Amnistía Internacional exige “reparación y justicia” para la niñez venezolana    

Venezuela enfrenta una crisis multidimensional en la protección de la niñez, marcada por la represión estatal y el colapso de las redes de apoyo familiar. 

En el marco del Día Universal del Niño, Amnistía Internacional (AI) y el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) presentaron datos que revelan un patrón alarmante: el Estado venezolano no solo detiene y tortura a menores de edad, sino que las familias, fracturadas por la migración, se han convertido en el principal escenario de violencia contra los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Según investigaciones de Amnistía Internacional, tras las elecciones del 28 de julio de 2024, las autoridades detuvieron arbitrariamente a más de 2000 personas, incluyendo al menos 198 niños, niñas y adolescentes. Estos menores fueron sometidos a tratos crueles, torturas y acusaciones penales infundadas, violando la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la privación de libertad como medida de último recurso. 

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado estos patrones, concluyendo que existen motivos razonables para creer que se está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, exigiendo la anulación plena de estos procesos y una reparación efectiva.

Paralelamente, el informe Somos Noticia 2025-2026: El costo de buscar protección, presentado por Cecodap, expone que el entorno familiar ha desplazado a las escuelas como el principal foco de agresión. 

En los primeros nueve meses de 2026, el maltrato intrafamiliar lideró las denuncias con 49 casos, seguido del abuso sexual (27) y el acoso escolar (17). 

Al sumar a la familia extendida, más del 40 % de las agresiones provienen del propio hogar, obligando a las víctimas a convivir diariamente con sus agresores, lo que dificulta la denuncia oportuna.

Este escenario de violencia doméstica está intrínsecamente ligado a la crisis migratoria. 

Cecodap reportó que en el 44,66 % de los casos analizados hay ausencia del padre, y en el 30,10 %, ausencia de la madre. 

Esta realidad ha obligado a abuelas, tías y otros familiares a asumir la crianza, pero se enfrentan a un laberinto burocrático para formalizar la representación legal, inscribir a los niños en escuelas o autorizar atenciones médicas. Las mujeres, en su rol de cuidadoras, representan más del 60 % de los adultos que solicitan ayuda jurídica, cargando con la primera línea de defensa de estos derechos.

Frente a este panorama, las organizaciones exigen al Estado venezolano asumir su responsabilidad. 

Amnistía Internacional reclama rendición de cuentas sobre la cadena de mando que ordenó la represión a la niñez, mientras que Cecodap insta a una coordinación urgente entre escuelas, Consejos de Protección y el Ministerio Público para activar canales de detección temprana y reducir las cargas procesales que revictimizan a las familias. 

“Nunca más la represión debe alcanzar a la niñez”, sentenció el director de AI Venezuela, Marcos Gómez. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

La organización alerta sobre la vulneración sistemática de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA)
En los primeros nueve meses de 2026, el maltrato intrafamiliar lideró las denuncias con 49 casos
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redacción runrunes
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Venezuela enfrenta una crisis multidimensional en la protección de la niñez, marcada por la represión estatal y el colapso de las redes de apoyo familiar. 

En el marco del Día Universal del Niño, Amnistía Internacional (AI) y el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) presentaron datos que revelan un patrón alarmante: el Estado venezolano no solo detiene y tortura a menores de edad, sino que las familias, fracturadas por la migración, se han convertido en el principal escenario de violencia contra los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Según investigaciones de Amnistía Internacional, tras las elecciones del 28 de julio de 2024, las autoridades detuvieron arbitrariamente a más de 2000 personas, incluyendo al menos 198 niños, niñas y adolescentes. Estos menores fueron sometidos a tratos crueles, torturas y acusaciones penales infundadas, violando la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la privación de libertad como medida de último recurso. 

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado estos patrones, concluyendo que existen motivos razonables para creer que se está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, exigiendo la anulación plena de estos procesos y una reparación efectiva.

Paralelamente, el informe Somos Noticia 2025-2026: El costo de buscar protección, presentado por Cecodap, expone que el entorno familiar ha desplazado a las escuelas como el principal foco de agresión. 

En los primeros nueve meses de 2026, el maltrato intrafamiliar lideró las denuncias con 49 casos, seguido del abuso sexual (27) y el acoso escolar (17). 

Al sumar a la familia extendida, más del 40 % de las agresiones provienen del propio hogar, obligando a las víctimas a convivir diariamente con sus agresores, lo que dificulta la denuncia oportuna.

Este escenario de violencia doméstica está intrínsecamente ligado a la crisis migratoria. 

Cecodap reportó que en el 44,66 % de los casos analizados hay ausencia del padre, y en el 30,10 %, ausencia de la madre. 

Esta realidad ha obligado a abuelas, tías y otros familiares a asumir la crianza, pero se enfrentan a un laberinto burocrático para formalizar la representación legal, inscribir a los niños en escuelas o autorizar atenciones médicas. Las mujeres, en su rol de cuidadoras, representan más del 60 % de los adultos que solicitan ayuda jurídica, cargando con la primera línea de defensa de estos derechos.

Frente a este panorama, las organizaciones exigen al Estado venezolano asumir su responsabilidad. 

Amnistía Internacional reclama rendición de cuentas sobre la cadena de mando que ordenó la represión a la niñez, mientras que Cecodap insta a una coordinación urgente entre escuelas, Consejos de Protección y el Ministerio Público para activar canales de detección temprana y reducir las cargas procesales que revictimizan a las familias. 

“Nunca más la represión debe alcanzar a la niñez”, sentenció el director de AI Venezuela, Marcos Gómez. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

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