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“Requiere medida humanitaria”: Por segunda vez difieren inicio de juicio de Rocío San Miguel

González Taguaruco reiteró que San Miguel requiere ser operada de una fractura en el hombro derecho, tras un accidente sufrido en reclusión

Rocío San Miguel
/ Cortesía
Redacción Runrun.es
Hace 1 mes

Este martes, 11 de febrero, el abogado de Rocío San Miguel, José Luis González Taguaruco, informó a través de su cuenta en X que la audiencia de juicio para la defensora de derechos humanos fue diferida para el 31 de marzo. 

Según explicó el abogado, el motivo se debió a la “falta de traslado de los acusados al Juzgado, por ende, causa imputable el Estado, obvio responsable del retardo procesal”, comentó.

“Rocío San Miguel y Alejandro González, no demandan otra cosa que el respeto a sus derechos humanos, el cumplimiento de la garantía del debido proceso, la posibilidad de designar un abogado de su confianza que les defienda”, escribió en X. 

Medida humanitaria

González Taguaruco reiteró que San Miguel requiere ser operada de una fractura en el hombro derecho, tras un accidente sufrido en reclusión. Reiteró que no ha recibido atención médica oportuna y de calidad. 

“Rocío San Miguel debe ser excarcelada, para que pueda ser intervenida quirúrgicamente por un médico elegido por ella, recibir cuidados postoperatorios y hacer la necesaria rehabilitación. Razones mínimas de empatía y humanidad, así lo imponen”, reclamó.

El gobierno de Nicolás Maduro vincula a San Miguel, quien lleva un año tras las rejas, con un supuesto plan de magnicidio. La activista de 58 años está acusada por los delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir.

Su expareja, un militar retirado, está detenido acusado de estar vinculado en esta supuesta conspiración.

Segunda vez que difieren el juicio

Esta es la segunda vez que difieren el juicio de la directora de la ONG Control Ciudadano. Para el 18 de diciembre estaba previsto inicialmente el inicio del proceso, el argumento para ese momento fue “retraso procesal de juicios contra opositores”.

González no ha podido juramentarse como abogado de San Miguel junto a Theresly Malavé. Su defensa por ahora recae en la defensoría pública, señalada por expertos de servir al gobierno.

 La defensora de derechos humanos además posee medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2012, pero dichas medidas no han sido respetadas. 

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