El pasado 31 de marzo fue diferida por cuarta vez la audiencia de juicio de la abogada y activista por los derechos humanos, Rocío San Miguel. La justificación que se esgrimió en esta ocasión es que por el “ahorro energético” que implementó el gobierno desde el 24 de marzo en oficinas públicas no se pudo ejecutar su traslado a tribunales.
“Es el cuarto diferimiento, la primera audiencia de juicio fue convocada para el 11 de noviembre de 2024; la segunda, el 18 de diciembre de 2024; luego para el 11 de febrero de 2025 y ahora esta del 31 de marzo. En esta ocasión fue la falta de traslado, recordemos que hay varios acusados, no solo Rocío. Lo que adujo el tribunal fue la falta de traslado de algunos de los acusados debido al nuevo horario laboral, en ocasión del tema de ahorro de consumo eléctrico“, declaró a Runrun.es la coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo.
La nueva fecha de la audiencia de juicio, lo que sería el quinto intento, quedó fijada para el 26 de mayo, a la 1:00 p.m. Tineo llamó la atención sobre el hecho de que después de cada diferimiento, transcurren hasta dos meses para fijar una nueva convocatoria.
“Y así, ella tiene más de un año de prisión, esperando la audiencia de juicio, que hasta ahora no ha ocurrido. A eso hay que añadir que ella sigue sin poder designar defensores de su confianza, sigue con un defensor público impuesto”, recordó.
San Miguel cumplió el pasado mes de febrero un año recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide. El 12 de febrero de 2024 los delitos traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación, entre otros, en una audiencia en la que no tuvo acceso a defensa privada. Su detención y este hecho fueron rechazadas por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH (Acnudh). En respuesta, el gobierno venezolano tomó al decisión de expulsar a sus funcionarios de Venezuela.
Un clamor que no cesa
El pasado 9 de febrero de 2025 se cumplió un año de la detención de Rocío San Miguel. Un día como ese, pero del año 2024, San Miguel se disponía a viajar con su hija Miranda desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Allí fue detenida y estuvo durante tres días en condición de “desaparición forzosa”, según la ONG Provea, pues no fue hasta la noche del 12 de febrero cuando la presentaron ante el Tribunal 2.º Contra Terrorismo en Caracas, sin haber designado a sus abogados de confianza.
En esas horas también fueron detenidos otros familiares de San Miguel, además de su hija: Miguel San Miguel, hermano; Alberto San Miguel, hermano; Víctor Díaz, padre de Miranda y Alejandro González, exesposo (quien permanece detenido).
El clamor por una medida humanitaria que beneficie a San Miguel ha sido sostenido. Distintas ONG han denunciado que su proceso ha estado viciado y plagado de irregularidades. Justo el pasado 31 de marzo, WOLA (Washington Office on Latin America) instó a la jueza Alejandra Romero del Juzgado 3.º de Terrorismo a otorgar una medida sustitutiva de libertad por razones humanitarias, “con base en la legislación nacional e internacional aplicable”.
“Rocío San Miguel nunca debió haber sido desaparecida ni detenida. El proceso penal ha estado marcado por irregularidades y falta de garantías al debido proceso. A más de un año de su detención, el Estado venezolano aún no ha proporcionado pruebas que sustenten su acusación de ‘traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y asociación’, entre otros” contra San Miguel”, denunció wola.
Sigue requiriendo cirugía
En diciembre de 2024, en concreto el 10 de diciembre, cuando precisamente se conmemora el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron difundidas – por primera vez desde su detención- una serie de fotografías de Rocío San Miguel, en las que mostraba un evidente deterioro físico.
San Miguel tiene además una fractura en el hombro derecho que requiere una cirugía especializada. Sus representantes legales insisten en que esta cirugía debe ser realizada de urgencia bajo la supervisión de sus médicos de confianza y el cuidado de su familia.
El abogado Juan González Taguaruco denunció que la fractura de San Miguel fue diagnosticada el 5 de diciembre, pese a que ”ocurrió cuatro meses atrás”, tras caerse como consecuencia de un mareo por una laberintitis que tampoco fue oportunamente tratada.
Tineo insistió en que San Miguel debe recibir una medida sustitutiva de libertad, para ser intervenida quirúrgicamente y poder cumplir con la rehabilitación física que una cirugía de las que amerita, requiere.
“Pero, lamentablemente, ni inicia el juicio ni esta petición ha sido atendida, que sea excarcelada para recibir la atención médica que requiere con carácter de urgencia. No solo es el retardo del juicio, sino el agravamiento de sus condiciones, lo que sabemos es que tiene menos posibilidad de movilizar su brazo derecho por la situación de la fractura no atendida”, advirtió la coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
Aunado a eso, la única visita que se le permite es la de su hija, una vez a la semana: “Es su único contacto con el mundo exterior”, recalcó Tineo.
Las medidas cautelares emitidas a favor de Rocío San Miguel por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2012 sigue siendo irrespetadas por el Estado venezolano, así como también las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, también conocidas como “Reglas Mandela”, que establecen que la prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad
del Estado.
“Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica”, determina en concreto la Regla 24.
La Regla 27 además contempla que los reclusos que requieran cuidados especiales o cirugía serán trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles.
