A pesar del reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de Venezuela desde el año 1999, los avances en materia de demarcación territorial, atención en salud, educación intercultural y protección de sus defensores son mínimos.
En contraposición, el avance del extractivismo legal e ilegal, la omisión estatal y la acción de grupos armados ha deteriorado de forma severa la vida comunitaria, territorial y cultural de estas poblaciones. .
El informe especial “Pueblos y liderazgos indígenas en grave riesgo”, elaborado por el Programa Venezolano de Promoción de los Derechos Indígenas en Venezuela “Wayamoutheri”, Provea y Odevida y que abarca el periodo entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, documenta las múltiples amenazas que enfrentan los pueblos indígenas en Venezuela.
Derechos territoriales de los pueblos indígenas
El derecho a la propiedad colectiva de tierras y hábitats indígenas está consagrado en la Constitución de 1999, pero según el informe aún no ha sido garantizado efectivamente. A 25 años de su aprobación, el proceso de demarcación está paralizado desde 2016 y solo se ha cumplido en aproximadamente un 12% de los territorios, lo que deja al 88% restante sin reconocimiento legal ni protección estatal.
A pesar de esfuerzos comunitarios de autodemarcación, estos no han sido considerados oficialmente. Hasta 2016, se entregaron 102 títulos colectivos, cubriendo más de 3 millones de hectáreas. Los pueblos indígenas incluidos hasta 2016 son: los Kariña, Pumé, Warao, Jivi, Cuiba, Yukpa, Cumanogoto, Hoti, Pemón, Mapoyo, Chaima y Barí.
Ocupación de los territorios indígenas y sus efectos en la vida colectiva
La ocupación ilegal de los territorios indígenas en una de las principales amenazas a su supervivencia física, cultural y organizativa. Las invasiones provienen de diversos actores: minería ilegal, mafias del contrabando, disidencias armadas, proyectos extractivistas del Estado, terratenientes y colonos, entre otros. Estos ocupantes fracturan la integridad territorial y afectan profundamente la vida comunitaria y espiritual de los pueblos.
El informe alerta que la falta de demarcación y protección ha permitido que en zonas como el estado Amazonas existan hasta 68 puntos de control ilegales, donde se exige a las comunidades el pago en oro o dinero para transitar libremente. A su vez, en Santa Bárbara del Orinoco, se reportaron enfrentamientos entre grupos armados y embarcaciones comunitarias. En la Sierra de Perijá, Zulia, el pueblo Barí enfrenta la ocupación de sus tierras por desplazados colombianos producto del conflicto armado en ese país.
Estos procesos han generado desplazamientos forzados, pérdida de la economía tradicional, enfrentamientos entre comunidades, debilitamiento de la autoridad ancestral y un quiebre profundo en el tejido social y cultural indígena.
Minería ilegal en territorios indígenas por omisión estatal
El texto también advierte que el auge de la minería ilegal en territorios indígenas ha sido facilitado por la inacción del Estado venezolano y, en muchos casos, por la connivencia de actores militares. Zonas como Cuyuní, Ikabarú, el Alto Paragua y partes del Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, han sido ocupadas por mafias mineras que afectan gravemente a comunidades Pemón. Estas actividades han contaminado ríos, destruido bosques y alterado por completo la vida comunitaria.
En el estado Amazonas, ríos como el Sipapo, Guayapo, Cuao, Manaviche y Cunucunuma han sido invadidos para la extracción de oro, coltán y estaño. Al respecto, la organización SOS Orinoco ha documentado con imágenes satelitales la minería ilegal en el Parque Nacional Duida-Marahuaka, en el río Cunucunuma, alertando sobre los niveles de contaminación por mercurio, la afectación de la pesca y los efectos en la salud local.
¡El infierno llegó al Paraíso (Alto Orinoco)!
Desde hacía meses @SOSOrinoco tenía la información, pero por primera vez logramos tener las pruebas con fotos desde el sitio: llegó la minería al río Cunucunuma, territorio indígena Ye’kwuana, Parque Nacional Duida-Marahuaka y… pic.twitter.com/heskHFACzR
Asimismo, se han denunciado asesinatos como el del guardián Ye’kwana Joaquín Hernández en 2024. También se han documentado ataques armados a comunidades que se oponen a los mineros, como en el río Parú. La minería ilegal creció 13 hectáreas en solo tres meses de 2024 y se estima que entre el 70% y 90% del oro producido sale del país de forma ilícita. Además, hay denuncias de cobros de hasta 16 gramos de oro por parte de funcionarios militares para permitir estas operaciones.
Desintegración comunitaria y organizativa por agentes externos
La llegada de actores externos a los territorios indígenas ha generado una grave crisis de gobernabilidad y cohesión interna. Las comunidades enfrentan divisiones por disputas entre quienes apoyan o rechazan la minería, lo que ha provocado violencia, desconocimiento de autoridades tradicionales y ruptura del tejido organizativo.
Casos emblemáticos se han reportado en el Alto Ventuari con los pueblos Ye’kwana y Sanema, donde incluso hubo enfrentamientos violentos y quemas de viviendas tras intentos de desalojar a mineros. También en los ríos Sipapo y Cataniapo, donde líderes comunitarios contravinieron la decisión colectiva de no permitir actividades mineras.
Otro factor que resalta el informe es el deterioro de la educación indígena. Según un informe de Fundaredes, el modelo intercultural bilingüe nunca se implementó adecuadamente. Las escuelas están abandonadas, los docentes no están formados y los programas curriculares no responden a las necesidades culturales de los pueblos indígenas. Esto se traduce en pérdida de identidad, discriminación y mayor marginación.
La situación de salud de los pueblos indígenas
El informe elaborado alerta que pueblos indígenas viven una emergencia sanitaria silenciosa y sistemática. La red de atención pública en sus territorios está colapsada: ambulatorios cerrados, ausencia de personal médico, falta de insumos y medicamentos. No hay datos epidemiológicos oficiales, y las únicas cifras disponibles provienen de los reportes comunitarios.
En el Alto Orinoco y Parima, las comunidades Yanomami reportaron en 2024 altos índices de malaria y tuberculosis. En Delta Amacuro, organizaciones indígenas denunciaron aumentos de casos de VIH, mortalidad por tuberculosis y una posible intoxicación masiva por agua contaminada que causó la muerte de varios niños en noviembre de 2024.
También en Delta Amacuro, específicamente en el municipio José Antonio Díaz, se denunció en noviembre de 2024 la presencia de una extraña enfermedad que producía vómitos y diarrea en menores y adolescentes, por lo cual se reportaron varios casos de niños fallecidos y unos 20 con los mismos síntomas. Habitantes de la zona señalaron que, aunque se desconocía el origen de los fallecimientos, se creía que estaban vinculadas a aguas contaminadas.
Ataques a defensores indígenas
Los defensores indígenas —también llamados guardianes del territorio— son el primer frente de resistencia ante el avance del extractivismo ilegal. Sin embargo, enfrentan amenazas, criminalización y asesinatos con total impunidad. En junio de 2022 fue asesinado el guardián Uwottüja Virgilio Trujillo en Amazonas. En septiembre de 2024, Joaquín Hernández, un joven Ye’kwana, fue asesinado en el Alto Ventuari por su oposición a la minería.
Los guardianes de los pueblos Uwottüja, Ye’kwana y Pemón han sido objeto de amenazas y ataques sistemáticos. En muchos casos, se les impide circular libremente por sus territorios, controlados por grupos armados ilegales. Las amenazas no solo son individuales, sino colectivas, afectando a organizaciones enteras como KUYUNU (Ye’kwana del Ventuari).
Según el informe, las principales amenazas principales están referidas a la prohibición de circular libremente por su territorio ya que estos grupos ejercen control sobre la movilidad en esos espacios; pero además hay amenazas a la integridad física de muchos de los miembros de las organizaciones indígenas y de los llamados guardianes territoriales y ambientales.
En ese sentido, advierten que los diferentes órganos competentes del Estado no han actuado con celeridad procesal para dictar medidas de protección que permitan el resguardo de los defensores de manera efectiva “sobre todo de manera judicial y para determinar las responsabilidades en los casos en que han habido agresiones y afectaciones al derecho a la vida”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hasta hace aproximadamente dos décadas, la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial parecía algo muy distante en el contexto global. No obstante, en la actualidad, se ha convertido en una preocupación cada vez más factible, debido a la elevada tensión geopolítica existente. ¿Es posible prevenirla aún? Cada vez son más los especialistas que sugieren que no se podrá evitar, citando diversos factores y dinámicas actuales que aumentan peligrosamente el riesgo.
Estamos viviendo un incremento de la multipolaridad y la rivalidad entre las principales potencias, en gran parte debido a la disminución de la hegemonía de Estados Unidos. Desde la Guerra Fría, China ha ido ascendiendo, hasta lograr hoy la categoría de superpotencia, convirtiéndose en un actor clave en la tensión global. En la actualidad, la “guerra” se manifiesta sólo en el ámbito comercial, y las políticas implementadas por Trump desde que asumió la presidencia en enero han contribuido a esa situación. Además, existe un riesgo inminente relacionado con la presencia militar en el Mar de China Meridional, especialmente en el contexto de Taiwán, por el interés de China de anexársela, no sólo por su relevancia económica y estratégica, sino por su proximidad con Occidente. También está la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sin una intervención directa de la OTAN que le haya puesto coto.
Y hablando de Rusia, Putin se presenta como un líder que genera inquietud. Su evidente deseo de expansión ha puesto en riesgo la seguridad en Europa. Queda por ver cómo actuará Trump, quien ha afirmado tener la capacidad de “negociar” con Putin.
Por otro lado, se está intensificando la situación en Oriente Medio, especialmente con la guerra en Gaza. La participación de actores regionales como Irán, en particular por la contienda directa con Israel, que apenas está comenzando, podría escalar de maneras impredecibles. Netanyahu ha dejado claro que Israel está lidiando con siete frentes abiertos y que está preparado para enfrentarlos todos.
Por otro lado, se hace cada vez más evidente el debilitamiento de las instituciones internacionales, como la ONU y la Corte Penal Internacional, así como sus respectivas ramificaciones regionales. No estoy segura de si alguna vez tuvieron la capacidad de mediar y resolver conflictos (mi percepción es que no), pero en la actualidad parece claro que su función es más simbólica, además de que su mantenimiento implica altos costos. No existe una entidad que pueda restablecer el orden a nivel global.
Finalmente, también es preocupante la carrera armamentista y la proliferación nuclear. La pregunta que surge es si las armas nucleares seguirán sirviendo como factor disuasorio frente a un conflicto mundial, o si habrá quienes se atrevan a presionar el “botón rojo”.
A pesar de que Trump afirma estar “buscando la paz”, su estilo de comunicación y sus estrategias podrían aumentar las tensiones en lugar de reducirlas. Existe preocupación de que su forma de liderar pueda debilitar instituciones como la OTAN. Además, su falta de claridad sobre el apoyo a sus aliados, a pesar de sus “intenciones pacíficas”, podría, de manera paradójica, facilitar el surgimiento de conflictos. Para evitar tales situaciones, sería necesario que las potencias mostraran una voluntad política para encontrar soluciones negociadas en lugar de optar por la confrontación directa, aunque esa perspectiva no parece estar presente en el futuro cercano.
El Mañanero del 23 de junio resume los titulares más relevantes de las noticias de los últimos días: la detención arbitraria, deportación desde Estados Unidos a El Salvador y posterior encarcelamiento de inmigrantes venezolanos ha forzado la separación de padres de sus hijos, dejando a decenas de niños y niñas en condiciones de precariedad e indefensión.
“De 19 detenidos la única que aún queda tras las rejas es mi hija, sin motivo, sin razón, sin nada. A Stefany no la han liberado porque ellos no han querido”, aseguró la preocupada madre de una presa política detenida el 29 de julio de 2024.
Trabajadores del sector educación en el estado Zulia denunciaron la suspensión injustificada de salarios por parte del Ministerio de Educación, una medida que ya afecta a más de 3000 personas, incluyendo docentes, personal administrativo, obreros y madres cocineras.
La situación se agrava por el hecho de que entre los afectados hay mujeres con permisos pre y posnatal, personas con procesos de incapacidad y trabajadores próximos a recibir su jubilación.
La denuncia fue hecha por un vocero del sector, que por razones de seguridad solicitó el anonimato. Según relató a Radio Fe y Alegría Noticias, un funcionario del Ministerio se presentó en una asamblea de trabajadores en el municipio San Francisco y anunció la salida de hasta 11 000 empleados del sistema educativo.
“Llegó e inmediatamente empezó el ataque frontal contra los trabajadores, sobre todo a las organizaciones sindicales que están con el proceso revolucionario”, denunció.
Organizaciones sindicales han alertado que esta situación no es exclusiva del Zulia. En el estado Lara, al menos 700 trabajadores en condición de incapacidad también han sufrido la suspensión de salarios y beneficios. Esta decisión ha afectado gravemente su acceso a alimentación, atención médica y a los bonos sociales del sistema Patria, según informaron gremios regionales.
El vocero zuliano hizo un llamado directo al ministro Héctor Rodríguez para que intervenga y se haga justicia: “Es necesario que se tomen medidas para proteger a los trabajadores del sector educativo, que hoy son víctimas de arbitrariedades”. La denuncia se suma a una creciente ola de reclamos laborales en el país.
Instan a la OIT y CIDH investigar despidos masivos
La organización Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi) denunció el pasado 16 de junio que al menos 40 000 docentes activos han sido despedidos durante el año escolar 2024-2025.
Su coordinadora nacional, Gricelda Sánchez, aseguró que algunos educadores han sido suspendidos hasta cuatro veces en lo que va de año, sin expediente administrativo ni respeto al debido proceso, lo que representa una clara violación del derecho a la defensa.
En entrevista para el Diario TalCual, cuestionó que, hasta la fecha, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, no haya ofrecido declaraciones públicas ni respondido a las solicitudes formales de reunión presentadas por el gremio docente.
Fordisi pidió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigue estos despidos masivos de trabajadores de la educación en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La esposa de Perkins Rocha, María Costanza Cipriani, recordó este 22 de junio que el abogado defensor de Derechos Humanos y quien fuera uno de los representantes del Comando con Vzla cumple 300 días detenido e incomunicado.
“Son 300 días sin visitas ni llamadas, 300 días incomunicado, 300 días de incertidumbre, de vida en pausa, de tristeza y silencio. Resiste, tu inmenso sacrificio valdrá la pena. No nos derrumbamos. Nos tenemos”, escribió a través de la red social X Cipriani.
Todas estas condiciones de reclusión se mantienen aunque en septiembre de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de Perkins Rocha Contreras tras considerar que se encuentra “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.
Situación difícil en El Helicoide
Rocha está recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocido como El Helicoide, en Caracas, donde, según DDHH Vente Venezuela, es “sometido a condiciones inhumanas que buscan quebrar su espíritu”.
Su esposa declaró el pasado 7 de junio que Rocha comparte celda con el también preso político Américo de Grazia. Precisó que hace mes y medio el abogado pidió que le enviaran medicamentos para tratar un cuadro posiblemente respiratorio, ya que solicitó broncodilatadores, jarabes para la tos y medicamentos para bajar la fiebre. Cipriani presume que en esa ocasión hubo un virus en el lugar y varios presos políticos sufrieron bronquitis, porque en esas semanas también trascendió que se había deteriorado la salud de América de Grazia.
#7Jun#Venezuela#PresosPolíticos María Costanza Cipriani, esposa del abogado Perkins Rocha, denunció un posible cuadro de bronquitis colectiva entre presos políticos recluidos en El Helicoide. Alertó sobre el deterioro de salud y las condiciones de reclusión de los detenidos. -… pic.twitter.com/xkpQhv9hZD
Desde el pasado 27 de agosto, un mes después de que el Consejo Nacional Electoral declarara a Nicolás Maduro como ganador de los comicios presidenciales, Rocha pasó a formar parte de la lista de presos por motivos políticos. En esa fecha se encontraba en el Farmatodo de Las Mercedes cuando un grupo de hombres vestidos de negro y sin portar ninguna identificación, se lo llevaron del establecimiento de forma violenta. Según comentó su hijo, a su padre lo arrastraron por el piso y lo golpearon.
Dos días después de la detención del abogado de María Corina Machado, la fiscalía lo acusó de haber cometido cinco delitos, entre ellos terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio.
En septiembre de 2024, el fiscal designado por la Constituyente de 2017 y ratificado por la Asamblea Nacional de corte oficialista, Tarek William Saab, vinculó a Rocha con la divulgación del “85,18 %” de las actas electorales de las presidenciales, que el oficialismo tilda de falsas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En un comunicado emitido por la Cancillería, el gobierno venezolano condenó la “agresión militar” de los Estados Unidos contra Irán y exigió el cese inmediato de las hostilidades.
En el texto, se expresa una condena “firme y categórica” al bombardeo ejecutado por el Ejército de los Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán, incluyendo los complejos de Fordow, Natanz e Isfahan.Aseguran que esta acción se ejecutó “a solicitud del Estado de Israel”.
“Este ataque constituye un acto de agresión ilegal, injustificable y extremadamente peligroso, que viola flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los principios elementales de respeto a la soberanía de los Estados. Bombardear instalaciones nucleares, con todos los riesgos que ello implica para la vida humana y el equilibrio ambiental de la región, es una escalada irresponsable que puede desatar consecuencias de proporciones incalculables para la estabilidad global. Es una amenaza directa a la paz internacional”, consideró el gobierno venezolano.
El texto cierra con un mensaje en el que se reafirma la solidaridad con el pueblo iraní y el compromiso “con la paz, la soberanía y la defensa del derecho internacional como único camino para la convivencia entre las naciones”.
El ataque y sus consecuencias
En horas de la noche del 21 de junio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que habían completado “con gran éxito” el ataque contra tres instalaciones nucleares en Irán. En un discurso transmitido en televisión precisó que el objetico de EEUU era “la destrucción de la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán y un alto a la amenaza nuclear planteada por el Estado patrocinador del terror número uno del mundo”.
Los gobiernos de Israel y EEUU confirmaron que los ataques en suelo iraní fueron coordinados. “Trabajamos como equipo, como quizás ningún otro equipo ha trabajado antes”, expresó Trump, al tiempo que Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, felicitaba a su homólogo y expresaba: “El presidente Trump y yo solemos decir: ‘La paz a través de la fuerza’. Primero viene la fuerza, luego la paz”.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró en una conferencia que la operación, denominada “Martillo de medianoche”, requirió el uso de 75 “armas guiadas de precisión”, incluyendo 14 “rompebúnkeres” además de siete bombarderos furtivos B-2 que volaron 18 horas. Aclaró asimismo que la operación no tuvo como objetivo ni las tropas iraníes ni los ciudadanos de ese país.
La reacción de Irán no se hizo esperar. A primeras horas del domingo lanzó dos tandas de 30 misiles contra zonas pobladas de Israel, en hechos en los que resultaron heridas al menos 16 personas.
Además, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, escribió en la red social X este domingo que su país se reserva “todas las opciones” para responder.
“Los eventos de esta mañana son indignantes y tendrán consecuencias duraderas. Cada uno de los miembros de la ONU debe estar alarmado por este comportamiento extremadamente peligroso, fuera de la ley y criminal (…) De acuerdo con la Carta de la ONU y sus disposiciones que permiten una respuesta legítima en legítima defensa, Irán reserva todas las opciones para defender su soberanía, intereses y pueblo”, advirtió.
Además de Venezuela, gobiernos como el de China y Rusia condenaron las acciones contra Irán y también expresaron preocupación desde la Organización de las Naciones Unidas. “La única solución es la paz”, afirmó su secretario general, António Guterres.
“Hago un llamado a los Estados miembros para que reduzcan las tensiones y cumplan con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y otras normas del derecho internacional”, amplió Guterres.
El Ministerio de Exteriores de Rusia tildó de “irresponsable” la decisión de atacar las instalaciones nucleares de Irán y opinaron como el gobierno de Venezuela, que las acciones “violan flagrantemente el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, declaró el ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. En el mismo sentido fue la declaración de la Cancillería china, quienes además de rechazar el ataque, considera que la acción exacerba las tensiones en Oriente Medio.
Países árabes como Arabia Saudita, Egipto, Catar, Omán y El Líbano expresaron su preocupación porque la región se encamine a un mayor caos después de la intervención de EEUU en el conflicto e instaron a que se trabaje en soluciones políticas y diplomáticas.
“No se puede permitir a Irán que desarrolle un arma nuclear, ya que sería una amenaza para la seguridad internacional”, declaró a propósito de los hechos la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. Por su parte, y a juicio del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, las acciones del gobierno de Trump se hicieron para “aliviar” la amenaza de que Irán se convierta en una potencia nuclear.
“Atacar centrales nucleares está prohibido por derecho internacional”, advirtió el presidente chileno Gabriel Boric, quien además señaló que “tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado”.
Entretanto, la Cancillería de Colombia rechazó “el uso unilateral de la fuerza”, mientras que la de México instó a que haya un “diálogo urgente” entre las partes en conflicto.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde hace más de tres meses, Wilmary Arévalo no sabe nada de su esposo Keivis Vásquez, un joven barbero de 22 años oriundo de Falcón. La última vez que hablaron fue el 2 de marzo de este año, justo antes de que él se entregara voluntariamente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos para solicitar deportación voluntaria a Venezuela.
Pero nunca llegó a tal destino. Keivis fue enviado por las autoridades estadounidenses al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, acusado sin pruebas de pertenecer al Tren de Aragua, con el argumento de tener tatuajes.
Wilmary, una migrante venezolana de 19 años de edad, quedó sola con la hija de ambos en Canadá, una bebé que tiene un año y nueve meses llamada Kylie Wuillianny, quien padece diabetes insípida, enfermedad renal crónica que impide a su cuerpo retener líquidos.
Al tiempo que la niña depende de un tratamiento médico para sobrevivir, su padre está encarcelado en un centro de máxima seguridad creado para pandilleros de alta peligrosidad en un país que desconocen.
—Lo único que hizo Keivis fue luchar por nosotras —dice Wilmary.
Para un niño o niña en su primera infancia, perder el contacto con su padre tiene un efecto definitivo en su desarrollo y bienestar emocional. ¿Qué significa que de la noche a la mañana un padre desaparezca de la vida de una hija?
Esto le sucede a Kylie (de 1 año) y a Darbelys (de 6 años).
La no separación de las familias es un mandato en el derecho internacional. Los expertos, psicólogos y especialistas en derechos de la infancia, reiteran en que el interés superior del niño debe prevalecer en todas las decisiones que tome un Estado y afecten a los niños en su dinámica familiar. Migrar es un derecho, destacan al ser consultados sobre este tema, y bajo ningún principio se debería criminalizar a un migrante.
Por ello el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, bajo la nueva administración de Donald Trump, es un tema que preocupa y alerta en una región convulsionada y donde cientos de miles de personas se desplazan a diario por el continente americano en el intento de mejorar sus condiciones de vida.
Las niñas Kylie y Darbelys no han vuelto a ver a sus papás desde que hace meses ambos fueron deportados desde Estados Unidos y encarcelados en El Salvador. En estos dos casos, se vulnera su derecho a la familia y a mantener contacto con sus progenitores.
Migrar en busca de salud
La diabetes insípida impide que el organismo controle adecuadamente los líquidos y hace que los riñones produzcan más orina de lo normal, lo que provoca una constante sensación de sed y puede llevar rápidamente a una deshidratación severa.
Para tratar esta condición, la pequeña Kylie necesita un tratamiento que consta de dos medicamentos diarios y visitas frecuentes a los especialistas, cuyo costo alcanza los 4.000 dólares al mes. Fuera de Canadá, el tratamiento es aún más costoso.
—Aquí en Canadá me ayudan con todo lo relacionado a la salud de la niña. Sin eso, no podríamos sobrevivir —cuenta Wilmary Arévalo, quien vive en Niágara Falls (Ontario), junto a su madre, padrastro y hermana de nueve años de edad, adonde llegaron buscando trabajo y mejores condiciones de vida como migrantes luego de una estancia breve en Estados Unidos.
La niña de un año ha sido hospitalizada varias veces desde que nació. Sus riñones no funcionan por sí solos, solo funcionan con el tratamiento, explica su madre. Aunque ha mostrado mejoría en los últimos meses, sigue dependiendo de los medicamentos y los controles médicos frecuentes.
—Cada dos meses tenemos citas. No puedo pensar en salir de Canadá mientras ella no esté completamente bien —afirma.
La diabetes insípida no tiene cura, pero puede ser controlada con tratamiento de por vida.
Keivis Vásquez había trabajado en Canadá, sin embargo, no hablar inglés ni francés le dificultaba conseguir empleo.
Tras el empeoramiento de la situación económica, el joven decidió viajar de retorno a Estados Unidos en noviembre de 2024, con el objetivo de buscar mejores oportunidades laborales para mantener a su hija y a su pareja.
—Yo no me moví de Canadá porque aquí me ayudan con todo lo de la niña, el tratamiento me lo dan gratis, o no podríamos mantenernos —explica Wilmary.
Desde la detención con posterior deportación y encarcelamiento de Keivys en El Salvador, la familia quedó aún más vulnerable. La joven madre no puede trabajar porque debe cuidar a la niña y depende, completamente, del subsidio estatal para costear el alquiler y los gastos básicos mensuales.
—Me dan 1.000 dólares para mí y 600 dólares para el arriendo. Con eso compro las cosas de la bebé —dice Wilmary.
La detención y deportación de Keivis Vásquez ocurrió en medio de la endurecida política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha deportado a miles de ciudadanos migrantes en Estados Unidos a sus países de origen y enviado a un grupo de migrantes venezolanos a la cárcel de Cecot en El Salvador, sin tener registros delictivos o antecedentes penales.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización que defiende los derechos y libertades individuales en Estados Unidos, considera ilegales estas detenciones, así como la invocación por parte de la administración de Trump de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros para deportar y encarcelar inmigrantes. Por esta razón demandó al gobierno norteamericano y ganó el fallo ante un tribunal federal.
—Nadie puede ser privado de libertad sin el debido proceso legal, sin darles la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o un tribunal federal, mucho menos de ser deportado, encarcelado o aislado en una prisión que es un gulag en un tercer país —afirmó Lee Gelernt, abogado de ACLU.
Según su familia, Keivis no tiene cargos en Venezuela, ni en Ecuador —a donde migró por primera vez— ni en Canadá.
—La acusación del gobierno de Estados Unidos se basa solo en sus tatuajes. Tiene el nombre de la niña, la fecha de nacimiento, una cruz, una corona y una cita bíblica. Eso no lo hace un delincuente —insiste Wilmary.
La periodista venezolana Ronna Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina y una experta en el tema, asegura que según sus fuentes policiales y su propia investigación los tatuajes no son un símbolo o marca distintiva que indique pertenencia a una banda venezolana y mucho menos evidencia en estos casos de una membresía en el Tren de Aragua.
La familia se enteró de que Keivys estaba en el Cecot el 31 de marzo, cuando las autoridades anunciaron un segundo traslado de venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador.
—Me metí en TikTok y veo que habían deportado a nuevos venezolanos. Me puse a ver el video y lo vi a él. Lo reconocí de una vez, me puse a llorar, me desesperé. Fue una noticia muy fuerte —recuerda entre lágrimas.
Desde entonces, ni ella ni su hija han vuelto a saber de Keivys Vásquez.
No apareció en el último video difundido por Estados Unidos tras una visita de funcionarios del gobierno norteamericano a la mega cárcel.
—Este caso es desestructurante. Ya la migración pone sobre el grupo familiar una exigencia de recursos emocionales bastante elevada, pero la detención arbitraria de un padre proveedor en un lugar donde pensabas que se respetaba el Estado de derecho no hace sino agravar todo el panorama y tiene un efecto traumático. Es un proceso muy doloroso, complejo y confuso que quiebra a una familia —explica Abel Saraiba, psicólogo y coordinador adjunto de Cecodap, una organización que trabaja por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Wilmary Arévalo está incluida en dos grupos de WhatsApp con familiares de los otros venezolanos deportados a El Salvador. Recientemente, les pidieron enviar una carta para los detenidos, aunque desconoce cómo la harán llegar, debido a que aún están incomunicados en esa prisión sin acceso a visitas ni abogados.
—Él está con los mismos abogados que contrató el gobierno venezolano, en ese mismo proceso —dice Wilmary, quien explica que además han tenido problemas para tramitar los antecedentes penales debido a un error en la cédula de identidad de Keivis.
—Gracias a Dios, la niña está muy bien, se está recuperando, pero todo ha sido muy difícil. Todas las noches lloro. Estoy en depresión, he bajado de peso, he dejado de comer. Estoy muy delgada —relata Wilmary— Aun así, no he buscado ayuda psicológica. Por ahora, no estoy lista.
Dice que no teme ser deportada desde Canadá, pues su situación es distinta a la de Estados Unidos. Su hija es canadiense por nacimiento además de venezolana por tener padres venezolanos, y aunque ella no reside en situación regular, posee un documento de identidad que le permite moverse dentro de ese país.
—Sigo confiando en mi Dios y pidiéndole que lo mantenga fuerte y que llegue el momento de que lo liberen. No dejo de pensar en él —dice Wilmary.
Recuerda con dolor el caso de Maikelys Espinoza, la niña separada de sus padres en Estados Unidos, y aunque le generó pesar, asegura que no teme que le ocurra algo similar.
—Aquí eso no se ha visto.
El mayor anhelo de Wilmary es tener de nuevo a su familia unida.
—Si mi hija se cura y le quitan el tratamiento, me regresaría a Venezuela. Si eso no pasa, seguiré aquí en Canadá. Solo quiero justicia. Keivis no es un delincuente, lo único que hizo fue luchar por nosotras —reitera.
Dejada atrás y sin noticias de su padre
La mañana del 31 de mayo de 2023 Darwin Hernández Carache se despidió de su esposa Aida Díaz y de su pequeña hija Darbelys de 4 años de edad, en su residencia en Valencia, Carabobo, en la región central de Venezuela. Las abrazó fuerte y las besó a ambas, cuenta Aida.
Darwin salió rumbo a Estados Unidos con el claro propósito de buscar trabajo para ayudar a su familia.
—Se fue por la situación país y para darle una casa a la niña —dice Aida de 31 años, una enfermera de profesión, egresada de la Universidad de Carabobo.
Darwin dejó atrás a su familia e hizo su viaje por vía terrestre. A pesar de los riesgos atravesó a pie la Selva del Darién entre Colombia y Panamá, luego recorrió cada uno de los países de Centroamérica y México hasta llegar finalmente a la frontera con Texas. Un mes y medio le llevó hacer la travesía, pero el 15 de julio de 2023, en su primer intento de entrar a Estados Unidos al cruzar el Río Grande fue detenido por una patrulla fronteriza, rechazado por las autoridades migratorias norteamericanas y devuelto a México.
A Darwin lo trasladaron en un operativo coordinado por funcionarios mexicanos del Instituto Nacional de Migración hasta Villahermosa, Tabasco, ciudad fronteriza con Guatemala. Allí permaneció cerca de tres meses, pero no desistió.
—Él averiguó mejor cómo entrar legalmente a Estados Unidos. Como tenía sus papeles en regla y su idea era ir a trabajar temporalmente para enviarnos dinero y ahorrar, entonces aplicó al CBP One para hacer las cosas bien —cuenta Aida.
La CBP One es una aplicación móvil que permitía a las personas que buscaban ingresar a Estados Unidos programar una cita con autoridades migratorias para hacer la solicitud en un puesto de entrada terrestre de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP por sus siglas en inglés).
Entre 2023 y 2024, cerca de un millón de extranjeros en su mayoría inmigrantes sin visa, entraron a Estados Unidos utilizando esta alternativa según datos del Departamento de Seguridad Nacional de ese país. Darwin fue uno de ellos.
Al esposo de Aida le fue asignada su cita el 3 de octubre de 2023 en un puesto fronterizo de control migratorio en Texas. Después de su entrevista estuvo detenido durante 24 días en un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Hidalgo, Texas. Luego fue liberado y obtuvo un permiso de estadía temporal en Estados Unidos por dos años.
—Apenas logró su objetivo desde Hidalgo se fue a Chicago, Illinois, donde empezó a trabajar —dice Aida.
El primer empleo que consiguió Darwin en Chicago fue recogiendo nieve durante el invierno. En la primavera, por recomendación de conocidos, se mudó a Raleigh, capital de Carolina del Norte. Allí, le dijeron, había menos migrantes, por lo tanto, menos competencia para conseguir un buen trabajo.
En Raleigh comenzó a laborar en una compañía de entregas de comida a domiciliocomo empleo fijo y ofreciendo sus servicios de barbero de manera independiente. Alquiló una casa. Comenzó a enviar dinero a su esposa mes a mes. El plan comenzaba a dar resultados.
—Desde que llegó a Estados Unidos no hubo ni un día en el que Darwin no me llamara por WhatsApp o le hiciera una videollamada a Darbelys. Él es un papá presente y muy cariñoso. Ese contacto es vital para mi hija —asegura Aida.
El permiso de estadía temporal de Darwin vence a finales de agosto de 2025. Le había comentado a su esposa que su intención era aprovechar al máximo su permanencia en Estados Unidos para ahorrar y regresar a Venezuela en septiembre de este año con algo de recursos para emprender.
Pero la noche del 8 de febrero de 2025, los planes de Darwin quedaron truncados.
—Fue detenido en una redada de ICE. Ahí empezó la pesadilla —dice Aida.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) allanaron esa noche una casa en Raleigh, Carolina del Norte, locación donde se grababa un video musical. Darwin Hernández estaba allí porque había sido contratado como barbero, según Aida.
Durante dos días no tuvo noticias de su esposo. El 10 de febrero se comunicó con Aida, le dijo que desconocía lo que sucedía, pero que los agentes de ICE le afirmaron que revisarían su documentación y en unos días quedaría libre. Eso no ocurrió.
Fue trasladado a un centro de detención de ICE en Georgia, luego enviado a otro centro de detención de ICE en Texas, donde permaneció casi un mes. El 15 de marzo llamó a Aida y le dijo que sería deportado a Venezuela, pero esto tampoco sucedió.
El nombre de Darwin estaba entre los deportados por el gobierno de Donald Trump a El Salvador la madrugada del 16 de marzo, junto a otros migrantes venezolanos, 238 en total según la lista publicada por CBS, quienes fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en el país centroamericano.
Darwin y los demás deportados fueron acusados de ser terroristas y delincuentes, miembros de la banda criminal Tren de Aragua. También de ser migrantes indocumentados en situación irregular en Estados Unidos y que representaban un peligro para la seguridad de esa nación.
—Los agentes de ICE intentaron que Darwin firmara un documento en inglés en el que reconociera que pertenecía al Tren de Aragua. Él me dijo que escribió en español “No, no pertenezco al Tren de Aragua” —cuenta Aida.
Para este reportaje se verificó que Darwin Hernández no tiene antecedentes penales en Venezuela, y que ingresó legalmente a Estados Unidos a través de CBP One por autorización de ICE con un permiso que le permitía residir y trabajar en ese país.
Una investigación de ProPublica, The Texas Tribune, Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News comprobó que el gobierno de Donald Trump conocía que la mayoría de los venezolanos enviados a El Salvador no tenían condena por crimen alguno en Estados Unidos según registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y que sus vinculaciones al Tren de Aragua se hicieron sin rigor.
Un informe delInstituto Cato reveló que al menos 50 de los detenidos y deportados venezolanos a El Salvador ingresaron legalmente a Estados Unidos con permiso previo del gobierno estadounidense, no violaron ninguna ley migratoria y fueron separados forzosamente de sus esposas e hijos.
Darwin es uno de esos casos.
—Que Dios te bendiga y te cuide, fue lo último que le dije el sábado 15 de marzo. Desde entonces ni la niña ni yo hemos podido hablar más con él —relata Aida.
Darbelys, quien ya cumplió seis años, le pregunta diariamente a su mamá dónde está su padre. Ambos generaron un vínculo muy estrecho. Darwin cuidaba de su hija los días de la semana en los que a Aida le correspondía hacer guardia como enfermera en la Maternidad del Sur de Valencia.
—Él es su todo. A pesar de que estaba lejos, siempre hablaban a diario, pero ahora no, él desapareció. La ausencia del papá enfermó a mi hija de depresión —cuenta Aida.
Llanto diario, dificultad para conciliar el sueño, desánimo, pérdida de apetito, mirada de tristeza y ansiedad son los síntomas que detectó Aida en Darbelys.
—El no poder oír o ver a su papá le afectó tanto que la niña desarrolló una bronconeumonía, así fue diagnosticada por una médica pediatra. Estuvo a punto de ser hospitalizada, tuve que dejar de trabajar por un tiempo y olvidarme de las guardias de noche para cuidarla.
La niña no sabe que su padre está detenido en una prisión en El Salvador sin ninguna comunicación con su familia. Aida decidió aplicar una estrategia similar a la película italiana “La vida es bella” de Roberto Beningni. Para protegerla le dice a Darbelys que su papá trabaja en una finca lejana donde no hay señal del celular, pero que él está muy bien.
—No quiero que sepa la realidad. Por la noche le leo sus cuentos favoritos para que se duerma, “El rey león” o “El gato con botas”. A veces le pongo mensajes de voz viejos que tengo guardados en el WhatsApp, escuchar la voz del papá le da calma.
Darbelys, quien aprendió a leer y escribir precozmente, redacta con frecuencia cartas dirigidas a su padre, según su mamá. La niña también hace dibujos para su papá casi a diario, por ejemplo, en uno pinta flores y lo que se asemeja a la bandera de Estados Unidos, en otro un corazón violeta. En todos escribe la frase “papá, te amo”.
—El impacto psicológico que tiene una detención arbitraria de un papá en una familia dejada atrás por la migración tiene un efecto devastador para un niño o niña. Perder uno de tus pilares emocionales reafirma el temor de no volver a verle y los deja en una condición aún más vulnerable —explica el psicólogo y coordinador adjunto de Cecodap, Abel Saraiba.
—Contar con la protección y apoyo de la mamá en una experiencia de este tipo es invaluable, es un refugio afectivo. Mi recomendación es que el niño o niña también tenga un acompañamiento psicoemocional de un profesional que le ayude a superar las alteraciones del estado de ánimo y recuperarse —agrega Saraiba.
La familia Hernández Díaz no tiene los recursos para contratar un abogado y estuvieron muy desorientados respecto a qué hacer, por lo que acudieron al gobierno venezolano para pedir ayuda.
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó oficialmente la detención de los venezolanos, exigió la excarcelación y repatriación de los presos en El Salvador y en un comunicado precisó “que se criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana” porque “fueron condenados sin el debido proceso”.
El gobierno asumió el caso de manera colectiva a través de la Fiscalía General de Venezuela y la contratación de una firma de abogados en El Salvador que representa al Estado venezolano y a los familiares de los detenidos.
La responsable de la familia de Darwin en las gestiones ante el Ministerio Público es la suegra de Aida, Carmen Carache, quien se traslada desde Valencia hasta Caracas cada vez que debe acudir a una reunión o trámite.
—Yo no puedo, debo trabajar y cuidar a mi hija —comenta Aida, quien desde la detención de Darwin quedó en condición aún más vulnerable al dejar de recibir las remesas que cada mes enviaba su esposo para la manutención de ella y de la pequeña Darbelys porque su sueldo de enfermera apenas alcanza.
Según un informe de Human Rights Watch (HRW), los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador han sometido a los venezolanos deportados y encarcelados a desaparición forzada y detención arbitraria.
—Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rigth Watch.
En la investigación de Human Right Watch también se precisa que esta acción ha dejado a estos inmigrantes por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso que se traduce en separación de padres e hijos.
Una investigación previa de Human Rigth Watch en conjunto con Texas Civil Rights Project (TCRP) y el Centro Internacional de Derechos Humanos Lowenstein de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale concluyó que en la política de Estados Unidos hay un patrón que vulnera los derechos de los migrantes y somete a las familias a separaciones forzadas que se deben evitar.
—La mayor angustia es no saber nada de él, que esté incomunicado, que mi hija no pueda hablar con su papá. Es una angustia muy dolorosa que se siente en el pecho —insiste Aida.
Carlos Trapani, abogado especialista en derechos del niño y coordinador general de Cecodap, considera que en este caso se debe analizar los derechos de los migrantes bajo la mirada de protección integral del niño o niña.
—La no separación de las familias es un mandato y debe prevalecer el interés superior del niño —afirma Trapani.
La Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional que define las pautas de protección general y el marco regulatorio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el mundo, establece que todo niño o niña requiere una doble protección en el tema de migración, tanto por su condición de niño como por su condición de migrante o hijo de migrante.
El derecho a la familia no solo significa formar parte de un núcleo familiar, también es mantener contacto permanente o regular con los padres aun cuando estén en residencias separadas o en países distintos.
Por su parte, en la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, se precisa que no solo es migrante quien se va sino también los hijos de migrantes que permanecen en el país de origen y son dejados atrás. La niña Darbelys tiene este perfil y también derechos que la protegen.
—Las detenciones arbitrarias que implican separación de padres de sus hijos son contrarias a los principios generales de protección integral a los niños y vulneran los derechos humanos de los hijos de estos migrantes —subraya Trapani.
—A pesar de todo, tengo mucha fe de que pronto quedará libre. Él se reencontrará con nosotras. Si hay justicia, Darwin regresará a casa —dice convencida Aida.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Fundación El Amparo Internacional y el Comité de Defensa de los Tachirenses Inmigrantes denunciaron “graves violaciones a los derechos humanos de migrantes venezolanos”, especialmente del estado Táchira, que fueron deportados desde Estados Unidos y actualmente permanecen detenidos en El Salvador.
El medio La Nación recoge la denuncia que hizo tras una visita al país centroamericano Walter Márquez, presidente de la fundación, quien calificó la situación como un “limbo jurídico” y un posible crimen de lesa humanidad.
Durante su visita, Márquez y familiares de los detenidos sostuvieron reuniones con autoridades salvadoreñas como la Dirección General de Peticiones y la Procuraduría de Derechos Humanos, así como con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, a quienes solicitaron información sobre la salud, condiciones carcelarias y situación legal de los migrantes.
«Pudimos comprobar que están incomunicados, que no hay debido proceso, que algunos de ellos han sido torturados y golpeados», denunció Márquez.
También se alertó que varios de los migrantes fueron enviados a El Salvador pese a tener órdenes judiciales en EEUU para ser deportados a Venezuela.
Denunciarán ante instancias internacionales
Ante la falta de respuestas a los recursos presentados en la Corte Suprema salvadoreña, la fundación y familiares planean elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas. También se solicitarán medidas cautelares y una investigación internacional por posibles crímenes de persecución, tratos inhumanos, tortura y encarcelación arbitraria.
“Hemos decidido pedirle a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la Consejería de Hacienda de Washington, que abra una investigación sobre este caso y que también acuerde medidas cautelares, medidas de protección, medidas de urgencia para que sean puestos en libertad estos migrantes tachirenses que están encarcelados de manera grave en El Salvador”, insistió Márquez.
Añadió que pedirán también la intervención diplomática del Vaticano como parte de una campaña por la liberación de los venezolanos detenidos en condiciones inhumanas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
