El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció en su último informe que al menos 7414 personas privadas de libertad se mantienen recluidas en calabozos policiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), instalaciones destinadas originalmente para el resguardo temporal.
«Sin embargo, desde el año 2011, tras una circular emitida por Iris Varela, entonces ministra del Servicio Penitenciario, que limitaba los cupos en los centros penitenciarios y ordenaba solicitar autorización para el traslado de los aprehendidos, convirtió los calabozos en cárceles fijas que albergan a ciudadanos en condiciones infrahumanas, conviviendo con hacinamiento e insalubridad», informó el OVP en una nota de prensa.
Runrun.es ofrecerá un resumen del informe en 7 claves:
Años que debieron ser 48 horas
Según la investigación del OVP, el promedio de reclusión dentro de las cárceles paralelas del CICPC son 615 días, equivalente a 1 año y 8 meses.
La encuesta reveló que una de cada tres personas recluidas en esas zonas lleva más de dos años detenida. La ONG también precisó que 4291 personas identificadas el (58 %) tiene más de un año detenida.
De acuerdo con el Código Orgánico Procesal, una persona en estos calabozos debería estar 48 horas como máximo.
«Los funcionarios del Cicpc no cuentan con la formación profesional necesaria para ejercer funciones propias de la administración penitenciaria ni para asumir la custodia prolongada de las personas recluidas en sus instalaciones», denuncia el OVP en su informe. «La situación adquiere especial gravedad si se considera que estos espacios no fueron diseñados para albergar personas durante largos periodos [de tiempo]».
Caracas: la zona con más afectados
Al menos 157 dependencias policiales están funcionando como calabozos paralelos al sistema penitenciario, detalló el OVP.
De esta muestra, la ONG constató que la capital venezolana es la zona geográfica con mayor cantidad de personas privadas en calabozos del Cicpc: existen 1103 personas (14,88 % del total). Luego están los estados Zulia —con 864 u 11,65 %—, Miranda —con 733 o 9,89 %—, Carabobo —con 616 u 8,3 %— y Aragua —con 562 o 7,58 %—. Esas 5 entidades reúnen el 51 % de la población afectada directamente por la vulneración del Código del Proceso Penal.
«La dispersión territorial de la población detenida genera un problema adicional: dificulta la supervisión judicial, limita la capacidad de monitoreo independiente y reduce la transparencia institucional», se lee en el informe. «Mientras más fragmentada se encuentra la población privada de libertad, más complejo resulta documentar violaciones a los derechos humanos y exigir responsabilidades».
El retardo procesal es la norma
Los hallazgos del informe revelaron que la permanencia prolongada está vinculada al retardo procesal: 6518 personas (87,9 %) no tienen una sentencia firme para estar privadas de libertad. Por lo tanto, 9 de cada 10 personas están en esos calabozos esperando una decisión judicial.
«La cifra resulta incompatible con el carácter excepcional de la detención preventiva», lamentó la ONG. «Cuando una medida cautelar alcanza niveles cercanos al 90 % de la población recluida deja de funcionar como excepción y pasa a convertirse en regla. La consecuencia práctica es desbastadora: miles de personas son sometidas a condiciones de privación de libertad propias de una condena sin haber sido condenadas».
Diversidad de poblaciones vulnerables
Dentro de la población evaluada por el OVP, al menos 914 personas se identifican como mujeres (12,3 %). De ese grupo, 766 (83,8 %) no tienen una sentencia firme.
«Aunque representan una minoría respecto a los hombres, su situación resulta especialmente preocupante porque las dependencias policiales no suelen contar con infraestructura adecuada para responder a las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad», destacó la ONG. Entre las condiciones estructurales se encuentra el acceso al agua potable y los productos de higiene menstrual.
El informe reveló que 17 adolescentes se encuentran privados de libertad en los calabozos del CICPC. La ONG denunció que los jóvenes y los activistas no tienen acceso a su expediente para verificar si las garantías que establece la Lopnna (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente) sobre la naturaleza excepcional de la reclusión de un menor de edad y las condiciones diferenciadas respecto a la población adulta.
La ONG también identificó a 181 personas privadas de libertad con edades mayores a los 65 años. Ellos establecen que esta población es más vulnerable a la falta de medicamentos y personal de salud capacitado que el sistema penitenciario ha sufrido por años, y que se ha matado a más de 30 reclusos bajo la custodia del Estado en distintos calabozos entre abril y septiembre de 2026.
Aun así, el OVP reconoce que la mayoría de la población afectada se encuentra e edades económicamente activas: el 56,7 % (4205) se encuentra entre los 26 y los 45 años. «Cada persona recluida representa una familia afectada, una fuente de ingresos interrumpida y una red de apoyo debilitada», agregó el informe.
Las sedes regionales tienen mayor hacinamiento
De las 157 delegaciones del Cicpc que identificó el OVP, la institución que tiene más personas recluidas es la Delegación Municipal de Maracaibo, con 278 personas.
Las Delegaciones Municipales fuera de la capital, pero en las principales ciudades del país, son las que concentran la mayor cantidad de afectados en un mismo recinto: la Coordinación de Aprehendidos de Carabobo alberga 240 personas, la Delegación Municipal de Valencia tiene 202 reclusos, la de Maturín tiene 167, la de San Francisco de Apure tiene 164, la de Barinas tiene 160 y la de Ciudad Guayana tiene 158.
Esa población representa el 18,5 % del registro de la OVP.
«Estas sedes continúan operando sin los recursos humanos, financieros y estructurales que normalmente deberían acompañar la administración de una población penitenciaria de tales dimensiones», enfatizó la ONG. «Esto constituye, además, en una evidencia directa de la incapacidad del Estado para brindar traslados oportunos hacia establecimientos penitenciarios formales».
Una vacuna para sobrevivir
Según el informe, los funcionarios del Cicpc le ofrecen «beneficios» a los privados de libertad —como una cama lejos de otros reclusos, acceso a sanitarios limpios y salir para tomar el sol— por un precio de 200 dólares americanos.
En un contexto que ha denunciado el OVP sobre el peso financiero que los familiares de los reclusos deben costear para cubrir una alimentación balanceada y constante, así como servicios de lavandería, productos de limpieza personal y medicinas, se agrega otro gasto para que los privados de libertad tengan sus derechos fundamentales.
«Cuando el acceso a un baño, a una ducha o a una hora de sol tiene un precio, el Estado deja de administrar justicia para administrar privilegios», sentenció la ONG.
La opacidad es la regla
La opacidad institucional no ha permitido precisar cuál es la capacidad instalada de estos calabozos, su hacinamiento, su disponibilidad a agua y alimentos, el presupuesto destinado a estos recintos y el número de personal de salud y de seguridad que debería atender el recinto.
El OVP denunció que la población evaluada para su informe debe contar con más de 2226 funcionarios que los custodian por tres turnos de forma permanente, si se toma en cuenta los estándares propuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de tener 1 funcionario por cada 10 reclusos.
«Es importante destacar que esta cifra es una estimación técnica y no constituye una obligación jurídica expresamente establecida por organismos internacionales. Sin embargo, permite dimensionar la magnitud del desafío operativo que representa custodiar adecuadamente a más de siete mil personas distribuidas en 157 sedes», advirtió el OVP.
Para la ONG, la opacidad institucional es un instrumento más que perpetúa la crisis penitenciaria y del sistema de justicia en el país, al evitar que organismos independientes y las víctimas puedan reconocer los patrones en los que están inmersos.
