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Presiones para votar marcan el inicio de la jornada electoral

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Llegó el día de las elecciones municipales y de concejales. Casi a las 9:00 de la mañana de este domingo, 27 de julio, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, anunció que estaban abiertas más del 98 % de las mesas electorales de todo el país.

“El proceso se desarrolla con absoluta normalidad. A esta hora (8: 42 a.m.) ya tenemos aperturadas el 98 por ciento de las mesas electorales en todo el país sin reportes de mayores incidencias”, detalló el funcionario.

Además de elegir los 335 alcaldes y 3.471 concejales, este domingo también se realiza una consulta popular nacional juvenil, donde se escogerán más de cinco mil proyectos para las Comunas y Circuitos Comunales. En esta consulta pueden participar a partir de los 15 años de edad.

Y como ocurrió en la elección del 27 de mayo, en estos comicios municipales también se vio baja asistencia de electores a los centros de votación desde el inicio de la jornada. Según el recorrido del medio aliado TalCual, en el centro Dr. Jesús Arocha de Petare acudieron pocos electores, pero se vieron más que en centros del municipio Libertador.

Asimismo, el medio reportó que en el Colegio Andrés Bello de la avenida México, las mesas de votación estaban vacías pasadas las 8:00 de la mañana. Solo se veían miembros de mesa en el lugar.

Centros vacíos en el interior

La situación de los centros electorales vacíos también se replicó en otros estados del país. En centros electorales de Miranda, Mérida, Aragua, Táchira, Lara, Bolívar, entre otros, la asistencia que se registró al inicio de la jornada fue sumamente baja.

“Otra farsa electoral montada por Maduro para el día de hoy. Desde temprano se ven los centros vacíos”, “Soledad total. Centros vacíos y calles solas en Barquisimeto. El pueblo venezolano no se rinde y mantiene su dignidad y espíritu libertario intacto”, son algunos de los mensajes que se leen en la red social X.

Irregularidades

Como en otros procesos electorales, los votantes han denunciado algunas irregularidades. En el Colegio Fermín Toro de Caracas, según el reporte de TalCual, ciudadanos denunciaron que tras votar en las elecciones municipales les indicaban que es obligatorio participar en la consulta popular, aunque muchos de ellos no iban por esta elección.

Otra de las ya conocidas irregularidades son las presiones de jefes de calle y consejos comunales para que los ciudadanos vayan a votar. En Catia, municipio Libertador, una ciudadana denunció que en el grupo de WhatsApp del consejo comunal desde temprano mandaban a la gente a salir a votar. “Y el señor del gas también nos dijo que le avisáramos por privado después de votar”, dijo.

Pero no es una táctica que apliquen solo los seguidores del chavismo, pues en el municipio Chacao el alcalde Gustavo Duque también ha bombardeado los grupos vecinales pidiéndole a los habitantes del municipio que salgan a votar. “Acérquese a su centro electoral y empecemos a votar”, dijo Duque en un video enviado a través de estos grupos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

“Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer” y otras perlas de Edmundo González

El 28 de julio de 2024 se cumple un año de las elecciones presidenciales, una fecha que cambió el rumbo del país entero, pero sobre todo la vida de Edmundo González Urrutia. Según los resultados difundidos por el Comando ConVzla, el conteo de votos le daba la victoria al candidato opositor, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) afirmó -aún sin presentar pruebas con las actas- que Nicolás Maduro fue el ganador.

A pesar del reconocimiento nacional y de gran parte de la comunidad internacional, Edmundo González tuvo que exiliarse en Madrid (luego de estar refugiado en la Embajada de Países Bajos y luego en la de España). Desde la capital española, el opositor sigue trabajando para que -como lo ha dicho en múltiples ocasiones- se haga respetar la voluntad de los venezolanos en las urnas.

En una entrevista que concedió al medio El País de España, González Urrutia reconoció que la meta fijada para el 28 de julio del año pasado no se alcanzó porque “no estábamos compitiendo con las mismas reglas”. Aun así, mantiene su postura de que aquel día hubo un “megafraude”.

¿Para qué sirvieron las elecciones y cuáles son los avances?

“Esas elecciones eran una meta que, evidentemente, no se alcanzó porque no estábamos compitiendo con las mismas reglas. Con reglas democráticas no hubiera pasado lo que pasó. Este es un régimen que se aparta de toda convivencia democrática y que no tiene freno a nada. Nosotros seguimos en nuestra lucha para recuperar la voluntad popular que se expresó en julio pasado y lo vamos a lograr en cualquier momento. Cada paso es un avance”.

Sobre los avances alcanzados a la fecha, señaló: “Cuando uno observa el número de países que nos han reconocido, así como las declaraciones y los acuerdos que se han producido a lo largo de este año, uno ve que la comunidad internacional guarda un claro respaldo a nuestra candidatura. Estamos compitiendo con un gobierno que no tiene límites y que está cada vez más aislado”.

“Se dice mucho del respaldo de las Fuerzas Armadas. En todos los centros de votación que funcionaron en instalaciones militares gané yo. En todos. Esa es la prueba más fehaciente de que ellos están conscientes de que ya perdieron la legitimidad popular que en algún momento tuvieron”.

“María Corina [Machado] es una líder nacional a la que hicieron todo lo posible por acallar. No le permitieron presentarse en las elecciones y le pusieron todas las trabas a su candidatura y ganó ampliamente. Se ha tenido que refugiar y apartarse. No es fácil, claro. Vivir en esta situación implica tener una capacidad de resiliencia muy fuerte. Y en eso estamos. Cada vez que voy al exterior y me encuentro con un dirigente o un presidente extranjero, lo que te dan son ánimos, muchos ánimos”.

Apoyo internacional e intervención del gobierno español

Al ser consultado sobre una mediación internacional para que se reconocieran los resultados, dijo: “Las negociaciones siguen. Creo que hay muchos gobiernos que están conscientes de que eso fue un megafraude y que, por esa razón, han dejado de reconocer al régimen de Nicolás Maduro. Nosotros estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Desde fuera, yo y desde dentro, María Corina, con todas las limitaciones que tiene”.

“Yo tengo interlocución con todos los sectores políticos de España, empezando por el Gobierno. A los pocos días de haber llegado tuve una muy franca y grata reunión con el presidente del Gobierno. Después he tenido dos conversaciones informales, muy gratas, con el canciller [ministro de Exteriores] Albares. Y he visitado a todos los líderes de los partidos políticos del Congreso de los Diputados”.

“El respaldo permanece, claro. He estado invitado a actos políticos de los partidos en distintas ocasiones. Y al presidente Sánchez lo vi en Barcelona en octubre”.

Sobre el canje de presos entre Venezuela y EEUU

“Yo pienso que es un éxito para quienes lograron la libertad. El Gobierno se empeña en negar que tuvo conversaciones, por ejemplo, con Marco Rubio, que fue un actor clave en las negociaciones. Ahora, hay cosas que son realmente extrañas, como el caso de ese personaje, un asesino de tres personas en España. ¿Cómo llega ese hombre a estar allí? Es algo muy oscuro y sospechoso”.

Y sobre lo que puede haber detrás de eso, expresó: “No sé, pero no creo que haya sido algo ingenuo. Eso tiene que tener una explicación, porque alguien que tiene esos antecedentes…”.

Sobre su yerno Rafael Tudares, quien lleva casi 200 días encarcelado, añadió: “No hemos tenido una sola palabra por parte de las autoridades. Lo que sabemos es por comentarios de personas que lo han visto en El Rodeo, donde está en prisión. Mi hija ha ido allá. ‘Aquí no está’. Esa es la respuesta. Va regularmente, todas las semanas y le dicen: ‘No, aquí no está’. Eso es una forma de tortura también. Ya casi tiene nueve meses sin verlo”.

El trato de EEUU hacia los migrantes

González Urrutia también fue consultado sobre el trato que ha dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los migrantes venezolanos, considerando que es “un dilema muy difícil de aceptar”.

“Puede haber personas que hayan tenido temas con la justicia. Pero la mayor parte de ellos son trabajadores que han contribuido al progreso de la región, que tienen muchísimos años viviendo ahí, que se han incorporado a la sociedad norteamericana. Pero mucha gente honesta tendrá que regresar y tratar de rehacer sus vidas”.

¿Y Marco Rubio puede ser un interlocutor ahí?, le preguntaron. A lo que contestó: “Lo ha sido en el pasado. Hemos tenido conversaciones con él sobre ese y otros temas. Siempre ha sido alguien muy dispuesto y muy comprensivo con el tema de los venezolanos”.

Elecciones municipales

“Nosotros acordamos no participar porque no son elecciones libres ni justas ni transparentes. Es prácticamente un arreglo que ha hecho el Gobierno para limpiarse la cara y venderse como un gobierno democrático”.

Y sobre las opciones que quedan, dijo: “Seguir luchando. Esta es una pelea del bien contra el mal. Es muy desequilibrada porque quien tiene todas las herramientas a la mano, quien está en el poder, las utiliza sin ningún reparo. Y las utiliza en todo sentido, desde las cuestiones morales para quebrarnos, hasta las materiales, como mandarnos a encarcelar”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

El mercado esclavista de Venezuela

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La constatación del comercio de esclavos reinstaurado en Venezuela durante los recientes lustros, y la participación en el mismo del señor José Luis Rodríguez Zapatero, revela con crudeza lo que, para mí, se limitaba a un ejercicio intelectual y académico. Uno de mis últimos libros –prologado por el eminente constitucionalista mexicano Diego Valadés– lleva por título, justamente, El derecho internacional y su deconstrucción en el siglo XXI.

Lo significativo es que lo que ocurre ante la vista inerme del mundo Occidental, a saber, el trasiego de vidas humanas y su intercambio entre gobiernos, como si se tratase de una venta de reses en pública almoneda, dice algo más grave y ominoso que la ocurrencia repetida de violaciones sistemáticas del derecho a la libertad y a la integridad personal de un grupo de personas.

En el caso, se trata preferentemente de venezolanos o de cualquier otra “especie de animal irracional” – así se les ve y trata – que, a juicio de sus mercaderes, resulte de interés para un trueque y la repartición de sus beneficios, ora de poder bruto y no solo dinerario.

Presenciamos, en suma, algo más que un simple deterioro del moderno Estado constitucional y democrático de derecho o la ineficacia protectora de derechos fundamentales por los órganos naturales de tutela, los jueces. Hemos dado vuelta atrás a las páginas de la historia, hasta el momento de anomia previo y conocido, cuando menos por Venezuela, antes de constituirse en parte de la organización colonial de la monarquía española.

Los indígenas nuestros, como en otras latitudes del territorio que Francisco de Miranda llamara Colombia Americana, practicaban entre ellos la esclavitud, mucho antes de la llegada a tierra firme de los primeros adelantados. Los arauacos del delta del Orinoco usaban la expresión maco para identificar a todo aquel que era reducido a esclavitud, e itotos les decían los caribes. Estos, por cierto, eran dados a secuestrar a los pacíficos arauacos para vendérselos a traficantes holandeses, al punto de que grupos importantes de aquellos abandonaron nuestro territorio. Migraron por el collar de islas del norte hasta alcanzar Puerto Rico. Una y otra de tales comunidades primitivas comerciaban sus esclavos para obtener a cambio algunas mercancías.

Es parte de esta historia, por lo demás, lo que resulta impertinente a la inhumanidad de los “negreros”, sean Zapatero o el mismo Nicolás Maduro Moros, socios comanditantes en la empresa esclavista venezolana, a saber, la negativa que diera España al intento de Cristóbal Colón de vender un lote de 500 indios en Andalucía. Apercibió a los negociadores y contraventores de su real orden con la amenaza de muerte. Mas, como siempre ocurre, los interesados en el vil negocio de la trata le hicieron saber a la Corona de una resistencia indígena –absurda en un territorio como el nuestro al que las crónicas describen despoblado y con miríadas de indios dispersos y nómades– a fin de justificar su posterior sometimiento y esclavitud. Ahora se les califica, indiscriminadamente, como fascistas, terroristas, traidores a la patria, o migrantes ilegales.

Pero la suma de reducidos era peccata minuta durante esa elipse colonial en la que, al término y como ocurrió en la Nueva Granada que adosaba a los venezolanos, los esclavos se integraban a las familias de sus amos como trabajadores domésticos o “ayas” de sus hijos, o como amantes que esperaban el “blanqueamiento” de sus hijos naturales. Distinto es el caso de los encarcelados en Venezuela, no pocos víctimas de maltratos incluidos los sexuales como lo precisa Naciones Unidas y que frisa un número que ya se aproxima al millar.

A inicios y mediados del siglo XVI los españoles trajeron a Buría –parroquia larense– 80 esclavos; misma cifra que recién prometió liberar el régimen madurista, sin cumplirla. Entre tanto don Simón de Bolívar solicitó permiso al rey para importar unos 3000 africanos. A finales de señalado siglo llegarían a La Guaira en buque portugués unos 172 esclavos y al año siguiente, en 1594, otros dos cargamentos que agregaron 284 más; monto, el último, que rememora el número similar de los despachados desde las jaulas de El Salvador tras el negociado emprendido por su presidente Nayib Bukele.

Que en este último caso y a las liberaciones recientes de 9 norteamericanos –uno buscado por la justicia española, que pasó por alto el señor Zapatero– se le hayan agregado unos 48 libertos como contraprestación del régimen a sus alacranes y para usarlos de mostrario para la parodia electoral circense del venidero 27 de julio, apenas muestra la saña y la manera como ceban sus bajos instintos los traficantes con el dolor y la esperanza de los encarcelados y sus familias. ¡Y es que cada liberación tiene su costo! No expresa un cometido humanitario.

La introducción de esclavos fue prohibida por la Junta de Gobierno establecida en Caracas, el 19 de abril de 1810. Y si bien el comercio interno fue proscrito a partir de 1854, la libertad de los esclavos fue la obra de una transacción dineraria entre el Estado y sus dueños. Para uno y para otros la dignidad de la persona es solo un nominalismo constitucional, todavía más durante el tiempo del “monagato”. Cada esclavo tuvo como precio 190 pesos. 

No por azar, la caída de nuestras dos primera repúblicas, según se afirma, hubo lugar por la falta de apoyo de la mayoría social de mestizos y de esclavos a los patriotas; estaban persuadidos del mejor trato que, a diferencia de los mantuanos locales o la oligarquía criolla, les brindaba España a través las Leyes de Indias. Fueron el embrión del moderno derecho laboral y social. La regulación del trabajo, el trato humano, la alimentación y la vivienda eran cuestiones de importancia fundamental. De allí la inefectividad de la medida que dictara el Libertador en 1816, desde Carúpano, liberando a los esclavos, incluidos los suyos, sitos en las haciendas de su familia y que llegaron a ser unas 2000 almas. Ninguna le siguió.

El asunto es que para el comercio actual y desembozado de esclavos venezolanos ni cuentan las leyes, ni tienen los jueces capacidad efectiva para contenerlo, al verse desconocidos por sus regentes, los mismos gobiernos que se han hecho de ese mercado o que participan del mismo, por rentable, políticamente, o al menos eso creen.

Crímenes de lesa humanidad

Que el régimen de Caracas considere que los presos políticos son cosas disponibles y negociables, y que las toma y trata como si fuesen de su propiedad, nadie lo duda. Está a la vista la experiencia, que es palmaria.

¿Sabrán los administradores de este mercado de esclavos emergente e integrado por venezolanos y otras víctimas que recoge el régimen madurista en su propio terreno, o se los sustrae al exterior en práctica abierta de “abigeato”, que tal actividad es constitutiva de un crimen de lesa humanidad?

Y cabe precisar, al respeto, que la privación de libertad como ataque sistemático contra la población civil –en el contexto mercaderil y de esclavitud enunciado antes– es la premisa de base; tanto que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional analiza el supuesto de migrantes recluidos en centros de detención en Libia, víctimas de maltrato y violencia sexual, a saber, torturados, y que luego dicho Estado canjea como esclavos. Del delito son responsables los organizadores de esa trata y no solo sus ejecutores, pues concluye en liberaciones transadas o por intercambios; incluso en los casos en los que, haciéndosele fraude a la ley, se hace pasar a los esclavos por prisioneros comunes.

El asunto, en fin, provoca náuseas y dice mucho sobre la agonía contemporánea de la razón, en un marco de disolución total de los mecanismos de protección y de tutela universal y regional de derechos humanos, cuyo fundamento fueron los principios adoptados por Naciones Unidas a partir de 1945, sobre la experiencia del Holocausto. Esa memoria se ha extraviado en un Occidente sin memoria, embargado por el cinismo de sus élites.

“Los frutos, en la historia reciente, están a la vista”, dice bien José Rodríguez Iturbe en su obra El sueño de la razón (Alfa, 2024). Pareciera que ya, con el antihumanismo radical de las formas más depuradas de la posmodernidad, la ignorancia y el respeto a la humana dignidad han llegado a extremos que reclaman imperiosamente un cambio. Cambio en la percepción de la antropología filosófica, agobiada por la ceguera de la percepción de la persona humana como causa sui. No bastó que colocara como temática la vida o la existencia”, señala el autor.

El asunto de fondo es que, si el hombre y la mujer de este tiempo se han arrogado autoridad para disponer a su arbitrio y al detal de sus naturalezas, cosificándolas, haciéndolas libremente disponibles, sea al comienzo, en el curso, o al final de la vida, en la práctica han cerrado por sí mismos la distancia que antes le impedía o limitaba a gobiernos y gobernantes como Maduro o a exgobernantes como Zapatero el usar de sus pueblos y encarcelarlos, para luego rematarlos en pública almoneda.

El mercado de esclavos venezolano, por lo pronto no es inédito en su propósito de timos, fraudes y engaños. Lo mismo ocurría con los griegos y los romanos. Al punto que las fuentes cuentan lo que hoy se ha constatado y es sabido a la vez que vez vivido por las generaciones venezolanas del momento, es decir, que “a veces los esclavos eran secuestrados o robados, y luego vendidos como si fueran prisioneros de guerra o provenientes de fuentes legítimas en aquellos tiempos”. Menudo problema para el presidente Bukele, para Zapatero y para Nicolás.

La Convención de Palermo es precisa al recordar que la trata de personas implica no solo a la esclavitud, sino a “las prácticas análogas”, como esta de la transacción mercaderil de presos políticos que nunca bajan en su número y que crece o se mantiene mediante una puerta giratoria. Oído al tambor.

correoaustral@gmail.com | @asdrubalaguiar

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Venemergencia celebró su 21 aniversario con concierto en la sede de El Sistema

Venemergencia celebró su aniversario número 21 con un concierto de música tradicional venezolana en la sede de El Sistema en Quebrada Honda, el miércoles 23 de julio. En esta ocasión, la Orquesta de Música Venezolana Simón Díaz, dirigida por el maestro Edward Bogado, interpretó un repertorio de piezas que representan y resaltan la riqueza cultural de las distintas regiones del país donde la empresa ofrece sus servicios para dar más acceso a la salud a los venezolanos.

El espectáculo fue acompañado por una narración de la periodista María Laura García, especialista en la fuente de salud y quien es embajadora de la marca. Asimismo, los médicos fundadores de Venemergencia, quienes son la cabeza de la organización, el Dr. Andrés Simón González-Silén, el Dr. Luis Enrique Velásquez Díaz y el Ing. David Galavis, se dirigieron al público para agradecer el apoyo de aliados comerciales e instituciones que tuvieron y tienen un rol decisivo en el crecimiento de la organización.

“Después de 21 años de trabajo incansable y en equipo, podemos decir, sin duda, que nuestro propósito de dar más acceso a la salud no es un sueño, sino una realidad que se ha consolidado en cada uno de nuestros servicios, nuestras alianzas y nuestras próximas metas”, expresó el socio fundador y Director Ejecutivo de Venemergencia, Dr. Andrés Simón González-Silén, quien añadió: “Más que contar años, celebramos vidas tocadas, puertas abiertas y esperanzas restauradas”.

Por su parte, el Dr. Luis Enrique Velásquez Díaz, Director Operativo de Venemergencia aseguró que: “al principio de esta historia éramos Andrés y yo dictando cursos de primeros auxilios, hoy, el Grupo Venemergencia cuenta con más de 1000 colaboradores, ofrecemos nuestros servicios en 90 ciudades del país. Contamos con 8 sedes, 6 de ellas son salas Urgent Care y en septiembre inauguramos nuestra séptima sala de Urgent Care en la ciudad de Maracay. Sólo en el mes de junio atendimos a más de 52 mil pacientes a través de nuestro ecosistema de servicios”. 

A su vez el Ing. David Galavis se pronunció diciendo “nos enorgullece estar construyendo una plataforma que pone al ser humano en el centro, que escucha, que responde y que mejora su experiencia. Y que además, se apoya en tecnología y comunicación para llegar más lejos”.

En el evento se dieron cita reconocidas personalidades de la vida pública del país, así como destacados líderes del ámbito de la salud, representantes de empresas aseguradoras, líderes de opinión y periodistas.

Nota de prensa

Un año después de la elección presidencial: acuerdos incumplidos y un conflicto que se estanca

28 de julio de 2024. Con un país lleno de expectativas, tensión y la esperanza de un cambio, los venezolanos abarrotaron desde la madrugada de aquel domingo los centros de votación. La emoción y la alegría se notaba en los rostros de los ciudadanos que esperaban en largas filas su turno para participar en la elección presidencial. Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado y luego de acuerdos (incumplidos) de garantías electorales firmados por el chavismo, era esa opción de cambio que esperaban los opositores, y quien después de un complejo proceso de inscripción se enfrentó a Nicolás Maduro en las urnas.

Una jornada cívica, alegre y participativa se vivió al inicio de aquel día. La elección transcurría sin mayores contratiempos, pero a medida que avanzaba la jornada la tensión aumentaba y los ánimos cambiaban. Lo experimentaron quienes se acercaron a los centros electorales al cierre de la jornada para verificar el conteo de votos, y quienes, en muchos casos, tuvieron trabas para ingresar a las mesas. Y también lo vivió un país que esperaba ansioso los resultados que debía dar Elvis Amoroso, rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien a media noche anunció como ganador a Nicolás Maduro.

En el seno opositor, así como en la comunidad internacional, el optimismo que se notaba para alcanzar la victoria se desvaneció, así como en la posibilidad de que el gobierno de Maduro aceptara los resultados. Aunque Nicolás Maduro Guerra, diputado del PSUV e hijo del mandatario, había dicho en una entrevista con El País, el 24 de julio de 2024, que estaban listos para pasar a la oposición, la realidad fue otra.

“El año pasado me sentía con mucha expectativa y preparada para un gran día. El 28 fue alegre, yo creo que feliz, la gente movilizándose, subiendo historias (en redes sociales) desde los centros de votación. Después hubo una decepción muy grande”. Así lo recuerda María Rojas, una joven que reside en el oeste de Caracas. El relato de esta caraqueña coincide con el de muchos que participaron esperanzados en la elección presidencial.

El camino a la presidencial: acuerdos e incumplimientos

El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG- UCAB), Benigno Alarcón, recordó que la participación de la oposición en la elección presidencial de 2024 ocurrió luego de un proceso de negociación mediado por el Reino de Noruega, del que se desprende el Acuerdo de Barbados de octubre de 2023, y en el que estaba incluido Estados Unidos con el Acuerdo de Qatar, firmado unos días antes entre la administración del país norteamericano y el gobierno de Maduro.

El Acuerdo de Barbados establecía el cumplimiento de derechos políticos y garantías electorales para la presidencial de 2024, entre ellas el reconocimiento de los resultados, el compromiso de realizar elecciones en el segundo semestre del año (fecha que adelantó el CNE a julio), la invitación a observadores internacionales y la actualización del registro electoral, puntos que tampoco se cumplieron a cabalidad. 

En el Acuerdo de Qatar, la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometía a aliviar las medidas económicas a cambio de la liberación de presos políticos y el respeto a los opositores.

Como parte de esos pactos se celebró en octubre de 2023 la elección primaria de la oposición, que ganó María Corina Machado y a quien se le impidió inscribirse como candidata presidencial con el argumento de una inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ahí, el primer incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno de Maduro. La primera opción para sustituir a Machado, Corina Yoris, tampoco pudo inscribirse y finalmente el candidato “tapa”, Edmundo González Urrutia, pasó a ser el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática. 

En esa ruta hacia la elección presidencial, se intensificaron las detenciones y la persecución a los miembros del equipo de María Corina Machado. La organización Foro Penal contabilizó hasta mediados del mes de julio del año pasado 103 detenciones a personas vinculadas con la campaña de González Urrutia, 78 de ellas ocurridas desde el inicio formal de la campaña, el 4 de julio. Las trabas, atropellos e incluso cierre de establecimientos comerciales que recibían a la dupla opositora fueron parte de los obstáculos que atravesaron durante su recorrido por el país.

En ese contexto, y con los acuerdos de Barbados y Qatar como garantía de condiciones, Estados Unidos manifestó su preocupación por estas detenciones. Días previos a la elección, el gobierno de Biden, a través de un grupo de funcionarios, dijo que su país se mantenía monitoreando el proceso comicial y estaba preparado para “calibrar su política de sanciones en función de los acontecimientos en Venezuela”.

“Y así, mientras miramos al período poselectoral, continuaremos evaluando y actualizando nuestra política de sanciones según sea necesario en función de nuestros objetivos de política exterior”.

Antes de la elección, el gobierno de Estados Unidos dijo que estaba dispuesto a trabajar con el ganador, siempre que resultara de un proceso electoral transparente y justo.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia | Foto: Comando Con Venezuela

En paralelo, el discurso chavista se paseaba entre promesas de reconocimiento a los resultados y denuncias de que la oposición desconocería los resultados.

“Si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición, listo. No nací en la presidencia, mi papá (Nicolás Maduro) no nació siendo presidente. (…) Y si todo acaba para ser oposición, somos. Yo no sé si nos aguantan de oposición, somos un fastidio”, dijo unos días antes de la presidencial el diputado Nicolás Maduro Guerra a una entrevista con el diario El País.

“Es un delito electoral decir que no vas a reconocer el resultado, es una forma de decir que no estás participando activamente (…) el CNE debe tomar cartas en el asunto porque esa declaración viola las leyes electorales, deben acatarse los resultados electorales que anuncie el CNE y todos estamos obligados a reconocerlos”, declaró por su parte Jorge Rodríguez, jefe de campaña del chavismo.

Rodríguez respondía a unas declaraciones previas del dirigente Biagio Pilieri, actualmente preso político, quien el 18 de julio dijo que confiarían en las actas con los resultados que estarán en manos de los testigos electorales. Fueron esas actas de los testigos, posteriormente digitalizadas y disponibles en una página web, las que le permitieron a la oposición contabilizar el triunfo de Edmundo González, de 67 % frente a un 30 % de Maduro.

“Después de haber incumplido un acuerdo que tenía todas las garantías y que al final del día gozó del respaldo y del apoyo de la comunidad internacional, y había compromisos internacionales y se hicieron concesiones en base a él, el haber incumplido aquello hace que, por supuesto, hoy en día se tenga mucho menos confianza en cualquier promesa con relación a los procesos electorales”, dijo Alarcón en conversación telefónica con el equipo de El Pitazo.

Hasta el momento, el CNE no ha publicado las actas que respaldan la victoria de Nicolás Maduro con 51 % de los votos anunciada por este ente y ratificada por el TSJ tras un proceso de peritaje solicitado por el mismo Maduro. El organismo anunció la noche de la elección un presunto hackeo a su sistema de transmisión del que no se dieron más detalles hasta el pasado mes de mayo, cuando el rector Carlos Pérez cambió la versión y dijo que se trató de una ralentización al sistema.

Al día siguiente a la elección presidencial, el CNE proclamó como ganador a Nicolás Maduro | Foto: archivo

Pese a la denuncia, tras la elección presidencial nunca se hizo la auditoría de telecomunicaciones que verificaría el ataque, la página sigue caída y, aún así, se han organizado dos procesos electorales en 2025.

Crisis poselectoral: detenciones, muertes, clandestinidad y exilio

Las tensiones del final de la jornada electoral escalaron tras el anuncio de resultados y se convirtieron un día después en focos de protestas a nivel nacional que fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad del Estado o grupos armados con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e incluso asesinatos.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó más de 900 protestas en las 48 horas posteriores al anuncio de los resultados electorales.“La respuesta del gobierno de Maduro fue contundente y brutal: 138 protestas reprimidas por cuerpos de seguridad o civiles armados, conocidos como colectivos, y según datos oficiales más de 2.229 detenidos y 25 personas asesinadas en el contexto de las protestas”, dice el informe de agosto de esta organización. Entre los detenidos se encontraban 164 adolescentes, también arrestaron a dirigentes opositores, testigos de mesa, activistas y trabajadores de la prensa y hasta la fecha todavía se mantienen centenares de detenidos.

Tras la elección presidencial realizaron más de 2.000 detenciones, incluyendo adolescentes | Foto: EFE

Solo en noviembre del año pasado el OVCS contabilizó 249 protestas, 98 de ellas relacionadas con los derechos civiles y políticos, y pese a que solo 5 fueron reprimidas, según los registros de esta organización, el miedo ha sido un factor clave desde el chavismo para frenar los reclamos de la oposición.

Desde entonces, la asistencia de María Corina Machado a las convocatorias opositoras se vio cada día más reducida hasta llegar a la clandestinidad en la que se encuentra actualmente. Su última aparición pública la realizó el pasado 9 de enero, un día antes de la toma de posesión, en medio de una fuerte militarización de la ciudad y movilizaciones chavistas paralelas, en una marcha que terminó con una concentración en el municipio Chacao y tras la que fue detenida por cuerpos de seguridad y horas después liberada.

Edmundo González abandonó el país en septiembre, cuando partió a España con la promesa de volver para juramentarse. Desde su salida de Venezuela ha emprendido una gira que lo llevó en enero por varios países de la región, desde donde reconoció que no estaban dadas las condiciones para su viaje al país. Como parte de su itinerario, conversó con el entonces presidente Joe Biden, en la Casa Blanca; asistió a la toma de posesión de Donald Trump invitado por el actual secretario de Estado, Marco Rubio, y se ha reunido con con quien también se ha reunido en varias oportunidades.

“No hay nada más esencial para el éxito de la democracia que respetar la voluntad del pueblo”, dijo la Casa Blanca en un comunicado, en el que el presidente estadounidense subrayó que “la victoria electoral de González Urrutia debe ser respetada mediante una transición pacífica hacia un Gobierno democrático”.              

Hasta el 10 de enero, Edmundo González tenía el reconocimiento de Argentina, Australia, Bosnia-Herzegovina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Kosovo, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Ucrania, Uruguay y los países de la Unión Europea a nivel comunitario.

María Corina Machado durante la marcha en Caracas el pasado 9 de enero | Foto: EFE

Tras la juramentación de Maduro, Estados Unidos aumentó de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por la detención del líder chavista. El gobierno estadounidense también ofreció una recompensa de 25 millones de dólares por Diosdado Cabello, y de 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Luego, ya con Donald Trump en la Presidencia de Estados Unidos, en lo que va de 2025 se revirtió el alivio petrolero que ofreció Biden a Maduro a través de las licencias a Chevron y otras empresas. 

La Unión Europea también acordó a finales de agosto del año pasado no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro, pero tampoco el de Edmundo Gonzalez. Sin embargo, en enero pidió respeto a la democracia y amplió las medidas sobre 15 funcionarios relacionados con Nicolás Maduro, entre los que se menciona a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de la Sala Electoral, Caryslia Rodríguez. Esta decisión elevó a 69 el número total de venezolanos sujetos a restricciones, que incluyen la inmovilización de activos y prohibición de ingreso a estos países.

¿Dónde estamos?

Con recurrentes olas de detenciones y períodos de liberaciones llegamos a un año 2025 marcado por los procesos electorales. Todavía sin respuestas y cada día con menos condiciones, el 25 de mayo se realizaron las elecciones regionales y legislativas y para este 27 de julio se llevarán a cabo las elecciones municipales.

Expertos han denunciado irregularidades en ambos procesos, como la eliminación del QR de las actas, omisión de auditorías, rechazo a candidaturas, etc, y los dirigentes de oposición agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática han reiterado su llamado a no participar en estos comicios, pese a la insistencia de algunos voceros a acudir a las urnas, especialmente en las elecciones del 25 de mayo.

“Yo creo que nosotros en este momento estamos en un punto de estancamiento. Ese punto de estancamiento no significa que las cosas se queden así, pero lo que sí significa es que, tanto de un lado como del otro, tratan de ver qué pueden hacer para ganar esta guerra y darla por terminada”, explicó Alarcón.

A juicio del director del CEPyG, la oposición evalúa qué puede hacer, con qué fortalezas cuenta y cuáles son los próximos pasos, mientras que la administración de Maduro intenta ver cómo acaba con la oposición. En ese sentido, considera que el conflicto va a escalar nuevamente.

“En los conflictos hay normalmente tres etapas: escalada, estancamiento y desescalada. Si estuviéramos en una desescalada, lo sabríamos, porque gobierno y oposición estarían sentados en una mesa de negociación tratando de llegar a un acuerdo. Es lo que normalmente sucede en una desescalada. Y si estuviéramos en una escalada también lo sabríamos porque estaríamos viendo confrontaciones de todo tipo. Yo creo que hoy en día estamos básicamente en una fase de estancamiento donde el gobierno no tiene muy claro qué hacer porque está en una situación social, política y económica complicada porque no tiene legitimidad”.

“No es verdad que estamos derrotados. No es verdad que estamos paralizados”, aseveró Adriana Pichardo, exdiputada y dirigente nacional de Voluntad Popular, en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga del pasado martes 15. La dirigente recordó que los miembros de los ocho partidos que actualmente conforman la Plataforma Unitaria Democrática se deben mantener en resguardo ante la persecución que atraviesan, pero eso no significa que no están trabajando. Señaló que “en toda guerra” hay momentos de resguardarse y “pensar con cabeza fría”.

“Muchas cosas se están moviendo en el plano nacional e internacional (…) No es fácil lo que estamos viviendo (…) pero aquí nadie se ha rendido. El silencio no significa paralización sino una nueva estrategia”, dijo Pichardo, quien no descartó la posibilidad de nuevas conversaciones que conlleven a un pacto político y social que permita avanzar, bajo la base del resultado del 28 de julio.

Ciudadanos en el boulevard de Sabana Grande, en Caracas | Foto: archivo

En el último estudio Prospectiva Venezuela del CEPyG de la UCAB, señala que “de no darse un cambio político positivo en el corto plazo, las estimaciones más conservadoras indican que alrededor del 3,7 % de la población venezolana estaría dispuesta a emigrar”.  Esto significa que aproximadamente 728.000 nacionales podrían salir del país este 2025.

Para María Rojas, así como para muchos venezolanos, la elección presidencial del 28 de julio todavía es una herida que duele. Algunos todavía tienen familiares presos, otros los perdieron para siempre. Sin embargo, esta joven entendió que la vida debe continuar, en Venezuela o en el exterior, y a pesar de que cada día sigue más latente ese deseo de cambio que la motivó a acudir a las urnas, mientras siga en el país debe continuar con sus actividades con las condiciones hay.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Pasos fronterizos estarán cerrados hasta el 28 de julio por elecciones municipales

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La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que a partir de este sábado, 26 de julio, y hasta el lunes 28, los pasos fronterizos de Venezuela permanecerán cerrados ante la realización de elecciones municipales, este domingo 27.

En un breve comunicado compartido en sus redes sociales, Rodríguez señaló que el cierre fronterizo tiene como objetivo “facilitar el desarrollo” de los comicios municipales.

Desde el pasado 23 de julio, el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció el despliegue del comando operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para ejecutar el ‘Plan República’ con motivo de las elecciones municipales. A partir de ese día, indicó Padrino, más de 15 mil centros de votación en todo el país serán ocupados por efectivos militares para custodiar el proceso y el material electoral.

“Estamos listos, ya casi desplegados para atender esta tarea de Estado, el próximo domingo 27 de julio estaremos celebrando una nueva victoria democrática, una nueva victoria nacional”, detalló Padrino durante una reunión de la FANB.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

IPYS documenta 84 casos de violaciones a la libertad de expresión en el primer semestre de 2025

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Durante los primeros seis meses de 2025, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) registró 84 casos de violaciones a la libertad de expresión en el país, que se tradujeron en 110 vulneraciones específicas a derechos informativos. La mayoría de los ataques tuvieron como blanco a periodistas y trabajadores de la prensa, aunque también se documentaron agresiones contra medios de comunicación y fuentes informativas.

Entre los patrones destacan las restricciones en internet, las agresiones físicas o verbales, y un incremento sostenido en las detenciones arbitrarias de periodistas: 11 trabajadores de la prensa fueron privados de libertad, en muchos casos bajo acusaciones desproporcionadas como “terrorismo” o “instigación al odio”. Estas detenciones, señala IPYS, refuerzan un “patrón de judicialización selectiva del ejercicio periodístico”.

La criminalización de las fuentes informativas también marca un punto crítico del actual panorama. Esta práctica no solo inhibe el trabajo de quienes ejercen el periodismo, sino que compromete el derecho de la ciudadanía a estar informada, especialmente en regiones donde la opacidad institucional es la norma. En total, se reportaron afectaciones contra al menos 54 personas y 24 medios o plataformas informativas, con un impacto diferenciado hacia mujeres periodistas.

Algunos datos del balance

  • De acuerdo con IPYS, los principales victimarios de estos ataques son la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), cuerpos de seguridad del Estado, personas desconocidas, Ministerios y dependencias del gobierno, proveedores de Internet y simpatizantes del oficialismo.
la libertad de expresión
  • De los 84 casos de violaciones a la libertad de expresión registradas en el país durante el primer semestre del año, 43 se documentaron en enero, 11 en febrero, 13 en marzo, 5 en abril, 10 en mayo y 2 en junio.
la libertad de expresión
  • Se contabilizaron 11 detenciones arbitrarias, una desaparición forzada, siete restricciones de acceso a la información, 18 eventos de discurso estigmatizante, 23 agresiones físicas, seis casos de hostigamiento judicial, nueve de restricciones administrativas, un caso de censura, 33 casos de restricciones de Internet y una alerta de género.
  • Según los datos reseñados por IPYS, durante el primer semestre de 2024, 14 víctimas de ataques contra la prensa son mujeres mientras 40 son hombres. En total se contabilizaron 54 víctimas.
  • En cuanto al total de víctimas según su profesión, 18 son reporteros, 13 reporteros independientes, siete directivos de medios, cuatro activistas de DDHH, cuatro editores de medios, tres conductores de televisión, dos camarógrafos, dos escritores, un chófer, un periodista/dirigente político y un representante del gremio.
  • Las víctimas según el tipo de medios se desglosan de la siguiente manera: 71 en medios digitales, seis en radioemisoras, cuatro en cuentas informativas de redes sociales o WhatsApp, y un caso en agencias de noticias, televisoras y todos los medios.

Lea el balance completo aquí

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Denuncian ante la CIDH recrudecimiento de la represión contra defensores de DDHH en Venezuela

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Un grupo de organizaciones internacionales, en representación de diversas organizaciones venezolanas, compareció esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para alertar sobre la intensificación de la política de “persecución sistemática” contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.

Durante una audiencia pública, las organizaciones denunciaron un patrón sostenido de ataques que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, anulación de pasaportes, criminalización, vigilancia digital, amenazas y campañas de estigmatización. “Denunciamos una serie de patrones que evidencian una estrategia deliberada de castigo y disuasión contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos”, alertaron.

Según los datos presentados, solo en el primer semestre de 2024 se documentaron más de 592 agresiones contra personas defensoras, cifra que se disparó tras las elecciones presidenciales de ese año. En lo que va de 2025, ya se han registrado al menos 236 ataques e incidentes de seguridad.

Uno de los casos expuestos fue el de Eduardo Torres, beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, quien permanece detenido e incomunicado en El Helicoide tras haber sido víctima de desaparición forzada. Las organizaciones alertaron además sobre el uso de figuras penales como “terrorismo” o “traición a la patria” sin pruebas, mientras se “niega sistemáticamente el acceso a una defensa adecuada y el contacto con familiares”. También se reportaron múltiples casos de tortura y condiciones inhumanas de detención.

Otro de los mecanismos represivos señalados fue la anulación arbitraria de pasaportes, sin justificación ni notificación oficial, que ha afectado incluso a familiares de activistas. “Esta medida ha impedido su participación en espacios internacionales, y en algunos casos ha sido la antesala de detenciones o desapariciones”, agregó el comunicado.

Durante la audiencia, también se advirtió sobre el cierre del espacio cívico mediante el uso de leyes restrictivas. En particular, la Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en agosto de 2024, fue señalada como una herramienta de represión.

En el encuentro con la CIDH, se reconoció la importancia del informe publicado a inicios de 2025 por ese organismo sobre violaciones de derechos humanos en el contexto electoral venezolano. Sin embargo, se insistió en que la situación actual exige una respuesta más decidida.

Este pronunciamiento fue presentado y respaldado por Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Robert F. Kennedy Human Rights Center (RFKHR).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país