Venezuela comenzó este 2025 con un número histórico de detenidos por razones políticas. La organización Foro Penal contabilizó 1697 ciudadanos tras las rejas para enero, desde la represión postelectoral que se desató después las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, cuando miles de venezolanos protestaron por los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron como ganador a Nicolás Maduro sobre Edmundo González , sin mostrar las actas que validen la victoria, ni siquiera después de una juramentación presidencial ocurrida este 10 de enero, y rechazada por los gobiernos de más de 30 países.
Para el 26 de diciembre, 181 dirigentes y actores políticos de diversos partidos habían sido apresados, pero el asedio a la disidencia fue en ascenso y la cifra aumentó, en menos de un mes, a 221 para el 11 de enero.
Dichas personas fueron sacadas de sus hogares, interceptadas en las calles, locales y en carreteras por las autoridades venezolanas, en su mayoría sin órdenes de captura ni motivos explícitos.
Liberaciones decembrinas y la “puerta giratoria”
Diciembre fue un mes marcado por excarcelaciones. Para el día 24, Foro Penal confirmó 100 excarcelaciones y la liberación de todos los adolescentes. ”Sin embargo, muchos jóvenes siguen presos”, dijo el director de la ONG, Alfredo Romero.
Parientes de los detenidos arbitrariamente en el Penal de Tocuyito – Internado Judicial de Carabobo- comentaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que los excarcelados fueron sujetos a restricciones como firmar un compromiso ”en el cual aseguran que no contarán a la prensa lo que vivieron en prisión, pues de lo contrario serán encarcelados nuevamente”.
El vicepresidente de Organización de Primero Justicia (PJ), Edward Ocariz, fue uno de los liberados de dicho penal, la noche del 23.
Y así como el Estado liberó, también detuvo a 12 actores políticos en las mismas fechas.
El 28 de diciembre, PJ denunció los arrestos del presidente de dicho partido en el estado Falcón, Gregorio Graterol, su sobrino, Carlos Chiquito Graterol y el también miembro de PJ, José Rafael Granadillo, en una alcabala militar del sector El Cardón, carretera nacional Punto Fijo-Coro.
Este fenómeno de excarcelaciones en paralelo a nuevas detenciones se le conoce como “efecto puerta giratoria”, en el cual se liberan presos políticos al tiempo que se detiene a otros.
Inicios de 2025
Enero vio un repunte en las detenciones, con 46 entre dirigentes, periodistas y activistas de Derechos Humanos (DDHH) desde el día 2, contabilizadas hasta el 11 de enero.
Tan solo el viernes, 10 de enero, fueron capturados el dirigente político de Voluntad Popular (VP), Enderson Rivas, en el municipio Bruzual del estado Yaracuy, y el ex presidente de la asociación civil Fedecamaras y jefe del comando de campaña de Edmundo González Urrutia, Noel Álvarez, en el estado Miranda.
Miriam Gómez y Alaina Rangel Gómez, tía y prima – respectivamente-, de la activista de VP en el estado Táchira, Zuleika Meneses, fueron sacadas de su casa en el municipio Cárdenas de la entidad por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sin orden de allanamiento ni detención.
”Se llevaron información mía, mis bolsos y carpetas desde mi residencia (…) Los hago responsables de lo que le pueda suceder a mis familiares”, apuntó Meneses en un video publicado en X.
El 9 de enero confirmaron al menos 10 detenciones en diferentes estados, en el contexto de las manifestaciones convocadas por la oposición a nivel nacional e internacional, entre ellas las del secretario político de Vente Yaracuy, Zyad Naime, y la secretaria política en el municipio Bruzual – Yaracuy-, Carmen Salazar, fueron sacados de sus residencias en Bruzual. Naime por el funcionarios del Comando Nacional Antiextorsion y Secuestro (Conas) y Salazar por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Oposición acorralada
El asedio fue continuo para el partido de Machado, con 67 (29,9 %) de los 221 arrestos contabilizados hasta 10 de enero, pero la persecución también se extendió a partidos cercanos a la líder y otros más allá, sin escatimar si eran miembros de la alianza opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), o no.
Los principales afectados fueron Primero Justicia con 35 (16,1 %) detenciones, Encuentro Ciudadano con 20 (9,2 %), Voluntad Popular con 20 (9,2 %), Acción Democrática con 13 (5,9 %), Un Nuevo Tiempo (UNT) con 6 (2,7 %), La Causa R y Convergencia con cuatro (1,8 % cada uno).
Uno de los casos más sonados en 2024 fue el arresto del líder de VP, Freddy Superlano, el 30 de julio. En ese momento, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que Superlano estaba ”cooperando” y ”aportando datos” a las autoridades. Ni su familia ni abogados han podido verlo desde su detención.
Otro caso mediático fue el del vicepresidente de PJ en Zulia, Pedro Guanipa, quien era Jefe del despacho de la alcaldía de Maracaibo, y también es hermano del líder político y cercano a Machado, Juan Pablo Guanipa. Pedro fue interceptado el 26 de septiembre cuando salía a Bogotá, Colombia.
Al coordinador nacional de Convergencia, Biaggio Pilieri, lo detuvieron junto a su hijo – después liberado-, tras salir de una movilización el 28 de agosto. Días después lo presentaron ante los tribunales y acusaron por presuntos delitos de conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria.
Los tres dirigentes permanecen en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, Distrito Capital, un edificio proyectado para ser un centro comercial que se volvió en uno de los centros de torturas más grandes de Latinoamérica, de acuerdo a organizaciones defensoras de los DDHH y antiguos reclusos.
De los 221 actores políticos detenidos, al menos 12 se encuentran recluidos allí. Unos 38 fueron enviados al Centro Penitenciario de Aragua – conocido como Tocorón-, 20 a Tocuyito, y otros estarían repartidos en sedes locales del Sebin, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y comisarías, mientras que se desconoce el paradero exacto del resto de reclusos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le otorgó medidas de protección al menos siete detenidos. Al coordinador del partido Prociudadanos, Leocenis García; al ex diputado, Américo de Grazia; a la abogada y activista política de Alianza Bravo Pueblo, Carmen Leonor García; al diputado al Consejo Legislativo del Zulia, Eduardo Labrador; a Biaggio Pilieri y su hijo, Jesús Pilieri, y a Williams Dávila.
Hasta la fecha, de los 221, apenas excarcelaron a 61 personas.
Prensa y activistas tras las rejas
A esta lista de arrestos se anexan 23 periodistas y seis activistas por los DDHH, que fueron hostigados por ser contrarios a la orientación política y las acciones del Estado.
El 9 de enero, el miembro del equipo prensa de Machado, Julio Balza, fue arrestado por el Sebin en el municipio Chacao de Miranda, alertó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP).
Hacia la región zuliana, en Maracaibo, el reportero de LUZ Radio, Leandro Palmar, y el camarógrafo – miembro del equipo reporteril-, Belises Salvador Cubillán, fueron aprehendidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la protesta de Plaza de la República de la ciudad.
”Pretenden imputarles delitos de terrorismo, asociación para delinquir e instigación al odio”, anunció el Colegio Nacional de Periodistas (CNP). ”Exigimos su inmediata liberación y el cese de las agresiones a la prensa”, manifestó el CNP en otra publicación.
Para la fecha, 16 (69,6 %) periodistas fueron excarcelados. El 22 y 24 de diciembre hubo dos liberaciones cada día.
Entre los activistas, el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, fue reportado como desaparecido desde el 7 de enero, cuando hombres encapuchados lo interceptaron en la avenida Bolívar de Caracas.
Sobre su caso, la ONG denunció en X que ”este 11 de enero, nuevamente el Estado venezolano niega el paradero de Carlos Correa. En la sección de investigaciones del SEBIN El Helicoide, DGCIM y en Zona 7 PNB dicen que no está (…) Seguimos buscando”. La CIDH aprobó medidas cauterales a su favor.
Sólo hubo tres excarcelaciones entre los defensores de DD. HH.: Kennedy Tejera, activista de DDHH y abogado del Foro Penal; Henry Gómez, abogado y defensor de los DD. HH. de los pueblos indígenas; y Nélida Sánchez, coordinadora de Formación Ciudadana Electoral de la ONG Súmate, permanecen tras las rejas.
Los alcaldes caídos
Los mandatarios municipales también se vieron afectados por el acorralamiento del gobierno. Cinco alcaldes fueron arrestados desde el 28 de julio: José Mosquera Adarme, alcalde de Lagunillas, estado Zulia; Jordan Sifuentes, alcalde del municipio Mejía y único mandatario opositor arrestado en Sucre; Fernando Feo, alcalde de Tinaquillo, Cojedes; Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo, Zulia; y el caso más reciente, Nabil Maalouf, alcalde de Cabimas, Zulia.
Sólo Mosquera fue excarcelado el 6 de agosto, tras cinco días detenido. Los otros mandatarios zulianos fueron señalados por una supuesta trama de corrupción por la presunta desviación de recursos públicos para financiar actos de campaña de la PUD.
El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señaló a Juan Pablo Guanipa, cercano a Machado, de estar vinculado con la trama, a lo que el dirigente de PJ respondió que la acusación en su contra fue obtenida “vía coacción” de su hermano Pedro.
La sentencia del Mazo
¿Hay alguna relación entre las menciones de dirigentes políticos de oposición en el programa “Con el Mazo dando” y sus arrestos? Previo a su captura, Noel Álvarez fue mencionado por Cabello en su programa televisivo “Con El Mazo Dando”, donde lo calificó como “terrorista” y ordenó la aplicación de la “Operación Tun Tun” – persecución y allanamiento de residencias a personas opositoras al gobierno venezolano por parte de fuerzas de seguridad-, amenaza por la cual Álvarez en resguardo.
Lo mismo ocurrió con el activista político y concejal del municipio Libertador, Distrito Capital, Jesús Armas, arrestado el 10 de diciembre.
Este fue nombrado en el espacio televisivo de política y opinión presentado por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en Venezolana de Televisión (VTV), denunció la miembro del directorio de Bandera Roja, Sairam Rivas, quien también es la pareja de Armas.
El miembro del comando de campaña de VV y líder político de Chacao, Miranda, Luis Palocz, también fue nombrado el 4 de diciembre en el programa. “Le pidió a Maria Corina la alcaldía de Chacao a cambio de embochinchar el municipio y llevar gente a los actos convocados por Cori (Machado)”, mencionó Cabello, refiriéndose a las supuestas actividades planificadas para el 10 de enero de 2025.
Diez días más tarde, Palocz fue detenido por funcionarios encapuchados en el mencionado municipio.
Tercera edad y con salud en vilo
Las privaciones de libertad no discriminaron género ni edad, con arrestos de adolescentes hasta personas mayores de 70 años, algo que está prohibido según el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal.
”No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de 70 años, de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o hijas hasta los seis meses posteriores al nacimiento, o de las personas afectadas por una enfermedad en fase terminal, debidamente comprobada”, se lee en el documento.
Algunos reclusos pasan este límite, como el miembro de la Plataforma Unitaria en el sector agroalimentario, Nicolás Espinoza Barrios, el dirigente de AD y exgobernador de Mérida, Williams Dávila, y el secretario político de VV, Víctor Sandoval.
Sandoval es hipertenso, Espinoza padece diabetes y otras enfermedades crónicas que requieren tratamiento diario, según sus familiares, y Dávila fue trasladado dos veces al hospital de emergencia.
Otros reclusos también presentan condiciones médicas que hacen peligrar su salud al no tener acceso a las condiciones ni cuidados adecuados, como el dirigente de La CausaR y exalcalde de Sifontes, Carlos Chancellor, detenido el 7 de agosto, quien tiene antecedentes de cardiopatía hipertensiva y diabetes mellitus tipo II, y José Gregorio Camero, miembro de AD y periodista, que padece un síndrome coronario agudo y una lesión coronaria oclusiva, según sus familiares.
Cinco personas sucumbieron ante sus enfermedades debido a la deficiente atención médica que obtuvieron bajo custodia del Estado venezolano.
La muerte de Osgual González, de 43 años, el 16 de diciembre fue la más reciente. Familiares informaron que recibió tarde la ayuda médica que requería para su hepatitis y falleció en el penal de Tocuyito. Su hijo fue excarcelado la noche de ese día.
Apenas cuatro días antes fue reportada la muerte de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, también en Tocuyito, por “causas desconocidas”. Previamente, su hijo mayor denunció que su padre fue víctima de maltratos y hambre en el penal.
Casi un mes previo a esto, partidos y organizaciones denunciaron la muerte de Jesús Martínez, miembro de VV de 36 años, cuando el 14 de noviembre pasado era intervenido en un hospital de Anzoátegui para amputarle las dos piernas, después de que sufriera necrosis en ambas extremidades. Martínez fue testigo electoral durante las elecciones y estuvo detenido desde el 29 de julio.
Machado aseguró que “murió por las condiciones inhumanas en las que estuvo secuestrado”.
La Corte Internacional y el mundo
En septiembre de 2024, la Misión de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas calificó la situación como una ”represión sin precedentes” y una de las ”crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”.
A inicios diciembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Kharim Khan, declaró en su discurso durante la reunión anual de países miembros del CPI:
“Después de las elecciones de este año, insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas sobre la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquiera que estuviera protestando pacíficamente”.
El 7 de enero, la CIDH presentó un informe donde considera que el gobierno de Maduro aplica prácticas de “terrorismo de Estado” a la población para sembrar miedo. Esto ha sido posible a través de la cooptación de las instituciones por parte del poder Ejecutivo, “la corrupción y el control de los poderes públicos”.
