La organización Amnistía Internacional (AI), que defiende los derechos humanos a nivel mundial, rechazó las recientes expulsiones de ciudadanos venezolanos a El Salvador.
A través de un mensaje publicado en la red social X, AI expresó que dichas expulsiones ponen en riesgo la vida de al menos 238 venezolanos acusados de pertenecer a la mega banda criminal “Tren de Aragua”.
Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, manifestó que el traslado de los venezolanos a pesar de una orden judicial que prohibía expresamente su traslado, “representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno de Trump, como ignorar a un juez federal de Estados Unidos y ahora pedir su destitución”.
Amnistía Internacional señaló que el propio personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense admitió que “muchos” de los expulsados no tenían antecedentes penales y que algunos fueron trasladados “por la percepción de que podrían cometer delitos en el futuro”
“Estas personas fueron expulsadas sin orden de traslado, al parecer para cumplir cárcel por tiempo indefinido en un sistema en el que se ignoran por sistema los derechos humanos fundamentales”, denunció AI.
Violación de principios y DDHH
Amnistía Internacional destacó que las políticas migratorias adoptadas por Donald Trump son “injustas” y vulneran las normas internacionales de derechos humanos.
“El principio de no devolución (non-refoulement), piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos, prohíbe de forma inequívoca a los Estados expulsar, devolver o trasladar personas a un país donde corren peligro real de sufrir graves violaciones de derechos humanos, como detención arbitraria o tortura y otros malos tratos”, se lee en el texto.
IA agregó que al trasladar a venezolanos a El Salvador, Estados Unidos incumple sus obligaciones jurídicas y es contrario al principio de no devolución.
Recordaron también que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha pedido a los Estados que garanticen que las personas venezolanas no sean deportadas, expulsadas u obligadas a regresar a su país.
Amnistía Internacional pidió una “prohibición absoluta de todas las deportaciones de personas a Venezuela”, dado que el país está viviendo una situación de violaciones masivas de derechos humanos.
También instó a los gobiernos de El Salvador y demás países de las Américas que se abstengan de participar en programas injustos de deportación y traslado.
“Amnistía Internacional se solidariza con las personas afectadas por esta política injusta y seguirá haciendo campaña en favor de la protección de los derechos humanos tanto en las Américas como en otros lugares”, expresó la organización.
Cecot en la mira
Amnistía Internacional ha documentado ampliamente las “condiciones inhumanas” que imperan en los centros de detención de El Salvador, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde están recluidos ahora los expulsados.
Según informes de AI, en el Cecot hay hacinamiento extremo, falta de acceso a asistencia médica adecuada y malos tratos generalizados que constituyen trato cruel, inhumano o degradante.
Además, organizaciones salvadoreñas han informado de la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, en algunos casos con claros signos de violencia.
“Existe una conexión clara y preocupante entre el modelo de ‘seguridad’ del presidente Bukele en El Salvador y las medidas recién adoptadas por Estados Unidos en relación con las personas migrantes y las que buscan seguridad. Ambos se basan en la ausencia del debido proceso y la criminalización de personas basada en criterios discriminatorios”, concluyó AI.
