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Confirman el asesinato del capitán indígena Julio Rodríguez

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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) confirmó el asesinato del capitán indígena del pueblo Jivi Ekunay, Julio Rodríguez, quién se encontraba en situación de desaparición forzada desde hace ocho días, tras haber sido secuestrado por presuntos miembros de las disidencias de las FARC, en el estado Bolívar.

El pasado 2 de agosto, autoridades indígenas del territorio ancestral Mapoyo denunciaron el secuestro de Rodríguez, capitán de la comunidad Jivi Ekunay, en Los Pijiguaos.

Luego de la desaparición forzada de Rodríguez, una comisión de líderes y jóvenes indígenas que salió a buscarlo fue emboscada en el sector Vincler. Los afectados denunciaron que fueron atacados por drones que sobrevolaron la zona, lanzando artefactos explosivos.

Alirio Rodríguez, adulto mayor, resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al hospital de Los Pijiguaos.

Estos hechos fueron denunciados oportunamente ante la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal.

48 indígenas asesinados

De acuerdo con los registros de Provea, 48 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública y actores no estatales, incluyendo presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN, desde 2010.

Los reportes de 2025–2026 confirman ataques armados y asesinatos de guardianes del territorio en medio de la disputa entre mineros ilegales y grupos armados.

La presencia de grupos irregulares armados en el sur de Venezuela ha resultado en otros asesinatos contra líderes indígenas.

El 1 de julio de 2022 se conoció el asesinato de Virgilio Trujillo Arana, de 38 años. Era líder del pueblo indígena Hüotüja, en el estado Amazonas.

El 4 de septiembre de 2024, también en el estado Amazonas, fue asesinado Joaquín Hernández, uno de los guardianes territoriales, integrante de las brigadas indígenas de protección de fronteras y recursos, del pueblo Yekwana.

Tras denunciar la minería ilegal en su territorio, fue Freddy Menare, fundador de la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja de la Cuenca del Sipapo (OIPUS)¿ fue asesinado el 12 de mayo de 2017.

Exigen investigación y sanciones

La ONG Un Mundo Sin Mordaza instó al Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas a iniciar una investigación penal y forense inmediata, independiente, imparcial y efectiva que permita determinar la causa, el momento y las circunstancias de la muerte de Julio Rodríguez.

Provea advirtió que mientras persista la imposición de medidas que afectan los derechos de los pueblos indígenas por parte de las autoridades, la ausencia institucional y democrática del Estado, y se consoliden las estructuras criminales que disputan el territorio, “estas comunidades seguirán amenazadas”.

La organización defensora de derechos humanos exigió una investigación y sanción oportuna para los responsables de este hecho, y la adopción de medidas urgentes para salvaguardar la vida y los territorios de los pueblos indígenas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

25 años esperando justicia: el caso de Linda Loaiza suma otro diferimiento

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El proceso judicial por el caso Linda Loaiza volvió a ser diferido, sumando un nuevo retraso al expediente que ya supera los 25 años sin una resolución definitiva en el sistema de justicia venezolano.

El aplazamiento se suma a una larga secuencia de postergaciones que han marcado el caso desde el año 2001.

Sobre el diferimiento de la audiencia, López expresó que para las víctimas de violaciones de derechos humanos “cada espera prolonga las heridas y la búsqueda de verdad y justicia”.

Loaiza no informó la causa del nuevo diferimiento de la audiencia.

Después de una década, otro desplante

El pasado 8 de agosto, la abogada y defensora de derechos Linda Loaiza informó a través de sus redes sociales que fue notificada formalmente por las autoridades judiciales para la celebración de una nueva audiencia en el caso que se sigue en contra de Luis Antonio Carrera Almoina.

De acuerdo a una misiva, la cita fue fijada para el próximo martes 11 de agosto a las 11 de la mañana ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

La audiencia estaría a cargo de la magistrada oficialista Gladys Gutiérrez Alvarado, quien el pasado 15 de diciembre de 2016 ordenó a una sala distinta a conocer los recursos de apelación interpuestos tanto por el Ministerio Público como por López Soto en su condición de víctima y querellante

La activista enfatizó el retraso procesal que ha rodeado su causa al reanudarse este trámite diez años después del dictamen del máximo tribunal. 

Sentencia ignorada

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en el caso de Loaiza, quien fue víctima de tortura y abuso sexual. 

Pese a esta decisión que responsabiliza al Estado venezolano, la abogada y defensora de derechos humanos denunció que la sentencia sigue siendo ignorada por el gobierno venezolano.

“El paso del tiempo no convierte la impunidad en justicia”, expuso el comunicado.

De acuerdo al testimonio de Loaiza, esta fue secuestrada por Carrera Almoina en marzo de 2001 y durante cuatro meses fue abusada sexualmente, mutilada, agredida y torturada. Fue rescatada por bomberos y funcionarios policiales.

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OVP denuncia la muerte de tres privados de libertad

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Este martes, 11 de agosto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de tres privados de libertad en distintos centros penitenciarios del país.

A través de su cuenta en X, el OVP reportó el fallecimiento de Anthony José Portillo Gómez, recluido en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito. Portillo murió el pasado 20 de julio tras presentar complicaciones de salud asociadas a un cuadro neurológico y enfermedad arterial hipertensiva.

A este caso se suma el de Víctor José Salgado, privado de libertad en el Internado Judicial Rodeo IV, quien falleció en el Hospital Dr. Domingo Luciani también por causas vinculadas a su estado de salud.

El tercer fallecido es Adrián Felipe, recluido en el Centro Penitenciario Fénix Lara. Según el OVP, murió en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda tras presentar deshidratación severa, hipotensión arterial y síndrome diarreico agudo.

¿Dónde están los responsables?

Aunque el OVP aclaró que los tres fallecidos ocurrieron en cárceles distintas, cuestionó los mecanismos que están activando las instituciones venezolanas para impedir que una persona enferme, se deteriore y finalmente muera mientras permanece bajo responsabilidad del Gobierno.

“si existen personas privadas de libertad con enfermedades graves, cuadros de deshidratación, hipertensión, diarreas persistentes u otras condiciones que pueden comprometer sus vidas, la actuación institucional debe producirse antes de que lleguen a una emergencia hospitalaria y no cuando ya es demasiado tarde”, indicó el OVP.

El observatorio instó a la Defensoría del Pueblo a responder sobre las inspecciones que realiza en las cárceles y a ejercer la misión constitucional de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos de los privados de libertad.

También se dirigió al Ministerio Público y cuestionó la actuación de los fiscales en materia de derechos humanos ante las reiteradas muertes de personas bajo custodia estatal.

En ese sentido, el OVP indicó que a ambos organismos les corresponde investigar si existieron omisiones, retrasos en la atención médica o en los traslados hospitalarios y determinar responsabilidades cuando la falta de actuación de un funcionario pudo contribuir al deterioro o muerte de una persona privada de libertad.

Para el Observatorio Venezolano de Prisiones resulta necesario interpelar al Poder Judicial y, particularmente, a los jueces de ejecución, quienes llevan el control del régimen penitenciario y están en la obligación de supervisar las condiciones de reclusión, velar por el respeto a la dignidad humana e inspeccionar los establecimientos penitenciarios.

La prevención es clave

El OVP insistió en que la prevención de estos sucesos exige que la Defensoría supervise y actúe, que los fiscales con competencia en derechos humanos investiguen y determinen responsabilidades.

Finalmente, la organización exigió “respuestas, actuaciones verificables y responsabilidades”, porque proteger el derecho a la vida de las personas privadas de libertad “no es una concesión ni un acto de buena voluntad, sino una obligación del Estado”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Familia venezolana se encuentra desaparecida en Cali

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Desde este lunes 10 de agosto a tempranas horas de la mañana, una familia conformada por tres venezolanos se encuentra desaparecida luego del colapso del edificio Vanessa en la carrera 44 de Cali, ciudad colombiana que fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,4. 

Se trata de Juan Vivas, Yelitza González y José Juan Vivas, según informó vía telefónica para el programa radial de Shirley Varnagy en Onda 107.9 FM, SolMaría Vivas, sobrina de este primero. 

“Su última conexión de WhatsApp fue a las 7:15 am”, dijo Vivas, quien recordó que el sismo se produjo 15 minutos después y provocó la incomunicación de miles de personas.

Vivas, quien reside en España, sentenció que en Cali no hay familiar alguno de la familia conformada por dos mayores y un menor de edad. “En realidad Juan y Yelitza son abuelos de José Juan, sus padres están en Estados Unidos e iban volando a Colombia, su abuela materna va viajando desde Venezuela por tierra por el tema de la insuficiencia de aeropuertos operativos tanto en Venezuela como allá en Colombia”, relató.   

Vivas sentenció que la única conexión que existe con Cali es por medio de los amigos de José Juan, quien está en una academia de béisbol.  

La sobrina de uno de los desaparecidos expresó que no han tenido la oportunidad de comunicarse con los consulados de Venezuela en Colombia y pidió ayuda de cualquier organismo para ubicar a sus afectos. 

Varnagy difundió a través su cuenta de Instagram los números de contacto dispuestos por la familia para recibir cualquier tipo de información que permita dar con el paradero de los tres ciudadanos venezolanos.

El terremoto que sacudió gran parte de Colombia ha dejado un saldo preliminar de más de 160 muertos, y cerca de 670 heridos

Pereira y Cali son las ciudades más afectadas por la tragedia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Pdvsa mantiene flota irregular pese a formalización de negocio petrolero 

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Una investigación de Transparencia Venezuela reveló que a pesar de la supuesta formalización del negocio del petróleo en Venezuela, ahora en manos de la administración de los Estados Unidos, 72% de la flota operativa es irregular.

De acuerdo a la ONG, apenas en julio de 2026 se identificaron 46 buques que operaron a escondidas, de los cuales 14 se encontraban sujetos a sanciones y 32 fueron clasificados como furtivos, constituyendo la mayor cifra registrada desde junio de 2025.

Se detectaron doce buques operando a oscuras entre los meses de mayo y junio de 2026, un número inferior a los 31 identificados en diciembre de 2025. 

A juicio de la ONG, la flexibilización de sanciones y la vigilancia del tráfico marítimo en Venezuela habrían motivado el encendido de señales de los buques irregulares.

Según Transparencia Venezuela, el aumento de las exportaciones legales contribuyó a que de 32 buques sancionados y furtivos operando en julio de 2025 se pasara a 105 en julio de 2026.

Los fantasmas del Caribe

A través de la filtración de una comunicación interna de la vicepresidenta de Comercio y Suministro Internacional de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa), Anabel Pereira Fernández, al vicealmirante José Rafael González Torrealba, director general de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (Ochina), Transparencia Venezuela comprobó que la mayoría de los tanqueros propios y abanderados por terceros arrastra sanciones o navega de forma furtiva.

La organización informó que de los 22 tanqueros propios de Pdvsa, apenas cinco están activos, de los cuales tres operan de manera furtiva (Colón, Anita y Río Orinoco), uno está sancionado (Soldier) y apenas uno se encuentra sin restricciones (Negra Hipólita).

De acuerdo a la filtración, Pdvsa controla 56 buques abanderados por otros países, de los cuales todos están activos y solo 16 de ellos no son furtivos ni sancionados. De este grupo seis operan junto a la empresa estatal cubana Cubametales, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desde 2019. 

A juicio de la ONG, persisten las alianzas con aliados estratégicos tradicionales expertos en evadir sanciones como Cuba, Rusia e Irán, lo que ha permitido a la estatal petrolera la incorporación de buques irregulares a la flota. 

La investigación reveló que en junio de 2026 se identificaron 29 empresas operadoras extranjeras de los buques sancionados y furtivos y en julio la cifra subió a 34.

De acuerdo a la ONG, Asia Charm Ltd FZE de Emiratos Árabes Unidos es la principal empresa marítima operadora con diez buques en ambos meses. La mayoría de los tanqueros tenían bandera de Panamá, seguida por las Islas Gomorra y Guinea.   

Se conoció que en la etapa de flexibilización de sanciones la cantidad de buques con bandera de las Islas Marshall es similar a la de Panamá, seguidos por buques abanderados en Malta. 

Según la organización los tanqueros han aprovechado la oportunidad para llevar a cabo  prácticas de trasiego, señales apagadas, reetiquetado del crudo y spoofing (suplantación de identidad) a nivel internacional.

A juicio de Transparencia Venezuela, las licencias petroleras que permiten la comercialización con Chevron y Repsol, y  otras empresas de trading como Vitol, Trafigura, Atlantic Trading and Market, Valero Marketing and Supply, Maersk Oil Trading, entre otras, no han sido suficientes para que Pdvsa abandone los negocios con la flota de buques irregulares. 

Transparencia Venezuela informó que hubo una disminución del número de buques en junio de 2026, la cual pudo haber estado asociada con el doblete sísmico que sacudió al país, sin embargo en julio la actividad se recuperó, registrándose la mayor presencia de buques internacionales.

La ONG también expuso que sigue el ingreso de nuevos tanqueros a puertos petroleros venezolanos: en mayo se identificaron 40 embarcaciones, en junio arribaron 20 y en julio otras 28.

La organización reportó que aunque las exportaciones petroleras de julio bajaron a 1,16 millones de barriles diarios, la producción tuvo una senda creciente y se espera que continúe en los últimos meses de 2026. En julio los envíos a Estados Unidos aumentaron a 780 mil barriles diarios, la mayor cantidad desde 2019.

“Más producción y exportación petrolera no son suficientes si no existe rendición de cuentas sobre las condiciones en que ocurren ni sobre los recursos que generan. La recuperación de la industria exige reglas claras y transparentes en las negociaciones con inversionistas y empresas de comercio”, expuso la investigación. 

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PCV acusa al PSUV de conservar el poder mediante la “entrega del país” tras la incursión militar de EE. UU.

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El Partido Comunista de Venezuela (PCV) acusó este lunes, 10 de agosto, al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de conservar el poder a través de “la entrega del país” desde el 3 de enero, cuando Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos por autoridades de Estados Unidos mediante una intervención militar.

En la intervención del PCV ante el 24° Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros (La Habana, Cuba), la representante de la tolda comunista cuestionó que la “cúpula gubernamental” demostró no solo su “incapacidad”, sino también la “falta de voluntad política” para “defender la soberanía nacional”.

Tras la incursión militar, añadió el PCV, el PSUV se mantiene en el poder a través de la figura de gobierno encargado, presidido por Delcy Rodríguez, el cual denunciaron “mantiene el ajuste contra la clase obrera y preserva las condiciones al gran capital”.

“Esa dirección política ha permitido la presencia de la CIA y del Comando Sur en territorio venezolano, y tras los terremotos, con la excusa de la ayuda humanitaria, ha facilitado el despliegue de fuerzas militares sionistas que, según ha informado la propia Delcy Rodríguez, participarán en el proceso de reconstrucción del país. La subordinación política al imperialismo también se expresa en el cese del suministro de petróleo y combustible a Cuba y una inédita reforma de la legislación para entregar la industria petrolera al capital transnacional”, sumó el PCV en el comunicado.

Por otra parte, criticaron las afirmaciones del presidente Donald Trump, quien dijo en semanas pasadas que su gobierno recuperó el costo de la incursión militar al haber recabado 13 mil millones de dólares por la venta de petróleo venezolano. Para el PCV, se trata de un “saqueo” que “contrasta con la realidad de un país donde casi 70 % de los hogares se encuentran en pobreza, un tercio se encuentra en pobreza extrema y atraviesa además una crisis de suministros y del servicio en general del agua y de la luz”.

También señalaron que el gobierno de Trump encontró favorables a sus planes las políticas “antiobreras, antipopulares y antidemocráticas” ejecutadas en años anteriores por el gobierno de Maduro, resaltando hechos como la “destrucción de salario, la eliminación de las convenciones colectivas, las restricciones a las libertades sindicales y la criminalización abierta a la lucha obrera”. Además, recordaron la intervención judicial contra partidos políticos, hecho del cual es víctima el propio PCV.

“El autoritarismo, la corrupción, el desconocimiento de la voluntad popular en las elecciones presidenciales de 2024 profundizaron el colapso institucional. Actualmente, Estados Unidos coordina con el PSUV y sectores dóciles de la oposición un supuesto plan de transición democrática, que en realidad busca convertir a Venezuela en un nuevo protectorado”, acotaron.

Rechazo al “sionismo” y reanudación de la cooperación con Israel

Entre las palabras que contenía el comunicado, también hablaron sobre el conflicto entre Israel y Palestina. El PCV afirmó que actualmente el mundo está en un “escenario de profunda crisis capitalista marcado por la agudización de la disputa interimperialista y una ofensiva reaccionaria contra los pueblos”, señalando el “rostro más brutal” esto se ve reflejado “en el genocidio perpetrado por (1:12) el sionismo contra el pueblo palestino”.

A propósito de esas críticas, este martes, 11 de agosto, el canciller Félix Plasencia anunció que Venezuela e Israel acordaron “permitir la continuidad de la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto”.

Según el comunicado de la Cancillería, ambas naciones establecerán un “mecanismo de coordinación” que permita la prestación de servicios consulares a sus respectivos ciudadanos residentes en el otro país, “según sea necesario”, dado que los dos gobiernos “reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Funvisis pasa a manos del Ministerio de Ciencia y Tecnología tras fallas en la red sísmica

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La administración interina de Delcy Rodríguez anunció el 11 de agosto la transferencia de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) al Ministerio del Popular para Ciencia y Tecnología en un “movimiento institucional estratégico” que busca reestructurar la organización tras las fallas operativas registradas durante el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

A través de sus canales oficiales de Telegram e Instagram, Rodríguez informó sobre la nueva medida indicando que la decisión se tomó con el propósito de “fortalecer las capacidades científicas y técnicas del país” para la prevención, monitoreo y atención de fenómenos sísmicos. Por lo tanto, según la vocera esta nueva articulación “permitirá seguir consolidando la investigación y el conocimiento científico orientados a la protección de la ciudadanía”.

Cambio de adscripción

El retorno de Funvisis al área científica marca un cambio en la administración de la institución, la cual había permanecido bajo la tutela del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz por decreto de Nicolás Maduro, bajo la “promesa” de potenciar el servico sismológico, hacer inversiones en las estaciones de monitoreo y garantizar la seguridad de las infraestructuras.

Sin embargo, en una investigación realizada por la periodista María Victoria Fermín para Runrun.es reveló que la transición de mando sustituyó la tradición de presidentes científicos por un liderazgo militar. Expertos y ex personal de la organización señalaron que este cambio derivó en un desmantelamiento progresivo con la sustitución de los programas académicos por enfoques burocráticos y por una gran reducción presupuestaria.

El impacto de este deterioro se evidenció el pasado 24 de junio donde la fundación tardó 4 horas y 26 minutos en emitir el reporte oficial con detalles sobre el evento sísmico. Este retraso contrasta con los estándares internacionales del Servicio Geológico de Estados Unidos, institución que procesa y publica información sobre sismos externos en un promedio de 20 minutos, y entre 2 y 5 minutos para eventos locales. 

Un monitoreo reducido

En el año 2000 bajo la adscripción del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Funvisis consolidó un equipamiento moderno con 35 estaciones de banda ancha, cifra que se extendió a 40 estaciones para el año 2014. En la actualidad, la fundación solo funciona como una cuarta parte de la capacidad que poseía anteriormente, del mismo modo los sistemas de monitoreo a nivel nacional quedaron inoperativos, reportando que en múltiples universidades en el país (ULA, UDO) donde sus centros de sismología dejaron de funcionar por falta absoluta de presupuesto y soporte técnico.

La directora del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente (CSUDO) en el estado Sucre, Janette Castillo, confirmó la inactividad de las estaciones por causa de daños en la infraestructura universitaria y la presión presupuestaria. 

Cierre de aulas y pérdida de personal

El reportaje para Runrun.es documentó además el desmantelamiento de espacios de formación y divulgación ciudadana. En 2018, bajo la gestión del vicealmirante Roberto Antonio Betancourt Arocha, la organización clausuró el Aula Sísmica Madeleilis Guzmán, un laboratorio pedagógico creado en 1998 para capacitar a la población frente a emergencias de este tipo.

A la pérdida pedagógica se le suma la asfixia financiera ya que durante más de dos décadas, cerca de la mitad del presupuesto de Funvisis provino de contratos de estudios de amenaza sísmica solicitados por la industria petrolera y con el colapso de PDVSA, la institución pasó a depender de las asignaciones ministeriales, sufriendo además retrasos en la liquidación de divisas para la adquisición de repuestos y equipos importados. 

Actualmente, la crisis se profundizó con la pérdida de capital humano especializado, donde ex empleados y geólogos denunciaron que la gestión militar ejecutó jubilaciones forzadas, dejó de lado a personal experimentado e impuso salarios precarios. Por esto mismo, esta situación provocó una migración masiva de técnicos e investigadores que dejó a la organización sin generaciones de relevo para la evaluación de las amenazas sísmicas en el país.

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Rodríguez ofrece rescatistas a Colombia mientras en La Guaira buscan personas bajo los escombros

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Mientras muchas personas siguen buscando a sus familiares bajo los escombros de edificios colapsados en La Guaira sin apoyo estatal, la presidenta encargada bajo tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, ofreció ayuda humanitaria y un equipo de rescatistas a Colombia ante el terremoto de 7,4 que sufrió el vecino país la mañana de este lunes, 10 de agosto.

En una transmisión en vivo del canal Venezolana de Televisión, Rodríguez afirmó que “a primera hora” del lunes dio la instrucción de “organizar ayuda humanitaria para enviar a Colombia” y el envío de la Brigada Rescatista Simón Bolívar. “Hemos puesto a disposición del gobierno de Colombia nuestros brigadistas para el rescate de las personas que están bajo escombros”, dijo.

La representante del interinato también dijo haberse comunicado con gobernadores del occidente venezolano, quienes están a la espera de que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella “diga para ir a brindar el apoyo solidario de nuestro pueblo”. Además, envió condolencias a quienes perdieron familiares en el terremoto de Colombia, que ya deja más de 160 fallecidos según las autoridades del vecino país.

Son muchos los testimonios de personas que, a casi dos meses del doble terremoto, siguen buscando a sus familiares en las estructuras colapsadas y solicitando maquinaria para poder mover los escombros. Uno de esos casos es el de Valeria Alcalá quien, entrevistada por Venevisión, contó que lleva más de 40 días buscando a su madre y su padrastro, cuyos cuerpos están bajo los escombros de un edificio en Caraballeda.

En La Guaira el pueblo tuvo que salvar al pueblo

Ahora que Delcy Rodríguez anunció su disposición de enviar rescatistas a Colombia, una orden dada en las primeras horas del terremoto en ese país, es preciso recordar que en La Guaira, la región más golpeada por el doble terremoto, la ayuda estatal tardó mucho tiempo en llegar, al punto en que los propios ciudadanos tuvieron que asumir la labor de rescate, aun cuando la tragedia ocurrió dentro del territorio nacional.

Testimonios como el de Rómulo Gedler reflejan la realidad de las primeras horas posterremoto en la entidad litoral: su madre quedó atrapada en el piso 9 de un edificio en Playa Grande y fueron otros familiares quienes lograron rescatarla unas horas después del doblete sísmico. En una entrevista ofrecida a Runrun.es en semanas anteriores dijo que, al no ver autoridades en las primeras horas del hecho, entendió el rol que debía asumir: “El bombero tendría que ser yo”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.