En Venezuela todos parecen tener un reloj. Washington tiene el suyo, Delcy Rodríguez tiene otro; María Corina Machado corre contra el tiempo, pero Dinorah Figuera también. Y mientras cada actor calcula sus movimientos, hay un reloj que no negocia, no se detiene y no sabe de geopolítica: el del venezolano común.
El reloj de Donald Trump tiene una fecha marcada: noviembre de 2026, mes de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y Venezuela, con su petróleo, ocupa un lugar estratégico en ese tablero. No es casual que Trump haya vinculado recientemente la evolución de los precios del petróleo con el calendario electoral estadounidense.
Washington necesita resultados; Caracas necesita inversiones; y la industria petrolera necesita años para recuperarse, pero la política, esa señora impaciente, trabaja con fechas.
El reloj de Delcy Rodríguez tampoco da tregua. La apertura petrolera y económica debe traducirse en algo que el ciudadano pueda tocar: electricidad, empleo, agua, servicios, ingresos; porque anunciar miles de millones de dólares es relativamente sencillo, pero lograr que el venezolano vea un cambio en su vida es otra historia.
El acuerdo petrolero con Washington, que contempla 17 campos y más de 65 000 millones de barriles de reservas probadas, revela hasta qué punto el petróleo está en el centro de esta transición.
Y mientras el petróleo cuenta barriles, la política cuenta días.
Boris Muñoz ha planteado una pregunta incómoda: si Washington necesita controlar las condiciones políticas para administrar la riqueza petrolera venezolana, ¿estamos ante una transición democrática o ante una fórmula de estabilidad que permita garantizar objetivos estratégicos? Es una interpretación, no una respuesta definitiva, pero merece ser discutida.
Y ahí entra María Corina Machado. Su regreso dejó de ser solamente una decisión personal. Hoy forma parte del tablero político.
La propia Machado ha reconocido que la posición de Estados Unidos y otros aliados pesa en la decisión sobre cuándo volver. Cada día adicional fuera del país modifica el escenario, para bien o para mal, porque en política el vacío también hace política.
El reloj de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, en cambio, tiene fechas más concretas: octubre para derechos políticos y civiles; noviembre para la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y diciembre para la conformación del nuevo Consejo Nacional Electoral.
Pero después del CNE viene la pregunta que nadie debería poder esquivar: ¿cuándo votamos?
Porque renovar instituciones no es todavía devolverle al ciudadano su poder de elegir. Un CNE nuevo es una condición necesaria; no es, por sí mismo, una elección.
Y aquí está la paradoja de esta transición: Washington tiene objetivos geopolíticos; Delcy necesita estabilidad y resultados; la oposición necesita preservar su capital político; los negociadores tienen cronogramas; los empresarios cuentan inversiones.
Mientras tanto, el venezolano cuenta apagones, cuenta días sin respuesta, cuenta presos políticos, cuenta salarios que no alcanzan; en fin, cuenta años esperando una elección libre.
Todos tienen un reloj, pero solo uno tiene 24 horas.
Y cuando caiga el último grano del reloj de arena, no bastará con explicar quién ganó tiempo, quién perdió influencia o quién consiguió el mejor acuerdo.
Alguien tendrá que responder la pregunta más sencilla de todas: ¿Cuándo podrá Venezuela volver a decidir por sí misma?
Porque una transición sin fecha electoral corre el riesgo de convertirse en otra espera.
La Misión de Determinación de Hechos Sobre Venezuela publicó un informe dedicado a las vulneraciones a los derechos humanos que han cometido «los colectivos», agrupaciones de civiles armados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante décadas y que la sociedad civil nacional había advertido sobre su papel en la represión gubernamental.
En el documento, el organismo internacional reunió pruebas para que las organizaciones internacionales de justicia puedan inferir la relación entre estas bandas armada, la represión que sometían a la población venezolana y el control que tenía el PSUV durante su mandato en el Poder Ejecutivo.
Runrun.es te ofrece cinco claves para resumir el informe:
Al menos tres tipos de colectivos
La Misión de la ONU reiteró que el informe será el primero de varios que analizarán las acciones de los colectivos. El informe publicado este 16 de septiembre focalizó sus hallazgos sobre los colectivos presentes en la Gran Caracas —especialmente en las parroquias 23 de enero, Catia y Petare—, en Táchira y en Lara.
«Sin embargo, la Misión pudo corroborar que estos grupos se encuentran activos con denominaciones a veces diversas, en prácticamente la totalidad del territorio venezolano», advirtió el organismo de las Naciones Unidas.
El equipo de investigación debió entrevistar a 62 personas —entre víctimas, académicos, miembros de la sociedad civil y miembros activos y retirados de las bandas armadas y organizadas por el chavismo—. También recurrió a archivos digitales y físicos para recabar la mayoría de las acciones que hicieron estos grupos para reforzar la veracidad de las vulneraciones a los derechos humanos que hicieron los colectivos amparados por el Gobierno chavista.
A partir de la información recabada, la Misión dividió a estos grupos armados paraestatales en tres categorías:
Colectivos históricos: son los grupos armados que nacieron en los barrios de Caracas en la década de los 60 y 70 pero que el chavismo integró a sus grupos paraestatales. Allí se encuentran los Tupamaros, La Piedrita, Tres Raíces, la Coordinadora Simón Bolívar, Alexis Vive y el Frente de Colectivos Sergio Rodríguez. Su relación con el Gobierno chavista es ideológica de nacimiento, mantienen relaciones directas con funcionarios de alto rango del PSUV y crean fundaciones propias para integrarse con programas culturales con las comunidades.
«El involucramiento de estos grupos en actividades filantrópicas no excluye su carácter armado y el el control social que ejercen sobre las comunidades en las operan, incluyendo a través de la violencia», advierte la Misión de la ONU.
Colectivos – fuerzas de choque: son aquellos que se conforman para fines específicos, ya sea para reprimir protestas e incorporarse en actividades de «limpiezas sociales» como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). No están asociados a un sector urbano específico: responden a gobernadores, alcaldes y diputados estatales, de los que reciben órdenes directas para ejercer la violencia, la vigilancia y la intimidación. Según el informe de la ONU, su auge fueron en 2007 y en 2019. Son grupos civiles armados que podían (o no) acompañar a las fuerzas de seguridad del Estado en momentos puntuales.
Colectivos mixtos: llevan ese nombre por estar conformados tanto por civiles como por funcionarios de seguridad del Estado. Su nacimiento se remonta a las OLP, donde el Gobierno chavista se alió con jefes de prisiones (pranes) para conformar los colectivos mixtos. Para la Misión esta categoría era la que ejecría la violencia extrema y controlaba el temor de la población. Su función en un inicio era «controlar» a las bandas delictivas en el país y tomar el control de las economías ilícitas.
«A diferencia de otros grupos históricos, estos grupos han perdido muchas de sus funciones sociales y su estructura se asemeja a los grupos delincuenciales que los conformaron», se lee en el informe.
Los padrinos de los Colectivos Mixtos
La investigación independiente de la ONU determinó que Iris Valera, diputada del PSUV y antigua ministra de servicios penitenciarios, Freddy Bernal, lídres del PSUV y actual Gobernador del estado Táchira, y a Nértor Reverol, antiguo ministro de Interior, Justicia y Paz, son tres de las personas claves para la conformación y desarrollo de los colectivos mixtos.
Desde sus posiciones de poder hablaron con los pranes y los jefes de seguridad del Estado para integrarse en estos colectivos y dotarlos de armamento.
«Progresivamente, los miembros de estos nuevos colectivos [mixtos] integraron las filas de los organismos de inteligencia y seguridad como la Policía Nacional Bolivaria (incluyendo las FAES [hoy conocido como DAET]), el Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional] y la Dgcim [Dirección General de Contrainteligencia Militar], ocupando en puestos de jefatura y coordinación», documentó la Misión.
Uno de los casos más relevantes para la ONU es Miguel Domínguez Ramírez, alias «Miguelito», quien fue líder del colectivo «revolucionario» Continente, una facción de Tres Raíces. En 2014, Domínguez fue Director General de las FAES. Ahora él es subdirector del Sebin. Tres Raíces es un ejemplo que identificó la ONU de un colectivo que era «histórico» y, por acción del chavismo, se convirtió en un colectivo mixto.
«[A] partir del 2015 con los operativos improvisados de la OLP, los ministros de Interior y Justicia de turno, especialmente con Néstor Reverol, empezaron a pensar en algunas alternativas. El Gobierno necesitaba personas que fueran más decididos a matar de una vez. Como no lo encontraban totalmente en la Policía. Entonces abrieron espacio a personas que haya delinquido o simplemente se empezó a usar estos colectivos que recibían la orden directa», le explicó un exfuncionario de la Policía Metropolitana a la Misión. Su identidad fue protegida por el organismo multilateral por seguridad.
La Misión también señaló a Diosdado Cabello y a Carmen Meléndez, dos personajes del PSUV que han estado en el Misniterio de Interior, Justicia y Paz, de financiar y organizar a los colectivos mixtos como durante su mandato dentro del ministerio.
Cupaz: la vigilancia hiperlocal
Los miembros de la Misión también identificaron la conexión entre los colectivos y las Cuadrillas de Paz (Cupaz) en Venezuela, organizaciones comunitarias dirigidas por el chavismo. Según lo escrito en el informe, el PSUV integró a los colectivos mixtos en las organizaciones comunales, también dirigidas por el chavismo para distribuir comida, con la intención de aumentar la vigilancia y la intimidación política a nivel hiperlocal.
Esta integración también estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz desde el año 2018. Sin embargo, la Misión aun no tiene una estimación precisa sobre el alcance territorial y demográfico de las Cupaz. «A principios de 2026 el Ministro del Interior [Diosdado Cabello] señaló que el 70 % del territorio nacional contaba con cuadrantes de paz (sin detallar el número de cuadrantes existentes)», advirtió.
Aun así, el objetivo de las Cupaz era brindar «una mayor institucionalización y coordinación con las autoridades tanto nacionales como locales, a través de las estructuras del PSUV».
También, a través de las organizaciones comunales, los colectivos mantenían el control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa de alimentación y corrupción liderada por Alex Saab y otros miembros del chavismo. De esta forma, los civiles armados bajo la ideología del PSUV extorcionaban a la población con extorsiones monetarias a cambio de comida.
Funanciados por el Gobierno
La Misión de la ONU precisó que todo el financiameinto y armamento de los colectivos provenían del patrimonio público venezolano. El Chavismo utilizaba al menos siete mecanismos para dotar de dinero a los colectivos:
Asignación de recursos oficiales del Estado, especialmente al distribución de gasolina.
«Estos grupos obtienen ganancias cobrando tarifas arbitrarias por la entrega, desviando los productos al mercado negro o utilizando los alimentos y servicios como herramienta de extorsión política», agrega el informe.
Inclusión de miembros de colectivos en la nómina de instituciones del Gobierno. Además de los cuerpos de seguridad del Estado, «los colectivos cotizan simultáneamente como “personal de seguridad”, “promotores culturales” o “supervisores” en alcaldías oficialistas, ministerios», reveló el informe.
Transferencia de recursos públicos a fundaciones y otras organizaciones bajo el control de los colectivos. Estas organizaciones se incribían como proyectos de «bienestar social» en el Ministerio de las Comunas que luego solicitaban dinero al despacho presidencial. La Fundación Propatria 2000 y la Fundación Robert Serra son las instituciones más destacas en el informe que funcionaban como organismos benefactores de los colectivos.
Expropiaciones regaladas: tanto el Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de Tierras Urbanas y la Alcaldía de Caracas le ofrecían a los colectivos propiedades que el Gobierno había expropiado dentro de sus mecanismos de control sobre las personas o instituciones percibidas como opositoras. Entre las propiedades analizadas por la Misión, se identificaron al Estacionamiento Tracabordo (en la parroquia La Candelaria de Caracas), que fue transferido al colectivo Campamento de Pioneros, y al Edificio Padrón (en la parroquia San Pedro de Caracas), que se lo dieron al colectivo Ezequiel Zamora.
Después del 3 de enero, los colectivos siguen amedrentando
La información recibida a la ONU destacó que los colectivos no tuvieron un papel de defensa territorial frente a las tensiones bélicas con Estados Unidos, como el gabinete de Nicolás Maduro mencionó en 2025. Desde el 3 de enero de 2026, desde la captura de Maduro y Cilia Flores, los colectivos se dedicaron a la vigilancia comunitaria, las amenazas y el amedrentamiento de personas durante las protestas pacíficas, con un trato más violento a los familiares de los presos políticos.
«Varios expertos consultados por la Misión señalaron que los colectivos se encontrarían en un momento de reconfiguración frente a potenciales cambios políticos e institucionales en la gestión interina de Delcy Rodríguez en sectores tradicionalmente controlados por los grupos históricos», se destacó en el informe. Las zonas con mayores expectativas de cambio son en Caracas y las zonas mineras de la Amazonía Venezolana.
La Misión destacó que el Gobierno interino ha generado tensiones con los colectivos al «cortar» el financiamiento de estas organizaciones a través de la suspención de la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Robert Serra, dos instituciones adscritas al despacho presidencial.
Por ahora, la Misión reconoce que los colectivos están mutando al control de las economías ilícitas, como la minería en la Amazonía venezolana y el narcotráfico, para mantener un autosustento frente a los recortes que se vaticinan por la transición democrática.
Con la meta de facilitarle a la población el acceso a servicios médicos para prevenir y de detección temprana, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) llevará a cabo una Gran Jornada Integral de Salud los días 25 y 26 de septiembre. Esto se desarrollará en las instalaciones de la Clínica de Prevención del Cáncer (CPC), en la ciudad de Caracas.
El cirujano oncólogo y primer vicepresidente de la SAV, Dr. Javier Soteldo Clavier, enfatizó la importancia de esta convocatoria al explicar que reunirá tanto al equipo médico habitual del centro como a profesionales egresados de la institución, entre ellos especialistas que viajarán desde el interior del país para sumarse a la atención. La meta que proyectan es poder atender a más de 300 pacientes durante las dos jornadas, realizando consultas primerizas y evaluaciones de control.
Beneficios
El cirujano puntualizó que la jornada ofrecerá atención especializada a costos solidarios bajo el respaldo institucional de la organización, con el propósito de garantizar asistencia médica oportuna y contemplan evaluaciones con un costo de 10 dólares en especialidades como Gastroenterología, Medicina Interna, Ginecología, Mastología, Urología y Traumatología.
Entre algunos de los beneficios para los asistentes de esta jornada, se aplicará un 10% de descuento en los análisis y exámenes realizados durante esos días. Por otro lado, los pacientes que reciban órdenes médicas para procedimientos adicionales o estudios como mamografías y ecografías mamarias contarán con descuento del 10%, el cual se mantendrá vigente durante los 15 días posteriores a la actividad con la presentación de la indicación entregada en el operativo.
Para acudir a las consultas es requisito indispensable realizar un registro previo y prepagar el servicio con al menos 48 horas de anticipación mediante la línea de atención de la organización.
Personal especializado
Con respecto a los recursos que tienen disponible para la atención de los pacientes, la SAV cuenta con un equipamiento médico e instrumental necesario en sus instalaciones y Soteldo subrayó además que la atención está respaldada por un equipo médico especializado. La jornada se llevará a cabo en su sede de la Clínica de Prevención del Cáncer.
Con información de Nota de Prensa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Cuando consigues a un español o un chileno que no sabe nada de béisbol, ya sabes que serán dos horas de evangelización a ver si ganas un nuevo adepto. Eso sí, no le explicas el balk o el infield fly o lo pierdes.
Cuando discutes con alguien en la calle, lo haces cara a cara como con un umpire.
No dices que te dieron un ultimátum, sino que te pusieron en 3 y 2.
A todos tus candados les pones la clave 6-4-3.
Esperando que se caliente un plato en el microondas, juntas las manos y haces swings imaginarios.
No dices que aceptas un compromiso, sino que te llegas de cabeza.
Agarras los tubos verticales del metro como si fuesen bates.
No echas la ropa a la lavadora, sino que la pichas. Y si entra, es strike.
No dices que te interrogaron, sino que te lanzaron recta pegadita.
Cuando estás con tu familia en un sitio con mucho ruido, no alzas la voz. Haces señas de coach de tercera.
Frente a tu clóset tienes una silla cual vestidor de grandes ligas.
No dices que tuviste una noche de pasión, sino que anoche llegaste a home.
Cuando tienes un reto no dices que te esforzarás. Dices que Reuben Morales dará el 110 % por la camiseta y la fanaticada.
No te gusta que te abran la puerta de un edificio con el botón. Prefieres que te tiren las llaves cual fly.
No dices que una persona tiene amante. Dices que tiene a alguien en el bull pen para jugar doble play.
A tu hijo lo bautizas con nombres como Babe, Wade, Ronald, Barry, Shohei o Ichiro.
Entre ir al estadio o ir a una cita con tu pareja, obviamente prefieres la cita… pero en el estadio.
No dices que en la vida te está yendo bien, sino que estás bateando .300.
Eres de los pocos seres humanos que ve un partido de béisbol completo… y lo sientes corto.
Ese partido lo viste por televisión… pero en mute porque prefieres escuchar la narración del circuito radial de tu equipo.
No dices que te movieron un compromiso, sino que te cambiaron la seña.
No comes chía, quinua o ajonjolí. Solo semillas de girasol.
Para animar a tus amigos no les das un espaldarazo, sino una palmada por las nalgas.
De tus finanzas personales no haces contabilidad. Haces cibermétricas.
En el gimnasio no cuentas las series en uno, dos o tres… Mentalmente piensas: “Llevo 13 repeticiones, como el número de Guillén”.
No motivas a alguien diciéndole que le eche pierna. Le dices que la saque del estadio.
Tus juegos de béisbol favoritos son los que no le gustan a nadie: los cerraditos de pocas carreras.
Cuando toca guardar ropa en la casa, se la pasan como si fuese un doble play.
Sabes que el pecado más grande de la moda es usar gorras con visera plana. Porque la visera va arqueada.
Con tus primos no juegas papelito o Pictionary. Juegas “Adivina quién batea así”.
Combates la desmotivación de los lunes viendo la repetición del último pitcheo de Palencia para coronar a Venezuela como campeón del mundo.
Y cuando llega ese momento de culminar un artículo, no dices que aquí concluye todo. Dices que finalmente llegó el out 27.
Una de las partes más maravillosas de llegar a los 40 años es la capacidad de reflexionar acerca del lugar que ocupan nuestros afectos en nuestra propia vida, de reconocer cuánto de positivo pueden aportar y también qué podemos aportar nosotros a ellos.
A veces cuesta mucho poner límites y decir basta. Sin embargo, ese acto también representa un entendimiento de cómo cambia nuestra percepción de la vida al llegar al llamado cuarto piso: qué esperamos de ella y cómo queremos recorrer esta nueva etapa.
Poner límites no significa convertirse en una persona despiadada. Por el contrario, es una forma de autocuidado que todos merecemos. Cuidarnos es también hacer una pausa para reflexionar sobre qué papel juega cada persona a la que consideramos un afecto, cuál es su aporte positivo en este momento y de qué manera puede acompañarnos en nuestro camino.
Suena difícil lograr, con diplomacia y sin peleas, ubicar a cada uno de nuestros afectos en el lugar que ocupa en esta nueva etapa. Muchas veces, esta reestructuración nos lleva a comprender que con gritos, amenazas e insultos no ejercemos el verdadero poder; más bien, perdemos el tiempo. Como seres humanos no estamos en esta vida para cambiar a los demás, pero las acciones de los demás sí pueden hacer que cambie nuestra actitud hacia ellos.
En la actualidad, vivimos rodeados de conflictos, guerras y muertes. Poco hablamos y, sobre todo, poco tiempo nos tomamos para reflexionar acerca de a quién llamamos afecto y qué recibimos de manera positiva de esa amistad.
Con el tiempo he comprendido que existen distintos tipos de personas. Están aquellas que son motivadoras, constantes y que siempre están allí; no necesariamente para decirte una palabra bonita, sino para ejercer ese liderazgo inteligente que necesitamos en determinados momentos. A esas personas no solo podemos llamarlas afectos con mayúscula: también representan un lugar seguro, una especie de hogar.
Pero también es necesario diferenciar de aquellas personas que representan un ruido desagradable en nuestra vida. Incluso esas relaciones pueden ser necesarias, porque nos permiten reconocer por nosotros mismos qué nos conviene y qué no.
Ciertamente, poner límites es difícil, especialmente cuando durante mucho tiempo has intentado ayudar a una persona que no lo merece, que no lo reconoce y, sobre todo, que no sabe dar amor.
Llegar a los 40 me ha permitido entender que hay dos cosas que no se negocian: el amor propio y la autoestima. Son valores intrínsecos de cada ser humano y, cuando una relación los vulnera constantemente, es necesario replantearse si esa persona debe continuar formando parte de nuestros afectos.
De nada sirve explicar, hablar, indicar o negociar cuando hay personas que no quieren escuchar razones y que creen tener el monopolio de la verdad. Cuando reflexionas sobre lo que tienes, lo que quieres para tu vida y descubres que, al alejarte de ciertas personas, recuperas tu paz interior y tu autoestima, entiendes que no hacen falta gritos ni peleas.
Alejarse y ubicar a cada persona en el lugar que corresponde puede ser, sencillamente, un acto de amor propio. Y no importa si eso hace que algunos te vean como el malo de la película. Al final de la historia, lo verdaderamente importante son aquellos afectos que son hogar, esos con los que no necesitamos establecer límites porque su presencia siempre aporta algo bonito a nuestra vida y trae consigo paz y armonía.
Durante unas protestas bajo la custodia de un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), una representación de abogados provenientes de distintas regiones de Venezuela anunciaron este jueves, 17 de septiembre, la conformación formal del Frente Nacional de Abogados de Venezuela.
Los manifestantes se encontraron en las afueras del Hotel Meliá Caracas, en Sabana Grande para denunciar un vicio estructural y un “golpe a la Constitución” en el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los protestantes del gremio advirtieron que la Asamblea Nacional actual y la AN de 2015 acordaron a “puerta cerrada” reformar el artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ con el fin de otorgar a 11 parlamentarios el control del Comité de Postulaciones Judiciales. Esta medida no detalló el mandato estricto del artículo 270 de la Constitución de Venezuela, la cual exige que la instancia esté integrada exclusivamente por los diferentes sectores de la sociedad civil organizada.
Denuncias
El presidente del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, Dr. Noé Mújica, presentó ante los demás el soporte jurídico que invalida la actuación de la comisión parlamentaria, basando su reclamo en la usurpación de funciones y las garantías constitucionales.
“Al incorporar a 11 diputados en el Comité de Postulaciones Judiciales, los parlamentarios usurparon la función de los miembros de los diferentes sectores de la sociedad civil. Y hay que recordar que el Comité de Postulaciones Judiciales es la instancia que, por mandato constitucional, elige en primera instancia a los candidatos a magistrados. Por eso invocamos el artículo 138 de la Carta Magna: toda autoridad usurpada es nula y sus actos son nulos. Lo que salga de un comité viciado y usurpador no tiene ningún valor jurídico”, enfatizó Mújica.
Mújica también exhibió ediciones de la Gaceta Oficial para argumentar que los magistrados designados en 2022 sufren del mismo problema, denunciando además que la presidenta del tribunal, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, comete una “doble usurpación” al ser nombrada originalmente para la Sala Electoral y asumir la presidencia de la Sala Constitucional sin sustento.
“A las 10:30 de la mañana del día de hoy, 17 de septiembre de 2026, en Venezuela no hay justicia ni hay jueces de la República legítimos, porque los jueces han sido designados a dedo violando el artículo 253 y el artículo 155 de la Constitución, sin concursos de credenciales para los fiscales. Advertimos a los inversionistas y a las empresas transnacionales que en Venezuela no hay seguridad jurídica para ningún negocio mientras el Poder Judicial responda a las órdenes de un partido político”, aseveró el presidente del gremio.
Falta de seguridad
Por otro lado, Lyli López, vocera del gremio y exjueza del circuito judicial, analizó la crisis de legitimidad y la unión de los poderes públicos al principio de legalidad consagrado en el artículo 7.
“No como lo hicieron a puerta cerrada dos delegaciones de la Asamblea Nacional del 2015 y la actual; le secuestraron el poder a la sociedad. En Venezuela exigimos el cumplimiento del artículo 2 y el artículo 270 de la Constitución para restablecer el Estado de derecho. Hoy en día tenemos jueces que atienden llamados partidistas y sentencian contrario a la ley, manteniendo bajo terrorismo judicial y fraude procesal a campesinos, empresarios, mujeres, adolescentes y abogados privados de libertad únicamente por juramentarse en una causa. Cerca del 50% de las cárceles están llenas de personas inocentes a quienes se les ha criminalizado la pobreza”, sentenció López
La exjueza pidió a las organizaciones internacionales reconocer a los gremios profesionales, universidades y sindicatos como los únicos interlocutores legítimos de la sociedad civil. El dirigente, Moisés Mújica, enfatizó su mensaje hacia la directiva de la Asamblea Nacional de 2020, encabezada por Jorge Rodríguez, y a la presidencia de la AN de 2015, liderada por Dinorah Figuera.
“Aquí se encuentra el Frente Nacional de Abogados para advertirles que actuaremos como un muro de contención y no les vamos a permitir que sigan violando la Constitución”, reclamó Mújica.
Exigencias y entregas de documentos
En representación de la delegación de abogados del estado Anzoátegui, el experto, Hernán García, rechazó la presencia de militares en el control de las instancias judiciales ordinarias y la continuidad de Giuseppe Alessandrello al frente del Comité de Postulaciones Judiciales.
“Nos quieren vender un movimiento en el sistema de justicia que no es más que un juego de sillas entre usurpadores del poder. Rechazamos que el señor Giuseppe Alessandrello siga al frente del Comité de Postulaciones Judiciales. En el estado Anzoátegui los militares dirigen los circuitos penales, civiles, laborales, las fiscalías y la rectoría. Exigimos la aplicación rigurosa de la ley: los militares deben volver a sus cuarteles; ¡fuera los militares de la jurisdicción civil!”, denunció García.
Al terminar la manifestación, el Frente Nacional de Abogados acudió a la Embajada de los Estados Unidos en Caracas para entregar formalmente un documento a los funcionarios del ente internacional.
Con información de Nota de Prensa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A partir del 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y el “plan de tres fases” con el que presiona la administración de Donald Trump, el poder del chavismo quedó en manos de Delcy Rodríguez. Con María Corina Machado al frente de la oposición y Dinorah Figuera ungida como figura dialogante por Estados Unidos, una posible transición en Venezuela pasa por el concierto de tres mujeres que deben conciliar intereses nacionales y extranjeros.
Bajo la presión de EE. UU., Delcy Rodríguez ha aceptado y ordenado decisiones que hasta diciembre de 2025 estaban fuera del tablero: una Ley de Amnistía y excarcelaciones recurrentes de presos políticos; cambios en leyes para favorecer inversión extranjera; el restablecimiento de relaciones con Washington y otros gobiernos; además de un diálogo con la Asamblea Nacional (AN) de 2015, que era tachada por el oficialismo como una estructura criminal que bloqueaba el acceso a activos en el exterior.
Los terremotos del 24 de junio también impusieron una presión extra sobre el diálogo, que el 12 de agosto produjo unos primeros acuerdos sobre la atención de los afectados, justamente con los activos que custodiaba la AN 2015, y una primera vía para la recuperación e independencia de las instituciones por medio de un cambio en la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Las politólogas Mireya Rodríguez y María Isabel Puerta coinciden en que bajo este escenario EE. UU. no es un observador discreto o un mediador neutral.
Washington, afirma Rodríguez, actúa como “el árbitro determinante que ejerce un abierto tutelaje sobre la crisis venezolana, administrando los tiempos, las licencias y la legitimidad de cada actor”.
Bajo esa perspectiva, puntualiza, la administración Trump ha manejado tres aspectos: una “ingeniería de interlocutores”, al modelar quiénes se sientan en la mesa de diálogo; el “control de incentivos y supervivencia económica”, al administrar las licencias petroleras, sanciones, protecciones judiciales; y el control de activos en el exterior. El otro punto es la “dosificación del ritmo de transición”.
“Mientras María Corina Machado abandera la urgencia del cambio democrático inmediato respaldado por el apoyo popular, el tutelaje estadounidense busca gestionar un pragmático ‘cambio administrado’ que contenga riesgos geopolíticos, flujos migratorios e inestabilidad energética regional”, apunta la politóloga.
En todo caso, reitera Mireya Rodríguez, la dinámica impuesta evidencia “que el destino del proceso no depende solo de la correlación de fuerzas en las calles de Caracas, sino de los límites y concesiones que fija el tutor externo a cada una de las tres figuras políticas”.
Ellas en el frente
María Isabel Puerta, politóloga y profesora adjunta en el Valencia College, señala que hay una coincidencia en que sean mujeres las que estén al frente de la coyuntura actual en Venezuela. Pareciera haber un elemento común de confianza “en el poder de la mujer”.
“En el caso del régimen político venezolano, el gobierno de los EE. UU. parece tener confianza en Delcy Rodríguez. En el caso de Dinorah Figuera, de igual manera, pareciera que los elementos que están tomando decisiones en la resolución del conflicto tienen confianza en ella”.
Sobre María Corina Machado, refiere la profesora, sigue representando esa voluntad y aspiración de los venezolanos que apostaron por una salida política pacífica. “Lamentablemente esta ha sido una circunstancia donde los venezolanos han quedado por fuera de cualquier tipo de decisión… Sobre todo para quienes están en Venezuela esperando un cambio tangible”.
Afirma que Machado entiende este punto y, además, sabe que hay un costo político “desde el punto de vista de su proyecto y sus aspiraciones de involucrarse en esta fase del proceso que apenas da sus primeros pasos para una reinstitucionalización, ni hablar de una transición democrática en el país”.
Mireya Rodríguez enfatiza en que para entender el papel de Machado, Rodríguez y Figuera es necesario entender que “no estamos ante un diálogo convencional”.
Para la experta en negociación, se está ante “una triangulación de fuerzas en tensión gestionada bajo el tutelaje de EE. UU. Washington actúa como el árbitro que administra los tiempos, las sanciones y la legitimidad, mientras cada lideresa encarna un arquetipo político muy preciso frente a ese poder exterior”.
A juicio de Rodríguez, María Corina Machado encarna un “liderazgo visionario” con autoridad moral, el apoyo de una parte gruesa de la población y, además, ejerce presión “por una transición real sin concesiones de impunidad”.
“Para el tutor estadounidense, el liderazgo visionario es un dilema estructural: es indispensable porque ostenta la fuerza social que convalida cualquier proceso, pero resulta incómodo para la realpolitik diplomática porque se niega a subordinar sus principios éticos a un ‘cambio administrado’”, resalta.
La profesora Rodríguez advierte la mandataria interina ejerce un “liderazgo perverso” al representar la “continuidad del aparato estatal de facto y la contención del cambio estructural”.
Esta líder no busca democratizar el país, “sino asegurar la supervivencia de la cúpula de poder. Su interacción con Washington es puramente transaccional: cede margen operativo o acceso a mercados, a cambio de licencias petroleras y oxigenación económica”.
Mientras que a Dinorah Figuera, la experta la ubica en su plano como “liderazgo negociador” que ostenta no sólo representación legal de la Asamblea Nacional 2015, sino la custodia de activos en el exterior. “Para la administración estadounidense, la lideresa negociadora funciona como la contraparte institucional ideal: un perfil predecible, volcado al trámite legal y dependiente del reconocimiento externo, perfecto para dar encuadre burocrático a los acuerdos sin alterar el balance geopolítico”.
De cara a los actores internacionales y el propio escenario venezolano, dice Mireya Rodríguez, hay tres formas de poder fragmentadas: “la legitimidad popular sin control del Estado (Machado), el control del Estado sin legitimidad popular (Rodríguez) y la legalidad reconocida sin control territorial (Figuera)”.
Mujeres, ¿sinónimo de éxito en las transiciones?
El politólogo John Magdaleno señala varios episodios de democratización donde las mujeres han tomado un rol importante, no sólo en puestos ejecutivos sino en las luchas sociales.
Tal es el caso argentino donde las Abuelas de Plaza de Mayo se organizaron en dos agrupaciones:: las de familiares de desaparecidos y la asociación Mujeres por la Vida, fundado en 1983. En Chile, el movimiento de Mujeres por la Democracia “contribuyó a la unificación de la oposición, que estaba tremendamente fragmentada”.
En Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro fue fundamental dentro de la resistencia a la dictadura Somoza tras el asesinato de su esposo y director del diario La Prensa, Joaquín Chamorro, en 1978. Durante un año integró la junta de reconstrucción nacional, pero luego se distanció del sandinismo y mantuvo fuertes críticas. Alcanzó la presidencia de ese país en 1990.
En Bolivia, a finales de de 1977, cuatro mujeres mineras, junto a sus hijos, iniciaron una huelga de hambre para exigir a la dictadura de Hugo Banzer la libertad de prisioneros políticos, amnistía general, fin del exilio y la reincorporación de mineros despedidos. Al movimiento se sumaron miles de personas, y recibieron apoyo de la Iglesia católica y otros sectores.
La presión obligó a Banzer a decretar la amnistía y propició el adelanto de las elecciones presidenciales. “También influyó en ello la presión del gobierno de Jimmy Carter como consta en documentos desclasificados”, acota Magdaleno.
En Sudáfrica, indica el profesor, la National Women’s Coalition “tuvo un papel muy importante en ciclos de movilización colectiva, incluso exigiendo una representación directa en las negociaciones del fin del apartheid. En Filipinas es inevitable la referencia a Corazón Aquino, quien terminó liderando las protestas de la famosa ‘People Power Revolution’. Las mujeres jugaron un papel importante y la misma Aquino es electa presidenta. En la propia Primavera Árabe, en la cual el único caso exitoso fue Túnez, y lo digo porque ya no es democracia, la Asociación de Mujeres Demócratas insistió y presionó por algunos principios paritarios en la Constitución del año 2012”.
Sin embargo, menciona Magdaleno, también hay casos fallidos de democratización donde se involucró la figura de mujeres tal como en Bielorrusia o Myanmar, este último liderado por Aung San Suu Kyi, quien había sido vista como un referente democrático pero luego fue ampliamente criticada al defender el genocidio de la minoría rohinyá y la persecución de la junta militar, la misma que la acusó de corrupción —entre otros cargos— y mantiene en prisión desde 2021.
¿Qué esperar del proceso venezolano?
Con un avance visible mediato, luego de que el Parlamento introdujera los cambios para modificar la constitución del Comité de Postulaciones que elige a los magistrados principales y suplentes del TSJ, queda observar si la coalición gobernante seguirá implementando esas medidas “democratizadoras” o se impondrán nuevas tramas que EE. UU. se verá obligado a encauzar.
Justamente, María Isabel Puerta cuestiona que el Gobierno de Trump tenga una verdadera disposición o capacidad “no solamente de impulsar una transición democrática en Venezuela, sino de comprometerse con los valores y principios democráticos que, en la experiencia sabemos, no son rasgos característicos de esta administración”.
Otro punto es la propia estabilidad de Trump, indica la profesora del Valencia College. “No sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones de medio término en EE. UU. por mucho que se diga que los demócratas tienen posibilidades de triunfo. Creo que para el régimen político en Venezuela y para la Casa Blanca, el año 2027 va a ser un año clave porque es el último año efectivamente para poder avanzar, en el caso venezolano con una convocatoria a elecciones”.
Puerta asegura que 2027 va a ser un año “de mucho pulso para la coalición que sobrevive en el chavismo”, debido a lo que puede influir la administración Trump durante su último tramo. “Sabemos que ambos partidos (en EE. UU.) se van a preparar para ese evento que es la elección general del 2028 y eso va a tener incidencia en la capacidad que tenga el Presidente no solamente de influir sobre Delcy Rodríguez, sino de garantizar su permanencia en el poder”.
Sin embargo, la politóloga Puerta comenta que en esta coyuntura —que no identifica si camina hacia una transición democrática o la profundización autoritaria— es vital que la oposición aproveche para forzar una salida política a la crisis en Venezuela.
“Creo que es importante entender que este es un proceso político que, de desaprovecharse, no sé si tendremos otro. Lo peor que puede pasar en Venezuela no es que haya un recrudecimiento dictatorial, eso ya existe. El problema es que no haya una forma de evitar que Venezuela termine siendo un Estado fallido”.
A juicio de Mireya Rodríguez, al evaluar el proceso que ha avanzado durante 2026, se puede esperar “un escenario de transición administrada y de alta tensión estructural” con cuatro dinámicas centrales.
La primera de ellas, dice, es un“modelo de estabilización pragmática impulsado desde el exterior” al tener un tutelaje norteamericano que prioriza “la gobernabilidad energética, la seguridad regional y el control de flujos migratorios sobre la pureza del diseño democrático. Veremos un avance acelerado en acuerdos de exploración, reformas al marco de hidrocarburos y apertura financiera, condicionado al mantenimiento de una paz operativa mínima en el país”.
Como segunda característica, explica la experta, se verá la “coexistencia forzada entre la legalidad procedimental y el poder de facto” al utilizar la figura negociadora de la AN 2015 como “el vehículo jurídico para la convalidación internacional de acuerdos, licencias y protección de activos. Sin embargo, su capacidad de incidir en la política territorial cotidiana continuará siendo limitada frente al aparato ejecutivo que opera en Caracas”.
También se observarán los intentos de “atrincheramiento” por parte del sector gobernante, al camuflarse con excepciones “en el terreno económico, energético y en la liberación dosificada de presos políticos para aliviar la presión internacional, mientras intentará frenar a toda costa una apertura política total que ponga en riesgo su impunidad o su continuidad estructural en el poder”.
Por último, indica Rodríguez, va a persistir un conflicto de legitimidad. “El mayor riesgo de este proceso administrado es pretender sustituir la transición política democrática por una mera normalización económica. Mientras no se atienda el mandato popular de masas que representa el liderazgo visionario (María Corina Machado), cualquier acuerdo de convivencia formal carecerá de anclaje social y sufrirá un déficit permanente de estabilidad a mediano plazo”.
La especialista coincide con Puerta en que aún Venezuela no está en un escenario de restitución plena del orden democrático, aunque sí en “una reconfiguración geopolítica del statu quo. El desenlace definitivo dependerá de si la presión ética y la movilización popular logran transformar este tutelaje pragmático en un verdadero itinerario de democratización e institucionalidad real”.
Reportaje publicado originalmente en el medio de comunicación feminista Redsonadoras.
*Ramiro llegó a principios de 2023 a Estados Unidos huyendo de la represión y la hecatombe económica en Venezuela, siendo perseguido en su país natal. Junto a su esposa y sus dos hijas aplicaron por el beneficio del parole humanitario que facilitó el gobierno del entonces presidente Joe Biden y en cuestión de meses llegaron a Miami para comenzar una nueva vida.
Todo andaba sobre ruedas hasta que en enero de 2025 arribó a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Cumpliendo una de sus principales promesas en la campaña electoral, el republicano acabó en un santiamén con el parole humanitario, el CBP One (aplicación móvil para pedir citas de asilo o un permiso humanitario) y el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), además de bloquear la petición de visas de turista.
Al quedarse sin el recurso del parole, *Ramiro y su familia apelaron por la figura de asilo político para permanecer en territorio estadounidense y tres años después de haber llegado a Florida temen que el sueño americano llegue a su fin.
Desde hace semanas la ciudad de Doral en el sur de Florida ha sido epicentro de noticias por las redadas que ha estado llevando a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). Conocida por albergar a una enorme cantidad de venezolanos, Doral es una de las ciudades más pujantes en el llamado estado del sol, pero hoy en día se ha venido a menos por el temor de sus residentes a ser detenidos y deportados, después de cosechar frutos en la tierra del Tio Sam.
De acuerdo a cifras de la propia alcaldía de Doral, en la ciudad viven más de 80000 personas y según la revista Forbes está entre las 25 mejores ciudades de Estados Unidos. Ha crecido 77% en los últimos ocho años y su ubicación cerca del Aeropuerto Internacional de Miami la convierte en un centro estratégico con alrededor de 9000 establecimientos comerciales.
“Viví en Doral hasta marzo del año pasado y me mudé a la Orlando a principios de este año 2026, donde también hay redadas, pero no a nivel del Doral, parece que ahora están concentrados allí”, dijo *Ramiro.
De acuerdo a Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, alrededor de 40% de la población que vive en Doral proviene de Venezuela.
“Lo que pasa es que se ha hecho más viral en las redes sociales por la densidad poblacional venezolana que hay en Doral, pero están haciendo redadas también en otras ciudades como Chicago, Houston, Orlando, Denver, El Paso y San Antonio, por mencionar algunas”, dijo la activista venezolana.
Apenas en marzo de este año, Trump visitó el restaurante El Arepazo en Doral, donde bandera de siete estrellas en mano, una comunidad de venezolanos lo recibió con loas y aplausos, la misma que luego de un semestre se encuentra huyendo de ir a parar a un centro de detención para migrantes.
“¿Quién es de Venezuela?”, preguntó Trump al llegar al mítico restaurante. “Venimos a comprar arepas para llevarnos en el Air Force One ¿Qué me pueden recomendar?”, dijo el mandatario después de sostener una rueda de prensa en Doral, donde justificó su acción militar contra Irán.
De acuerdo a la encuestadora Meganálisis, la popularidad de Trump en Venezuela cayó de 92,2% en enero de este año, fecha en la que fuerzas militares estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, a 9,7% en agosto de 2026.
Recientemente, la congresista republicana, María Elvira Salazar, le dijo a Trump que “los hispanos se sienten traicionados” y que las políticas migratorias de la actual administración estadounidense “han ido demasiado lejos”.
Según Salazar, quien aspira a ser reelecta en las elecciones de medio término en noviembre de este año, en el pasado mes de julio, 50% de las 50000 personas que fueron detenidas por ICE no tenían antecedentes penales.
“Tenga cuidado con lo que le están diciendo sus asesores en cuanto a política migratoria. Quienes votaron por usted para llevarlo a la Casa Blanca hoy se sienten defraudados”, expuso la congresista.
De acuerdo a Ferro, los agente de ICE están deteniendo a personas con un estatus migratorio pendiente alegando que violaron la ley al quedarse en territorio estadounidense más allá del tiempo que te permite una visa de turista u otra condición como parole o TPS.
“Aunque no es una norma escrita, pero sí era una tácitamente entendida, quienes solicitan asilo pueden permanecer dentro de Estados Unidos, incluso el documento que les dan a las personas una vez introducido el recurso, dice que tienen el derecho de quedarse hasta que haya un veredicto en torno a su situación”, dijo Ferro.
*Ramiro indicó que cuando recibió la aceptación de su petición de asilo, el papel que le dieron decía que podía quedarse, no que debía estar preso en un centro de detención.
“Con esa solicitud de asilo le dan a la persona un permiso de trabajo para que pueda mantener su estadía aquí, además de una licencia de conducir y hasta puedes tener seguridad social (social security). Entonces ¿Cómo es que una persona ilegal puede tener todos estos documentos?, es absurdo”, dijo el emigrante venezolano
Raúl David Chávez Millán es otro venezolano que vive en Doral desde hace más de una década. Ha sido testigo de cómo los agentes de ICE detienen a los conductores de vehículos que portan una licencia de conducir temporal.
“¿Qué pasa? Que los funcionarios de ICE tienen unos lectores de placas de carros que dicen si la licencia del conductor es permanente o temporal, porque toda persona cuyo estatus migratorio no está definido tiene una licencia temporal”, dijo Chávez.
“Cabe acotar que si la persona es indocumentada, no puede recibir una licencia de conducir temporal, por eso estar en medio de un proceso migratorio, es estar legal”, añadió *Ramiro.
Afectaciones humanitarias y económicas
“Hablan de 140000 niños que han sido separados de sus padres, más de 70000 presos. Pareciera que el presupuesto que se le otorgó a ICE es enorme, hay zozobra, miedo y persecución”, dijo Tomás Páez Bravo, director del Observatorio Venezolano de la Diáspora.
De acuerdo a Ferro, el impacto de los operativos de ICE tiene varias caras, la primera es la humanitaria y la segunda la económica.
“La gente está viviendo un absoluto terror, las familias están siendo separadas, algunos niños no están yendo a la escuela y cuando llegan a casa se encuentran que su papá y su mamá no están. Hay menores de edad que se están quedando solos”, señaló la activista.
Chávez expresó que Doral no es la misma ciudad que conoció al llegar, ni siquiera se parece a la del año pasado.
“Una de las cosas que más destaca de esa ciudad es el tráfico y se ha notado un descenso de vehículos sobre todo en las vías principales. Centros comerciales cercanos como el Dolphin Mall, que suele estar repleto de personas, cuenta con poca afluencia de gente, fui un día después de quincena y se podía caminar libremente por los pasillos. Acudí recientemente a un supermercado y era exactamente lo mismo”, dijo el venezolano.
“Las calles están vacías, la gente no está saliendo de sus casas, los negocios carecen de afluencia de personas, hay establecimientos que probablemente deban cerrar o incluso ya cerraron”, agregó Ferro.
La directora del Venezuelan American Caucus dijo que la “cacería” está teniendo consecuencias en el seno familiar.
“Quizás la más dolorosa es la separación, pero también está el aspecto económico, muchos han tenido que dejar de trabajar por temor a salir a la calle y por eso hay gente que no puede pagar la renta, comprar comida o cancelar los servicios”, dijo Ferro.
*Ramiro, quien maneja un Uber y hace DoorDash (entregas a domicilio) ha pasado por periodos en los que ni siquiera ha salido de su casa por lo que su producción se ha venido a menos. Conoce a gente que ha sido aprehendida e incluso familias que se han regresado a Venezuela porque se niegan a vivir con miedo.
A juicio de Páez Bravo, la nueva dinámica migratoria está teniendo efectos en el sector agrícola y construcción, rubros en los que tradicionalmente la mano de obra es asumida por migrantes.
Chávez expresó que en Doral el sentimiento generalizado es de tensión y miedo.
“Hay personas que han tenido que delegar en otras, cuyo estatus migratorio está definido, el hacer mercado o llevar a los niños a las escuelas”.
Un sistema roto
*Ramiro apuntó que el destino de un solicitante de asilo no lo puede decidir un funcionario policial, sino un juez en un tribunal migratorio.
Para Chávez se trata de un tema de interpretación de las leyes.
A juicio de Ferro, quienes aguardan por una petición de asilo no son ilegales.
“Están en lo que conocemos como un limbo legal permitido y aprobado por los Estados Unidos desde hace años”.
De acuerdo a informes de organizaciones como TRAC Reports, las restricciones y cambios bajo la administración actual han elevado los rechazos de asilos desde un 60 % a un 94 %.
En junio de 2026, los tribunales de inmigración solo concedieron asilo a 771 personas, lo que representa apenas un 5 % de los casos resueltos en ese periodo.
De acuerdo a la firma Rivas & Asociados, el promedio para obtener una decisión final en un caso de asilo suele tardar de 4 a 7 años debido a la alta acumulación de casos pendientes en los tribunales.
“El gobierno creó un limbo por su ineficacia y está castigando a las personas por algo que ellos mismos formaron. Las personas que están en un proceso migratorio no tienen forma de defenderse”, expresó *Ramiro.
El migrante recordó que un requisito fundamental para aplicar por asilo es estar dentro de territorio estadounidense.
“Entonces uno debe haber entrado legalmente. Muchos acusan a los solicitantes de asilo de fraude y eso es algo que debe decidir un juez”, añadió.
Ferro indicó que el haber sido detenido no significa que necesariamente la persona vaya a ser deportada, pero efectivamente existe un riesgo porque la manera de zafarse parcialmente de la situación es costosa.
“Contratar a un abogado cuesta miles de dólares y salir bajo fianza otros miles más, y el tema es que cuando se trata de migración no funcionan cuotas, hay que pagarlo de una vez”, dijo la activista.
Según el bufete de Rivas & Asociados, el monto mínimo para una fianza de ICE es de 1500 dólares, aunque no existe un límite máximo y las cifras promedio suelen estar entre $5000 y $25000, según cada caso.
“Las personas que no tienen esos fondos pasan meses detenidos hasta que finalmente se ven obligados a firmar su deportación, ya sea hacia Venezuela u otro país”, dijo Ferro.
En abril de 2025, Donald Trump dijo que su meta anual de deportaciones era de 1 millón de personas.
De acuerdo a cifras del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), la administración republicana ha deportado a 985000 personas desde el inicio de su gestión hasta mediados de julio de 2026, mientras que datos oficiales de ICE registran más de 356000 deportaciones únicamente para el año fiscal en curso, que comenzó en octubre de 2025.
“Se está perjudicando a personas que estaban esperando la respuesta por parte del gobierno mientras trabajaban legalmente, con un número de seguridad social, pagando sus impuestos y haciendo las cosas de manera correcta”, dijo Ferro.
Páez Bravo sentenció que por fortuna, organizaciones de la diáspora y la sociedad civil venezolana se han organizado para buscar una salida a este drama.
“Hubo un encuentro de más de tres decenas de organizaciones de la diáspora en Estados Unidos y andan promoviendo un encuentro entre republicanos y demócratas en procura de ofrecer posibles soluciones a los venezolanos que hoy viven en zozobra”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
