Todo parece indicar que la convocatoria a las anunciadas elecciones parlamentarias y de gobernadores no serán atendidas con especial interés por la población. Ni en el chavismo ni en la oposición.
La crisis social del país; los traumáticos efectos de la diáspora por Sudamérica; el agravamiento de la crisis económica actual, ahora que se endurecen las sanciones internacionales, plantean un dilema de una gravedad extrema para la propia existencia del Estado venezolano y su legitimidad frente a la población. Frente a ella, la oferta política que hace el Consejo Nacional Electoral al país luce francamente sobrepasada.
No hay que cavar demasiado hondo. Cualquier ciudadano que se tome la molestia de rememorar lo que ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales, podría sentirse con derecho a plantearse dudas en torno al verdadero significado de concurrir a votar. Independientemente de lo que le prescriban los políticos de esta o aquella acera.
De cualquier manera, las elecciones van, tendrán sus consecuencias, y muchas personas piensan que es una circunstancia que habrá que encarar. Como siempre sucede, en el gobierno hay mucho interés en que los comicios sean concurridos, y en el barrido, puede que se movilicen los más comprometidos.
El chavismo ya puso sus candidatos en la calle. En el barajo oficialista, presentado por el vicepresidente del PSUV y ministro del Interior y de Justicia, Diosdado Cabello, se han ido consolidando nuevos nombres, y se mantienen ciertos candidatos clásicos, como Adán Chávez, en Barinas; Rafael Lacava, en Carabobo; Luis Reyes Reyes en Lara y Freddy Bernal en el Táchira.
“En momentos de arremetida imperialista por parte del gobierno de los Estados Unidos y la derecha venezolana, estamos prestos y comprometidos a la defensa y consolidación de la Revolución Bolivariana”, ha declarado Diosdado Cabello, recitando su credo y el de sus militantes sin tomar como bueno un sólo gramo de información en torno al malestar actual de la población. “Debemos garantizar el modelo político que nos hemos dado, desde la perspectiva bolivariana, social, democrática, soberana y autodeterminada, enmarcada en las siete transformaciones que nos ha exigido nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro”.
Independientemente de la discursiva, el oficialismo ofrece una idea de autoridad y mando “por las malas”, y tiene objetivamente el total control político del país, pero está en el peor momento de su historia en materia de arrastre y convocatoria.
En el lado opositor el panorama es más complejo. Ciertamente una parte de la oposición política venezolana está cooptada por los tentáculos chavistas y sus intereses, pero hay que anotar que no todos los que quieren participar en estas elecciones lo hacen articulando políticas con el oficialismo.
Los partidos que controlan la Plataforma Unitaria se han empeñado en honrar el acuerdo con Vente Venezuela, pero en la mayoría de ellos hay fisuras e interpretaciones discrepantes sobre la decisión de ir a votar. Sobre todo, a partir de la magnitud de lo sucedido en las pasadas elecciones presidenciales del 28-J.
En Voluntad Popular parece unánime la decisión de cerrar filas y no asistir a votar en las actuales circunstancias. La dirección de Acción Democrática también ha impuesto a su militancia la línea de defensa de los resultados del 28-J, pero este es un partido que ya ha tenido una costosa sangría de dirigentes expulsados y emigrados que han pactado políticamente los términos electorales del chavismo.
La división de Primero Justicia ya es un hecho, y una de las causas de la ruptura tiene que ver con la interpretación actual del tema electoral. La tendencia de Julio Borges, mayoritaria en la correlación interna, está decidida a acompañar a María Corina Machado y a Edmundo González en la defensa del resultado presidencial, sin participar en las nuevas elecciones de Elvis Amoroso y el CNE. Pero el grupo disidente que lidera Capriles tiene un tamaño nada desdeñable en el conflicto interno, y está decidido a ir a la consulta.
De hecho, Un Nuevo Tiempo, uno de los partidos con mayor vocación unitaria en esta alianza, ya ha anunciado que asistirá a las elecciones regionales y parlamentarias “Consideramos un error abandonar la lucha electoral, más a la luz de una potencial reforma constitucional que pudiera derivar en un estado comunal”, afirma Carlos Valero, dirigente nacional de UNT. Manuel Rosales, gobernador del Zulia, tiene unos intereses muy concretos en esta consulta. “Defendemos el resultado del 28 de julio y creemos que la mejor manera de ratificar que somos mayoría es volver a derrotar al régimen”.
“La única estrategia que tiene posibilidad de impedir la consolidación del totalitarismo en Venezuela es la vía electoral y pacífica”, afirma Andrés Caleca, del Movimiento Progresista de Venezuela, ambos muy cerca de Machado y Edmundo González Urrutia en la campaña electoral del año pasado. “El totalitarismo supone la desmovilización política del país, y eso contribuye con el afán totalitario del gobierno. Lo que ellos quieren es acabar con la política. Cualquier forma de participación política, particularmente si es electoral, opera en sentido contrario.
“Mientras se pueda votar, hay que votar, porque pronto puede suceder, si se aprueba esa reforma constitucional que tememos, que ni siquiera se pueda ir a votar”, dice Caleca. “Y en ese caso la lucha sería para que nos dejen votar otra vez”.
Valero afirma “dentro del grupo que está dispuesto a seguir en la lucha electoral y el trabajo en Venezuela hay partidos que están en la Plataforma Unitaria, como Un Nuevo Tiempo y el Movimiento Progresista, y otros que no, como el MAS, Centrados, Puente, Fuerza Vecinal, Lápiz, movimientos regionales y sectores de la sociedad civil”, planteando de manera implícita un nuevo espacio de confluencias.
La posibilidad de hacer una campaña equitativa y dirigirse a las masas con un mensaje; de organizar una maquinaria en defensa del voto y de velar por los intereses de los partidos que participan, visto lo sucedido el año pasado con el Plan República y el CNE, lucen bastante complejas y cuesta arriba.
Incluso para aquellos gobernadores o diputados que queden electos, y tengan que enfrentarse después a la tóxica y ubicua legalidad del chavismo.
Las tribulaciones del mundo de los partidos y las reflexiones de los políticos no siempre tienen impacto en los dirigidos. De manera catastrófica se aprecia una zanja muy clara entre las necesidades de la gente y los intereses concretos de la política.
Al chavismo le interesa un escenario de poca participación en el cual pueda hacer un nuevo despliegue logístico para aparentar una mayoría inexistente, pero son muchos los que temen que la participación en sí misma tampoco garantice nada, como no lo hizo ya en las presidenciales.
