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Chavismo armó un equipo de “fantasía” a su medida para elecciones de gobernadores 

Redacción Runrun.es
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Chavismo armó un equipo de “fantasía” a su medida para elecciones de gobernadores 

En cualquier equipo de béisbol hay de todo entre los integrantes: está el cuarto bate, el novio de la madrina, el bate “quebrao”, el primero en la alineación, el ponche seguro y hasta el que altera la pizarra final a su favor.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) asistirá a las elecciones de gobernadores de este 25 de mayo con un equipo de pelota a su medida, que presentó el pasado 31 de marzo.

Nadie sabe si a la postre habrá un escándalo como el del equipo de los Medias Negras de Chicago en 1919 (ocho jugadores perdieron intencionalmente la serie final contra Cincinnati para beneficiarse de las apuestas) o similar al del equipo de los Astros de Houston en 2017 (cuando fueron acusados de robar señas de equipos contrarios usando sistemas de video). 

De pronto es prematuro también para advertir si alguno de los candidatos a mandatario regional terminará como Pete Rose que, pese a ser considerado uno de los mejores bateadores de la historia, fue execrado del deporte y del Salón de la Fama de la Major League Baseball (MLB) por apuestas en partidos, incluyendo los de su equipo, Rojos de Cincinnati.

Igualmente se desconoce si el umpire o árbitro mostrará el box score al final del partido o se limitará solo a decir cuánto a cuánto quedó. 

Como lo hizo el equipo de los Atléticos de Oakland en la temporada 2002, en la que tuvieron una racha de 20 victorias consecutivas con una nómina de peloteros infravalorados, tal vez alguno de los participantes use la sabermetría (análisis estadístico del béisbol) para ganar una de las gobernaciones.

Entre los candidatos oficialistas a gobernadores están los titulares, los que quedaron para jugar banca, quienes firmaron para una campaña adicional, los que subieron de Clase A, AA y AAA; los que fueron enviados a la lista de incapacitados, los veteranos que deben estar cerca del retiro, los que no quedaron en el roster, los que fueron puestos “out” en la goma, los roba bases, los enviados a las ligas menores, los que batean a las dos manos (ambidiestros) y hasta los que jugarán en una Liga Paralela, Independiente o de Fantasía.

Según el ministro de Interior y Justicia y también secretario general del Psuv, Diosdado Cabello, para elegir el nombre de los candidatos a gobernadores se hicieron asambleas donde participaron 5 millones de personas, lo que equivale a llenar 125 veces el estadio Monumental “Simón Bolívar” en La Rinconada.

Titulares y con ampliación de contrato

Nueve de los 24 candidatos por el oficialismo irán por la reelección en sus respectivos estados, y en el caso de Rafael Lacava en el estado Carabobo y Victor Clark en Falcón, acudirán a una tercera carrera para adjudicarse la gobernación de sus respectivas entidades.

Como si se tratase del contrato que firmó el japonés Shohei Othani con los Dodgers de Los Ángeles por 10 años y 700 millones de dólares, Lacava está esperando una bola que se quede alta para sacarla de jonrón.

En el caso de Clark, viene de hacer swing en el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deportes y en la Asamblea Nacional.  

Un bateador que siempre ha usado el chavismo y rinde cuando se la ponen “bombita” es Freddy Bernal. El exalcalde de Caracas fue diputado del desaparecido Congreso Nacional, miembro de la Constituyente del 2000, coordinador nacional de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), ministro para la Agricultura Urbana y “protector” del Táchira, estado en el que aspira otro mandato después de vencer con un squeeze play a Laidy Gómez en las elecciones de 2021.

Otro que ha ocupado varios puestos en el line up es Luis José Marcano, quien aspira la reelección en Anzoátegui. El periodista fue presidente de Venezolana de Televisión, ministro de Comunicación e Información, miembro de la extinta Asamblea Nacional Constituyente y diputado de la Asamblea Nacional.

Más abajo en la alineación del manager Nicolás Maduro está otro que quiere tener su back to back: José Alejandro Terán por el estado Vargas (rebautizado como La Guaira); también el aspirante a repetir, el ingeniero  Miguel Rodríguez en Amazonas y quienes igualmente pretenden renovar su contrato como mandatarios regionales: Primitivo Cedeño por Portuguesa, Gerardo Márquez por Trujillo y Ernesto Luna por Monagas. 

Siete que subieron

Siete políticos chavistas ahora desean subir a las Grandes Ligas para convertirse en gobernadores, tras su paso por las “ligas menores” de las alcaldías.

Joana Sánchez, alcaldesa de Mariño, será la contrincante por el título de bateo en el estado Aragua del diputado adeco (no judicializado) y excandidato presidencial, Luis Eduardo Martínez.

Julisbeth García, alcaldesa de Upata, buscará el Guante de Oro en Bolívar; la alcaldesa de Tucupita, Loa Tamaronis, hará lo propio en Delta Amacuro; Donald Donaire, alcalde de Francisco de Miranda, intentará ir al Juego de las Estrellas en Guárico; Leonardo Intoci, alcalde de Urachiche, optará al Cy Young en Yaracuy; Marisel Velásquez, alcaldesa del municipio Díaz, soñará con el Bate de Plata en Nueva Esparta y Luis Caldera, alcalde de Mara, intentará robarle el home a Manuel Rosales en el estado Zulia. 

Equipo de veteranos

Como el lanzador Justin Verlander, quien el sábado 29 de marzo se convirtió en el jugador con más edad en debutar esta temporada en las GL con 42 años, el chavismo apuesta por algunos dirigentes veteranos para ver si completan los 9.0 innings de labor.

Adan Chávez, hermano del difunto presidente Hugo, fue designado por el piloto Maduro para “salvar” (como el cerrador panameño Mariano Rivera) al estado Barinas. Chávez quiere volver a montarse en la lomita barinesa luego de mandar en esa entidad desde 2008 a 2017. El docente fue ministro del Despacho de la Presidencia, ministro de Educación, ministro de Cultura, embajador de Venezuela en Cuba y actual rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ).

Otro jugador con amplia experiencia como el venezolano José Altuve (15 temporadas con los Astros de Houston) es el general de brigada (retirado) Luis Reyes Reyes, quien luego de participar en el golpe de Estado de 1992 fue electo gobernador del estado Lara en 2000 y reelecto en 2004. Ahora quiere una tercera corona de bateo en la entidad crepuscular.

Reyes Reyes también se puso el uniforme de ministro de Transporte y Comunicaciones; Despacho de la Presidencia y Salud. Además, vistió la camiseta de la Asamblea Nacional mostrando su versatilidad como Altuve, quien puede jugar la segunda base y ahora el jardín izquierdo. 

Designados

Los bateadores designados que ahora buscarán un puesto como titular en el diamante son los candidatos a los estados Miranda y Apure, Elio Serrano y Wilmer Rodríguez, respectivamente.

Serrano, quien viene de otra liga, es decir, del Movimiento al Socialismo (MAS), entró en la gobernación mirandina por Héctor Rodríguez, quien fue nombrado ministro de Educación por Maduro y Rodríguez hizo lo propio en Apure después de que Eduardo Piñate fuera designado titular de la cartera de Trabajo. 

Los bajaron a las menores

Como todos los años, en los campos primaverales hay peloteros que no hacen el equipo y son devueltos a las ligas menores con la esperanza de que en algún momento de la temporada sean llamados nuevamente a la Gran Carpa.

Tal es el caso de los actuales gobernadores chavistas de Aragua (Karina Carpio), Bolívar (Ángel Marcano), Guárico (José Manuel Velásquez), Mérida (Jehyson Guzmán), Sucre (Luis Gilberto Pinto) y Delta Amacuro (Lizeta Hernández), quienes no repetirán.

El manager Maduro les dio las gracias por los servicios prestados y les dijo que irán a nuevas funciones. No especificó si iban a jugar o simplemente a recoger los bates. 

A la Liga de la Fantasía

De la mano con la actividad real en la MLB, todas las temporadas millones de fanáticos en el mundo juegan al Fantasy o beisbol de fantasía. Se trata de armar un equipo on line con peloteros de los 30 conjuntos y sumar puntos dependiendo del desempeño de cada uno.

A una liga parecida irá el almirante Neil Villamizar, quien es el candidato del Psuv para la denominada Guayana Esequiba.

Villamizar fue nombrado el pasado 11 de noviembre como autoridad única del territorio en disputa con Guyana, en reemplazo de Alexis Rodríguez Cabello.

La pregunta que se hacen los fans es si Villamizar jugará de verdad o hará una mera práctica de bateo. 

El line up

Los disfraces que podrían resaltar en estos carnavales

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Plataforma Unitaria reitera su posición: “Llamar a votar a ciegas es burlarse del pueblo”

Redacción Runrun.es
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Plataforma Unitaria reitera su posición: “Llamar a votar a ciegas es burlarse del pueblo”

La Plataforma Unitaria Democrática reiteró este miércoles, 2 de abril, su posición de que “llamar a votar a ciegas es burlarse del pueblo venezolano”, como algunos sectores “están promoviendo”.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, la coalición opositora reafirmó también “de manera firme y categórica” la posición que expresó el pasado 19 de febrero, donde indicó que para “considerar cualquier participación” en un proceso electoral como el previsto para el 25 de mayo, debe cumplirse, como punto pincipal, el inicio de una negociación que pase por el reconocimiento del reclamo del 28 de julio.

En aquella fecha, la PUD también detalló como segundo requisito un conjunto de demandas como la liberación de todos los presos políticos, de los asilados en la Embajada de Argentina y el regreso de exiliados con plenas garantías, “así como el cese de la represión y persecución a quienes exigen respeto a los resultados del 28 de julio que le otorgan la victoria a (Edmundo) González Urrutia”. También exigieron el cese de las inhabilitaciones políticas y la libre disposición y uso de la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) conforme a las normas y reglamentos de la coalición de partidos opositores.

“Recordamos que seguimos apegados a esa hoja de ruta que presentamos al país para alcanzar una solución real a los problemas de fondo que agobian al pueblo venezolano; resumidos en el derecho inalienable a vivir en democracia (…) Esta convocatoria precipitada, injusta y viciada, lejos de contribuir con la superación del drama venezolano, lo agrava y profundiza”, manifestó la Plataforma Unitaria en su declaración más reciente.

Para la coalición opositora, este proceso “está siendo convocado por un árbitro severamente cuestionado, nacional e internacionalmente, en un contexto de represión y persecución contra líderes políticos y ciudadanos, se han negado los derechos políticos mediante inhabilitaciones ilegítimas”. A ello, según la PUD, “se suma el secuestro de nuestra tarjeta de la Unidad así como la tarjeta de varios de los partidos miembros de esta alianza. En este caso, la falta absoluta de garantías electorales y políticas hace imposible nuestra participación”.

Frente a este escenario, la Plataforma Unitaria Democrática dijo sostener con claridad: “dentro de la Unidad todo, fuera de ella nada”. Asimismo, recordó el mandato: “Mantenernos unidos en la defensa de su decisión de cambio, expresada con el voto. No vamos a convalidar mecanismos que buscan dividir a las fuerzas democráticas”.

“No se trata de rendirse ni de adaptarse al juego del poder, sino de honrar el mandato recibido y seguir luchando, por vías cívicas, pacíficas y constitucionales, hasta construir una salida democrática y duradera para nuestro país; en donde se acate la voluntad de la mayoría y se respete a la minoría; como corresponde a un genuino ejercicio democrático. Una democracia de instituciones sólidas e independientes. He allí, nuestro reto”, agregó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Chavismo armó un equipo de “fantasía” a su medida para elecciones de gobernadores 

Votar, movilizar y no elegir

Alonso Moleiro
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Votar, movilizar y no elegir

Todo parece indicar que la convocatoria a las anunciadas elecciones parlamentarias y de gobernadores no serán atendidas con especial interés por la población. Ni en el chavismo ni en la oposición.

La crisis social del país; los traumáticos efectos de la diáspora por Sudamérica; el agravamiento de la crisis económica actual, ahora que se endurecen las sanciones internacionales, plantean un dilema de una gravedad extrema para la propia existencia del Estado venezolano y su legitimidad frente a la población. Frente a ella, la oferta política que hace el Consejo Nacional Electoral al país luce francamente sobrepasada.

 No hay que cavar demasiado hondo. Cualquier ciudadano que se tome la molestia de rememorar lo que ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales, podría sentirse con derecho a plantearse dudas en torno al verdadero significado de concurrir a votar. Independientemente de lo que le prescriban los políticos de esta o aquella acera.

De cualquier manera, las elecciones van, tendrán sus consecuencias, y muchas personas piensan que es una circunstancia que habrá que encarar. Como siempre sucede, en el gobierno hay mucho interés en que los comicios sean concurridos, y en el barrido, puede que se movilicen los más comprometidos.   

El chavismo ya puso sus candidatos en la calle. En el barajo oficialista, presentado por el vicepresidente del PSUV y ministro del Interior y de Justicia, Diosdado Cabello, se han ido consolidando nuevos nombres, y se mantienen ciertos candidatos clásicos, como Adán Chávez, en Barinas; Rafael Lacava, en Carabobo; Luis Reyes Reyes en Lara y Freddy Bernal en el Táchira.

“En momentos de arremetida imperialista por parte del gobierno de los Estados Unidos y la derecha venezolana, estamos prestos y comprometidos a la defensa y consolidación de la Revolución Bolivariana”, ha declarado Diosdado Cabello, recitando su credo y el de sus militantes sin tomar como bueno un sólo gramo de información en torno al malestar actual de la población.  “Debemos garantizar el modelo político que nos hemos dado, desde la perspectiva bolivariana, social, democrática, soberana y autodeterminada, enmarcada en las siete transformaciones que nos ha exigido nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro”.

Independientemente de la discursiva, el oficialismo ofrece una idea de autoridad y mando “por las malas”, y tiene objetivamente el total control político del país, pero está en el peor momento de su historia en materia de arrastre y convocatoria.

En el lado opositor el panorama es más complejo. Ciertamente una parte de la oposición política venezolana está cooptada por los tentáculos chavistas y sus intereses, pero hay que anotar que no todos los que quieren participar en estas elecciones lo hacen articulando políticas con el oficialismo.

  Los partidos que controlan la Plataforma Unitaria se han empeñado en honrar el acuerdo con Vente Venezuela, pero en la mayoría de ellos hay fisuras e interpretaciones discrepantes sobre la decisión de ir a votar. Sobre todo, a partir de la magnitud de lo sucedido en las pasadas elecciones presidenciales del 28-J.

En Voluntad Popular parece unánime la decisión de cerrar filas y no asistir a votar en las actuales circunstancias.  La dirección de Acción Democrática también ha impuesto a su militancia la línea de defensa de los resultados del 28-J, pero este es un partido que ya ha tenido una costosa sangría de dirigentes expulsados y emigrados que han pactado políticamente los términos electorales del chavismo.

La división de Primero Justicia ya es un hecho, y una de las causas de la ruptura tiene que ver con la interpretación actual del tema electoral. La tendencia de Julio Borges, mayoritaria en la correlación interna, está decidida a acompañar a María Corina Machado y a Edmundo González en la defensa del resultado presidencial, sin participar en las nuevas elecciones de Elvis Amoroso y el CNE. Pero el grupo disidente que lidera Capriles tiene un tamaño nada desdeñable en el conflicto interno, y está decidido a ir a la consulta.

De hecho, Un Nuevo Tiempo, uno de los partidos con mayor vocación unitaria en esta alianza, ya ha anunciado que asistirá a las elecciones regionales y parlamentarias “Consideramos un error abandonar la lucha electoral, más a la luz de una potencial reforma constitucional que pudiera derivar en un estado comunal”, afirma Carlos Valero, dirigente nacional de UNT. Manuel Rosales, gobernador del Zulia, tiene unos intereses muy concretos en esta consulta. “Defendemos el resultado del 28 de julio y creemos que la mejor manera de ratificar que somos mayoría es volver a derrotar al régimen”.

“La única estrategia que tiene posibilidad de impedir la consolidación del totalitarismo en Venezuela es la vía electoral y pacífica”, afirma Andrés Caleca, del Movimiento Progresista de Venezuela, ambos muy cerca de Machado y Edmundo González Urrutia en la campaña electoral del año pasado. “El totalitarismo supone la desmovilización política del país, y eso contribuye con el afán totalitario del gobierno. Lo que ellos quieren es acabar con la política. Cualquier forma de participación política, particularmente si es electoral, opera en sentido contrario.

“Mientras se pueda votar, hay que votar, porque pronto puede suceder, si se aprueba esa reforma constitucional que tememos, que ni siquiera se pueda ir a votar”, dice Caleca. “Y en ese caso la lucha sería para que nos dejen votar otra vez”.

Valero afirma “dentro del grupo que está dispuesto a seguir en la lucha electoral y el trabajo en Venezuela hay partidos que están en la Plataforma Unitaria, como Un Nuevo Tiempo y el Movimiento Progresista, y otros que no, como el MAS, Centrados, Puente, Fuerza Vecinal, Lápiz, movimientos regionales y sectores de la sociedad civil”, planteando de manera implícita un nuevo espacio de confluencias.

La posibilidad de hacer una campaña equitativa y dirigirse a las masas con un mensaje; de organizar una maquinaria en defensa del voto y de velar por los intereses de los partidos que participan, visto lo sucedido el año pasado con el Plan República y el CNE, lucen bastante complejas y cuesta arriba.

Incluso para aquellos gobernadores o diputados que queden electos, y tengan que enfrentarse después a la tóxica y ubicua legalidad del chavismo.

Las tribulaciones del mundo de los partidos y las reflexiones de los políticos no siempre tienen impacto en los dirigidos. De manera catastrófica se aprecia una zanja muy clara entre las necesidades de la gente y los intereses concretos de la política.  

Al chavismo le interesa un escenario de poca participación en el cual pueda hacer un nuevo despliegue logístico para aparentar una mayoría inexistente, pero son muchos los que temen que la participación en sí misma tampoco garantice nada, como no lo hizo ya en las presidenciales.

Primero Justicia reiteró que no participará en elecciones de mayo

Provea recibe denuncia de presunta desaparición forzada de funcionario del CNE

Redacción Runrun.es
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Provea recibe denuncia de presunta desaparición forzada de funcionario del CNE

Bianggi Maíz denunció que su padre, Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), es víctima de una “desaparición forzosa” desde el 27 de noviembre de 2024, día en el que su familia perdió contacto con él tras ser citado a una reunión en la sede del ente comicial en Caracas.

En un video que difundió en X la ONG Provea, Bianggi Maíz precisó que su padre es director Oficina de Identificación y Registro Civil del CNE. El día en el que desapareció su padre, afirma la hija del funcionario del CNE, presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) “se lo llevaron”.

Detalló además que Maíz Nadales fue trasladado por funcionarios de la Dgcim. Días después, en la sede de Boleíta, les confirmaron que estaba detenido allí y les permitieron entregarle medicamentos, ya que es paciente bariátrico, hipertenso y con tensión ocular.

Sin embargo, el 16 de diciembre, cuando la familia de Maíz Nadales regresó a la sede de la Dgcim, allí les informaron que ya no se encontraba en el lugar. Desde entonces, han recorrido múltiples centros de reclusión sin obtener información. “En el Rodeo I, incluso les impidieron preguntar”, precisó Provea en su publicación.

“Nos enteramos el 20 de marzo que fue presentado ante el Tribunal de Terrorismo II. El Estado le asignó un defensor público. Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta del defensor público. No nos han permitido verlo, no nos han permitido ingresarle sus medicinas. Todos los derechos se les están violando”, añadió Bianggi Maíz en la denuncia que compartió Provea.

Ante esa situación, la ONG recordó que de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución venezolana ninguna autoridad pública, sea civil o militar, incluso en estados de emergencia, “puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”. Además, añadió la ONG, el artículo 44 “garantiza el derecho de toda persona detenida a comunicarse con su familia, designar su abogado de confianza y conocer las razones de su detención”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Machado y González Urrutia: El Esequibo es nuestro y lo defenderemos

El Mañanero del 2 de abril: nuevamente difieren audiencia de Rocío San Miguel y otras noticias

Yeannaly Fermin
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El Mañanero del 2 de abril: nuevamente difieren audiencia de Rocío San Miguel y otras noticias

En El Mañanero del miércoles 2 de abril de Runrun.es resumimos los titulares más destacados de Venezuela: A Rocío San Miguel le apagan la justicia, María Corina Machado y Edmundo González defenderán el Esequibo, decisión de un juez de California frenó temporalmente el TPS y la canonización de la Madre Carmen Rendiles, son las noticias más importantes del momento.

A San Miguel le aplicaron el ahorro energético para apagarle la justicia

Canonización de Madre Carmen Rendiles es un reconocimiento al temple de la mujer venezolana 

La identidad trans se celebra en espacios seguros

La decisión de un juez de California que frenó temporalmente el TPS en claves

Machado y González Urrutia: El Esequibo es nuestro y lo defenderemos

“Es una persona con daños cognitivos” y otras perlas de Saab contra Boric

Los síntomas de cáncer de colon casi siempre aparecen en enfermedad avanzada

 Cuatro claves sobre la revocatoria de licencias petroleras a Repsol y otros extranjeros de Pdvsa

Madre de presidente Noboa pide a votantes no convertir a Ecuador en Venezuela

“El corazón me late de alegría de ver que nuestra Madre ya va estar en los altares, ya el Santo Padre dio la canonización”, dijo la hermana María Aurora Aristizabal, quien conoció a la nueva santa de Venezuela, Carmen Rendiles.

Machado y González Urrutia: El Esequibo es nuestro y lo defenderemos

Redacción Runrun.es
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Machado y González Urrutia: El Esequibo es nuestro y lo defenderemos

Este martes, 1 de abril, los líderes de oposición María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, aseguraron que defenderán el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que se disputa con Guyana.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Machado y González Urrutia dejaron claro su compromiso inquebrantable con la defensa del territorio y afirmaron que “están listos para defender los indiscutibles derechos que tiene Venezuela sobre el Esequibo”

“Venezolanos, como gobierno electo, tenemos nuestros equipos listos para ejercer la defensa efectiva y responsable de nuestra soberanía nacional. Están integrados por los más competentes y experimentados profesionales en el ámbito legal, diplomático, histórico y militar, para representar y defender a Venezuela”, se lee en el comunicado.

Tanto María Corina Machado como Edmundo González argumentaron con fundamentos históricos y legales que el Esequibo pertenece a Venezuela. Denunciaron que el Laudo Arbitral de París de 1899 fue “una decisión viciada y arbitraria que despojó a Venezuela de lo que legítimamente le pertenece”.

Asimismo, subrayaron el valor del Acuerdo de Ginebra de 1966 como un instrumento clave para la búsqueda de una solución práctica a esta controversia bajo el marco del derecho internacional.

Machado y González criticaron la negligencia de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en la defensa activa del Esequibo, señalando que su inacción permitió avances de Guyana en el territorio en disputa, incluso en el ámbito de la explotación de recursos.

“La reclamación activa del Esequibo fue abandonada de manera irresponsable por (el fallecido mandatario) Hugo Chávez por razones eminentemente políticas, llegando incluso a señalarla como una herencia de la Guerra Fría que Venezuela no debía continuar, siguiendo los mandatos de (el expresidente cubano) Fidel Castro para congraciarse con países caribeños en foros como la OEA y la ONU, a cambio de apoyo político”, afirmaron.

Machado y González Urrutia hicieron un llamado a la unidad nacional y a la movilización de los mejores expertos legales, diplomáticos y militares para enfrentar el juicio en La Haya y otras instancias internacionales con profesionalismo y seriedad.

Ambos rechazaron “cualquier opción bélica” en la defensa del territorio y abogaron “por una solución pacífica que garantice los derechos soberanos de Venezuela tanto en el Esequibo continental como en su fachada atlántica”.

Finalmente, insistieron en que “la defensa de la integridad territorial de Venezuela pasa por la necesidad de una transición democrática efectiva”.

¿Cuál es el valor del Esequibo y qué tan probable es una guerra?

A San Miguel le aplicaron el “ahorro energético” para apagarle la justicia

Redacción Runrun.es
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A San Miguel le aplicaron el “ahorro energético” para apagarle la justicia

El pasado 31 de marzo fue diferida por cuarta vez la audiencia de juicio de la abogada y activista por los derechos humanos, Rocío San Miguel. La justificación que se esgrimió en esta ocasión es que por el “ahorro energético” que implementó el gobierno desde el 24 de marzo en oficinas públicas no se pudo ejecutar su traslado a tribunales.

“Es el cuarto diferimiento, la primera audiencia de juicio fue convocada para el 11 de noviembre de 2024; la segunda, el 18 de diciembre de 2024; luego para el 11 de febrero de 2025 y ahora esta del 31 de marzo. En esta ocasión fue la falta de traslado, recordemos que hay varios acusados, no solo Rocío. Lo que adujo el tribunal fue la falta de traslado de algunos de los acusados debido al nuevo horario laboral, en ocasión del tema de ahorro de consumo eléctrico“, declaró a Runrun.es la coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo.

La nueva fecha de la audiencia de juicio, lo que sería el quinto intento, quedó fijada para el 26 de mayo, a la 1:00 p.m. Tineo llamó la atención sobre el hecho de que después de cada diferimiento, transcurren hasta dos meses para fijar una nueva convocatoria.

“Y así, ella tiene más de un año de prisión, esperando la audiencia de juicio, que hasta ahora no ha ocurrido. A eso hay que añadir que ella sigue sin poder designar defensores de su confianza, sigue con un defensor público impuesto”, recordó.

San Miguel cumplió el pasado mes de febrero un año recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide. El 12 de febrero de 2024 los delitos traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación, entre otros, en una audiencia en la que no tuvo acceso a defensa privada. Su detención y este hecho fueron rechazadas por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH (Acnudh). En respuesta, el gobierno venezolano tomó al decisión de expulsar a sus funcionarios de Venezuela. 

Un clamor que no cesa

El pasado 9 de febrero de 2025 se cumplió un año de la detención de Rocío San Miguel. Un día como ese, pero del año 2024, San Miguel se disponía a viajar con su hija Miranda desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Allí fue detenida y estuvo durante tres días en condición de “desaparición forzosa”, según la ONG Provea, pues no fue hasta la noche del 12 de febrero cuando  la presentaron ante el Tribunal 2.º Contra Terrorismo en Caracas, sin haber designado a sus abogados de confianza.

En esas horas también fueron detenidos otros familiares de San Miguel, además de su hija: Miguel San Miguel, hermano; Alberto San Miguel, hermano; Víctor Díaz, padre de Miranda y Alejandro González, exesposo (quien permanece detenido).

El clamor por una medida humanitaria que beneficie a San Miguel ha sido sostenido. Distintas ONG han denunciado que su proceso ha estado viciado y plagado de irregularidades. Justo el pasado 31 de marzo, WOLA (Washington Office on Latin America) instó a la jueza Alejandra Romero del Juzgado 3.º de Terrorismo a otorgar una medida sustitutiva de libertad por razones humanitarias, “con base en la legislación nacional e internacional aplicable”.

“Rocío San Miguel nunca debió haber sido desaparecida ni detenida. El proceso penal ha estado marcado por irregularidades y falta de garantías al debido proceso. A más de un año de su detención, el Estado venezolano aún no ha proporcionado pruebas que sustenten su acusación de ‘traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y asociación’, entre otros” contra San Miguel”, denunció wola.

Sigue requiriendo cirugía

En diciembre de 2024, en concreto el 10 de diciembre, cuando precisamente se conmemora el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fueron difundidas – por primera vez desde su detención- una serie de fotografías de Rocío San Miguel, en las que mostraba un evidente deterioro físico.

San Miguel tiene además una fractura en el hombro derecho que requiere una cirugía especializada. Sus representantes legales insisten en que esta cirugía debe ser realizada de urgencia bajo la supervisión de sus médicos de confianza y el cuidado de su familia.

El abogado Juan González Taguaruco denunció que la fractura de San Miguel fue diagnosticada el 5 de diciembre, pese a que ”ocurrió cuatro meses atrás”, tras caerse como consecuencia de un mareo por una laberintitis que tampoco fue oportunamente tratada.

Tineo insistió en que San Miguel debe recibir una medida sustitutiva de libertad, para ser intervenida quirúrgicamente y poder cumplir con la rehabilitación física que una cirugía de las que amerita, requiere.

“Pero, lamentablemente, ni inicia el juicio ni esta petición ha sido atendida, que sea excarcelada para recibir la atención médica que requiere con carácter de urgencia. No solo es el retardo del juicio, sino el agravamiento de sus condiciones, lo que sabemos es que tiene menos posibilidad de movilizar su brazo derecho por la situación de la fractura no atendida”, advirtió la coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

Aunado a eso, la única visita que se le permite es la de su hija, una vez a la semana: “Es su único contacto con el mundo exterior”, recalcó Tineo.

Las medidas cautelares emitidas a favor de Rocío San Miguel por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2012 sigue siendo irrespetadas por el Estado venezolano, así como también las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, también conocidas como “Reglas Mandela”, que establecen que la prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad
del Estado.

“Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica”, determina en concreto la Regla 24.

La Regla 27 además contempla que los reclusos que requieran cuidados especiales o cirugía serán trasladados a establecimientos especializados o a hospitales civiles.

“Requiere medida humanitaria”: Por segunda vez difieren inicio de juicio de Rocío San Miguel

La decisión de un juez de California que frenó temporalmente el TPS en claves

Redacción Runrun.es
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La decisión de un juez de California que frenó temporalmente el TPS en claves

El 7 de abril de 2025 vencía el Estatus de Protección Temporal (TPS) que se otorgó para los migrantes venezolanos, pero este lunes 31 de marzo, una semana antes que expirara este beneficio migratorio, el juez federal estadounidense Edward Chen, de San Francisco, suspendió la decisión de eliminarlo.

La suspensión del TPS para los venezolanos había sido decidida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Con esta decisión, los migrantes que recibieron el beneficio en 2021 y 2023 -este último vencía en septiembre de 2025- tendrían que abandonar Estados Unidos.

“El tribunal considera que la acción de la secretaria amenaza con causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos; costar a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y perjudicar la salud y la seguridad pública en comunidades de todo el país”, indica el documento del juez Chen.

La organización Venezuelans and Immigrants Aid (VIA) explicó que aunque esta “no es una medida definitiva”, sí representa un “alivio momentáneo” para los venezolanos protegidos bajo este estatus migratorio.

¿Cuál es el alcance de la decisión tomada por el juez Chen de California?

Víctor Badell, abogado de inmigración, explicó que la medida beneficia a todos los venezolanos que habían recibido el TPS, un universo de al menos 600.000 personas, lo que incluye las designaciones de 2021 y 2023.

El abogado también explicó que la decisión del juez señala que “hubo violación al debido proceso y al procedimiento administrativo, y, en consecuencia, estima que hay daños inminente y exige que se posponga la pretendida terminación del TPS por parte de la administración Trump”.

En consecuencia, añadió Badell, queda vigente “y en full efecto” la decisión firmada en enero por el anterior el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de extender el TPS para los venezolanos, lo que permite que unos 607.000 beneficiarios actuales “retengan el TPS hasta el 2 de octubre de 2026, si continúan cumpliendo con los requisitos de elegibilidad del TPS”, según explicó en enero de 2025 el comunicado de Seguridad Nacional.

Asimismo, el experto indicó que los permisos de trabajo “quedan extendidos automáticamente hasta el 2 de abril de 2026” para ambas designaciones del TPS (2021 y 2023), pero aclaró que se debe “reaplicar al TPS antes del 10 de septiembre de este año y también al permiso de trabajo”.

Víctor Badell informó también que las personas con el carnet vencido y la publicación de Seguridad Nacional de enero de 2025 “pueden ir ante sus empleadores y corroborar que están autorizados para trabajar”.

Argumentos esgrimidos por el juez para decidir a favor de venezolanos

Entre los argumentos que el juez Edward Chen esgrimió para emitir esta suspensión, destaca que la medida de revocar el TPS podría causar “daños irreparables a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados, costar a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica y perjudicar la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.

También, alertó que si los beneficiarios del TPS de Venezuela pierden su autorización de trabajo bajo el programa, “habrá impactos económicos adicionales en Estados Unidos y las comunidades donde residen actualmente”. A eso agregó que el costo para las empresas de reemplazar a los empleados despedidos “podría ascender a $1,300 millones de dólares”.

El juez federal de California, además, añadió que la afirmación de que las personas beneficiarias venezolanos del TPS representan algún tipo de peligro para EEUU o las comunidades donde residen “carece de fundamento”.

Otro punto que destacó el juez Chen es que los venezolanos beneficiarios del TPS “cuentan con un nivel académico superior al de la media estadounidense” -destacando que entre el 40 y el 54% de ellos cuenta con un título universitarios- así como también representan un alto índice de participación en el mercado laboral (entre 80 y 96%).

“Casi todos sus ingresos provienen de su trabajo (96%) y aportan miles de millones de dólares todos los años a la economía, incluyendo cientos, quizás miles, de millones de dólares en impuestos dirigidos al sistema de seguridad social. Su índice de criminalidad también es inferior al de la población estadounidense”, agregó el juez en la decisión.

El gobierno apelará la decisión

Adelys Ferro, directora de Venezuelan American Caucus, vaticinó este martes, 1 de abril, que el gobierno de Estados Unidos apelará la decisión del juez Edward Chen, aunque adelantó que están preparados para ese escenario.

“El gobierno muy probablemente va a apelar. Nosotros no estamos esperando que no apele. Eso sería el mundo ideal (…) darse cuenta de que de que nosotros somos un gran activo para este país y que merecemos una oportunidad de seguir acá, pero no, lo que creemos es que van a apelar. Pero nuestros abogados están listos”, explicó Ferro en entrevista con VPI.

Así como los abogados “convencieron a los jueves” con argumentos, dijo Ferro, la organización también tiene argumentos para que sean escuchados por una corte de apelaciones. “Digamos que vamos paso a paso”, señaló, agregando que debe continuar vigente durante el proceso legal la orden del juez “más allá de las apelaciones”.

“Los venezolanos siguen protegidos hasta que haya una decisión final. Incluso de las cortes de apelaciones”, añadió Adelys Ferro.

¿Qué viene ahora ?

Armando Olmedo, vicepresidente y asesor jurídico de Televisa Univisión, explicó que el próximo paso es esperar a la semana entrante, pues el juez dictaminó que ambas partes -los demandantes y el gobierno- deben presentar sus argumentos “para poder entonces determinar la legalidad de las acciones por el Departamento de Seguridad Nacional emitidas por Kristi Noem”.

Olmedo, entrevista con Satcha Pettro de Televisa Univisión, recomendó a los beneficiarios del TPS “asesorarse bien, visitar su abogado, y asegurarse de que tenga un caso listo”. A eso, añadió: “Si es que se levanta y se elimina esa orden de Kristi Noem, está listo para proceder lo antes posible”.

Durante el programa se le presentaron varias preguntas a Olmedo relacionadas con estatus migratorio. Una de ellas dice: “Mi esposo es residente y yo entré por medio de parole en febrero de 2024. En noviembre realizó la ajusta de estatus, pero ahora que pausaron las solicitudes indefinidamente, ¿qué hago?”. El experto dijo que, en este caso, “no hay mucho que se pueda hacer”.

La pausa del parole, explicó Olmedo, es “indefinida” por parte del gobierno, no solamente para los ucranianos, sino también para los que presentaron solicitudes, que entran bajo el programa de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.

“No sabemos cuándo se va a levantar. El gobierno ha dicho que van a analizar esos casos uno por uno, así que puede ser que se demoren bastante antes de que puedan comenzar a analizar y a estudiar esos casos. Se pueden mandar, lo que no pueden es adjudicar”, precisó.

Hay otra demanda pendiente en Boston

Existe una tercera demanda contra la decisión de revocar el TPS que aún no tiene fecha de juicio. Fue interpuesta el 3 de marzo ante el Tribunal de Distrito por Haitian-Americans United, Inc., la Asociación Venezolana de Massachusetts, UndocuBlack Network, Inc., junto con cuatro migrantes haitianos y venezolanos residentes en Boston.

Al igual que las dos querellas anteriores, esta impugna la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití y Venezuela.

En la demanda se argumenta que la secretaria del DHS, Kristi Noem, no tenía la autoridad legal para anular la decisión tomada por el exsecretario del DHS, Alejandro Mayorkas. En concreto, se cuestiona la revocación de la extensión de 18 meses del TPS para Haití, concedida el 1 de julio de 2024, y la extensión de 18 meses del TPS para Venezuela, otorgada el 17 de enero de 2025.

La Conversa | Gobierno de Trump solo se pone de acuerdo para expulsar a migrantes
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