“Le hago un llamado a Volker Türk, alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Le hago un llamado al secretario general de la ONU, António Guterres, que interpongan sus acciones y sus buenos oficios para que aparezcan los venezolanos y venezolanas que están desaparecidos de manera forzosa en El Salvador”, dijo Nicolás Maduro el pasado lunes 24 de marzo durante una alocución desde Ciudad Guayana.

La petición de Maduro está relacionada con los 238 migrantes venezolanos enviados el 16 de marzo a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador tras ser deportados de Estados Unidos, bajo el argumento de pertenecer a la banda delictiva Tren de Aragua y apelar a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

En muchos casos, los migrantes no tenían orden de deportación y hasta el momento las autoridades de Estados Unidos o El Salvador no han ofrecido la lista oficial de venezolanos deportados, que se conoció a través del medio de comunicación CBS News.

La violación al debido proceso y al derecho a la defensa es otro de los reclamos que hacen los funcionarios chavistas. Esta postura es compartida por defensores de Derechos Humanos, si bien llaman también a mirar las actuaciones de los cuerpos de seguridad y el sistema judicial venezolano.

“Saludo esta manifestación de voceros del Gobierno reclamando por nuestros connacionales deportados de esa forma. La violación al derecho a la defensa y al debido proceso está ahí visible, pero también pido a esos voceros que revisen aguas adentro porque aquí en Venezuela, también se violan esos derechos”, dijo el abogado penalista y defensor de Derechos Humanos, Joel García.

Por su parte, Marino Alvarado, defensor de Derechos Humanos, también considera positivo que las autoridades venezolanas realicen las gestiones que estén a su alcance para que los migrantes deportados a El Salvador sean enviados a Venezuela, pero aclaró que no se trata de un favor que hacen a los detenidos y sus familiares.

“Es una obligación que tienen. Si en el marco de esas gestiones, se apoyan en organismos de Naciones Unidas como Acnur o la Organización Mundial de Migraciones, por nombrar solo dos en quienes pudiera apoyarse, es positivo”, dijo Alvarado.

Sin embargo, el activista recordó que la administración de Maduro ha intentado desprestigiar a estas organizaciones de la ONU cuando se han referido a los más de 7 millones de venezolanos que han tenido que huir del país.

“Está bien que el Gobierno abogue por los derechos humanos de los venezolanos en El Salvador, pero en Venezuela no solo viola los derechos humanos de los venezolanos sino que está acusado de crímenes de lesa humanidad. El Gobierno habla del derecho a la defensa que deben tener los venezolanos encarcelados en El Salvador, lo cual es muy bueno que lo reivindiquen, pero en Venezuela niega abiertamente el derecho a la defensa y al debido proceso, recurre a la desaparición forzada y al aislamiento prolongado con presos a quienes sus familiares no pueden ver durante meses», destacó Alvarado.

Un día después de las deportaciones a El Salvador, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, criticó la violación al debido proceso en este caso, y además cuestionó que la proclama de Trump incluyera a adolescentes desde 14 años.

Sin embargo, en Venezuela, la organización Foro Penal contabilizó en agosto de 2024 hasta 117 adolescentes detenidos en el contexto de la protesta  postelectoral, a quienes mantuvieron incomunicados y se les prohibió la defensa privada, de acuerdo con abogados y defensores de derechos humanos.

Un delito de lesa humanidad que sigue ocurriendo

El abogado Joel García explicó a #LaHoradeVenezuela que la desaparición forzada es un delito consagrado en el Código Penal, y constituye una violación a un derecho fundamental como lo es la libertad. Para que sea un crimen de lesa humanidad, este delito se debe cometer de forma sistemática y generalizado como una política de Estado.

“En el caso venezolano obviamente es una política de Estado porque es el mismo tratamiento que le da a casi todos los presos por razones políticas. Salvo muy pocas excepciones en las que no hay desaparición forzada”. 

Explicó que la desaparición forzada ocurre cuando se conoce que la persona fue detenida por organismos de seguridad del Estado y las autoridades se niegan a decir cuál es su paradero. “Al día de hoy no se sabe de muchos de ellos. Está el caso del yerno de Edmundo González Urrutia, que la familia no sabe dónde está porque nadie se lo ha informado. Eso constituye un caso de desaparición forzada que lleva a la violación del derecho a la defensa”, enfatizó.

La violación al debido proceso, por su parte, es una falta a una garantía fundamental, que acarrea nulidad del procedimiento, explica García. Señala que el debido proceso establece el derecho a la defensa, a ser oído, a contar con los medios adecuados, promover pruebas en el tiempo establecido, ser juzgado por el juez natural, no estar obligados a autoincriminarse, etc.

Ambas situaciones se han convertido en práctica común en Venezuela. El pasado mes de enero, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU insistió en la existencia de patrones represivos en las desapariciones forzadas de corta duración en el país, que se profundizaron antes y después de la elección presidencial del 28 de julio de 2024, como denunciaron seis relatores y dos grupos de trabajo de este organismo.

En medio de este patrón, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias destaca que este crimen ocurre “principalmente contra cierta población: personas defensoras, quienes son o se perciben como opositores y quienes han ejercido su derecho a la libertad de asamblea pacífica y expresión”. Esta instancia envió a la Administración de Maduro el reporte de 27 casos de desapariciones forzadas, que hasta el mes de enero no habían sido respondidos.

En su última actualización oral, realizada el pasado 18 de marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela señaló 42 arrestos entre septiembre y diciembre de 2024, y 84 más durante los primeros 15 días de enero de 2025. “Algunas de estas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración”.

A juicio de Marino Alvarado, las contradicciones entre el discurso y actuación de la administración de Nicolás Maduro demuestran que no es sincera su preocupación por los derechos humanos de los venezolanos encarcelados en El Salvador, “porque sencillamente, desprecian la garantía de los derechos humanos”. Además, considera que Maduro y su administración están usando a los venezolanos detenidos en El Salvador y sus familiares con fines netamente políticos.

“Pero está destinado al fracaso. El pueblo venezolano y la comunidad internacional saben que quienes gobiernan actualmente en Venezuela tienen un amplio récord de violaciones a los derechos humanos y que tienen que rendir cuentas ante la justicia por crímenes de lesa humanidad, no pueden engañar de los venezolanos ni a la comunidad internacional”, subrayó Alvarado.