*Ramiro llegó a principios de 2023 a Estados Unidos huyendo de la represión y la hecatombe económica en Venezuela, siendo perseguido en su país natal. Junto a su esposa y sus dos hijas aplicaron por el beneficio del parole humanitario que facilitó el gobierno del entonces presidente Joe Biden y en cuestión de meses llegaron a Miami para comenzar una nueva vida.
Todo andaba sobre ruedas hasta que en enero de 2025 arribó a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Cumpliendo una de sus principales promesas en la campaña electoral, el republicano acabó en un santiamén con el parole humanitario, el CBP One (aplicación móvil para pedir citas de asilo o un permiso humanitario) y el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), además de bloquear la petición de visas de turista.
Al quedarse sin el recurso del parole, *Ramiro y su familia apelaron por la figura de asilo político para permanecer en territorio estadounidense y tres años después de haber llegado a Florida temen que el sueño americano llegue a su fin.
Desde hace semanas la ciudad de Doral en el sur de Florida ha sido epicentro de noticias por las redadas que ha estado llevando a cabo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). Conocida por albergar a una enorme cantidad de venezolanos, Doral es una de las ciudades más pujantes en el llamado estado del sol, pero hoy en día se ha venido a menos por el temor de sus residentes a ser detenidos y deportados, después de cosechar frutos en la tierra del Tio Sam.
De acuerdo a cifras de la propia alcaldía de Doral, en la ciudad viven más de 80000 personas y según la revista Forbes está entre las 25 mejores ciudades de Estados Unidos. Ha crecido 77% en los últimos ocho años y su ubicación cerca del Aeropuerto Internacional de Miami la convierte en un centro estratégico con alrededor de 9000 establecimientos comerciales.
“Viví en Doral hasta marzo del año pasado y me mudé a la Orlando a principios de este año 2026, donde también hay redadas, pero no a nivel del Doral, parece que ahora están concentrados allí”, dijo *Ramiro.
De acuerdo a Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, alrededor de 40% de la población que vive en Doral proviene de Venezuela.
“Lo que pasa es que se ha hecho más viral en las redes sociales por la densidad poblacional venezolana que hay en Doral, pero están haciendo redadas también en otras ciudades como Chicago, Houston, Orlando, Denver, El Paso y San Antonio, por mencionar algunas”, dijo la activista venezolana.
Apenas en marzo de este año, Trump visitó el restaurante El Arepazo en Doral, donde bandera de siete estrellas en mano, una comunidad de venezolanos lo recibió con loas y aplausos, la misma que luego de un semestre se encuentra huyendo de ir a parar a un centro de detención para migrantes.
“¿Quién es de Venezuela?”, preguntó Trump al llegar al mítico restaurante. “Venimos a comprar arepas para llevarnos en el Air Force One ¿Qué me pueden recomendar?”, dijo el mandatario después de sostener una rueda de prensa en Doral, donde justificó su acción militar contra Irán.
De acuerdo a la encuestadora Meganálisis, la popularidad de Trump en Venezuela cayó de 92,2% en enero de este año, fecha en la que fuerzas militares estadounidenses detuvieron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, a 9,7% en agosto de 2026.
Recientemente, la congresista republicana, María Elvira Salazar, le dijo a Trump que “los hispanos se sienten traicionados” y que las políticas migratorias de la actual administración estadounidense “han ido demasiado lejos”.
Según Salazar, quien aspira a ser reelecta en las elecciones de medio término en noviembre de este año, en el pasado mes de julio, 50% de las 50000 personas que fueron detenidas por ICE no tenían antecedentes penales.
“Tenga cuidado con lo que le están diciendo sus asesores en cuanto a política migratoria. Quienes votaron por usted para llevarlo a la Casa Blanca hoy se sienten defraudados”, expuso la congresista.
¿Por qué arrestan a personas con asilo pendiente?
De acuerdo a Ferro, los agente de ICE están deteniendo a personas con un estatus migratorio pendiente alegando que violaron la ley al quedarse en territorio estadounidense más allá del tiempo que te permite una visa de turista u otra condición como parole o TPS.
“Aunque no es una norma escrita, pero sí era una tácitamente entendida, quienes solicitan asilo pueden permanecer dentro de Estados Unidos, incluso el documento que les dan a las personas una vez introducido el recurso, dice que tienen el derecho de quedarse hasta que haya un veredicto en torno a su situación”, dijo Ferro.
*Ramiro indicó que cuando recibió la aceptación de su petición de asilo, el papel que le dieron decía que podía quedarse, no que debía estar preso en un centro de detención.
“Con esa solicitud de asilo le dan a la persona un permiso de trabajo para que pueda mantener su estadía aquí, además de una licencia de conducir y hasta puedes tener seguridad social (social security). Entonces ¿Cómo es que una persona ilegal puede tener todos estos documentos?, es absurdo”, dijo el emigrante venezolano
Raúl David Chávez Millán es otro venezolano que vive en Doral desde hace más de una década. Ha sido testigo de cómo los agentes de ICE detienen a los conductores de vehículos que portan una licencia de conducir temporal.
“¿Qué pasa? Que los funcionarios de ICE tienen unos lectores de placas de carros que dicen si la licencia del conductor es permanente o temporal, porque toda persona cuyo estatus migratorio no está definido tiene una licencia temporal”, dijo Chávez.
“Cabe acotar que si la persona es indocumentada, no puede recibir una licencia de conducir temporal, por eso estar en medio de un proceso migratorio, es estar legal”, añadió *Ramiro.
Afectaciones humanitarias y económicas
“Hablan de 140000 niños que han sido separados de sus padres, más de 70000 presos. Pareciera que el presupuesto que se le otorgó a ICE es enorme, hay zozobra, miedo y persecución”, dijo Tomás Páez Bravo, director del Observatorio Venezolano de la Diáspora.
De acuerdo a Ferro, el impacto de los operativos de ICE tiene varias caras, la primera es la humanitaria y la segunda la económica.
“La gente está viviendo un absoluto terror, las familias están siendo separadas, algunos niños no están yendo a la escuela y cuando llegan a casa se encuentran que su papá y su mamá no están. Hay menores de edad que se están quedando solos”, señaló la activista.
Chávez expresó que Doral no es la misma ciudad que conoció al llegar, ni siquiera se parece a la del año pasado.
“Una de las cosas que más destaca de esa ciudad es el tráfico y se ha notado un descenso de vehículos sobre todo en las vías principales. Centros comerciales cercanos como el Dolphin Mall, que suele estar repleto de personas, cuenta con poca afluencia de gente, fui un día después de quincena y se podía caminar libremente por los pasillos. Acudí recientemente a un supermercado y era exactamente lo mismo”, dijo el venezolano.
“Las calles están vacías, la gente no está saliendo de sus casas, los negocios carecen de afluencia de personas, hay establecimientos que probablemente deban cerrar o incluso ya cerraron”, agregó Ferro.
La directora del Venezuelan American Caucus dijo que la “cacería” está teniendo consecuencias en el seno familiar.
“Quizás la más dolorosa es la separación, pero también está el aspecto económico, muchos han tenido que dejar de trabajar por temor a salir a la calle y por eso hay gente que no puede pagar la renta, comprar comida o cancelar los servicios”, dijo Ferro.
*Ramiro, quien maneja un Uber y hace DoorDash (entregas a domicilio) ha pasado por periodos en los que ni siquiera ha salido de su casa por lo que su producción se ha venido a menos. Conoce a gente que ha sido aprehendida e incluso familias que se han regresado a Venezuela porque se niegan a vivir con miedo.
A juicio de Páez Bravo, la nueva dinámica migratoria está teniendo efectos en el sector agrícola y construcción, rubros en los que tradicionalmente la mano de obra es asumida por migrantes.
Chávez expresó que en Doral el sentimiento generalizado es de tensión y miedo.
“Hay personas que han tenido que delegar en otras, cuyo estatus migratorio está definido, el hacer mercado o llevar a los niños a las escuelas”.
Un sistema roto
*Ramiro apuntó que el destino de un solicitante de asilo no lo puede decidir un funcionario policial, sino un juez en un tribunal migratorio.
Para Chávez se trata de un tema de interpretación de las leyes.
A juicio de Ferro, quienes aguardan por una petición de asilo no son ilegales.
“Están en lo que conocemos como un limbo legal permitido y aprobado por los Estados Unidos desde hace años”.
De acuerdo a informes de organizaciones como TRAC Reports, las restricciones y cambios bajo la administración actual han elevado los rechazos de asilos desde un 60 % a un 94 %.
En junio de 2026, los tribunales de inmigración solo concedieron asilo a 771 personas, lo que representa apenas un 5 % de los casos resueltos en ese periodo.
De acuerdo a la firma Rivas & Asociados, el promedio para obtener una decisión final en un caso de asilo suele tardar de 4 a 7 años debido a la alta acumulación de casos pendientes en los tribunales.
“El gobierno creó un limbo por su ineficacia y está castigando a las personas por algo que ellos mismos formaron. Las personas que están en un proceso migratorio no tienen forma de defenderse”, expresó *Ramiro.
El migrante recordó que un requisito fundamental para aplicar por asilo es estar dentro de territorio estadounidense.
“Entonces uno debe haber entrado legalmente. Muchos acusan a los solicitantes de asilo de fraude y eso es algo que debe decidir un juez”, añadió.
Ferro indicó que el haber sido detenido no significa que necesariamente la persona vaya a ser deportada, pero efectivamente existe un riesgo porque la manera de zafarse parcialmente de la situación es costosa.
“Contratar a un abogado cuesta miles de dólares y salir bajo fianza otros miles más, y el tema es que cuando se trata de migración no funcionan cuotas, hay que pagarlo de una vez”, dijo la activista.
Según el bufete de Rivas & Asociados, el monto mínimo para una fianza de ICE es de 1500 dólares, aunque no existe un límite máximo y las cifras promedio suelen estar entre $5000 y $25000, según cada caso.
“Las personas que no tienen esos fondos pasan meses detenidos hasta que finalmente se ven obligados a firmar su deportación, ya sea hacia Venezuela u otro país”, dijo Ferro.
En abril de 2025, Donald Trump dijo que su meta anual de deportaciones era de 1 millón de personas.
De acuerdo a cifras del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), la administración republicana ha deportado a 985000 personas desde el inicio de su gestión hasta mediados de julio de 2026, mientras que datos oficiales de ICE registran más de 356000 deportaciones únicamente para el año fiscal en curso, que comenzó en octubre de 2025.
“Se está perjudicando a personas que estaban esperando la respuesta por parte del gobierno mientras trabajaban legalmente, con un número de seguridad social, pagando sus impuestos y haciendo las cosas de manera correcta”, dijo Ferro.
Páez Bravo sentenció que por fortuna, organizaciones de la diáspora y la sociedad civil venezolana se han organizado para buscar una salida a este drama.
“Hubo un encuentro de más de tres decenas de organizaciones de la diáspora en Estados Unidos y andan promoviendo un encuentro entre republicanos y demócratas en procura de ofrecer posibles soluciones a los venezolanos que hoy viven en zozobra”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
