En un comunicado suscrito por las representaciones estudiantiles de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Monteávila (UMA), Universidad de los Andes (ULA) y Universidad Metropolitana (UNIMET), los estudiantes universitarios expresaron su rechazo a la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el período 2025-2031.
El comunicado expresan que “las actas presentadas por el régimen carecen de fundamento y no representan la voluntad del pueblo venezolano”.
En este sentido, resaltan que el artículo 155 de la Ley de Procesos Electorales y su reglamento establece la obligación de publicar el «Boletín Final de Totalización», el «Acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación» y las «Hojas Complementarias de Totalización», en forma tabulada, en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos electos, «publicación que no tuvo lugar antes de la juramentación, por lo que es ilegítima».
Los estudiantes también han enfatizado que la juramentación de Maduro contraviene el artículo 231 de la Constitución venezolana, que estipula que el presidente electo debe tomar posesión el 10 de enero del primer año de su período constitucional ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, al no haberse realizado el debido proceso de totalización, se considera que la juramentación es nula y carece de legitimidad de origen.
«Como estudiantes venezolanos defendemos y representamos la voluntad del pueblo, la cual se manifestó el pasado 28 de julio y eligió a Edmundo González Urrutia como su representante, (…) la voluntad del pueblo no escogió a Nicolás Maduro como presidente, por lo tanto, su juramentación carece de legitimidad de origen», recuerda el movimiento estudiantil.
Persecución y arrestos irregulares
La Universidad Central de Venezuela envió también un comunicado aparte este sábado denunciando una «campaña de intimidación por medio de aprehensiones selectivas ilegales que los órganos policiales han emprendido con renovada intensidad contra ciudadanos defensores de derechos humanos o que protestan pacíficamente por unos resultados electorales confiables».
El texto, suscrito por el rector Víctor Rago Albujas, destacó la detención, el pasado 9 de enero, tras una protesta opositora, de un estudiante de Derecho de la UCV, y aseguró que, desde entonces, han resultado «infructuosas» las «diligencias practicadas para dar con su paradero y constatar su estado».
La universidad también mencionó los casos de los activistas detenidos Jesús Armas y Rocío San Miguel, y el «confinamiento domiciliario forzoso» del profesor Juan Barreto por «la amenazadora presencia de funcionarios policiales en torno a su vivienda».
Además -indicó-, permanecen aún recluidos en la cárcel de Tocorón otros dos estudiantes de este centro de enseñanza superior, luego de que les detuvieran en los días inmediatamente siguientes a las elecciones y, de momento, «han resultado inútiles las gestiones de las autoridades universitarias para su liberación».
«Para todos ellos exigimos inmediata libertad, conforme a las garantías constitucionales y legales vigentes, así como para los demás venezolanos que tras su detención arbitraria se hayan vuelto objeto de procesos judiciales viciados», agregó.
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Con información de EFE y EI
