Corte Suprema autorizó revocación del TPS para más de 300 000 venezolanos 

La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió este lunes revocar el Estatus de Protección Temporal o TPS (por sus siglas en inglés) a más de 300 000 venezolanos.

El máximo tribunal estadounidense accedió ante una solicitud de emergencia presentada por la administración del presidente Donald Trump, lo que significa que las autoridades pueden proceder a no renovar el TPS a los venezolanos.

En vista de la inestabilidad política en Venezuela, en marzo de 2021 el gobierno de Joe Biden declaró que los venezolanos eran elegibles para el programa federal que existe desde 1990 en procura de brindar ayuda humanitaria a personas de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes.

De acuerdo a las leyes, las personas aceptadas en el programa poseen estatus legal en Estados Unidos y pueden obtener autorización de trabajo por hasta 18 meses, sujeta a prórrogas.

El TPS forma parte de una serie de apelaciones de emergencia que la administración de Trump ha presentado ante la Corte Suprema, la mayoría relacionadas con la migración. 

La semana pasada, el gobierno solicitó a la Corte que le permitiera cancelar la libertad condicional humanitaria de cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El alto tribunal también ha estado involucrado en batallas legales por los esfuerzos de Trump para deportar rápidamente a venezolanos acusados ​​de ser miembros del Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Atendiendo a una petición de Donald Trump, la medida deja a connacionales al borde de la deportación
En marzo de 2021 el gobierno de Joe Biden declaró que los venezolanos eran elegibles para TPS
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redacción runrunes
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La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió este lunes revocar el Estatus de Protección Temporal o TPS (por sus siglas en inglés) a más de 300 000 venezolanos.

El máximo tribunal estadounidense accedió ante una solicitud de emergencia presentada por la administración del presidente Donald Trump, lo que significa que las autoridades pueden proceder a no renovar el TPS a los venezolanos.

En vista de la inestabilidad política en Venezuela, en marzo de 2021 el gobierno de Joe Biden declaró que los venezolanos eran elegibles para el programa federal que existe desde 1990 en procura de brindar ayuda humanitaria a personas de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes.

De acuerdo a las leyes, las personas aceptadas en el programa poseen estatus legal en Estados Unidos y pueden obtener autorización de trabajo por hasta 18 meses, sujeta a prórrogas.

El TPS forma parte de una serie de apelaciones de emergencia que la administración de Trump ha presentado ante la Corte Suprema, la mayoría relacionadas con la migración. 

La semana pasada, el gobierno solicitó a la Corte que le permitiera cancelar la libertad condicional humanitaria de cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El alto tribunal también ha estado involucrado en batallas legales por los esfuerzos de Trump para deportar rápidamente a venezolanos acusados ​​de ser miembros del Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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