En Venezuela, la institución encargada de velar por los derechos humanos se ha convertido en un engranaje más del aparato estatal. Así lo demuestra el informe elaborado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, que analiza el desempeño de la Defensoría del Pueblo bajo la gestión de Alfredo Ruiz.

Este informe pone en evidencia que, lejos de actuar con autonomía frente a los abusos del poder, la Defensoría ha permanecido inactiva —e incluso cómplice— ante graves violaciones de derechos humanos, incluyendo casos de tortura y asesinatos documentados por instancias nacionales e internacionales.

Inspirado en la figura de Argos, el centinela de cien ojos de la mitología griega, el informe denuncia cómo la Defensoría ha cerrado los suyos frente al sufrimiento ciudadano. A través de una revisión normativa, testimonios de víctimas y un análisis comparativo con otras experiencias regionales, se concluye que la institución ha sido cooptada políticamente, degradada internacionalmente y vaciada de contenido. La trayectoria de Alfredo Ruiz simboliza la regresión de un defensor de derechos a un legitimador del abuso.

“En lugar de actuar como contrapeso institucional, la Defensoría ha funcionado como un apéndice discursivo del poder, reproduciendo narrativas oficialistas y minimizando denuncias”, advierte el informe.

Origen y funcionamiento institucional de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo (DP) de Venezuela fue creada en 1999 con la nueva Constitución como parte del Poder Ciudadano, junto al Ministerio Público y la Contraloría, con el mandato de promover, proteger y vigilar los derechos humanos. Su estructura y funciones se formalizaron en 2001 con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (LODP), que establece su autoridad, organización y competencias.

De acuerdo con el informe, la Defensoría del Pueblo actúa bajo principios de autonomía, independencia e imparcialidad, aunque sus decisiones no son vinculantes. Cuenta con oficinas regionales, direcciones especializadas y un reglamento interno aprobado en 2007 que define su operatividad.

En 2015 se añadieron cinco líneas generales de actuación: promoción, defensa, vigilancia, mediación y propuesta de políticas públicas en materia de derechos humanos. Desde su creación ha tenido cuatro titulares. Aunque su marco normativo es robusto, su desempeño en la práctica ha sido cuestionado por inacción ante violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos.

Evaluación de la actuación de la Defensoría del Pueblo venezolana

Los Principios de París

Los Principios de París, adoptados por la ONU en 1993, establecen los estándares internacionales que deben cumplir las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH), como las Defensorías del Pueblo. Estos principios exigen que las INDH tengan un mandato claro y amplio, basado en la Constitución o la ley, para abordar cualquier violación de derechos humanos sin limitación.

De acuerdo con el informe de “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento”, estos principios deben actuar con independencia política y financiera, garantizar la pluralidad social en su estructura, y cumplir funciones amplias, como monitorear violaciones, emitir recomendaciones, educar en DDHH, y colaborar con organismos internacionales.

La cooperación internacional es clave para reforzar sus capacidades. Estos estándares buscan asegurar instituciones que actúen con efectividad, autonomía y legitimidad en la protección de los derechos humanos.

Organismos internacionales que monitorean a las Defensorías del Pueblo

Diversos organismos internacionales evalúan el desempeño de las Defensorías del Pueblo. Entre ellos destaca GANHRI, que otorga acreditaciones según el cumplimiento de los Principios de París: “A” (pleno cumplimiento), “B” (parcial) y “C” (incumplimiento). La Defensoría venezolana recibió la acreditación “A” en 2006, pero fue degradada a “B” en 2016 por pérdida de independencia.

Otros organismos clave son el Instituto Internacional del Ombudsman, que brinda capacitación y apoyo técnico; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que supervisa el rol de las defensorías frente a crisis; RINDHCA, que promueve buenas prácticas en América Latina; y la OACNUDH, que ofrece asistencia técnica y evalúa la aplicación de los Principios de París.

El informe advierte que la degradación de la Defensoría venezolana ha limitado su participación internacional, debilitando su legitimidad y capacidades ante organismos de DDHH.

Evaluación de los organismos internacionales de DDHH

Organismos internacionales han criticado severamente la actuación de la Defensoría del Pueblo en Venezuela. Informes de la Misión de la ONU (2020–2024) documentan su inacción frente a desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, denunciando obstáculos en la recepción de casos y una actitud pasiva. También señalan su alineación con el gobierno y pérdida de credibilidad.

Por su parte, ACNUDH ha criticado la falta de independencia y transparencia de la Defensoría del Pueblo, aunque ha reportado casos puntuales de cooperación reciente. Por su parte, la CIDH incluye a Venezuela entre los países con peores registros en DDHH, denunciando que la Defensoría ha sido cooptada políticamente y no responde adecuadamente a las violaciones.

A nivel regional, el ente de monitoreo y protección más importante es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ha incluido a Venezuela en el capítulo IV -destinado a los países con peor desempeño en DDHH- de su informe anual y ha realizado reportes especiales sobre la situación del país.

Evaluación de las organizaciones nacionales

En Venezuela, según recuerda el informe, organizaciones como Provea y Acceso a la Justicia destacan la ineficacia, opacidad en la rendición de cuentas y la designación irregular en la Defensoría del Pueblo. En conjunto, se evidencia un fuerte deterioro de la función de la Defensoría, alejándose de los estándares internacionales.

Una de las críticas de la ONG Acceso a la Justicia es que la Defensoría no publica sus informes anuales ni ofrece información clara sobre denuncias tramitadas, resultados o impactos de sus gestiones, y más del 60 % de los casos son catalogados sin resolución clara.

Antecedentes de la gestión de la actual Defensoría del Pueblo

La designación de Alfredo Ruiz como defensor del Pueblo

Alfredo Ruiz fue designado Defensor del Pueblo el 23 de diciembre de 2017 por la extinta constituyente, en un proceso considerado ilegítimo por organizaciones nacionales e internacionales. Antes de asumir ese cargo, fue adjunto en Derechos Humanos durante la gestión de Tarek William Saab, y tuvo una amplia trayectoria como defensor de derechos humanos en la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

Diversos activistas que lo conocieron destacan su compromiso inicial con comunidades populares de Caracas, su vinculación con movimientos cristianos de base y su rol destacado dentro de la Red. Fue descrito como un líder respetado, con vasto conocimiento jurídico y ético, aunque de carácter reservado. Su labor en sectores como La Vega y la Cota 905 dejó huella como un referente comunitario, incluso formando espacios de convivencia inspirados en valores religiosos.

Sin embargo, pese a su origen en el activismo social y comunitario, la falta de legitimidad en su nombramiento como Defensor del Pueblo y su desempeño posterior han generado críticas sobre su independencia y compromiso real con la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Según recuerda el informe, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz surgió en 1985 en Caracas tras una emergencia habitacional y luego se transformó en una ONG de derechos humanos tras el asesinato de Freddy Dugarte a manos de la policía. Fue pionera en el país en documentar abusos, ofrecer asistencia jurídica y presionar por reformas legales. Alfredo Ruiz, figura clave de la organización, destacó por su trabajo en la prevención de la tortura y la promoción de instrumentos internacionales como el Estatuto de Roma.

Sin embargo, la llegada del chavismo en 1998 marcó un giro ideológico. Muchos integrantes, incluido Ruiz, se alinearon con el gobierno, adoptando una visión clasista y partidista de los derechos humanos. Ruiz se vinculó al entorno de Tarek William Saab y desde allí se desplazó hacia un activismo político. Otros miembros de la Red también asumieron cargos gubernamentales.

Con el tiempo, la Red se distanció del resto de ONG independientes, especialmente tras la reforma policial y el retiro de Venezuela de la CIDH. La organización pasó a representar la “sociedad civil” afín al gobierno en foros internacionales, generando confusión. Aunque algunos testimonios revelan contradicciones internas, la trayectoria de Ruiz muestra una progresiva identificación con la narrativa oficialista del poder.

La actuación de la Defensoría del Pueblo en torno al 28 de julio

Para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Alfredo Ruiz anunció el despliegue de 700 funcionarios en todo el país para supervisar el respeto a los derechos humanos y al sufragio. Se planificaron visitas a más de 1.400 centros y 3.000 mesas electorales. Además, se impartieron talleres sobre el derecho al voto a 3.300 personas, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral, el Plan República y otras instituciones del Estado.

El día de la elección, Ruiz calificó el proceso como “democrático” e hizo un llamado a votar en paz. Sin embargo, guardó silencio ante las denuncias de represión, asesinatos durante manifestaciones poselectorales y acusaciones de fraude en la publicación de resultados, las cuales fueron señaladas por observadores internacionales.

Su siguiente declaración ocurrió el 22 de agosto, cuando respaldó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó la victoria de Nicolás Maduro. También estuvo presente en el acto de juramentación presidencial del 10 de enero de 2025.

Un análisis de la cuenta oficial de la Defensoría en la red social X muestra una narrativa alineada con el discurso oficial, sin referencia crítica a los abusos denunciados tras el proceso electoral.

De activista a funcionario tolerante del abuso de poder

En el año 2013 fue aprobada la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que Alfredo Ruiz, desde la Red de Apoyo, tendría una participación estelar en las mesas técnicas organizadas desde la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.

En ese momento, según el informe, se pudiera esperar que con una persona como Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, su principal trabajo sería erradicar la práctica de la tortura en el país. Sin embargo, “los datos contradicen esa posibilidad”.

Si se toman los datos de los años en que Ruiz ha sido defensor del Pueblo, a partir de 2018, un total 1.135 personas han sido torturadas y 40 han fallecido como consecuencia de las torturas bajo su gestión. “No existe evidencia pública que ningún funcionario haya sido sancionado según la Ley promovida por el activista Alfredo Ruiz, en el año 2013”.

Valoración actual del rol de la Defensoría por activistas, víctimas y familiares

Además de defensores y defensoras que lo conocieron durante su época de trabajo en una ONG, Derechos Humanos, se consultó la opinión de activistas, víctimas y familiares de violación de derechos humanos sobre su experiencia concreta con la Defensoría del Pueblo en los actuales momentos.

“Es cómplice de la persecución, de la represión porque hay total opacidad e indiferencia con las denuncias que hacen las distintas víctimas. En las gestiones que hemos hecho este último año no se han negado a recibirnos, como si se negó la Fiscalía, tampoco dan respuesta”, declaró el familiar de un preso político.

Responsabilidad penal y administrativa de la Defensoría por omisión en el ejercicio de sus funciones

Diferentes normativas sancionan las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, la Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, en su artículo 19, que habla sobre la colaboración, encubrimiento y obstrucción, señala: “El funcionario o funcionaria pública que colabore de cualquier forma o encubra a los agentes responsables de tortura y tratos crueles será sancionado con de 13 a 23 años de prisión, e inhabilitación del ejercicio de la función pública por el mismo período”.

Otro ejemplo es la Ley Contra la Corrupción, la cual señala en su artículo 71: “Constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa, cuando: 12) Realice en el ejercicio de su cargo, cualquier otro acto, hecho u omisión en el cual su interés particular, directo o indirecto, se contraponga al interés público”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país