Cada 4 de septiembre, el mundo conmemora el Día de la Salud Sexual, una fecha que recuerda que el bienestar implica el derecho de todas las personas a vivir una sexualidad plena, segura y libre de violencia. Sin embargo, en Venezuela este derecho sigue siendo un terreno olvidado.
En un país donde hablar de sexualidad sigue siendo un tabú, la carencia de políticas públicas de prevención y el vacío en educación sexual integral exponen a millones de venezolanos —especialmente a mujeres y adolescentes— a embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual y a situaciones de violencia que podrían prevenirse con información y atención oportuna.
Derechos sexuales y reproductivos son vistos con menor relevancia
Freddy Salazar es médico infectólogo y coordinador de Salud del proyecto VIHvos de la ONG País Plural. Este proyecto tiene como objetivo general incrementar el acceso de las poblaciones clave de la comunidad LGBTIQ+ a servicios de prevención combinada del VIH, promoviendo estilos de vida saludables y reduciendo la incidencia del virus y otras ITS en el Distrito Capital.
En entrevista concedida a Runrun.es, el especialista explicó que muchas veces la salud sexual no es vista de la misma forma que la salud integral.
“Los derechos sexuales y reproductivos no son vistos de la misma medida que el resto de los derechos asociados a la salud. Yo creo que es un problema importante en Venezuela y más aún en el mundo”, consideró Salazar al apuntar que globalmente existe un retroceso en esos derechos sexuales reproductivos y en la visión de la salud sexual como un ente relevante en la salud.
El desafío del VIH en Venezuela
En cuanto a las infecciones de transmisión sexual (ITS), principalmente el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), Freddy Salazar señaló que Venezuela y el mundo son afectados por la disminución de fondos para el tratamiento de estas infecciones.
Aunque en Venezuela el acceso a tratamientos antirretrovirales está garantizado gracias a convenios internacionales y los medicamentos se distribuyen gratuitamente en los centros de salud públicos, aún persisten obstáculos que limitan el inicio oportuno del tratamiento y no tiene que ver con desabastecimiento.
“Los tratamientos existen y existen los sitios, pero creo que falta la integración como política para que puedan funcionar de manera adecuada”, señaló Salazar. Asimismo, explicó que puede ser más engorroso el procedimiento para adquirirlos en el interior del país, ya que en otras regiones hay centros menos localizados para la atención especializada en ITS.
Entre las políticas públicas que podrían mejorar esta situación, señaló los cambios estructurales a nivel legislativo que permitan reducir el estigma y la discriminación, pues aunque en la mayor parte de los países de la región no hay un componente de ilegalidad, aún hay ciertas limitaciones “como el reconocimiento de la identidad de las personas trans o falta de leyes que protejan a las trabajadoras sexuales de manera más directa”.
Salazar también considera necesaria la descentralización para trabajar en comunidad y que esta forme parte directa de las rutas de atención tanto en salud sexual reproductiva como en prevención de ITS y VIH. Esta descentralización permitirá acceder de forma más fácil a las comunidades.
Finalmente, consideró que debe haber una política pública de educación en sexualidad, en salud sexual y en derechos sexuales y reproductivos “para que las personas tengan el disfrute completo de su salud sexual, desde el placer, la ternura y desde la posibilidad de acceder a lo que por derecho tienen, que es una salud sexual y reproductiva adecuada para así poder lograr una salud integral”.
Poblaciones vulnerables frente a más barreras
El acceso a la atención en salud sexual y, particularmente, en VIH no es igual para todos en Venezuela. Las poblaciones más vulnerables —como personas trans, trabajadoras sexuales y otros grupos clave— enfrentan obstáculos adicionales que van más allá de la falta de información.
“Aparte del desconocimiento al área de vinculación, tenemos cosas importantes como puede ser el maltrato, el uso inadecuado de pronombres y términos en el caso de las poblaciones claves. Todas estas cosas, barreras legales, estructurales y comportamentales que dificultan que las personas con más vulnerabilidad tengan acceso a estas terapias que son necesarias para evitar la transmisión a nuevas personas”, explicó.
Pero Salazar señaló que este problema no es exclusivo de Venezuela, sino que se repite de forma global, en un contexto de disminución de recursos para la respuesta al VIH y a las ITS.
Frente a ese panorama, insistió en la necesidad de redirigir esfuerzos hacia proyectos comunitarios como VIHvos, que buscan ampliar el acceso a información, educación y prevención, incluso con recursos limitados.
“Eso es justicia sexual, el tema que la Organización Mundial de Salud Sexual y Reproductiva escogió para este año. Porque es importante la justicia y la equidad para lograr realmente los propósitos que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos que incluyen tener información, educación, concientización y prevención de ITS”, acotó.
Prevenir ITS desde la educación
Magdymar León Torrealba, psicóloga clínica y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), advirtió que la falta de educación sexual integral afecta directamente la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).
“La educación sexual integral nos ayuda a identificar que existen infecciones, cuáles son, de qué manera podemos tener relaciones sexuales protegidas y que estas infecciones pueden ser atendidas”, explicó León en entrevista con este medio.
León advirtió también que la ausencia de educación sexual integral tiene consecuencias graves para niños, niñas y adolescentes. “Crecer sin educación clara y científica sobre la sexualidad significa crecer con mitos, con falsas creencias, con temor y con ideas distorsionadas sobre el cuerpo y las relaciones”, indicó.
Sobre este punto, la especialista recordó que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) otorga, a partir de los 14 años, el derecho de acudir a servicios de salud sexual sin autorización de padres o representantes. Pero sin información adecuada, las y los adolescentes quedan sin herramientas para reconocer síntomas, saber dónde hacerse pruebas o entender cómo usar métodos de protección como el condón.
En muchos casos, la información llega a través de fuentes inadecuadas, como la pornografía, lo que genera visiones erradas sobre la sexualidad y aumenta la vulnerabilidad ante embarazos no planificados, ITS o incluso situaciones de abuso y violencia sexual.
“También limita el desarrollo de su capacidad de decidir sobre su vida y su futuro. No dar educación sexual integral es dejar a la infancia y a la adolescencia sin herramientas para cuidarse y protegerse”, apuntó.
Educación sexual integral para prevenir la violencia de género
Uno de los aportes que tiene la educación sexual integral, de acuerdo con Magdymar León, es su capacidad para transformar dinámicas de violencia. “A través de la educación sexual integral se enseña a reconocer la violencia, a nombrarla, a poner límites y a decir no. Esto transforma las dinámicas de poder que sostienen la violencia de género”, explicó.
Como consecuencia de esa educación una persona sabe que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida, lo que garantiza que esté menos expuesta a ser controlada y violentada. Y sobre todo, “contribuye a formar a personas íntegras”.
Para León, comprender que mujeres y hombres tienen los mismos derechos ayuda a desmontar los “mandatos patriarcales machistas” que sitúan a las mujeres en posiciones de subordinación. “Estamos creando una base de igualdad entre los géneros que dificulta la generación de violencia sexual y de género”, subrayó.
Prejuicios refuerzan el silencio y la culpa
Magdymar León consideró que los obstáculos culturales y religiosos son una de las principales barreras para avanzar en la educación sexual integral en Venezuela. Además, alertó que en el país se ha sustituido la educación integral por mensajes fragmentados y moralizantes, lo que limita la capacidad de las nuevas generaciones para tomar decisiones libres y seguras sobre su vida.
“Los prejuicios culturales y religiosos refuerzan el silencio, la culpa, la vergüenza en torno a la sexualidad. De algún modo, estos mensajes y estos prejuicios marcan la pauta sobre el hecho de que hablar de sexualidad es quizás peligroso para la infancia, cuando en realidad lo peligroso es callar”, insistió.
Estas resistencias generan desconfianza en familias y comunidades, lo que, advirtió, “es malísimo, porque estamos generando una desprotección”. El reto, recalca, está en mostrar que la educación sexual integral no se opone a valores ni creencias, sino que los complementa desde la salud y los derechos.
Otro desafío importante que destacó León es que se debe construir confianza con madres, padres, docentes y representantes para que comprendan que educar en sexualidad no significa promover conductas sexuales: “No significa promover la iniciación sexual, sino más bien preparar a niños, niñas y adolescentes para vivir con seguridad, con bienestar y con dignidad”.
Cáncer de cuello uterino gana terreno sin vacunación contra el VPH
La salud sexual no solo implica el derecho a la información, al acceso a métodos anticonceptivos o a la prevención de infecciones de transmisión sexual, sino también la posibilidad de protegerse frente a enfermedades crónicas que pueden ser prevenibles con vacunas.
En este sentido, contar con un esquema gratuito y masivo de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) es fundamental, pues se trata de la principal causa del cáncer de cuello uterino, una enfermedad que cada año cobra la vida de miles de mujeres en el país y que podría evitarse con políticas de prevención efectivas.
Sin embargo, en Venezuela no existe un programa de vacunación masiva contra el VPH: es uno de los tres países que todavía no lo han implementado en la región de las Américas y el Caribe. Las vacunas se consiguen únicamente en el sector privado a montos elevados que, según especialistas, oscilan entre los 150 y 250 dólares.
A finales de 2022, el Ministerio del Poder Popular para la Salud anunció que estaban planificando la adquisición y posterior ejecución de la vacuna contra el VPH, y que la aplicación iniciaría en el segundo trimestre del 2023, sin embargo, esta promesa quedó en veremos.
De concretarse ese plan, Venezuela podría alinearse con la estrategia internacional 90-70-90: 90% de cobertura de vacunación en niñas de 15 años, 70% de tamizaje en mujeres de 35 y 45 años, y 90% de tratamiento para lesiones precancerosas o cáncer invasivo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
