La líder opositora María Corina Machado prepara su retorno a Venezuela con un plan para reorganizar su movimiento político y exigir elecciones presidenciales.
Nueve meses después de abandonar Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega, Machado sostiene que llegó el momento de regresar.
En una entrevista con The Wall Street Journal, desde Ciudad de Panamá, afirmó que la conducción de la causa democrática no puede mantenerse indefinidamente desde el exterior.
Su regreso ocurre en medio de un escenario marcado por el respaldo de Washington a la administración de Delcy Rodríguez y por las dudas dentro de la Casa Blanca sobre el momento de su vuelta.
“Ha llegado el momento de regresar”, dijo la dirigente de Vente Venezuela, quien aseguró estar preparada para volver al país por vía terrestre, marítima o aérea cuando las condiciones lo permitan.
La política venezolana ya había anunciado en junio su intención de regresar al país, después de los terremotos que afectaron a Venezuela. En esa oportunidad afirmó que era su deber acompañar a los venezolanos afectados por la emergencia.
“Mi presencia en Venezuela no es un desafío”, afirmó al Wall Street Journal. “Es una contribución al proceso”.
Recorrer los 23 estados
De acuerdo con el plan descrito por su equipo al Wall Street Journal, Machado pretende recorrer los 23 estados del país para reconstruir las redes comunitarias que participaron en la campaña opositora de 2024.
La estrategia contempla impulsar desde el primer día las condiciones para celebrar elecciones presidenciales, incluida una actualización del registro electoral.
También contempla miles de asambleas ciudadanas para recoger propuestas mediante herramientas tecnológicas y construir un plan nacional de transición.
La dirigente también ha buscado establecer contactos con inversionistas extranjeros.
Según TSJ, su equipo ha conversado con representantes del sector privado con el propósito de ofrecer garantías de estabilidad ante un eventual proceso de cambio político.
El anuncio de Machado ocurre mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse con Delcy Rodríguez durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
“Delcy Rodríguez representa el caos. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por coacción”, sostuvo Machado.
La incógnita, en este momento, no parece estar solamente en si Machado regresará a Venezuela, sino cuándo y bajo qué condiciones políticas y de seguridad lo hará.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Human Rights Watch (HRW) concluyó su primera visita oficial a Venezuela en 18 años con un diagnóstico que combina una reducción visible de la persecución estatal con una advertencia: el entramado institucional y legal que permite el control social permanece intacto.
La organización internacional sostuvo durante su visita reuniones con funcionarios de la Fiscalía General, dirigentes opositores, activistas de derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil, en una agenda centrada en la situación de las garantías fundamentales y la coyuntura política y social del país.
El subdirector ejecutivo de HRW, Federico Borello, explicó al finalizar la misión que los acontecimientos políticos registrados desde el 3 de enero han generado una disminución de la persecución estatal. Según señaló, esta reducción estaría relacionada con factores de presión tanto externos como internos.
Sin embargo, Borello advirtió que esta situación representa una especie de “pausa” en la dinámica represiva, más que una modificación estructural. Enfatizó que el sistema judicial y los cuerpos de seguridad no han experimentado una transformación de fondo.
En el encuentro participaron el fiscal general, Larry Devoe; Borello y la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus. Las conversaciones estuvieron relacionadas con la situación de los derechos fundamentales en Venezuela, el papel de la Fiscalía y el proceso de consulta nacional para una eventual reforma de la justicia penal.
Devoe invitó a los representantes de la organización a consignar sus aportes institucionales y acordó establecer un mecanismo de comunicación permanente para atender las solicitudes de HRW. El fiscal no ofreció mayores detalles sobre lo discutido durante la reunión.
También se reunieron con Delcy Rodríguez
La agenda de la organización incluyó además una reunión con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores.
De acuerdo con información difundida por el Ministerio para la Comunicación e Información, las conversaciones estuvieron orientadas a promover medidas relacionadas con la convivencia democrática y la pluralidad de expresión.
La delegación internacional también sostuvo sesiones de trabajo con representantes de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, periodistas y dirigentes de la oposición que participan en las mesas de negociación.
Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) también recibió a los representantes de HRW. En la reunión participaron dirigentes de organizaciones como Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Encuentro Ciudadano.
Durante el encuentro, la coalición opositora entregó a la organización internacional una lista actualizada de ciudadanos detenidos por motivos políticos y expuso denuncias relacionadas con hechos de persecución y amedrentamiento registrados en el país.
No venían desde 2008
La misión de septiembre representó el primer viaje oficial de Human Rights Watch a Venezuela desde 2008. Ese año, dos representantes de la organización fueron expulsados del país.
Dieciocho años después, HRW regresó para desarrollar una agenda con distintos sectores de la sociedad venezolana y recoger información sobre la situación de derechos humanos.
El balance presentado por Borello deja una conclusión central: aunque existe una disminución visible de la persecución estatal en el contexto político actual, las estructuras institucionales y legales que han sostenido el sistema de control permanecen sin cambios de fondo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La mesa de diálogo entre representantes de la actual Asamblea Nacional controlada por el chavismo y la AN de 2015 liderada por la exdiputada Dinorah Figuera firmaron un comunicado conjunto en el que se comprometen a instalar un mesa técnica en materia de libertad de prensa y la creación de una instancia para verificar los compromisos asumidos.
Por medio de sus redes sociales, la jefa de la representación parlamentaria opositora, difundió el texto suscrito por ambas partes. De acuerdo al comunicado, los representantes de la administración gubernamental y del Parlamento de 2015 calificaron como positiva la reciente decisión oficial de desbloquear el acceso a portales digitales informativos, que permanecían censurados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
El texto certifica la creación de la “Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la Información”.
La idea de esta instancia es la verificación de los desbloqueos a páginas, además de participación de periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general en el ciclo de negociaciones.
Ambas delegaciones acordaron declararse en sesión permanente de trabajo en la capital hasta el próximo miércoles 23 de septiembre y su responsabilidad estará centrada en supervisar el cumplimiento de los acuerdos establecidos por las partes.
Apenas esta semana, Conatel reconoció bloqueos a decenas de medios de comunicación y ordenó a las empresas proveedoras que habiliten nuevamente los dominios de varios portales informativos.
Organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) y la ONG Espacio Público señalaron que, aunque se registraron aperturas en algunas plataformas, diversos medios independientes continúan bajo severas restricciones operativas.
Según las ONG, la medida de habilitación de medios digitales es parcial, selectiva e incompleta, similar a la misma práctica aplicada a la excarcelación de los presos políticos y el levantamiento de medidas cautelares, donde la norma es la discrecionalidad.
Un estudio elaborado por Espacio Público confirmó reducciones en las tasas de bloqueo de medios como Crónica Uno (de 66% a 8%), El Carabobeño (de 65% a 8%), El Pitazo (de 38%–49% a 9%–21%), Efecto Cocuyo (de 62% a 20%) y AlbertoNews (de 51% a 17%).
Por otro lado, plataformas como VPItv (71%), Sumarium (56%), NTN24 (60%), TalCual (69%–80%), Infobae (72%), Armando.info (61%) y La Patilla (62%–66%) se mantienen censuradas.
“El desbloqueo es real y beneficia a varios medios independientes venezolanos. Pero no es universal. El gobierno levantó selectivamente algunos bloqueos mientras mantiene otros”, expuso Espacio Público.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
De acuerdo con la televisora NTN24, la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez participará en el 81º periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según el documento al que tuvo acceso el medio colmbiano, Rodríguez representará a Venezuela en la semana de Alto Nivel, donde coinciden la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno y que tendra lugar entre el 18 y 28 de septiembre en la ciudad estadounidense de Nueva York
De acuerdo al medio, Rodríguez aparece en el orden del día jueves 24 para el espacio que va de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.
Rodríguez aún no ha confirmado su participación en la Asamblea de la ONU y no se descarta una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la venezolana.
“Quizás ya hemos hablado bastante. Ella estará en Nueva York, no sé si realmente va a ir, pero si va, probablemente suceda”, dijo el Secretario de Estado de Estados Unidos”, Marco Rubio.
Previamente, Trump declaró a periodistas a bordo del Air Force One que existía la posibilidad de que se reuniera próximamente con Rodríguez.
De confirmarse la reunión Trump-Rodríguez, sería el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un encargado del Ejecutivo venezolano en 11 años, luego de una breve reunión entre Barack Obama y Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas en 2015 en Panamá.
Rodríguez quedó a cargo del Ejecutivo en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de las fuerzas militares estadounidenses.
De acuerdo al artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el pasado 3 de julio venció el plazo de 180 días para que Rodríguez ocupará el cargo de presidenta interina por lo que deben convocarse elecciones presidenciales, algo que el Estado ha hecho caso omiso.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El nombramiento de Román Maniglia como nuevo superintendente del Seniat generó expectativas en el sector privado sobre la posibilidad de una reforma tributaria, pero las primeras medidas de su gestión indican que va en otra dirección y se ha concentrado en simplificar trámites, digitalizar procesos y reducir exigencias administrativas.
El pasado 7 de julio, cuando la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la designación de Maniglia, le asignó como tarea principal la digitalización del sistema tributario venezolano. La instrucción apunta más a modernizar la administración y recaudación de los tributos que a modificar la estructura de las obligaciones tributarias que recaen sobre empresas y personas naturales.
Desde el Seniat, Maniglia eliminó el vencimiento del Registro de Información Fiscal (RIF) y la obligación de exhibirlo físicamente en los comercios. También derogó la homologación previa de los sistemas de facturación y avanzó en la interconexión con el Saren para evitar que los contribuyentes tengan que entregar información que ya está disponible en otras plataformas.
La digitalización también alcanzó las aduanas y este 14 de septiembre el nuevo superintendente ordenó eliminar la solicitud en físico de documentos que ya forman parte de los expedientes digitales y activar criterios de selectividad para acelerar el despacho de mercancías.
Los cambios apuntan a reducir la burocracia y hacer más eficiente la relación con el contribuyente. Sin embargo, aún no han abordado las demandas que el sector privado viene planteando desde hace meses sobre el peso de los tributos, la superposición de obligaciones y el costo de permanecer en la formalidad.
Del bolsillo de los contribuyentes
El Seniat recauda los principales tributos nacionales, entre ellos el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta (ISLR) y el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), además de los vinculados con las operaciones aduaneras, el tabaco y las especies alcohólicas. A estos se sumó en 2024 la contribución especial para la protección de las pensiones.
La carga tributaria termina reflejándose en los precios que pagan los consumidores. El IVA, cuya alícuota general es de 16%, una tasa que se ubica en el rango medio-alto en la región, se incorpora directamente al precio final de los bienes y servicios a los que se les aplica este impuesto.
Otros tributos y contribuciones que recaen sobre las empresas pueden trasladarse de manera indirecta a los costos de producción, importación, distribución y comercialización, es decir al final que pagan los consumidores.
Consecomercio ha advertido, por ejemplo, que el IGTF encarece las operaciones y afecta la cadena productiva. Este es un impuesto que pecha con hasta 3% el pago en divisas en efectivo, por ejemplo.
El efecto se refleja en productos de consumo masivo como alimentos, pero también en bienes como vehículos, ropa y otros productos que incorporan costos tributarios a lo largo de la cadena.
La recaudación tributaria interna cerró 2025 en alrededor de 10.300 millones de dólares, de acuerdo con las estimaciones del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB (IIES-UCAB). En su informe correspondiente a septiembre, el instituto proyecta unos 10.800 millones de dólares para 2026, con el IVA y el ISLR como sus principales componentes.
En esa estimación, el IVA representaría 40,7% de la recaudación interna, seguido por el ISLR con 20,4%, mientras que la renta aduanera aportaría 27,7% y otros ingresos internos 11,2%.
Menos trámites no significan menos impuestos
Las primeras medidas de Maniglia han sido recibidas favorablemente por los gremios. Consecomercio ha reconocido que el Seniat está dando pasos en la dirección correcta, pero sostiene que todavía es necesario trabajar en una “nueva arquitectura del sistema tributario” que permita avanzar hacia un modelo más favorable para la producción.
Si bien es cierto que eliminar una exigencia administrativa puede reducir tiempo y costos para una empresa, esto no modifica por sí mismo las alícuotas, las bases imponibles, las retenciones, los anticipos ni la cantidad de tributos que recaen sobre una actividad económica.
En una reunión que representantes de Fedecámaras, Consecomercio, Conindustria, AVEX y cámaras regionales sostuvieron con Maniglia en julio, le plantearon la necesidad de revisar la arquitectura tributaria como parte de un modelo de desarrollo productivo.
Consecomercio también ha planteado eliminar el IGTF, reducir alícuotas y simplificar procedimientos. El gremio ha pedido además que los 335 municipios del país avancen en la armonización tributaria y ha señalado que unas tasas más bajas pueden contribuir a ampliar la base de contribuyentes.
El IIES-UCAB apunta en una dirección similar. Su informe más reciente señala que los cambios recientes en la tributación interna han sido pequeños y que la evolución de la recaudación responde más al entorno macroeconómico que a modificaciones de la política tributaria. El instituto también identifica los anticipos de IVA e ISLR como un elemento central del esquema vigente.
Una carga que va más allá del Seniat
Parte del problema está precisamente fuera del ámbito del Seniat. A los tributos nacionales se suman impuestos municipales y contribuciones parafiscales que pueden elevar el costo de operar formalmente.
En agosto, los abogados Karla D’ Vivo y Alejandro Granadillo advirtieron, en entrevista en Fedecámaras Radio, sobre las distorsiones de la tributación municipal. Granadillo señaló que algunas retenciones aplicadas a empresas sin establecimiento o vínculo territorial pueden producir “doble tributación” y acumular créditos fiscales difíciles de trasladar, lo que termina elevando los costos operativos.
En cuanto a las contribuciones parafiscales, el abogado tributarista Juan Carlos Castillo, expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, considera que los cambios administrativos del Seniat y el Saren son insuficientes para hablar de una reforma tributaria y planteó revisar aportes como los destinados al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología y al Fondo Nacional del Deporte.
Por su parte, el economista Asdrúbal Oliveros considera positiva la digitalización del pago de impuestos, pero advierte que por sí sola no resuelve los problemas fiscales del país. A su juicio, Venezuela necesita una reforma integral que permita reducir la evasión, ampliar la base de contribuyentes y simplificar un sistema que se ha vuelto complejo y costoso.
Oliveros sostuvo en sus redes sociales que ampliar esa base no debería significar crear más impuestos ni aumentar permanentemente la presión sobre los mismos contribuyentes, sino incorporar más actividad económica a la formalidad.
En este sentido, el IIES-UCAB pone el foco en esa tensión y señala que, sin cambios en la dirección de la política tributaria, el esquema de recaudación no petrolera seguirá descansando en la intención de maximizar los ingresos fiscales mediante la intensificación de controles y anticipos sobre la base tributaria formal.
La pregunta que queda abierta es si la digitalización será también el punto de partida para revisar esa estructura o si se limitará a hacer más eficiente el modelo que ya existe.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Creo que en esta columna, durante los últimos meses, no he hablado de nada con mayor frecuencia que de las expectativas que millones de venezolanos se han formado por el “nuevo momento político”. Algunas de esas expectativas son razonables. Otras, no tanto. Tal vez la más irracional de todas sea una cuya desilusión consiguiente sea asimismo de las más dolorosas: ¿Y la justicia? Comencemos por los conceptos básicos. La justicia no es otra cosa que dar a cada quien lo que merece, como bien indicó Platón. Así, el que brinda un servicio extraordinario a los demás merece una compensación, bien sea material o en forma de reconocimiento y gratitud. Por el contrario, quien agravia a los demás sin haber sido provocado es digno de un escarmiento.
Venezuela es una sociedad profundamente agraviada. Profundamente ultrajada. Profundamente herida. Un cuerpo cubierto de cicatrices que van desde la angustia por los apagones hasta el dolor por la separación de familias con miembros regados por el mundo, pasando por el hambre y las violaciones de derechos humanos. Es, por lo tanto, una sociedad ávida de justicia.
Nadie debe subestimar el alivio que la justicia brinda a los venezolanos cuando la consiguen. No importa que sea un alivio intangible que coexista con una calidad de vida material que permanece más enterrada que nuestro petróleo. Cuando Claudia Díaz Guillén, otrora tesorera de la nación que ocupó dicho cargo al parecer por ningún otro mérito aparte de haber sido enfermera de Hugo Chávez, fue condenada a 15 años de cárcel por una corte en Miami, en atención a denuncias de corruptelas millonarias, todo ciudadano común venezolano que se enteró de la noticia reaccionó con regocijo (a veces mezclado con algo de decepción, en el caso de quienes consideraron la pena demasiado laxa).
Dado el carácter sin precedentes de lo que comenzó en enero de este año, muchos venezolanos pensaron que había llegado una especie de día de la redención a escala nacional. Un “juicio final” por el cual todos los réprobos responsables de tanto daño al país serían de inmediato condenados al castigo que merecen. Los veían como las almas en pena en el cuarto inferior derecho del fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, rogando misericordia, pero encontrando solamente la ira implacable de un Jesucristo que no da más oportunidades y un Caronte que blande su remo como garrote para obligar a los desgraciados a bajarse de su barca y seguir a pie el camino hacia los aposentos de Satán.
Muy pronto quedó claro que nada de eso iba a ocurrir. Es discutible hasta qué punto Schmitt tenía razón cuando concluyó que los conceptos de la política son derivados de la teología. Pero si tantos venezolanos tuvieron que esperar a las secuelas de los hechos de enero para verse desengañados, es porque atribuyeron rasgos de sacralidad a algo que en realidad es bastante profano. Tuvieron una hierofanía inversa, al descubrir que la gran república norteamericana es un Estado con intereses propios, que va a privilegiar por encima de los pertenecientes a habitantes de otras latitudes, y no un ente motivado por imperativos categóricos de beneficio a la humanidad entera. Dichos intereses han llevado a Washington a entenderse, al menos por los momentos, con quienes quedaron a cargo del país a partir de enero. A abrazarlos incluso como socios en un proyecto para el futuro de Venezuela cuyo resultado final no está claro. En el mejor de los casos, implicaría una transición democrática. Pero, asumiendo que a eso vamos, si se tiene en cuenta que la transición parte de un acuerdo entre el Departamento de Estado y Miraflores, no cabe esperar que los norteamericanos vayan a emprender acciones que, en atención a la justicia, supongan el desmantelamiento de la estructura actual de poder.
Me parece que algunos de los ciudadanos menos ingenuos se dieron cuenta rápido de esta realidad y se mostraron dispuestos a aceptarla. Un “sapo que hay que tragar”, como se dice coloquialmente. Pero entonces vino el anuncio del megaacuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, con papel protagónico de cierto personaje que en la psiquis colectiva del venezolano está íntimamente ligado al infernal problema eléctrico. Un personaje que, si bien fue beneficiario de las estructuras de poder con las que Washington decidió tratar para supuestamente impulsar cambios profundos en Venezuela, no es parte de las mismas, por lo que muy a duras penas su nuevo papel pudiera ser justificado como un “mal necesario”.
El hecho de que, a todas luces, una figura de ese perfil fuera premiada por el actor foráneo que desde enero tiene una influencia inusitada en la política venezolana produjo un descontento masivo entre la población local. Algo que ya trasciende la visión muy negativa de la política que tienen los venezolanos, tras años de desilusiones. Es algo ya existencial. He visto a muchos de mis compatriotas afirmar, con profunda congoja, que la justicia es una quimera. Que los pillos, granujas, villanos y malhechores en todo el mundo siempre o casi siempre terminan ganando.
Pero este determinismo pesimista no es menos infundado que el determinismo optimista. Puedo entender que cuando la experiencia individual está más marcada por lo negativo que por lo positivo, se desarrolle un sesgo hacia lo primero. Pero sigue siendo un sesgo. Una visión limitada de la experiencia empírica de la humanidad en general, que por lo tanto deja por fuera casos que admiten lo contrario como posible. Diría que es incluso una tendencia algo infantil. Es, además, no tanto una resignación valiente ante una realidad asumida como irremediablemente horrenda, sino una manera de rehuirle al miedo a la incertidumbre y a la posibilidad de decepción que esta conlleva. Tema del que me he ocupado antes en esta columna.
Y si aquello es infantil, ¿cuál es la actitud madura? Pues, a mi juicio, la actitud madura consiste en entender que no siempre hay justicia, pero que igual toda persona con un sentido de ética debe interesarse porque la haya en cada oportunidad y, si está entre sus posibilidades, contribuir a tal fin. A veces se ganará, y a veces se perderá. No hay que ser ingenuo. Los malos a veces son poderosos y cuentan con amplios medios para quedar impunes. Pero la decepción por las derrotas, aunque sean numerosas, no me parece una excusa para tirar la toalla, ni para asumir un fatalismo depresivo según el cual la justicia es imposible. El deber es perseverar, aunque no haya un orden divino que garantice un final feliz. Como Sísifo con su roca, metáfora de Camus a la que a menudo acudo por ilustrar maravillosamente la necesidad de buscar lo correcto en un mundo no pocas veces absurdo. La arbitrariedad, la injusticia, no son más que el absurdo con poder.
Creo que, en su fuero privado, hasta quienes asumen el fatalismo existencial no se dejan llevar completamente por él. No se entregan a una búsqueda moralmente nihilista del beneficio propio. No tratan de emular a los crápulas cuya impunidad les hizo perder la fe. En su mayoría siguen siendo personas decentes tratando de ganarse la vida y tener algo de felicidad en este mundo para el que no ven corrección posible. Tal rectitud es su pequeña victoria diaria contra el vicio. Su pequeño tributo a una justicia en la que (casi) dejaron de creer.
Otro personajito que los venezolanos tienen en cualquier cosa menos alta estima, en cambio, llevó la injusticia a niveles insólitos aun para lo que es habitual en este país y ha de haber pensado que se salió con la suya de forma asombrosa. Que él era la prueba viviente de que la justicia es una ficción para tontos. Después de todo, había caído en manos de la justicia impartida por la república más formidable del planeta… Solo para que maniobras políticas le permitieran zafarse de ella y llegar a Venezuela con recibimiento triunfal. Pues bien, ese caballero (si así se le puede llamar) ahora está de nuevo en una celda en el norte y, en vista de la extrema improbabilidad de repetir la proeza, esta vez optó por admitir él mismo sus culpas para reducir el castigo.
Esta justicia no nos la hemos procurado los venezolanos por cuenta propia. El brazo ejecutor es, de hecho, el mismo que dispuso el megaacuerdo petrolero. Pero si los venezolanos dejamos de creer en que es posible hacer justicia, aunque sea solo a veces, la falta absoluta de la misma en nuestro país será una profecía autocumplida por toda la eternidad. Aunque a veces sea frustrante y agotador, tengamos la madurez de creer en la justicia otra vez.
En Venezuela todos parecen tener un reloj. Washington tiene el suyo, Delcy Rodríguez tiene otro; María Corina Machado corre contra el tiempo, pero Dinorah Figuera también. Y mientras cada actor calcula sus movimientos, hay un reloj que no negocia, no se detiene y no sabe de geopolítica: el del venezolano común.
El reloj de Donald Trump tiene una fecha marcada: noviembre de 2026, mes de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y Venezuela, con su petróleo, ocupa un lugar estratégico en ese tablero. No es casual que Trump haya vinculado recientemente la evolución de los precios del petróleo con el calendario electoral estadounidense.
Washington necesita resultados; Caracas necesita inversiones; y la industria petrolera necesita años para recuperarse, pero la política, esa señora impaciente, trabaja con fechas.
El reloj de Delcy Rodríguez tampoco da tregua. La apertura petrolera y económica debe traducirse en algo que el ciudadano pueda tocar: electricidad, empleo, agua, servicios, ingresos; porque anunciar miles de millones de dólares es relativamente sencillo, pero lograr que el venezolano vea un cambio en su vida es otra historia.
El acuerdo petrolero con Washington, que contempla 17 campos y más de 65 000 millones de barriles de reservas probadas, revela hasta qué punto el petróleo está en el centro de esta transición.
Y mientras el petróleo cuenta barriles, la política cuenta días.
Boris Muñoz ha planteado una pregunta incómoda: si Washington necesita controlar las condiciones políticas para administrar la riqueza petrolera venezolana, ¿estamos ante una transición democrática o ante una fórmula de estabilidad que permita garantizar objetivos estratégicos? Es una interpretación, no una respuesta definitiva, pero merece ser discutida.
Y ahí entra María Corina Machado. Su regreso dejó de ser solamente una decisión personal. Hoy forma parte del tablero político.
La propia Machado ha reconocido que la posición de Estados Unidos y otros aliados pesa en la decisión sobre cuándo volver. Cada día adicional fuera del país modifica el escenario, para bien o para mal, porque en política el vacío también hace política.
El reloj de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, en cambio, tiene fechas más concretas: octubre para derechos políticos y civiles; noviembre para la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y diciembre para la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral.
Pero después del CNE viene la pregunta que nadie debería poder esquivar: ¿cuándo votamos?
Porque renovar instituciones no es todavía devolverle al ciudadano su poder de elegir. Un CNE nuevo es una condición necesaria; no es, por sí mismo, una elección.
Y aquí está la paradoja de esta transición: Washington tiene objetivos geopolíticos; Delcy necesita estabilidad y resultados; la oposición necesita preservar su capital político; los negociadores tienen cronogramas; los empresarios cuentan inversiones.
Mientras tanto, el venezolano cuenta apagones, cuenta días sin respuesta, cuenta presos políticos, cuenta salarios que no alcanzan; en fin, cuenta años esperando una elección libre.
Todos tienen un reloj, pero solo uno tiene 24 horas.
Y cuando caiga el último grano del reloj de arena, no bastará con explicar quién ganó tiempo, quién perdió influencia o quién consiguió el mejor acuerdo.
Alguien tendrá que responder la pregunta más sencilla de todas: ¿Cuándo podrá Venezuela volver a decidir por sí misma?
Porque una transición sin fecha electoral corre el riesgo de convertirse en otra espera.
La Misión de Determinación de Hechos Sobre Venezuela publicó un informe dedicado a las vulneraciones a los derechos humanos que han cometido «los colectivos», agrupaciones de civiles armados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante décadas y que la sociedad civil nacional había advertido sobre su papel en la represión gubernamental.
En el documento, el organismo internacional reunió pruebas para que las organizaciones internacionales de justicia puedan inferir la relación entre estas bandas armada, la represión que sometían a la población venezolana y el control que tenía el PSUV durante su mandato en el Poder Ejecutivo.
Runrun.es te ofrece cinco claves para resumir el informe:
Al menos tres tipos de colectivos
La Misión de la ONU reiteró que el informe será el primero de varios que analizarán las acciones de los colectivos. El informe publicado este 16 de septiembre focalizó sus hallazgos sobre los colectivos presentes en la Gran Caracas —especialmente en las parroquias 23 de enero, Catia y Petare—, en Táchira y en Lara.
«Sin embargo, la Misión pudo corroborar que estos grupos se encuentran activos con denominaciones a veces diversas, en prácticamente la totalidad del territorio venezolano», advirtió el organismo de las Naciones Unidas.
El equipo de investigación debió entrevistar a 62 personas —entre víctimas, académicos, miembros de la sociedad civil y miembros activos y retirados de las bandas armadas y organizadas por el chavismo—. También recurrió a archivos digitales y físicos para recabar la mayoría de las acciones que hicieron estos grupos para reforzar la veracidad de las vulneraciones a los derechos humanos que hicieron los colectivos amparados por el Gobierno chavista.
A partir de la información recabada, la Misión dividió a estos grupos armados paraestatales en tres categorías:
Colectivos históricos: son los grupos armados que nacieron en los barrios de Caracas en la década de los 60 y 70 pero que el chavismo integró a sus grupos paraestatales. Allí se encuentran los Tupamaros, La Piedrita, Tres Raíces, la Coordinadora Simón Bolívar, Alexis Vive y el Frente de Colectivos Sergio Rodríguez. Su relación con el Gobierno chavista es ideológica de nacimiento, mantienen relaciones directas con funcionarios de alto rango del PSUV y crean fundaciones propias para integrarse con programas culturales con las comunidades.
«El involucramiento de estos grupos en actividades filantrópicas no excluye su carácter armado y el el control social que ejercen sobre las comunidades en las operan, incluyendo a través de la violencia», advierte la Misión de la ONU.
Colectivos – fuerzas de choque: son aquellos que se conforman para fines específicos, ya sea para reprimir protestas e incorporarse en actividades de «limpiezas sociales» como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). No están asociados a un sector urbano específico: responden a gobernadores, alcaldes y diputados estatales, de los que reciben órdenes directas para ejercer la violencia, la vigilancia y la intimidación. Según el informe de la ONU, su auge fueron en 2007 y en 2019. Son grupos civiles armados que podían (o no) acompañar a las fuerzas de seguridad del Estado en momentos puntuales.
Colectivos mixtos: llevan ese nombre por estar conformados tanto por civiles como por funcionarios de seguridad del Estado. Su nacimiento se remonta a las OLP, donde el Gobierno chavista se alió con jefes de prisiones (pranes) para conformar los colectivos mixtos. Para la Misión esta categoría era la que ejecría la violencia extrema y controlaba el temor de la población. Su función en un inicio era «controlar» a las bandas delictivas en el país y tomar el control de las economías ilícitas.
«A diferencia de otros grupos históricos, estos grupos han perdido muchas de sus funciones sociales y su estructura se asemeja a los grupos delincuenciales que los conformaron», se lee en el informe.
Los padrinos de los Colectivos Mixtos
La investigación independiente de la ONU determinó que Iris Valera, diputada del PSUV y antigua ministra de servicios penitenciarios, Freddy Bernal, lídres del PSUV y actual Gobernador del estado Táchira, y a Nértor Reverol, antiguo ministro de Interior, Justicia y Paz, son tres de las personas claves para la conformación y desarrollo de los colectivos mixtos.
Desde sus posiciones de poder hablaron con los pranes y los jefes de seguridad del Estado para integrarse en estos colectivos y dotarlos de armamento.
«Progresivamente, los miembros de estos nuevos colectivos [mixtos] integraron las filas de los organismos de inteligencia y seguridad como la Policía Nacional Bolivaria (incluyendo las FAES [hoy conocido como DAET]), el Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional] y la Dgcim [Dirección General de Contrainteligencia Militar], ocupando en puestos de jefatura y coordinación», documentó la Misión.
Uno de los casos más relevantes para la ONU es Miguel Domínguez Ramírez, alias «Miguelito», quien fue líder del colectivo «revolucionario» Continente, una facción de Tres Raíces. En 2014, Domínguez fue Director General de las FAES. Ahora él es subdirector del Sebin. Tres Raíces es un ejemplo que identificó la ONU de un colectivo que era «histórico» y, por acción del chavismo, se convirtió en un colectivo mixto.
«[A] partir del 2015 con los operativos improvisados de la OLP, los ministros de Interior y Justicia de turno, especialmente con Néstor Reverol, empezaron a pensar en algunas alternativas. El Gobierno necesitaba personas que fueran más decididos a matar de una vez. Como no lo encontraban totalmente en la Policía. Entonces abrieron espacio a personas que haya delinquido o simplemente se empezó a usar estos colectivos que recibían la orden directa», le explicó un exfuncionario de la Policía Metropolitana a la Misión. Su identidad fue protegida por el organismo multilateral por seguridad.
La Misión también señaló a Diosdado Cabello y a Carmen Meléndez, dos personajes del PSUV que han estado en el Misniterio de Interior, Justicia y Paz, de financiar y organizar a los colectivos mixtos como durante su mandato dentro del ministerio.
Cupaz: la vigilancia hiperlocal
Los miembros de la Misión también identificaron la conexión entre los colectivos y las Cuadrillas de Paz (Cupaz) en Venezuela, organizaciones comunitarias dirigidas por el chavismo. Según lo escrito en el informe, el PSUV integró a los colectivos mixtos en las organizaciones comunales, también dirigidas por el chavismo para distribuir comida, con la intención de aumentar la vigilancia y la intimidación política a nivel hiperlocal.
Esta integración también estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde el año 2018. Sin embargo, la Misión aun no tiene una estimación precisa sobre el alcance territorial y demográfico de las Cupaz. «A principios de 2026 el Ministro del Interior [Diosdado Cabello] señaló que el 70 % del territorio nacional contaba con cuadrantes de paz (sin detallar el número de cuadrantes existentes)», advirtió.
Aun así, el objetivo de las Cupaz era brindar «una mayor institucionalización y coordinación con las autoridades tanto nacionales como locales, a través de las estructuras del PSUV».
También, a través de las organizaciones comunales, los colectivos mantenían el control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa de alimentación y corrupción liderada por Alex Saab y otros miembros del chavismo. De esta forma, los civiles armados bajo la ideología del PSUV extorcionaban a la población con extorsiones monetarias a cambio de comida.
Funanciados por el Gobierno
La Misión de la ONU precisó que todo el financiameinto y armamento de los colectivos provenían del patrimonio público venezolano. El Chavismo utilizaba al menos siete mecanismos para dotar de dinero a los colectivos:
Asignación de recursos oficiales del Estado, especialmente al distribución de gasolina.
«Estos grupos obtienen ganancias cobrando tarifas arbitrarias por la entrega, desviando los productos al mercado negro o utilizando los alimentos y servicios como herramienta de extorsión política», agrega el informe.
Inclusión de miembros de colectivos en la nómina de instituciones del Gobierno. Además de los cuerpos de seguridad del Estado, «los colectivos cotizan simultáneamente como “personal de seguridad”, “promotores culturales” o “supervisores” en alcaldías oficialistas, ministerios», reveló el informe.
Transferencia de recursos públicos a fundaciones y otras organizaciones bajo el control de los colectivos. Estas organizaciones se incribían como proyectos de «bienestar social» en el Ministerio de las Comunas que luego solicitaban dinero al despacho presidencial. La Fundación Propatria 2000 y la Fundación Robert Serra son las instituciones más destacas en el informe que funcionaban como organismos benefactores de los colectivos.
Expropiaciones regaladas: tanto el Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de Tierras Urbanas y la Alcaldía de Caracas le ofrecían a los colectivos propiedades que el Gobierno había expropiado dentro de sus mecanismos de control sobre las personas o instituciones percibidas como opositoras. Entre las propiedades analizadas por la Misión, se identificaron al Estacionamiento Tracabordo (en la parroquia La Candelaria de Caracas), que fue transferido al colectivo Campamento de Pioneros, y al Edificio Padrón (en la parroquia San Pedro de Caracas), que se lo dieron al colectivo Ezequiel Zamora.
Después del 3 de enero, los colectivos siguen amedrentando
La información recibida a la ONU destacó que los colectivos no tuvieron un papel de defensa territorial frente a las tensiones bélicas con Estados Unidos, como el gabinete de Nicolás Maduro mencionó en 2025. Desde el 3 de enero de 2026, desde la captura de Maduro y Cilia Flores, los colectivos se dedicaron a la vigilancia comunitaria, las amenazas y el amedrentamiento de personas durante las protestas pacíficas, con un trato más violento a los familiares de los presos políticos.
«Varios expertos consultados por la Misión señalaron que los colectivos se encontrarían en un momento de reconfiguración frente a potenciales cambios políticos e institucionales en la gestión interina de Delcy Rodríguez en sectores tradicionalmente controlados por los grupos históricos», se destacó en el informe. Las zonas con mayores expectativas de cambio son en Caracas y las zonas mineras de la Amazonía Venezolana.
La Misión destacó que el Gobierno interino ha generado tensiones con los colectivos al «cortar» el financiamiento de estas organizaciones a través de la suspención de la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Robert Serra, dos instituciones adscritas al despacho presidencial.
Por ahora, la Misión reconoce que los colectivos están mutando al control de las economías ilícitas, como la minería en la Amazonía venezolana y el narcotráfico, para mantener un autosustento frente a los recortes que se vaticinan por la transición democrática.
