La muerte de su hija Madison cambió para siempre la vida de Carlos Eduardo Mendoza Núñez. Cuando tenía 19 años, el embarazo de su novia estaba en término pero complicaciones obstétricas, provocaron la muerte fetal y él quiso honrar la memoria de su primogénita tatuándose una corona con su nombre en el pecho, sin imaginar que llevar esa marca le costaría su libertad. 

“Él se tatuó hace ocho años, inmediatamente después de que el embarazo de la bebé no llegara a término. Siempre le dije ‘no te ralles’. En primer lugar porque él prestaba servicio en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y segundo, porque hay muchas maneras de recordarla, pero él me decía, ‘mami, es en honor a Madi’”,  explica Carmen Núñez, madre de Carlos.

El joven de 27 años, oriundo de la populosa barriada de Las Palomas, ubicada en la parroquia Valentín Valiente de Cumaná, capital del estado Sucre, forma parte del grupo de venezolanos deportados desde EEUU al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) ubicado en El Salvador, por la administración del presidente Donald Trump.

Carmen dice que se le secaron las lágrimas de tanto llorar a su hijo con quien perdió todo tipo de contacto y sus amigas le piden que no le mande mala energía, porque todos están seguros de que Carlos no es un delincuente.

En los planes de Carlos no estaba irse a EEUU, pero había quedado desempleado desde hace cuatro años cuando se dio de baja en la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Ya no vivía con la mamá de Madison, pero se casó y su esposa tiene un niño de diez años. Para mantener a su familia, ayudaba a su papá a vender repuestos y él fue quien lo convenció de emigrar junto a sus dos primos. 

Se fue de Venezuela el tres de febrero de 2024 y, luego de una inclemente travesía por la selva del Darién, el 24 de marzo cruzó a EEUU. Cuando se entregó, los funcionarios de inmigración le pidieron subirse la franela, le tomaron fotos y le pusieron un dispositivo de seguridad.

“Sus primos fueron liberados un día antes, pero a él le pusieron un grillete y le dijeron que lo iban a monitorear, porque ese era un tatuaje pandillero y le preguntaron que si era del Tren de Aragua, pero él les respondió que no pertenecía a ninguna banda, ni tenía antecedentes penales” relató la madre.

Carlos quedó bajo régimen de presentación. Con ayuda de su primo, se fue a California a trabajar con un pastor como obrero en una venta de colchones. Con ellos también llevaba ayuda social a las personas necesitadas los fines de semana. 

El joven solicitó su permiso de trabajo bajo la figura de asilo político y asistió a dos audiencias de migración de manera online. La tercera fue programada justo después de que Trump asumió la presidencia y le notificaron que debía ser presencial para firmar el permiso. 

Cuando llegó, lo esposaron, lo revisaron, le quitaron el teléfono y la cartera. Lo mandaron a bañar, le dieron una braga gris y lo metieron en una celda con otras personas, donde permaneció durante un mes y cinco días.

La familia conoce estos detalles porque mantuvieron comunicación, aunque el servicio de telefonía era costoso.

“Igual que la primera vez, en el interrogatorio le preguntaron el significado del tatuaje y él respondió que era por su princesa. Le dieron un carnet y un papel que decía ‘evaluado y aceptado’”, detalla Carmen.

Sin embargo, el examen siguiente fue 15 días después y le dijo a su familia que fue una prueba “de miedo”, en la que le volvieron a preguntar si era pandillero y el significado del tatuaje, pero él no estaba nervioso. Allí, le dieron otro carnet que decía “aceptado” y le pusieron uniforme azul.

“Yo busqué el significado. El uniforme gris dice que está en proceso, el azul que tiene algo por allí. Querían que aceptara que era del Tren de Aragua y que lo iban  deportar”, dijo la madre. 

El viernes 14 de marzo le hicieron firmar la deportación.

Su mamá se asustó porque, esta vez, el uniforme que tenía cuando lo vio en la video llamada era rojo, el mismo color que utilizan los delincuentes de alta peligrosidad y considerados terroristas.   

“Le dije que aquí lo esperaba, que no importaba, que lo que no se pudo allá lo va a lograr aquí, que aquí lo esperamos” dijo entre lágrimas y con voz entrecortada su mamá.

 A Carlos lo trasladaron al aeropuerto pero el avión no salió por mal tiempo y aunque la familia lo esperaba al día siguiente, eso no ocurrió.

Para los familiares todo el panorama se volvió más incierto hasta que por distintos medios comenzó a circular el listado de deportados de El Salvador.

Carmen no entró en shock cuando vio su nombre en el listado y, por el contrario, dio gracias a Dios por saber dónde está. 

En Texas Carlos se hizo amigo de José Viloria, otro venezolano oriundo de Carúpano  que también sería deportado, pero cuando estaba en el aeropuerto su abogada impidió el procesamiento.

La familia de Carlos conversó con Viloria y éste les confirmó que Carlos se asustó cuando la abogada les dijo que el avión no tenía como destino Venezuela. Otro compañero de celda que le prestaba la tablet a Carlos también les confirmó su deportación. 

La madre de Carlos ha vivido momentos muy difíciles que han afectado su salud, incluso, durante un mes dejó de trabajar en la escuela donde se desempeña como maestra de primer grado, pero luego ha tratado de recuperar su vida para luchar por la de su hijo. 

Sabe que su hijo es fuerte después de superar el entrenamiento en la GNB y el traumático recorrido por el Darién.

“El paso por la selva fue lo que más sufrí en la vida, porque él pasó hambre, él y los primos durmieron dos días en la basura, luego vio a una muchacha que se ahogó. También ayudaron a otra muchacha con dos bebés y cuando iban a Tapachula, migración se metió en los autobuses y ella le dio uno de sus hijos para que no lo bajaran. Mi hijo caminó tres pueblos, al primo le dio una baja de tensión, decían que le había dado un derrame, pero gracias a Dios lo auxiliaron”, detalló. 

Para Carmen los cinco días sin comunicarse con su hijo mientras cruzaba la selva no se comparan con los dos meses que tiene sin saber de él tras su deportación a El Salvador.

Como madre, sueña todas las noches con una llamada en la que su hijo le diga que está bien, porque lo conoce y sabe que está preocupado por la familia.

Asegura que ha encontrado fortaleza en el grupo de madres que, junto a ella, comparten el dolor de no saber nada de sus hijos y reconoce la entereza de su nuera Iralis Patiño, quien ha encabezado todas las diligencias necesarias para consignar los documentos ante instancias nacionales e internacionales, que permitan la liberación de su compañero de vida.

Iralis tiene 27 años, advierte que le duelen la cabeza y los ojos porque no se despega del celular y el TV para estar atenta a las noticias. Su mamá ha sido su gran apoyo cada vez que tienen que viajar a Caracas a reunirse con el comité de familias y dejar a su hijo que también pregunta por Carlos.

Ambas coinciden al señalar que él no se quería quedar en EEUU, que el dinero que mandaba era para equipar la casa que le había regalado su papá en Las Palomas, el mismo barrio donde creció y viven sus abuelos.

La madre lamenta el alto precio que tuvo que pagar su hijo para tener sus electrodomésticos.

“Tan caro que le salieron esas cosas, prefiero que se hubiera quedado en su ranchito sin nada a perder su tranquilidad, su libertad, todo le salió muy caro. No hay dinero que pueda pagar la libertad…” se lamenta Carmen entre lágrimas.

Aseguran que Carlos es muy sensible, su único vicio ha sido fumar y lo adquirió en su paso por la GNB. Son reiterativas cuando dicen que él todo lo que quería era ayudar a su familia a tener calidad de vida.

“Cuando lo detuvieron en California, él estaba destruido porque le dejaron el dispositivo pero cuando lo trasladaron a Texas estaba desesperado. Nos pedía que buscáramos un abogado y cuando lo iban a deportar le dije que se viniera que aquí buscaba qué hacer, pero a él le preocupaba que venía de manos vacías”, agregó Iralis.

Temen que llegue susurrando porque en el Cecot no pueden subir la voz, pero están dispuestas a motivarlo a recibir la ayuda psicológica que le permita salir adelante.

Para lograrlo, han cumplido todos los pasos a través de las instituciones del Estado venezolano (Ministerio Público, de Interior y Justicia, Defensoría del Pueblo, Cancillería, Cruz Roja), así como la Fundación Cristo Rey, para conseguir el Hábeas Corpus que permita su liberación.

“En todas las instituciones nos dicen que están trabajando, pero no tenemos nada concreto, ni los abogados han logrado que acepten los Hábeas Corpus de los primeros 30 casos que se conocieron”, agregó la madre.

Los familiares no pierden la esperanza y se refugian en la posibilidad de escribirles cartas a sus seres queridos, para darles tranquilidad en medio del confinamiento al que han sido sometidos.

“Camila Fabri, (defensora de DDHH y esposa de Alex Saab, ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela), nos ha dado la esperanza de que le puedan entregar las cartas, entonces, vamos a prepararlas, también seguiremos en movilizaciones y participaremos en las vigilias”, detallaron.

Sin embargo, Carmen e Iralis solo consiguieron ayuda para pagar un pasaje y se han perdido otros viajes a Caracas por falta de recursos para cubrir la logística que implica movilizarse, porque no tienen familia donde hospedarse en la capital. 

Para Carmen, el sueldo como docente no es suficiente para atender las necesidades de toda la familia. Iralis por su parte, ha resuelto vender alimentos como pollo y huevos fiados en la comunidad, para mantenerse por cuenta propia.

Mientras tanto, no dejan de hacer planes para turnarse y grabar el primer abrazo que le darán a Carlos cuando regrese al país y el pescado frito que le prepararán para compartir en familia.

Jessica no ha parado de llorar a su hijo  

La historia de Carlos no se aleja de la realidad que vive Jesús Manuel Pineda Lezama, un joven cumanés de 25 años que también se encuentra en el grupo de deportados por el gobierno estadounidense a El Salvador. 

Jesús cumpliría en mayo un año desde que decidió irse a los EEUU. La migración no estaba en sus planes porque era un joven dedicado a su familia, en especial a su hija de seis años que padece dextrocardia,  una condición congénita en la que el corazón se encuentra ubicado en el lado derecho del tórax. 

También estaba entregado a su trabajo como mesonero en una reconocida venta de empanadas de Barrio Sucre, en Cumaná. Sin embargo, la salida de sus amigos del país lo motivó a seguir sus pasos.

En julio de 2023, justo un día después de celebrar el Día de Padre, sólo abrazó a sus dos hermanas pequeñas porque sabía que si se despedía de su mamá y su hija, no podría partir.

Trabajó nueve meses entre Panamá, Costa Rica y México, donde se ganó la confianza del propietario del restaurante en el que trabajaba como mesonero. Sin embargo, en febrero del año pasado, la insistencia de sus amigos lo llevó a adentrarse en la selva hasta que en mayo llegó a EEUU y se entregó a migración

“Lo soltaron al día siguiente, pero con un grillete. No se amilanó y continuó hasta encontrarse con los muchachos en California”, relata Jessica Lezama, madre de Jesús, desde su casa en una de las veredas en la zona popular de Bebedero, ubicada en la parroquia Altagracia de Cumaná.

De inmediato, consiguió trabajo como montacargas en una tienda de ropa. Era riguroso con la asistencia a las citas de migración y aunque le habían dicho que le quitarían el grillete a los tres meses, esto no ocurrió y por el contrario, se lo cambiaron.

El 23 enero de 2025 fue a su cita en migración de California y lo dejaron detenido en el Golden State Annex. Sus amigos y su pareja le avisaron a Jessica.

“Cuando se comunicó, le pregunté por qué lo habían detenido si él siempre iba a  todas sus citas y me respondió que cuando él llegó la persona que lo asesoraba le dijo: ‘Jesús Pineda, te estábamos esperando’, lo pasaron a una habitación y lo esposaron” explicó la madre con voz entrecortada por el llanto.

Las conversaciones con su mamá no eran constantes, debido a los altos costos y también tenía que pagar el uniforme gris. 

Sus amigos corrían con esos gastos y también le llevaban comida instantánea, porque la del lugar de detención no le gustaba. 

Le mandaba notas de voz para darle tranquilidad a su mamá y le decía que estaba bien, que no le gustaba la comida pero se alimentaba con frutas y que en el lugar donde estaba recluido podía hacer ejercicios, porque estaba en un grupo apartado del resto de los detenidos, gracias a que no tenía antecedentes de delito.

Jessica interrumpió la entrevista en un par de ocasiones para buscar la copia de los documentos que confirman que Jesús tiene buen comportamiento. 

Jesús también tiene tatuajes, uno de ellos se lo hizo cuando tenía 20 años y ya está muy borroso con el nombre de su mamá y del otro lado, tiene el de su hija. Sin embargo, al preguntar sobre las razones de su detención, los funcionarios le aseguraron que era parte de un procedimiento legal y no mencionaron los tatuajes.

Su audiencia estaba prevista para el mes de marzo y el juez le pidió llevar el respaldo de cinco personas estadounidenses que se responsabilizaran por él incluso, si los conseguía antes lo dejarían en libertad, pero si no debía pagar una fianza. Esas personas no las consiguieron porque tenía muy poco tiempo en EEUU. 

El seis de marzo era el día de la audiencia. Él dice que el juez habló con él y le dijo que lo iban a liberar bajo juramento. 

“Para su sorpresa, el siete de marzo, lo sueltan, pero parecía que el juez le estaba mintiendo, porque todo estaba preparado… Le hicieron un juicio en California y el siete de marzo lo soltaron, pero afuera lo esperaba la ICE de Texas, donde le informan que lo iban a deportar”, señaló Jessica. 

En el Valle Detentión Facility de Texas, no lo maltrataban, comía mejor, pero lo que escuchaba era que lo iban a deportar.

Al igual que en el caso de Carlos, los familiares tuvieron comunicación con Jesús hasta el 15 de marzo cuando se enteraron de que habían llegado los aviones. Pero desde entonces, sus seres queridos no saben nada de él.

La madre se movilizó a Caracas a entregar los documentos personales de su hijo al edificio El Esequibo y realizó la denuncia de la desaparición ante diversas instancias nacionales e internacionales.

“Los abogados que están en El Salvador me mandaron a entregar los papeles, hacer una declaración y a poner mi denuncia ante el Ministerio Público, porque dicen que se trata de un secuestro”, enfatiza.

Confía en que los abogados de Angostura -pagados por el Gobierno venezolano-, realicen todas las acciones legales que permitan la liberación de su hijo.  

Jessica no ha parado de llorar aunque su familia le pide que no lo haga porque su hijo no ha muerto. 

En la escuela donde trabaja como asistente administrativa, le dieron permiso de ausentarse, pero prefirió volver a sus labores para evitar sobrepensar y dejar de ver el celular.

“La gente quiere ayudar, pero a veces no se miden en los comentarios que hacen y me reenvían todo lo que encuentran en las noticias y en Tiktok y eso me aturde”, detalla mientras junta sus manos  y entrelaza los dedos que ya tiene casi sin uñas por la angustia. 

Jessica ya sabe lo que va a escribir en la carta corta y precisa que le van a mandar a sus familiares, de acuerdo a la solicitud realizada por Camila Fabri, activista de DDHH, para darle tranquilidad a su hijo de que toda la familia está bien.

Jesús perdió a su padre en un accidente de moto cuando tenía ocho meses de nacido, la familia prefirió decirle a su abuela y a su hija que está trabajando en barcos y por eso no se ha comunicado.

Aunque su mamá rehízo su vida, Jesús siguió siendo sostén de familia y el dinero que ganaba en EEUU era para ayudarlos.

“Había meses en que nos mandaba remesas dos veces al mes, pero otros, solo una porque tenía que pagar el alquiler y nosotras entendíamos”, agregó la madre, quien además asegura que su hijo no tiene vicios y es un hombre ejemplar.

Jessica espera con ansias un video que le confirme que su hijo está bien, que no ha sido maltratado. Está tranquila porque sabe que Jesús come de todo, e incluso, recuerda con cariño que al igual que sus hermanas, le gustan las caraotas con azúcar.

 “Como dice mi hijo: la voluntad es de Dios, él siempre pone a Dios por delante”, agrega. 

Sin embargo, reconoce que la vida les cambió y para cubrir la logística de las movilizaciones a Caracas, solo cuenta con el bono de guerra económica y lo que gana su esposo como mototaxista, aunque en una ocasión también lograron apoyo de la casa comunal para cubrir los gastos del transporte. 

Henri no conoce a su hijo recién nacido

Henri José Albornoz es un joven de 29 años que no conoce a su hijo recién nacido en EEUU, porque su esposa estaba en la semana 39 de gestación cuando lo deportaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.

Lo detuvieron tras  acudir a una cita ante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Texas para tramitar su permiso de trabajo en el mismo lugar donde su pareja, aún embarazada, se había presentado un día antes.

“A las mujeres siempre las sueltan, pero dejaron a los caballeros”, comenta Wilmaris Albornoz, hermana de Henri, quien junto a su mamá ha encabezado la lucha por la liberación de su hermano.

La familia no tiene información sobre su paradero desde el 14 de marzo de 2025, cuando llamó por última vez a su mamá y le dijo que los sacaron a las 3:00 am para deportarlo, pero el mal tiempo impidió la salida del avión para su traslado.

Wilmaris confirmó que su hermano había sido deportado el domingo 16 de marzo, cuando lo identificó en los videos donde los maltrataban y luego vieron su nombre en el listado que se viralizó por redes sociales, pero no hubo un comunicado oficial y por ello, exigen fe de vida.

Pensaban que su permanencia en El Salvador sería momentánea y luego lo dejarían en libertad, pero eso no ocurrió. 

A la familia entera la vida les cambió desde la detención de Henri. Su mamá permanece en casa de una amiga en  Caracas para estar atenta y cumplir todos los trámites que le permitan lograr la libertad de su hijo. 

Mientras tanto, para su pareja con un bebé recién nacido, ha sido muy duro tener que salir a trabajar como Uber para ganarse la vida y darle sustento a su familia.

Henri no tiene antecedentes penales y también trabajaba de Uber. Hace un año y un mes había viajado a EEUU después de vivir más de cuatro años en Perú, de donde es oriunda su pareja.

Él nació en Carúpano, capital del municipio Bermúdez del estado Sucre, trabajaba como mecánico junto a su papá, con quien surtía camiones de agua a través de un contrato con la Gobernación del estado Sucre, para atender la escasez del servicio en las comunidades.

Henri emigró en el año 2019, producto de la crisis multifactorial en Venezuela, y en Perú llegó a trabajar en el transporte público, pero también arreglaba motos y aplicaba los conocimientos aprendidos con su padre para ganarse la vida.

Fue allá en Perú donde decidió tatuarse el nombre de su expareja con quien tiene un hijo de 10 años que también vive en EEUU, también se grabó un paisaje y una corona.

Junto a su actual pareja, decidió buscar un mejor futuro en los EEUU, sin imaginar que la vida les cambiaría un año después de cruzar la selva del Darién.

La familia también ha agotado las instancias legales nacionales e internacionales para tramitar la liberación de su ser querido. 

Aseguran que el caso de Henri, al igual que el de otros venezolanos, fue un engaño porque los funcionarios de inmigración le pidieron firmar una autorización de deportación voluntaria, pero tras negarse, le dieron la opción de pagar una fianza.

“Tenía que pagar el 19 de marzo, pero el 14 lo detuvieron  y lo deportaron sin derecho a comunicarse con la familia”, agregó Wilmaris.

Su mamá se encuentra sumida en la angustia de no saber en qué condiciones se encuentra su hijo, pero se ha refugiado en la fuerza de Dios para luchar, pues asegura que no es un delincuente, ni pertenece al Tren de Aragua por llevar un tatuaje. 

Asistencia terapéutica como necesidad

Sobre la necesidad de atención generada por las situaciones de angustia vividas por los jóvenes deportados y sus familiares fue posible consultar a Carlos Tineo, psiquiatra, quien como especialista reconoció que toda situación produce un nivel de estrés intenso especialmente la referida a procesos legales, confinamiento y deportaciones, que traen como consecuencia cuadros de estrés postraumático una vez ocurrido el evento y por ello, requieren apoyo psicoterapéutico. 

El objetivo es que las sesiones de terapia permitan manejar los niveles de ansiedad, pensamientos recurrentes, recuerdos del evento y la intensidad de los mismos.

“En una situación postraumática el cerebro revive el evento traumático y genera las mismas crisis de ansiedad, angustia y miedo que hubo en el momento que ocurrió el hecho”, dijo el experto.

Tineo precisó que los deportados, al igual que sus familiares, requieren atención psicológica especializada y que, dependiendo de los daños provocados por cada caso, requerirán 10 sesiones mínimas de terapia. 

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