Cinco días después de anunciar un “acruedo petrolero” entre el gobierno de Donald Trump y el interinato de Delcy Rodríguez, la Casa Blanca publicó el 31 de agosto una nota de prensa para precisar algunas condiciones del convenio político que le otorgará a Estados Unidos el control de 17 yacimientos de petróleo venezolanos.
Rodríguez anunció el 28 de agosto que el acuerdo traerá consigo inversiones por más de 100 000 millones de dólares estadounidenses e ingresos en tributos que rondan por los 209 000 millones. Frente a las críticas y silencios de economistas y políticos venezolanos, surgen las denuncias por falta de transparencia de un proceso que ambos gabinetes gubernamentales catalogan como un pacto “histórico”.
En Runrun.es te traemos 3 claves que reumen la información suministrada por el gobierno de Estados Unidos hasta la fecha:
Cien años de “utilidad”
De acuerdo con el comunidado de la Casa Blanca, el gobierno interino de Rodríguez concedió a la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep) para explotar 17 fosas petroleras durante un siglo. Estas fosas, según las estimaciones del gobierno estadounidense, albergan una reserva aproximada de 65 000 millones de barriles de crudo.
Alejandro Betancourt, director de Nabep, es un empresario venezolano con investigaciones abiertas en España, Suiza y Estados Unidos por presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), según los reportes de Armando.info y Transparencia Venezuela.
Se espera que el Nabep distribuya el 35 % de sus derechos de participación al Departamento de Guerra de Estados Unidos. También esperan garantizarle al Departamento de Estado (de Norteamérica) el 20 % del petróleo que se va a extraer a costo de producción y ser el comprador principal del 80 % restante.
De acuerdo con La Casa Blanca, el petróleo otorgado al Departamento de Estado “asegurará un suministro estable de crudo para Reserva Estratégica de Petróleo” de su país (SPR, por sus siglas en inglés).
Control de la directiva y la refinación
El gobierno de Estados Unidos asumió el manejo del crudo venezolano: serán las empresas norteamericanas quienes refinarán el petróleo latinoamericano. También mantendrán un voto para elegir, diferir y cambiar a los miembros directivos de Nabep.
“La mayoría de la junta directiva de Nabep serán ciudadanos estadounidenses“, se lee en el comunicado. “La empresa tendrá abogados y auditores estadounidenses. El acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y Nabep será sujeto a la ley y juridicción de Estados Unidos y será sujeto a las cortes norteamericanas”.
El objetivo de la Casa Blanca es crear más empleos en suelo norteamericano en el área energética.
Privatización para la posible reconstrucción
El gobierno estadounidense enfatizó en su comunicado que Nabep invertirá cerca de 100 000 millones de dólares para “modernizar” la industria petrolera venezolana.
“Las conseciones otorgadas por Nabep estarán adscritos a la nueva Ley [Orgánica] de Hidrocarburos de Venezuela promulgada [el 29 de enero de 2026] con ayuda de Estados Unidos”, se lee en la nota de prensa. “Bajo este esquema, y a medida que la producción aumente, Nabep pagará un estimado de 200 000 millones de dólares en regalías e impuestos en los primeros 25 años [del acuerdo] que representará un dividendo destidnado a la reconstrucción social de Venezuela”.
La Casa Blanca informó el gobierno estadounidenses será el encargado de auditar la distribución del dinero destinado a la administración pública venezolana.
Revitalizar la Doctrina Monroe
“El presidente Donald Trump ha restablecido la Doctrina Monroe para purgar de influencias foráneas y maliciosas de nuestro patio trasero y establecer la influencia [económica y política] de Estados Unicos en el hemisferio”, se lee en la nota de prensa.
De acuerdo con el gobierno norteamericano, los contratos petroleros de Pdvsa que concedió el Partido Socialista Unido de Venezuela a Cuba, China y Rusia “saquearon los recursos de Venezuela para beneficiar a países adversarios de Estados Unidos (…) y no invirtieron en la infraestructura de Venezuela”.
Sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil, como Provea, denuncian que el acuerdo energético y político de Trump y de Rodríguez aún se mantiene inmerso en la opacidad. Exigen una ruta clara de transparencia de los capitales y de las conseciones para evitar más casos de corrupción con la industria petrolera venezolana.
