En julio de 2026, la conflictividad social en Venezuela experimentó un repunte vertiginoso. En el sexto mes del año y aún en el marco de la emergencia post sísmica se registraron 509 protestas pacíficas a lo largo del territorio nacional. Esta cifra se traduce en un promedio de 16 manifestaciones diarias y representa un aumento del 246% en comparación con los 144 eventos documentados en julio de 2025, según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
El estado Bolívar encabezó la lista de conflictividad territorial con 60 manifestaciones, seguido por Anzoátegui (49), Miranda (49) y Lara (43).
Sobrevivir entre escombros y apagones
Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) concentraron el 62% del total de las protestas (317 registros).
La crisis estructural de los servicios públicos se agudizó dramáticamente a raíz de los daños provocados por los terremotos del 24 de junio de 2026.
Las fallas en la red eléctrica generaron 109 protestas y fueron el principal motor de reclamo comunitario, seguido por las fallas en el suministro de agua potable, con 38 manifestaciones.
Las demandas laborales también mantuvieron su protagonismo. Los trabajadores del sector educativo, salud y transporte llevaron a cabo 81 protestas exigiendo la recuperación de su poder adquisitivo y el respeto a sus contrataciones colectivas.
La justicia transicional en deuda
Pese al repunte de las exigencias socioeconómicas, los Derechos Civiles y Políticos representaron el 38% del total de movilizaciones (192 protestas).
La demanda de justicia sigue intacta: familiares de presos políticos, víctimas de represión y diversas ONG lideraron 154 protestas para reclamar la excarcelación plena de los detenidos, respeto al debido proceso judicial y el fin a las prácticas de tratos crueles.
El documento advierte que, aunque el país transita por un contexto político distinto desde enero de 2026, las consecuencias de la persecución de años anteriores aún no han sido reparadas. Asimismo, las exigencias por participación política plena se hicieron sentir en 135 manifestaciones.
Menos represión abierta, pero persiste la intimidación
El OVCS documentó cuatro protestas reprimidas por cuerpos de seguridad durante julio en Bolívar, Distrito Capital y La Guaira.
Aunque estas cifras son menores frente a periodos de alta conflictividad política, el organismo advirtió que persisten estructuras y tácticas de intimidación gubernamental.
En paralelo, se registraron nueve manifestaciones repudiando directamente los presuntos abusos perpetrados por funcionarios de cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado.
A pesar de este panorama, el informe rescata la resiliencia venezolana: frente a la precaria respuesta de las autoridades tras los recientes terremotos, de acuerdo con el OVCS, la ciudadanía y las organizaciones internacionales conformaron una vital red de asistencia humanitaria, demostrando el valor de la solidaridad civil frente al colapso institucional.
“Esta experiencia demostró tanto la capacidad de organización de la sociedad venezolana como la necesidad de reconstruir las capacidades del Estado para prevenir y atender emergencias con eficacia, transparencia, coordinación y rendición de cuentas”, consideró el ovcs en el reporte.
Por esta misma razón, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social destaca que la reinstitucionalización democrática de Venezuela es prioritaria y requiere instituciones estatales independientes. Para lograrlo, indican, es fundamental alcanzar un acuerdo sociopolítico amplio que ubique los derechos humanos como eje central del debate, exigiendo como garantías mínimas la justicia, la liberación de presos políticos y la recuperación del espacio cívico.
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