lo habría golpeado
Durante una asamblea de familiares de presos políticos realizada en días pasados, Diego Casanova denunció que después que su hermano fue detenido, el alcalde de Charallave lo golpeó.
“Cuando llega al comando policial, el mismo alcalde, me comenta él, es quien lo golpea. Le da una cachetada y le dice que quién le pagó”, relató Diego.
— Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) August 25, 2024
Diego defiende DDHH, ahora los de su hermano preso
“Mi hermano no es terrorista, ninguno de los presos políticos lo es. Todos son inocentes. Esa es la verdad”, dice parte de una publicación de Diego en su cuenta de Instagram. Él es activista de derechos humanos, pero ahora le ha tocado vivir en carne propia la defensa de un familiar que ha sido apresado de forma arbitraria.
“Nosotros entendemos que eso busca quebrarnos, amedrentarnos moralmente para que dejemos de exigir que se cumpla el mandato que la gente emitió de forma soberana”, comentó.
Diego denunció también que en el caso de su hermano José Gregorio, así como de muchos presos políticos, no se respeta el debido proceso. A pesar de que ha insistido en tener un abogado de confianza, no se lo han permitido.
“La Fiscalía no tiene ninguna evidencia, incluso la Defensa Pública nos lo ha hecho saber. Ellos tienen un desastre. Ni siquiera tienen un registro de todos los casos. Han instaurado la política de audiencias telemáticas. Hacen audiencias a diestra y siniestra incluso contra quien esté en el momento y lugar equivocado”, dijo Diego.
Aunque ya Diego se dedicaba a la defensa de DDHH, después de la detención de su hermano no deja de acudir a asambleas y concentraciones para pedir la liberación de José Gregorio y de todos los presos políticos víctimas de la represión poselectoral.
“Ahora te piden que abras WhatsApp y pongas en el buscador Maduro, guarimba o María Corina, a ver qué consiguen”, dijo un caraqueño que pidió no ser identificado en una zona popular de la capital venezolana sobre la conducta de los cuerpos de seguridad del Estado después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Aunque el nivel de patrullaje y alcabalas ha bajado, especialmente después de la partida del candidato presidencial Edmundo González Urrutia a España, en zonas populares de Caracas como El Valle, Caricuao, Petare y Catia, la gente sigue con cautela y evita confrontar a cualquier uniformado.
Tampoco es que la relación entre los ciudadanos y los cuerpos de seguridad era cordial, pero según las propias cifras del gobierno, luego de los comicios del 28J, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas, entre ellos más de 100 adolescentes.
El régimen madurista a través del Ministerio Público controlado por el fiscal impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, les imputa delitos de odio, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir.
Y es que en los sectores populares fue donde las protestas poselectorales se hicieron sentir más. Luego que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, leyera un escueto comunicado dando como ganador a Nicolás Maduro, cientos de personas se lanzaron a las calles a protestar por el cuestionable resultado. La reacción desató una ola represiva por parte de funcionarios que decantó en una veintena de muertos, heridos y miles de detenidos.
“Tu sabes que yo no hablo de esos temas”, dijo otro de los caraqueños entrevistados, quien ha visto de cerca la represión en barriadas y ahora ni se atreve a tocar el tema de la política con sus vecinos por miedo a ser delatado.
No solamente en la calle aprehendieron a personas, agentes de seguridad buscaron en sus casas a personas opuestas al régimen, algunas casas fueron marcadas con una X y un simple estado de WhatsApp era suficiente para subir a una patrulla y posteriormente ser enviado a una cárcel común como Tocorón, Tocuyito o Yare.
“Después de las elecciones del 28J, el gobierno tomó una posición sumamente represiva y agresiva frente a las concentraciones, el 29J cualquier persona que estuviera en la calle era arbitrariamente detenida”, dijo Laura Louza, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia.
“Sacaron a gente de sus casas en sectores populares porque ellos fueron los que más manifestaron, la política de Estado se basaba en crear un ambiente de miedo y terror para que la gente no se manifestara”.
Louza denunció que las personas detenidas se encuentran prácticamente incomunicadas.
“Trasladados a zonas lejanas donde conviven en una situación de precariedad, a todos se les imputaron los mismos cargos sin hacer distinción, eso ha causado un pánico importante en la población, el discurso desde el poder ha sido bastante violento”.
“Eso ha sido ampliamente documentado y en este contexto ha habido sectores de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que estarían interesadas en dar un paso hacia la democratización, porque se han percatado que la represión también ha sido contra ellos”.
Goebertus indicó que pese a la cruenta arremetida del régimen, la sociedad civil venezolana se ha mantenido activa documentando y denunciando atropellos a los derechos humanos.
“Nosotros hemos desarrollado un laboratorio de investigaciones digitales para certificar los videos, poder hacer cronologías y corroborar que la mayoría de los atropellos se cometieron en el marco de protestas pacíficas. El principal rol de la sociedad civil organizada y las ONG es documentar y denunciar porque es la única forma de obtener justicia”.
Louza comentó que el problema en Venezuela es que el sistema de justicia no es independiente y la Defensoría del Pueblo menos.
“No hay donde acudir y por eso se ha disparado el éxodo y la migración”.
Louza indicó que no pareciera que la conducta del Estado vaya a cambiar en torno a la protesta pacífica ciudadana.
“Hay que recordar que la líder es Maria Corina Machado y sigue teniendo mucha popularidad, eso puede llevar a que el gobierno suba el volumen cada vez que ella haga una convocatoria. El objetivo del gobierno es controlar la calle”.
El papel de la comunidad internacional
Goebertus aseguró que desde HRW le han escrito cartas públicas a los gobiernos de Colombia, Brasil y México para que intercedan en la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.
“Básicamente les hicimos tres observaciones, la primera es que la propuesta de repetir las elecciones es grave porque desconoce la voluntad de los venezolanos, instamos a que se cuenten cada uno de los votos del 28J y por otro lado nos parece descabellado que sean las propias instituciones venezolanas que resuelvan la crisis electoral, cuando hemos insistido que tanto el CNE como el TSJ no son órganos imparciales e independientes”.
Igualmente Goebertus criticó la proposición del presidente colombiano Gustavo Petro, quien habló de una amnistía amplia para los crímenes cometidos durante los últimos 25 años.
Goebertus manifestó que si bien un acuerdo de transición a la democracia podría incluir elementos de justicia transicional. “De ninguna manera se podría desconocer, dejar de investigar, juzgar y sancionar a los culpables”.
La directora de HRW dijo que de los presidentes de la región con tendencia izquierdista, la voz de Gabriel Boric en Chile ha sido la más contundente.
“Quizás no hemos visto la misma reacción en Petro porque seguramente considera la posición de tener una frontera compartida de 2 mil kilómetros, sin embargo ello no debe ser excusa para exigir que cese la represión”.
Goebertus alabó el reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos.
“Nos pareció que se hizo sobre la base de un proceso riguroso, hemos trabajado para que se logre que el mandato de la Misión continúe y porque esta sea renovada por dos años más en octubre. Entendemos que el gobierno de Maduro ha hecho esfuerzos diplomáticos para que el trabajo de la Misión cese, pero la expulsión de la oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU de Venezuela y la reciente represión poselectoral son elementos suficientes para que se mantenga”.
Louza agregó que de acuerdo a la coalición de organizaciones de la sociedad civil y activistas Civicus, Venezuela es considerada “un espacio cerrado”.
“Esto significa que el Estado lo controla todo y no quiere ningún tipo de disentimiento y para ello han tomado medidas radicales”.
La directora de Acceso a la Justicia dijo que si bien han sido excarcelados una cifra importante de adolescentes, la mayoría de los detenidos luego de las elecciones permanecen tras las rejas.
“Más bien el número ha ido aumentando”.
Louza recomendó a la población acudir a las ONG vinculadas a defensa de DDHH.
“Para ser escuchados, porque lamentablemente más de eso no se puede hacer”.
A juicio de Goebertus es importante seguir denunciando así no se obtenga justicia de manera inmediata.
“Es lo que permite mucho tiempo después empujar procesos de transición y rendición de cuentas. Tanto Colombia como otros países de la región podrían tener un rol fundamental en función de impulsar un diálogo”.
Las madres de los menores detenidos como consecuencia de las protestas postelectorales denunciaron violaciones de sus derechos y que han recibido malos tratos, han denunciado torturas físicas y psicológicas. Según el Foro Penal, son 60 niños que permanecen tras las rejas sin recibir la adecuada atención de las instituciones del Estado. “Nadie se ha pronunciado sobre nuestros hijos, ni mucho menos la Defensoría del Pueblo” , dice la madre de uno de los detenidos en alusión al órgano que según la Constitución tiene la responsabilidad de velar por la promoción y vigilancia de los derechos humanos.
Según el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo su actividad abarca , “las actuaciones de cualquier órgano y funcionario perteneciente al Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, en sus ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y demás órganos del Poder Ciudadano, incluso en el ámbito militar. Abarca igualmente la actuación de particulares que presten servicios públicos o cualquier otra actividad de conformidad con la Constitución y las leyes”.
En La Conversa, de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), Joel García, abogado de presos políticos, destacó que “la Defensoría del Pueblo es de suma importancia según lo que establece la Constitución, sin embargo, en Venezuela estamos acostumbrados a conocerlo por su ausencia”. Para García “el defensor del pueblo, sobre todo cuando hay violaciones de derechos humanos, se puede constituir incluso en acusador privado de esos funcionarios que violaron derechos”. Sin embargo, el organismo no se ha dado por enterado. Ante su falta de acciones en Runrun.es le hacemos siete siguientes preguntas sobre denuncias concretas ante las cuales los ciudadanos no han recibido atención.
¿Por qué los menores fueron detenidos sin orden de aprehensión?
Hay registros de detenciones arbitrarias. Los familiares de Héctor Hidalgo, un adolescente que cumplió 18 años en prisión, y está detenido en la Casa de Justicia 431, declararon que fue arrestado mientras compraba comida cerca de una protesta en Caracas.
Héctor Hidalgo cumplió 18 años en prisión. Fue detenido mientras compraba comida con su hermano, de 28, quien también fue detenido y está en la cárcel de Yare. Su familia ruega por el regreso de los dos.
Se enteraron al día siguiente que él y su hermano, de 28 años, estaban detenidos. En el artículo 44 de la Constitución, se consagra la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. En la seccional uno advierte “Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti”.
Además de la carta magna, la ley de la Defensoría del Pueblo explica que tiene competencia en estos casos. En el numeral cinco del artículo 14, destaca:
“Velar por la situación de personas que por cualquier causa, hubieren sido privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad, sea bajo régimen institucionalizado o no”.
Organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos aseguran que son detenciones arbitrarias porque no se cumple lo que exige la ley venezolana.
Martha Tineo, de Encuentro, Justicia y Perdón, en una entrevista a RunRunes, explicó que “Esas personas no fueron informadas de que las iban a investigar, tampoco había orden de captura. Algunas fueron desaparecidas de forma forzosa por horas, hasta que le permitieron hacer una llamada y a todas se les negó una defensa privada, lo que es una clara violación a los derechos”.
¿Por qué los menores fueron retenidos en cárceles para adultos?
Madres de ocho menores detenidos en el Centro de Justicia 431 informaron que antes de llegar a ese centro, algunos estaban en el Zona 7, centro de reclusión preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta y otros en el destacamento de la Guardia Nacional ubicado en Maripérez.
Dicha situación también fue denunciada por la mamá de la joven Victoria Morillo, Carmen Morillo, una de las menores excarceladas entre el 29 y el 1 de septiembre. Su hija fue aprehendida mientras caminaba y sin estar participando en ningún tipo de protesta, aunque los menores no tienen prohibido hacerlo.
Carlos Trapani, director de Cecodap, una organización dedicada a la promoción y defensa de los niños, niñas y adolescentes, reiteró, en una conversación anterior con RunRunes, que los menores sí pueden participar en protestas pacíficas. También insistió que, según la ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), los menores no pueden ser detenidos en centros de detención de adultos.
En el artículo 549 de este reglamento, queda claro: “Los adolescentes deben estar siempre separados de los adultos cuando estén en prisión preventiva o cumpliendo sanción privativa de libertad”.
¿Por qué a los menores no se les permite defensa privada?
La Constitución de Venezuela establece -de forma clara- que toda persona detenida tiene derecho a la defensa privada. Un derecho que a los niños le han negado, como al resto de los detenidos en contexto de protestas postelectorales.
El apartado 49 afirma: “La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa”.
Madres y hermanas de los menores detenidos en el Centro de Justicia 431 denunciaron que no les permiten defensa privada, le asignaron un defensor público, pero el contacto es casi nulo.
Nerida Ruiz, madre de Ángel Moisés Ramírez Ruiz, 16 años, manifestó que “no hemos tenido casi contacto con la defensa pública. Nos dieron un número de teléfono de la abogada, la llamamos y las respuestas son vacías. Necesitamos respuestas y no sabemos a quién acudir”.
Ángel Moisés Ramírez Ruiz, 16 años, fue detenido en su casa mientras cuidaba a su hermanito de un año.
Joel García, aseguró que los defensores públicos solo tienen permitido tener contacto con los familiares. Sin embargo, los mismos tienen prohibido denunciar estos hechos y las irregularidades del proceso.
“Le tienen prohibido hacer defensa (…) Pero, estos defensores públicos tienen la voluntad de hacer su trabajo, pero se lo tienen impedido y corren el riesgo de perder su cargo e incluso de perder su libertad”, enfatizó.
En el artículo 544 de la Lopnna, también se habla del derecho a la defensa privada y en caso de que los familiares no puedan tenerlo, se le asigna un defensor público: “La defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta el cumplimiento de la sanción impuesta. A falta de abogado defensor privado, el adolescente debe tener la asistencia de un defensor público especializado”.
¿Por qué no se presentan las pruebas de culpabilidad de los niños?
Organizaciones de derechos humanos y familiares de los niños detenidos han hecho énfasis en una situación: no hay pruebas. Después de la detención, el ordenamiento venezolano indica que se deben presentar las pruebas para que los acusados puedan ser imputados.
Yadira Beñosi, madre de Fremyermi Alexander Lara, de 17 años, contó que su hijo fue detenido “por una confusión” y sin pruebas. “Estaban buscando a un Alexander Lara y tenían un video de un muchacho participando en una protesta. Él le dijo que sí era Alexander, pero que su primer nombre era Fremyermi y le dijeron “tú mismo eres” y se lo llevaron. Él hizo caso y se fue”.
“Yo después fui a la policía y llevé su cédula para que supieran que no era la persona que buscaban, pero no prestaron atención. Nos enseñaron el video y les insistí que ese no era mi hijo porque es de una contextura más gorda”, dijo.
Su madre comunicó que su hijo insiste en su inocencia. “Mi hijo me dice: mami, yo no hice nada. Yo quiero salir y estudiar, por qué estoy aquí”. Beñosi expresó que, en cada oportunidad que tiene de verlo, le dice que ella sabe que es inocente y que saldrá “de eso”.
Se trata de una violación al debido proceso, según lo estimulado en la Lopnna, en su apartado 546 dice: “El proceso penal de adolescentes es oral, reservado, rápido, contradictorio y ante un tribunal especializado. Las resoluciones y sentencias son impugnables y las sanciones impuestas revisables, con arreglo a esta Ley”.
¿Por qué hay adolescentes acusados de terroristas?
Las madres de los ochos menores detenidos en el centro de detención de El Cementerio, como también es conocido la Casa de Justicia 431, insistieron que sus hijos desconocen los cargos que se le imputan y tampoco saben que podrían ser condenados a 10 años de prisión.
“Mi hijo está acusado de terrorismo e incitación al odio, nosotros sabiendo que nunca salió a guarimbear o formó parte de ninguna protesta. Tenemos entendido que terrorismo tiene una imputación de 10 años, y esto le está trancando su futuro y, de verdad, no sabemos qué pasará con nuestros hijos, porque el tribunal no nos da respuestas”, explicó Theany Urbina, madre de Miguel Urbina, de 16 años.
Dionexis García, hermana de Diosmer Mejías, otro menor detenido, sostuvo que algunos defensores han afirmado que los niños están detenidos porque “es político” y que solo le piden que “esperen”.
Dionexis García, hermana de Diosmer Mejías, expresó que el único deseo de su hermano es estudiar Comunicación Social y por eso implora salir de prisión.
Los adolescentes detenidos y los excarcelados están siendo imputados por cuatro cargos principales: Terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública.
El director general de Cecodap, Carlos Trapani, cuestionó que los niños sean imputados por terrorismo, debido a que esto no concuerda con la realidad de los hechos:
“Ese delito se aplica a partir de la reforma de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) en el año 2015, donde se incluyó este delito como susceptible de privación de libertad… Pero la advertencia que hacemos es no criminalizar al adolescente”.
¿Por qué los menores no reciben un trato digno?
En la tercera sección de la Lopnna, en el artículo 538, se habla de la dignidad de los adolescentes de los niños y niñas detenidos.
“Se debe respetar la dignidad inherente al ser humano, el derecho a la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Ningún adolescente puede ser limitado en el ejercicio de sus derechos y garantías más allá de los fines, alcances y contenido de las medidas cautelares o definitivas que se deba imponer”.
Pero, esto no ocurrió en ningún momento, de acuerdo a la versión de los familiares detenidos, incluso revelaron que los niños fueron torturados tanto física como mentalmente.
Theany Urbina, cuyo hijo fue detenido el 2 de agosto, afuera de su casa en Catia, precisó que “Hay una cosa que llaman la capucha de cebollita, consiste en que le ponen una bolsa en la cara con gas lacrimógeno”.
Urbina también habló de otras formas de torturas como golpizas. Algunos fueron sometidos a palizas durante su detención al negarse.
La representante añadió que son maltratados psicológicamente por los custodios del centro de detención. “Ellos le dicen que saldrán mañana y nuestros hijos se lo creen, cuando la realidad es que no sabemos cuánto tiempo seguirán presos”.
Una madre enseña la foto de su niño detenido. Al lado, un pedazo de una torta de cumpleaños porque uno de ellos cumplió años en prisión.
¿Por qué los menores no cuentan con atención médica ni tratamiento psicológico?
Los niños que están detenidos no solo han sido víctimas de torturas, algunos tienen condiciones especiales de salud y no están siendo atendidos de forma adecuada. La abuela de Miguel Urbina, Yakelyn Hernández, informó que su nieto es un paciente psiquiátrico, además de problemas con consumos de estupefacientes y necesita atención especial.
Los representantes de Urbina se han dirigido a instancias correspondientes para que el menor sea trasladado.
Incluso, tienen una orden dada, firmada y sellada en el Tribunal Décimo Tercero de la Primera Instancia de Mediación, Sustancias y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Circunscripción Judicial, esto con el objetivo de sea trasladado Hospital de Niños Excepcionales El Niño y el Mar, en el estado Vargas, para que reciba la atención adecuada.
“No nos han hecho caso. Él necesita ayuda y el estar encerrado no lo ayuda. Queremos respuestas y que nos ayuden”, reiteró Hernández.
Abuela de Miguel Urbina enseña documento que le permite el traslado al Hospital de Niños Excepcionales El Niño y El Mar.
Otro caso es el de Fremyermi Alexander Lara, de 17 años, quien tiene una bacteria en el estómago y debe ser supervisado por sus médicos de forma constante.
La tía del menor, Carolina Beñosi, indicó que le permiten llevarle tres comidas, por el informe médico, pero no ha recibido la atención médica que requiere para su condición.
“Mi sobrino necesita atención especial. Esa bacteria que tiene en el estómago le impide muchas cosas y nuestras peticiones no han sido ni atendidas ni escuchadas”, dijo.
En el artículo 32 de la Lopnna, se enfatiza que “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad”, una situación que no se evidencia con los menores detenidos y ante esto, la Defensoría del Pueblo se ha mantenido en total “calma”.
A solo 11 días del exilio de Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio, se avivó la polémica de su salida del país con denuncias de coacción para firmar documentos luego de las afirmaciones de Jorge Rodríguez y las imágenes que mostró del abanderado opositor.
Este jueves, 18 de septiembre, González Urrutia publicó un video en sus redes sociales en el que aseguraba haber firmado un documento en donde avalaba la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “bajo coacción”.
Según González Urrutia, estando en la residencia del embajador de España, Jorge y Delcy Rodríguez, “se presentaron con un documento que tendría que refundar para permitir” su salida del país. “En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones”, reveló González Urrutia.
El presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, mostró en una alocución televisada desde el Palacio Federal Legislativo este 18 de septiembre imágenes del momento en que el opositor revisaba el documento desde la residencia del embajador de España y lo desafió a desmentir que la haya firmado bajo coacción.
“Si en las próximas 24 horas usted no desmiente eso (que haya sido coaccionado), mostraré esas pruebas (…) En el mejor de los casos, usted es un cobarde”, señaló Rodríguez, quien afirmó tener en su poder grabaciones que mostrará si no se retracta de lo que dijo en su video.
Sobre las fotos hay varios factores a analizar. Lo primero es saber quiénes son los protagonistas. Según se puede apreciar en una de las fotos, en el lugar se encuentra Jorge Rodríguez y su hermana Delcy Rodríguez, vicepresidenta del oficialismo. También se ve a Edmundo González Urrutia y una persona que está de espaldas, que sería el embajador de España en Venezuela, Ramón Santos.
Rodríguez también afirmó que representantes de la administración de Nicolás Maduro fueron -supuestamente- “contactados por interlocutores” de González Urrutia para establecer comunicaciones.
Foto mostrada por Jorge Rodríguez del momento en que Edmundo González firma una carta que avala la sentencia de la Sala Electoral del TSJ sobre los resultados de las elecciones presidenciales
Horas después que Edmundo González y Jorge Rodríguez hicieran sus declaraciones, el abogado del opositor, José Vicente Haro, afirmó que este documento “acarrea nulidad absoluta”, dado que, según el jurista, se firmó bajo “unas condiciones de coacción”.
“Me refiere don Edmundo González Urrutia que ese es un documento que se le presentó bajo coacción, presión, apremio, en una situación de chantaje donde él no era libre de expresar una manifestación de voluntad, donde tuviera lugar a ejercer su libre albedrío (…) El documento tiene un vicio en el consentimiento, y acarrea su nulidad absoluta”, explicó el abogado.
Haro también indicó que Edmundo González Urrutia manifestó no haber consentido que se le tomaran fotos o se grabaran videos de la situación.
Por otra parte, el jurista señaló que su representado dijo que los términos y condiciones que se le impusieron eran dos, uno de ellos “conducía a la privación de libertad” debido a la orden de aprehensión.
#AHORA | José Vicente Haro, abogado de Edmundo González Urrutia, aseguró que el documento firmado por su representado y expuesto por Jorge Rodríguez este #18Sep, “acarrea nulidad absoluta”, dado que, según el jurista, se firmó bajo “unas condiciones de coacción”.
Jorge Rodríguez se limitó a mostrar las fotos en su alocución sin dar mayores detalles. La principal duda es por qué esta carta está redactada directamente para ser firmada, es decir, pareciera estar redactada en primera persona. ¿Realmente fue Edmundo González quien la redactó o se la presentaron así, lista para firmar, los hermanos Rodríguez?
Al saber que Edmundo González no dio su consentimiento para ser fotografiado y grabado, como dijo su abogado, hay que preguntarse: ¿Las fotos y las grabaciones que dice tener Rodríguez fueron tomadas a escondidas y con qué propósito? ¿Quién fue la persona que las tomó?
Otra cosa que hasta el momento se desconoce es si el embajador de España en Venezuela, Ramón Santos, sabía los detalles de la conversación entre los Rodríguez y González Urrutia donde se produjo la supuesta coacción, conocía de estas fotos, de las supuestas grabaciones y si estuvo de acuerdo con que se tomaran.
La firma que muestra Jorge Rodríguez desafía la afirmación hecha por el abogado de Edmundo González de que el opositor no había firmado ningún documento al respecto, como lo dijo el 8 de septiembre (cuando ya González Urrutia estaba en suelo español). pic.twitter.com/nD5k6LSt5f
Hasta ahora tampoco está claro si la líder opositora María Corina Machado, que lideró la campaña de González Urrutia, tiene conocimiento de la firma de este documento.
Asimismo, si Edmundo González denunció que este documento fue firmado “bajo coacción”, cabe hacer la pregunta de si la Embajada de España permitió tal acción y aún más, conocer a quién beneficia este documento y por qué no se habló de él anteriormente.
Sobre la carta firmada, según parte del texto que se pudo apreciar en la alocución de Rodríguez, hay un fragmento que explícitamente señala que se trata de un documento que se trataría con confidencialidad. Por eso habría que preguntarse: ¿Por qué Jorge Rodríguez la mostró si es un documento confidencial?
Quedan más dudas que certezas sobre las fotos y la carta que firmó González Urrutia. Solo resta a esperar alguna declaración que esclarezca los hechos o, por el contrario, se siga oscureciendo.
En El Mañanero del 19 de septiembre de 2024 de Runrun.esresumimos los titulares más destacados sobre Venezuela:Edmundo González fue obligado a avalar sentencia del TSJ para poder salir del país, Un ex soldado murió degollado en Caucagüita y Senado español pide al Gobierno reconocer a González Urrutia como presidente electo.
“Los jueces de control son los primeros que vulneran los derechos, las audiencias son masivas, no se individualizan conductas. El fiscal (Tarek William Saab) dice que no tiene denuncia alguna por violaciones a derechos humanos y eso es porque a los defensores públicos les prohíben denunciar”, Joel García, defensor de presos políticos en Venezuela.
El pasado 6 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar en favor de Nélida Sánchez Oropeza, coordinadora nacional de formación de la organización Súmate.
La decisión se fundamenta en la “situación de gravedad y urgencia” que enfrenta, tras su detención el 26 de agosto y su experiencia de desaparición forzada. La CIDH advirtió que su situación de salud agrava el riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.
Desde 2015, la CIDH ha aprobado 97 medidas cautelares para proteger a individuos y colectivos, pero, lamentablemente, ninguna ha sido cumplida de manera formal por el Estado venezolano, según expertos en la materia.
En 2019, se registró un notable aumento en la emisión de estas medidas, con 23 otorgadas, la cifra más alta en ocho años. Hasta septiembre de 2024, la CIDH ha emitido 11 medidas para políticos, abogados y activistas de derechos humanos considerados en riesgo, muchas de ellas tras las elecciones presidenciales de julio y la represión asociada a las manifestaciones posteriores.
El abogado Simón Gómez Guaimara, experto en derecho internacional, señala que el Estado venezolano ignora las resoluciones de la CIDH y la Organización de Estados Americanos (OEA). A pesar de esta negación, las medidas cautelares actúan como un mecanismo de presión que reconoce, de manera preliminar, la existencia de violaciones a los derechos humanos.
Un caso notable es el del exdiputado Williams Dávila, beneficiario de una medida cautelar desde 2017 debido a la persecución política que enfrenta. Su situación se complicó tras su arresto y posterior desaparición forzada en agosto de este año, lo que llevó a una actualización de su caso ante la CIDH.
Gómez aclara que, en la práctica, el Estado no reconoce su obligación de cumplir con las medidas cautelares, lo que se traduce en una falta de formalidad en el cumplimiento de los dictámenes de la CIDH.
Además, el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Carta de la OEA, buscando así desvincularse del sistema interamericano. Sin embargo, la OEA estipula que para que esta salida sea efectiva, el Estado debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, algo que Venezuela no ha logrado hasta ahora.
Función de las medidas cautelares
Las medidas cautelares son esenciales para la protección de los derechos de las personas en situaciones de grave peligro. Según Gómez, su función es prevenir que una situación crítica se convierta en una violación irreversible. Este principio se aplica en casos de detenciones arbitrarias, donde hay riesgo para la vida o integridad de los detenidos.
La CIDH también extiende su protección a colectivos vulnerables, y aún quedan pendientes de cumplimiento varias medidas en favor de niños y adolescentes, así como de personas con enfermedades graves y comunidades indígenas.
Aunque estas medidas han tenido repercusión en los medios, la efectividad en su cumplimiento es cuestionable. Sin embargo, algunos defensores de derechos humanos han observado que, en ocasiones, la presión mediática ha llevado a la liberación de algunos detenidos.
Este artículo es original de Tal Cual, puedes ampliar la información en su sitio web.
