Trabajadores del sector educación en el estado Zulia denunciaron la suspensión injustificada de salarios por parte del Ministerio de Educación, una medida que ya afecta a más de 3000 personas, incluyendo docentes, personal administrativo, obreros y madres cocineras.
La situación se agrava por el hecho de que entre los afectados hay mujeres con permisos pre y posnatal, personas con procesos de incapacidad y trabajadores próximos a recibir su jubilación.
La denuncia fue hecha por un vocero del sector, que por razones de seguridad solicitó el anonimato. Según relató a Radio Fe y Alegría Noticias, un funcionario del Ministerio se presentó en una asamblea de trabajadores en el municipio San Francisco y anunció la salida de hasta 11 000 empleados del sistema educativo.
“Llegó e inmediatamente empezó el ataque frontal contra los trabajadores, sobre todo a las organizaciones sindicales que están con el proceso revolucionario”, denunció.
Organizaciones sindicales han alertado que esta situación no es exclusiva del Zulia. En el estado Lara, al menos 700 trabajadores en condición de incapacidad también han sufrido la suspensión de salarios y beneficios. Esta decisión ha afectado gravemente su acceso a alimentación, atención médica y a los bonos sociales del sistema Patria, según informaron gremios regionales.
El vocero zuliano hizo un llamado directo al ministro Héctor Rodríguez para que intervenga y se haga justicia: “Es necesario que se tomen medidas para proteger a los trabajadores del sector educativo, que hoy son víctimas de arbitrariedades”. La denuncia se suma a una creciente ola de reclamos laborales en el país.
Instan a la OIT y CIDH investigar despidos masivos
La organización Formación para la Dirigencia Sindical (Fordisi) denunció el pasado 16 de junio que al menos 40 000 docentes activos han sido despedidos durante el año escolar 2024-2025.
Su coordinadora nacional, Gricelda Sánchez, aseguró que algunos educadores han sido suspendidos hasta cuatro veces en lo que va de año, sin expediente administrativo ni respeto al debido proceso, lo que representa una clara violación del derecho a la defensa.
En entrevista para el Diario TalCual, cuestionó que, hasta la fecha, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, no haya ofrecido declaraciones públicas ni respondido a las solicitudes formales de reunión presentadas por el gremio docente.
Fordisi pidió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigue estos despidos masivos de trabajadores de la educación en Venezuela.
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