Banesco Banco Universal -cuya política de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad tiene como pilares el fomento a la educación, la salud y la inclusión financiera de los venezolanos- presentó el balance correspondiente al primer semestre del año, de su voluntariado corporativo en el que participan colaboradores de Banesco y las empresas Todoticket, Banesco Seguros y Nativa. El Voluntariado Banesco tiene como propósito acompañar, apoyar y participar en actividades que involucren a sus Socios y Aliados sociales, así como a comunidades vulnerables relacionados con ellos.
Durante el primer semestre de 2025, se realizaron 22 actividades con un acumulado de 492 horas, dónde 90 colaboradores de Banesco y sus filiales, dedicaron su tiempo, conocimiento y habilidades en beneficio de 828 personas integradas por niños, niñas, adultos y personas mayores, con diferentes necesidades y vulnerabilidades.
El Voluntariado Banesco enfoca sus actividades a través de cuatro ejes de acción: voluntariado ambiental -actividades relacionadas con el cuidado del medioambiente-; capacitación de voluntarios -formación en habilidades para ser replicadores de buenas acciones-; eventos de acción social y voluntariado basado en capacidades. Este último consiste en el intercambio de conocimiento y experiencia por parte de los colaboradores de Banesco, para la ejecución de un proyecto de un Socio o Aliado Sociales o formación en nuevas habilidades.
“Es un gran orgullo poder contar en Banesco con un notable grupo de voluntarios que han decidido acercarse a otras realidades sociales, ampliar sus perspectivas de vida y fomentar la solidaridad y el compromiso social como parte de sus rutinas. En Banesco estamos seguros de que el voluntariado corporativo es un valor agregado a la gestión social de una empresa comprometida con su entorno”, dijo Marco Tulio Ortega Vargas, presidente de la Junta Directiva de Banesco Banco Universal.
Articuladores de la solidaridad
Durante el primer semestre del año, las actividades de los voluntarios se enfocaron en jornadas de reciclaje y ecología; atención y cuidado de niños y adultos mayores; dirección de talleres formativos para las organizaciones de desarrollo social.
“La experiencia con el voluntariado de Banesco, en especial con los talleres de formación en los que hemos participado, la consideramos muy importante porque han permitido que nuestro personal, que convive en ambientes completamente diferentes e incluso en zonas rurales, tengan experiencias distintas y reciban herramientas para su vida diaria. Se trata de que puedan llevar esos aprendizajes, no solamente a la vida profesional, sino también a su vida cotidiana. Eso ha sido excelente”, comenta Estela Roa, coordinadora nacional de Unidades Educativas de la Asociación Damas Salesianas, en su experiencia con los Voluntarios Banesco.
El voluntariado acompañó a las siguientes organizaciones: Fundana, Hogar Residencial Santo Domingo, El Sistema de Orquesta, AVEC, Fundación Amigos del Niño con Cáncer, Museo de los Niños, Fundación Hospital Ortopédico Infantil, Fundación Amigos de San Juan de Dios, Universidad Monteávila, Damas Salesianas, Avesid, Don Bosco, SenosAyuda, Fe y Alegría, Red de Casas Don Bosco, Sembremos más Vida, Programa Juventud Prolongada de Chacao y Banco del Libro.
“Desde mi rol como coordinador del programa Juventud Prolongada del municipio Chacao, considero que la colaboración con el voluntariado de Banesco para ofrecer charlas de seguridad bancaria es de vital importancia. Nuestros adultos mayores, a quienes con cariño llamamos “Juventud Prolongada”, se enfrentan a un panorama digital en constante evolución, y es nuestro deber proporcionarles las herramientas para que puedan navegar de manera segura. Estas sesiones son espacios de empoderamiento donde ellos aprenden a identificar y protegerse de las estafas y los fraudes que tristemente abundan. Juntos, estamos construyendo una comunidad más fuerte, informada y resiliente, donde el miedo a lo digital se convierte en una oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo”, compartió Carlos Blanco, coordinador del Programa Juventud Prolongada de la Alcaldía de Chacao.
Desde 2019, la Junta Directiva de Banesco aprobó el reconocimiento -a cada Ciudadano Banesco- de cuatro horas al mes para dedicar al voluntariado corporativo, tanto en actividades internas como fuera de la institución. El programa del voluntariado corporativo forma parte de la cultura Banesco y el balance de las actividades realizadas durante el primer semestre del año demuestran el compromiso social y la solidaridad de los colaboradores de la institución bancaria.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió este martes 9 de septiembre la liberación del excandidato presidencial venezolano, Enrique Márquez, y de las “decenas” de colombianos que están detenidos en Venezuela.
A través de su cuenta en X, el mandatario colombiano recordó que Márquez y decenas de colombianos llevan meses detenidos.
“Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de colombianos en cárceles venezolanas. Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder”, escribió el presidente colombiano en un mensaje en su cuenta de X.
Agregó que la defensa de Venezuela frente a una eventual invasión implica la unión de su pueblo, que pasa por el diálogo y la reconciliación.
“La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado. Un pueblo dividido es fácil de invadir. Hora del diálogo, la reconciliación y la unión en Venezuela”, agregó Petro.
Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de Colombianos en cárceles venezolanas.
Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder.
La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado.…
El pasado domingo, 7 de septiembre, el excandidato presidencial y dirigente opositor, Enrique Márquez cumplió ocho meses detenido, tras ser acusado por las autoridades de planear un “golpe de Estado” para el 10 de enero, días antes de la juramentación de Nicolás Maduro.
Sonia Lugo de Márquez, esposa del dirigente opositor, difundió una carta en X para denunciar la situación de su esposo.
Lugo advirtió que la detención del dirigente político “ha sido un acto de injusticia” y cuestionó que en Venezuela encarcelen al que “piensa distinto, al que propone caminos pacíficos, al que cree en el voto y no en la violencia”.
Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral y excandidato presidencial opositor, fue detenido en enero de 2025 bajo cargos que sus familiares y aliados políticos califican de “fabricados y con motivación política”.
Tras las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 2024, Márquez lideró diversas acciones para exigir que se respetara la decisión de millones de venezolanos que votaron por un cambio político. También, presentó un recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar los resultados de dichos comicios.
Carta abierta desde el amor y el dolor: 8 meses sin Enrique Márquez
Caracas, 7 de septiembre de 2025
Hoy se cumplen ocho meses desde que te arrancaron de nuestro lado. Ocho meses desde que la injusticia golpeó la puerta de nuestra casa para llevarse no solo a un hombre… pic.twitter.com/l5cGyC2Ppf
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las tensiones entre Venezuela y EEUU alcanzaron un nuevo punto crítico. El anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre el hundimiento de una embarcación en el Caribe, con un saldo de 11 muertos, no solo despertó serias dudas sobre la legalidad del uso de la fuerza, sino que también ha puesto en evidencia cómo la confrontación bilateral trasciende la lucha contra el narcotráfico.
Mientras tanto, la administración de Nicolás Maduro mantiene un entorno de represión sostenida, llevando a cabo nuevas detenciones y desapariciones forzadas, y ha incrementado la presencia militar y de la milicia en el país.
De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) estos hechos se enmarcan en un contexto de incremento de las tensiones entre Venezuela y EEUU y de un despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, “que van más allá de esfuerzos de controlar al narcotráfico”.
El pasado 8 de agosto, el New York Times reportó que Trump autorizó al Pentágono para emplear fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico. Poco antes de eso, el 25 de julio, el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como Terroristas Globales Especialmente Designados.
Asimismo, al inicio de la administración de Trump, la megabanda criminal venezolana Tren de Aragua fue designada como Organización Internacional Terrorista. Aunque con implicaciones jurídicas distintas, según explicó WOLA, y sin que esas figuras autoricen expresamente el uso de la fuerza militar, “este marco ha servido para justificar discursivamente el despliegue de la Armada estadounidense en el mar Caribe”.
Las designaciones que vinculan al gobierno venezolano con el terrorismo, la recompensa de 50 millones de dólares Maduro y el despliegue naval en el Caribe refuerzan la estrategia de EEUU de tratar la crisis venezolana como un asunto de seguridad nacional. Aunque estas medidas también generan dudas sobre sus alcances, los riesgos de repetir errores de la “guerra contra las drogas” y la posible respuesta de Maduro.
Ante este panorama, WOLA planteó y respondió cinco preguntas clave sobre la situación:
¿Cuáles son los vínculos del gobierno autoritario en Venezuela con economías ilícitas?
De acuerdo con WOLA, existe un debate sobre la naturaleza organizativa y estructura del Cartel de los Soles. La oficina señaló que hay análisis que cuestionan si se trata de un cartel con “lógicas propias o de una red flexible de actores estatales y no estatales involucrados en actividades criminales”.
El organismo indicó que ese debate desvía la atención de un elemento esencial como la existencia de vínculos entre altos funcionarios de la administración de Maduro y diversas economías ilícitas que incluyen “tráfico de drogas, combustible, minería ilegal y contrabando de oro, rodio y coltán”.
Al respecto, recordó que Transparencia Venezuela estimó que para 2022 las economías ilícitas generaron un aproximado de $9.402 millones de ingresos. Casos como los del exmilitar Clíver Alcalá Cordones y el antiguo director de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal Barrios, “han develado los vínculos de las autoridades venezolanas con el narcotráfico”.
¿Por qué es problemático el enfoque que relaciona narcotráfico con terrorismo?
La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista se apoya en la Orden Ejecutiva 13224, que define el terrorismo como actividades “violentas o peligrosas para la vida humana, la propiedad o la infraestructura” destinadas a “intimidar a la población civil” o “influir en la política de un gobierno mediante coerción”. Sin embargo, WOLA insistió en que calificar a los cárteles como terroristas “debe evitarse” porque sus fines son económicos y no ideológicos, y porque “la definición misma de lo que constituye un cártel de drogas es difusa”.
En el caso de Venezuela, señaló WOLA que la polémica se profundiza porque EEUU ha identificado directamente a Nicolás Maduro como “la cabeza del cártel”, lo que, pese a declaraciones de que no se buscan “cambios de régimen”, abre la puerta a acciones punitivas y eventualmente militares.
¿Cuáles son las implicaciones para la oposición política en Venezuela?
La estrategia de “máxima presión” de Washington ha sido vista por la oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, como “un éxito”, pues la designación del Cartel de los Soles y el despliegue militar en el Caribe dificultan la “normalización” internacional de la administración de Maduro. Sin embargo, estas acciones también han provocado un acercamiento del gobierno oficialista con países como Brasil y Colombia, que ahora llaman al “respeto a la soberanía territorial de Venezuela”.
Para la oposición, además del “garrote” de la amenaza militar, WOLA explicó que se necesitan incentivos de protección y mecanismos de justicia transicional que permitan defecciones dentro del chavismo y una salida negociada. A ello se suman contradicciones de la política de Trump —como el “congelamiento de la ayuda extranjera” y las deportaciones de venezolanos— que afectan a la sociedad civil.
¿Existe la posibilidad de una escalada militar en la región?
Aunque WOLA indicó que si bien no se pueden predecir las decisiones de la administración de Trump, pueden plantearse algunos escenarios. Y pese a que la operación antinarcóticos “puede entenderse como disuasiva”, la organización indicó que “no se descarta la posibilidad de que evolucione hacia acciones militares más directas”. No obstante, consideró que la naturaleza y alcance de estas eventuales acciones son inciertas.
Por ahora queda por ver cuál será la reacción de los países de la región y si las posturas políticas se traducen en acciones militares. Algunas naciones han adoptado pronunciamientos y medidas que apuntan a la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista, mientras que otros se han movido en la posición opuesta, denunciando las acciones de EEUU como injerencistas.
El riesgo de una escalada de tensiones entre Venezuela y EEUU es alto y podría ir de la intimidación militar a ataques selectivos, e incluso —aunque menos probable— a intentos de derrocar al gobierno de Maduro. Según WOLA, el hundimiento de la embarcación en el Caribe y el sobrevuelo de aviones venezolanos sobre buques estadounidenses muestran un escenario intermedio que podría derivar en mayor tensión.
¿Cómo amenaza la resiliencia de las redes criminales la sostenibilidad de una transición democrática a largo plazo?
Para WOLA, uno de los principales retos para una transición democrática en Venezuela es la “resiliencia del entramado criminal que sostiene al gobierno autoritario”. La salida de figuras como Nicolás Maduro o Diosdado Cabello “no necesariamente supondría la desarticulación automática de estas redes”, que podrían reacomodarse y mantener su influencia.
Además, recordó que en Venezuela operan actores como el ELN, disidencias de las FARC, colectivos armados y el Tren de Aragua, lo que configura un “ecosistema criminal” difícil de desmontar. Recuperar el control de los territorios en un eventual cambio político “no será tarea fácil” y exigirá apoyo internacional, recursos y la participación activa de las comunidades afectadas.
Riesgos importantes de las medidas de Trump
Según WOLA, el despliegue naval de EEUU y las designaciones bajo el marco de terrorismo forman parte de una estrategia que combina “herramientas jurídicas, financieras, diplomáticas y militares” para aumentar la presión sobre el poder en Venezuela. Sin embargo, la organización advierte que estas medidas conllevan riesgos: si no se traducen en avances hacia la democratización, podrían “fortalecer la narrativa de resistencia del gobierno de Maduro”, aumentar la fatiga internacional y dificultar una transición.
El verdadero reto, sostuvo WOLA, no es solo provocar un cambio de liderazgo, sino desmontar “un entramado criminal enraizado en el Estado venezolano”. Por eso, enfatiza que la presencia militar estadounidense “por sí sola no es garantía del colapso del gobierno madurista” y que resulta clave ofrecer incentivos adecuados para generar defecciones, junto con mecanismos de justicia y reparación para las víctimas.
La organización concluyó que la presión internacional solo será efectiva si logra articular “incentivos efectivos para fracturar la coalición gobernante con garantías de justicia”.
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Este lunes, 8 de septiembre, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que la audiencia preliminar del abogado y defensor de derechos humanos, Eduardo Torres fue suspendida por segunda vez sin explicación alguna.
A través de sus redes sociales, Provea informó que de manera extraoficial pudieron conocer que el juez encargado fue detenido a manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
“El abogado, sindicalista, trabajador UCV e integrante del equipo legal de PROVEA, debía ser trasladado hoy lunes #8Sep al Palacio de Justicia para su audiencia preliminar. Eduardo no solo está injustamente detenido, sino que también ha permanecido 4 meses en aislamiento e incomunicación”, denunció la ONG.
Incomunicado y en aislamiento prolongado
Eduardo Torres fue detenido el pasado 9 de mayo de 2025 en los alrededores de Parque Central, en Caracas. Desde entonces, permanece recluido en El Helicoide, sede del Sebin, en condiciones de incomunicación y aislamiento prolongado, sin acceso a sus abogados ni a visitas familiares.
La ONG recordó que el Comité contra la Tortura de la ONU, señala que el aislamiento prolongado es una forma de trato cruel, inhumano y degradante. En el caso de Eduardo, esta situación se agrava por la falta de información y la inacción de las instituciones.
Provea también denunció que el habeas corpus introducido por el equipo legal de la ONG, sigue sin respuesta por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. “La única actuación que se conoce es la designación de la magistrada ponente. Ni siquiera han notificado a la Defensoría del Pueblo, como exige la ley”.
Por segunda vez, la audiencia preliminar del defensor Eduardo Torres fue suspendida sin explicación.
Extraoficialmente, pudimos conocer que el juez encargado fue detenido a manos del Sebin.
El abogado, sindicalista, trabajador UCV e integrante del equipo legal de PROVEA, debía… pic.twitter.com/zHgcmyyLXK
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A través de una denuncia en su cuenta de X, Andreína Baduel aseguró que las autoridades de El Rodeo I se negaron a recibir la paquetería correspondiente a su hermano, Josnars Baduel.
La hija del fallecido exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, sentenció que su hermano necesita medicamentos para resistir el dolor y controlar crisis alérgicas, secuelas directas de las torturas por asfixia a las que ha sido sometido.
“Esto confirma lo que venimos denunciando: El Rodeo I no es un centro de reclusión, sino un centro de tortura. Y no se trata solo de Josnars. Hoy en Venezuela más de mil familias viven la misma agonía”, indicó Baduel.
Baduel manifestó que Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Jesús Armas y al menos 15 presos políticos más enfrentan aislamiento prolongado como forma de castigo, mientras que Roland Carreño y Freddy Superlano fueron sacados de El Helicoide y hasta el dia de hoy sus familias no poseen confirmación de dónde se encuentran.
“El aislamiento, la incomunicación y las desapariciones forzadas son tortura. No hay otra manera de nombrarlo. Son mecanismos de represión que buscan quebrar tanto a los presos como a sus familias”.
La activista informó que del 15 al 19 de septiembre, familiares y allegados de los presos políticos se movilizarán a las embajadas de España, Suiza, Boliva, Alemania e Italia en Caracas.
“Pediremos acciones diplomáticas concretas; desde la exigencia de visitas humanitarias del CICR en centros de tortura como El Helicoide y El Rodeo, hasta pronunciamientos por ciudadanos europeos y latinoamericanos detenidos arbitrariamente”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Amenazas contra la vida e integridad personal de la líder opositora María Corina Machado denunció la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), integrada por 30 exjefes de Estado y de gobierno.
A través de un comunicado, los exmandatarios advirtieron que las expresiones oficiales hechas por Nicolás Maduro y funcionarios de su administración constituyen una apología del crimen.
Recordaron que este tipo de amenazas han derivado en hechos violentos contra líderes políticos de la región.
IDEA pidió a la comunidad internacional, en particular a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los gobiernos de Colombia y Brasil, que garanticen la protección de la dirigente, quien ganó la elección primaria opositora, pero fue inhabilitada por el régimen madurista para participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Los exmandatarios alertaron que las amenazas contra Machado se inscriben en un patrón documentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional (CPI) sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela
“Adquiere gravedad dicha amenaza, pues también es cierto que se hace repetitiva en la región la apelación al asesinato de los líderes políticos más importantes, cuyos mensajes hablan del rescate de las libertades y del castigo de quienes usan a la política para coludir con las formas de criminalidad organizada, en lo particular la del narcotráfico”, expone la declaración.
El documento coloca como ejemplo los asesinatos del candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, el periodista y político ecuatoriano Fernando Villavicencio y el exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
Entre los firmantes de la misiva se encuentran los expresidentes Mauricio Macri de Argentina; Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga de Bolivia; Eduardo Frei de Chile; Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe de Colombia; Carlos Alvarado, Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica; Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad, Lenín Moreno y Guillermo Lasso de Ecuador, y Alfredo Cristiani de El Salvador; Mariano Rajoy de España; Felipe Calderón y Vicente Fox de México y Luis Alberto Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti de Uruguay.
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Junior de la Rosa se sumerge en el mar de una de las playas del Golfo de Cariaco, al oriente de Venezuela, con unas mallas negras deportivas y una camiseta de surf manga larga. En lugar de zapatos de playa o aletas para bucear, usa un par de tenis oscuros. Necesita estabilidad. Lleva consigo un tubo de PVC (Policloruro de Vinilo) que le sirve para extraer plantas de las praderas de pastos marinos, específicamente de la especie Thalassia testudinum, y así medir cuánto carbono azul son capaces de almacenar.
Las fanerógamas o pastos marinos son “plantas con flores marinas que se encuentran en aguas poco profundas en numerosos rincones del planeta, desde los trópicos hasta el círculo polar ártico”, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuya Asamblea General aprobó en mayo de 2022, que cada 1 de marzo se celebre el Día Mundial de los Pastos Marinos.
Esa resolución, según la organización, puso en relieve la “urgente necesidad” de conservarlos, pues aunque solo cubren el 0,1 % del fondo oceánico, son hábitat de miles de especies de peces y tortugas, y proporcionan sustento a algunas de las mayores pesquerías del mundo. Y además tienen un súper poder: pueden almacenar hasta 18 % del carbono oceánico mundial, lo que los convierte en una potente solución frente a los efectos del cambio climático, continúa el documento.
De la Rosa lo sabía y, por eso, todos los meses entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, repitió estas inmersiones junto a un equipo de académicos del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV), de la Universidad de Oriente (UDO), quienes colaboran con la investigación que le servirá para obtener su maestría en Ciencias Marinas en la misma casa de estudios.
De la Rosa recorrió el Golfo de Cariaco para extraer pastos marinos y medir el carbono que capturan. Foto: Cortesía de Mayré Jiménez
En esas salidas de campo, el grupo se unía para entrar al mar, determinar cuál pradera estudiaría, saber si era una sola en su conjunto o si estaba compuesta por parches. Con una cinta métrica también medían la superficie que cubría y sacaban plantas del lecho marino. Todo esto en una jornada entera, que suele tardar entre 10 y 12 horas, con instrumentos básicos de observación y extracción a poca profundidad. No tenían equipos de buceo ni tubos metálicos más largos, lo que impidió que se midieran praderas en aguas más profundas.
“La importancia de este ecosistema radica en todos los servicios ecosistémicos que ofrece”, destaca De La Rosa, quien asegura que aunque los pastos no son tan visibles como los manglares que están en zonas intermareales –entre la tierra y el mar–, son hábitats clave para la vida de la zona.
“Para contemplar la exuberancia y la dinámica de los organismos en estos ecosistemas de fanerógamas marinas, tienes que sumergirte e ir observando cada uno, tener una visión aguda porque hay muchos organismos que están camuflados dentro del sedimento, sobre él o acompañando la planta”, explica el licenciado en Biología e investigador, quien señala que, desde la orilla de la playa, los pastos se ven como zonas oscuras en el mar. Las comunidades que hacen vida en las zonas costeras venezolanas desconocen sus beneficios y, muchas veces, los arrancan.
En ese equipo de académicos que integra De La Rosa está la directora e investigadora del IOV, Mayré Jiménez, quien lo asesora con su trabajo final de maestría. La investigación que conducen la financia la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Ecosocialismo (MINEC), que en 2023 hizo una convocatoria para proyectos vinculados con el cambio climático.
Para ese momento, Jiménez tenía más de tres décadas estudiando la fauna asociada a los pastos marinos, así que decidió, entonces, mirar directamente hacia las plantas. El punto a favor es que ya conocía la metodología para extraerlas y observarlas, por eso estableció que harían el trabajo en el Golfo de Cariaco, donde hay extensas praderas de pastos, pero cuya capacidad para almacenar carbono aún se desconoce.
“En Venezuela no existen investigaciones enfocadas en esta temática, ya que la mayoría de los estudios en estos ambientes han sido realizados en la diversidad de la fauna asociada y su biomasa, sin resaltar la importancia de estos ecosistemas como reservorios de carbono”, apunta la experta.
Para Jiménez es crucial que se hagan mayores esfuerzos para registrar en bases de datos el almacenamiento de carbono orgánico en las praderas de la costa de Venezuela. De esta manera, se podrán conocer las tasas de carbono azul en los diferentes compartimientos de la planta y se tomarán decisiones para su conservación, con un énfasis especial en informar a los habitantes de los balnearios sobre la importancia del cuidado fundamental de estos ecosistemas.
El equipo del IOV mientras hacía mediciones de una de las praderas de Thalassia. Foto: Cortesía de Mayré Jiménez
Un laboratorio en casa
El conocimiento de Mayré Jiménez sobre los pastos marinos, y las dificultades para investigar por las que atraviesa Venezuela, la han llevado a instalar una especie de laboratorio desplegado en el garaje de su casa. Allí tiene una estufa y una mufla de laboratorio (una especie de horno especial para procedimientos químicos). Ambos son equipos indispensables para secar la planta (de su biomasa seca se obtiene el carbono), así como sus sedimentos y materia orgánica.
También tiene un aparato de tamizado, para hacer la granulometría y determinar el tamaño de las partículas que componen el sedimento, y distintos instrumentos para tomar las muestras, desde nucleadores de PVC hasta bolsas, servilletas, papel aluminio y envases de vidrio, metal y plástico.
En un estanque conserva frascos con muestras de invertebrados marinos que viven en las praderas. Y, claro, tiene un pizarrón, porque a ratos su garaje también alberga a los estudiantes a los que da clases en el postgrado y doctorado en Ciencias Marinas.
Ese laboratorio en casa no es un capricho. Ni las instalaciones del IOV ni las de la UDO son aptas para hacer los estudios. Desde 2016 –y sobre todo entre 2020 y 2022, en medio de la pandemia del COVID-19– el núcleo de Sucre de la universidad, así como el resto de sus sedes en otros estados, sufrieron incendios y actos vandálicos en los cuales se quemaron alrededor de 120 000 textos de las bibliotecas, se robaron equipos, mobiliario y materiales académicos de salones, laboratorios y espacios de investigación. La infraestructura quedó desmantelada, sin servicios públicos, y no ha podido recuperarse por la escasez de recursos económicos de la institución pública.
Pero nada ha detenido a científicos como Jiménez y de la Rosa para hacer “la primera investigación de la región oriental venezolana que estudia el carbono azul en praderas de pastos marinos”, tal como acota orgullosa la académica. Jiménez comenta que, de acuerdo con el Informe especial sobre los océanos y la criosfera en un clima cambiante (2019), del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, se estima que estos ecosistemas, al igual que los manglares y marismas, pueden almacenar hasta 1000 toneladas de carbono azul por hectárea.
En Venezuela, los pastos marinos apenas están comenzando a estudiarse mientras que en otros países de la región, como Colombia, hay mediciones más avanzadas en las costas de La Guajira y la Isla de San Andrés. Las investigaciones también llevan años en varios países de Europa, como Reino Unido, donde eliminaron el 92 % de los pastos marinos durante el siglo XX y ahora activan planes para restaurarlos. En todas estas evaluaciones están conscientes de la contribución de estas praderas con el planeta y se considera su fragilidad: al menos el 30 % desapareció desde el siglo XIX, señaló la ONU.
Los súper pastos
Para Jiménez los pastos marinos son un mundo fascinante y al hablar de ellos primero empieza con un recorrido de historia natural. Comenta que las fanerógamas marinas fueron plantas terrestres, pero que desde hace 100 millones de años viven en el océano. No es un alga: tiene flores, frutos y, así como los manglares, capta el CO2 del océano y lo almacena tanto en tallos y hojas como en sus raíces. Por eso actúa como un importante sumidero de carbono azul.
Al captar el carbono, amortiguan el fenómeno de acidificación de los océanos y contribuyen a la recuperación de los ecosistemas y especies más vulnerables, como los arrecifes de coral, de acuerdo con la ONU.
“Los pastos marinos pueden mejorar la calidad del agua al filtrar, reciclar y almacenar nutrientes y contaminantes, y reducir la contaminación de los alimentos marinos”, sostiene la organización.
De hecho, Jiménez señala que sirven como trampa de sedimentos porque los acumulan entre sus hojas y raíces y así previenen la erosión costera. Además, albergan una inmensa cantidad de organismos, tanto vertebrados como invertebrados, a quienes sirven como lugar de refugio y protección.
Los pastos marinos también son recicladores de nutrientes. La científica describe que cuando están cerca de aguas servidas, son capaces de reciclarlas y transformarlas. Sin embargo, el exceso de desechos tóxicos les afecta. Por eso, comenta Jiménez, han desaparecido de ciudades europeas costeras en donde los desagües y construcciones los eliminaron de forma permanente. Una vez que eso sucede, estas plantas retornan a la costa el CO2 que capturaron y retuvieron en sus hojas, tallos y raíces. “También devuelven el gas metano y, en algunas oportunidades, pueden hacer lo mismo con nitratos y ácidos ferrosos”, recalca la experta.
Las praderas de Thalassia se extienden por distintas playas del Golfo de Cariaco, en Sucre. Foto: Cortesía de Mayré Jiménez
Junior De la Rosa agrega que la gran cantidad de organismos que hacen vida permanente y transitoria en estas praderas son un recurso económico importante para los habitantes de las zonas costeras. Según dice, hay peces que buscan refugio en los pastos en algún momento de su ciclo de vida y, si no lo encuentran allí porque se han degradado, migran, así como también lo hacen las especies más grandes que son fuente de pesca para las comunidades humanas costeras.
Los invasores y la seguridad alimentaria
Los estudios sobre pastos marinos también han sido incluidos en el proyecto “Fortalecimiento de la Gestión para Combatir las Amenazas de las Especies Exóticas Invasoras Acuáticas en Venezuela”, que impulsó el MINEC con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y que financia el gobierno venezolano y el Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés). El plan inició en diciembre de 2024.
La gran preocupación es que estas plantas son una de las especies amenazadas por el avance del coral blando (Unomia stolonifera), procedente de India y que desde que se instaló en las costas venezolanas, en la década de los 2000, se ha convertido en invasor pues no ha hecho más que expandirse desde el oriente del país, específicamente en el Parque Nacional Mochima, donde se ha reportado en al menos 3000 hectáreas.
Su conquista ha continuado hacia el centro, en las playas del estado de Aragua, hasta llegar al Refugio de Fauna Silvestre de Cuare y al Parque Nacional Morrocoy, en el occidente venezolano. Ha afectado directamente a gusanos marinos (Polychaeta), esponjas (Porifera) y estrellas de mar (Asteroidea) y ha ahuyentado a peces que viven en los arrecifes de coral, incidiendo en la pesca. Unomia stolonifera también ha golpeado el turismo, porque los corales perdieron su colorido y ahora se ven marrones. Dejaron de ser atractivos para quienes buceaban o hacían snorkeling en la zona.
La iniciativa del MINEC y la FAO busca “reducir la pérdida de biodiversidad y la afectación de servicios ecosistémicos de importancia mundial”, capacitando a instituciones y comunidades en la “prevención, detección temprana, control y erradicación de especies exóticas invasoras acuáticas” presentes en Venezuela, detalla Blanca Bottini, bióloga y líder del proyecto.
La experta aclara que el enfoque del plan es amplio y aunque está dirigido hacia los arrecifes coralinos, la diversidad biológica que albergan y el efecto de las especies exóticas en ellos, la importancia de los servicios ecosistémicos que aportan las praderas ha permitido que estas también se consideren objeto de estudio.
“El interés surgió al identificar estos ecosistemas (los pastos marinos) como elementos clave en la lucha contra el cambio climático”, dice Bottini, y enfatiza que la protección de estos hábitats marinos es “fundamental para mantener la biodiversidad costera” y todos los beneficios que generan estas especies.
El proyecto liderado por Bottini tiene cuatro componentes: primero está el fortalecimiento institucional y comunitario para gestionar especies exóticas invasoras (EEI) acuáticas con enfoque de género; luego está la implementación de un sistema de monitoreo y control de las EEI acuáticas en el que participen las comunidades que, en estas áreas, dependen de la pesca. También está contemplada una experiencia piloto del control comunitario de estas especies que, a su vez, incluya “alternativas socio productivas sostenibles” que contribuyan a restaurar el hábitat y la seguridad alimentaria de la zona. El último componente es la difusión de información y aprendizaje del proyecto con enfoque de género.
Este plan aún está en etapa de levantamiento de información, estudios de impactos ambientales y socioculturales de las EEI acuáticas, mientras que las comunidades que habitan en la zona esperan un abordaje más expedito.
Douglas Fuentes, miembro de uno de los Consejos de Pescadores Artesanales (CONPPA) de la Isla de Arapo, ha conocido a través de las conversaciones con la FAO que esa alfombra oscura (el coral invasor) que cubrió los corales nativos que se veían desde la orilla de su isla se expande velozmente y que la especie se beneficia de las aguas cristalinas porque necesita del sol para sobrevivir.
“El Unomia no se ha podido combatir. Cada día se está expandiendo más. Se trató en algunas zonas, se arrancó, pero al dejar de tratarse, se expandió de nuevo. Los corales nativos se han tapado y eso es un problema porque ahí viven muchos peces. Todavía se pueden conseguir cabañas (Sarda sarda) y cojinúas (Caranx crysos). Pero la catalana (Priacanthus arenatus) y el parguito (Symphysanodon berryi) ya no”, apunta Fuentes.
Para evitar que el coral invasor siga creciendo, los biólogos han recomendado a los pescadores usar boyas, no lanzar anclas cerca de ellos, ni patearlos o romperlos, porque las partículas que se desprenden se reproducirán en otras zonas a donde el coral no había llegado.
“La FAO proporciona asistencia técnica fundamental en los estudios de línea base, apoyando la recopilación de información crucial sobre estos ecosistemas”, refiere Bottini. Tal respaldo ayudará a comprender cómo el cambio climático altera las condiciones marinas (temperatura, patrones de vientos, PH, concentración de oxígeno disuelto, etc) y permitirá evaluar de qué manera afectan el reciclaje de nutrientes, el secuestro de carbono, la agricultura y la pesca, acota.
“Esta colaboración es vital para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la Agenda 2030, especialmente en lo relacionado con la seguridad alimentaria, considerando que la alteración de las cadenas alimentarias reduce la productividad terrestre y oceánica”, insiste la funcionaria.
Bottini agrega que, en Venezuela, instituciones como la Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) y la Universidad Simón Bolívar trabajan en proyectos de carbono azul, pero no exclusivamente enfocados en pastos marinos. El proyecto que ella lidera sí contempla el análisis económico del efecto de las EEI acuáticas y, por tanto, considera valorar las emisiones de carbono en estos ecosistemas.
Esto se hará por medio de mesas técnicas integradas por biólogos, ecólogos marinos, economistas ambientales, geógrafos y otros especialistas de instituciones públicas como el MINEC, pero también del Ministerio de Pesca y Acuicultura, Instituto Nacional de Parques (INPARQUES), el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MINCYT), el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y diversas universidades. Entre todos definirán la metodología para cuantificar la capacidad de captura de CO2 de los pastos marinos y otros ecosistemas. Sin embargo, el proyecto aún está en una fase muy temprana de preparación.
Otras amenazas
A lo largo de su investigación, De la Rosa y Jiménez se dieron cuenta que las zonas costeras con praderas de Thalassia testudinum que habían estudiado ya no estaban cuando volvían a visitarlas en nuevas salidas de campo. Los lugareños las arrancaban. Algunos lo hacían porque les molestaba en su faena diaria en el mar y otros consideraban que era mejor limpiar la zona de esta vegetación porque “afeaba” la playa y molestaba a los turistas.
La repetición de esta actuación hizo que ellos mismos comenzaran a hablarles a las comunidades de los beneficios de los pastos marinos para su propia subsistencia. Y aunque los escuchan, ambos expertos consideran que es mejor que estas campañas educativas se hagan de forma sistemática en todas las costas con presencia de estas praderas para tener resultados significativos.
Pero hay otras amenazas, más allá de la erradicación manual de los pastos marinos y la afectación por parte de especies invasoras, que ocupan el espacio de estos pastos cuando están vulnerables y dificultan su posterior recuperación. Bottini detalla que en el Parque Nacional Morrocoy, “el tránsito de lanchas genera sedimentación que se acumula en forma de capas en las hojas de Thalassia”. En esta área protegida, los turistas van a diario a los “cayos” en estas embarcaciones y, en temporada alta, los viajes de ida y venida en las lanchas son constantes.
“Entre otros factores preocupantes se incluyen la anoxia (falta total de oxígeno en el agua), la disminución del pH causada por el cambio climático y el aumento de la temperatura del agua”, dice Bottini, además de indicar que estas condiciones alteran el funcionamiento de los ecosistemas marinos y los servicios ecosistémicos que proporcionan, “comprometiendo su capacidad como sumideros de carbono y hábitats para especies económicamente importantes”, como el corocoro (Haemulon plumierii) o el pez loro (de la familia de los escáridos, Scaridae).
Según la ONU, los pastos marinos están en 159 países y cubren alrededor de 300 000 kilómetros cuadrados en todo el mundo. Son uno de los hábitats costeros más extensos del planeta. Su conservación y restauración, afirma la organización, también puede contribuir al logro de 26 metas e indicadores asociados con diez Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Venezuela, aunque rezagada en su estudio, busca protegerlos y convertirlos en aliados para mitigar el cambio climático. Los resultados que obtengan científicos como Jiménez, de la Rosa y Bottini serán cruciales para alcanzar esa ambiciosa meta.
*Este reportaje forma parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam y Runrun.es de Venezuela.
El año 2025 avanza a su trimestre final y aún en Venezuela predomina la opacidad sobre la cantidad de vacunas aplicadas y también alertas desde los gremios científicos sobre la baja cobertura de vacunación. Aunque el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) ofrece vacunas esenciales de forma gratuita, como las del BCG, hepatitis B, polio, pentavalente viral, fiebre amarilla, sarampión y toxoide, las dosis que se suministran son insuficientes para atender la demanda.
En abril de 2025 el gobierno anunció la llegada de 2000 dosis de vacunas de BCG y 30 000 de polio desde Nicaragua. El médico pediatra Alejandro Crespo Freytes, experto en atención al niño sano, comentaba en esa ocasión que en el país nacían unos 421 000 niños al año.
“De BCG corresponde una sola dosis, así que con 21 veces lo que anunciaron se cubre el requerimiento anual, pero aún quedarían pendientes unas 14 000 dosis para solventar el déficit del año previo. Así que hace falta por lo menos 30 veces lo anunciado para ponernos al día”, precisaba Crespo Freytes a través de su red social X.
Elvia Badell, médico pediatra y presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, declaró a Unión Radioen marzo de 2025 que los pediatras estaban preocupados por la falta de vacunas en el sistema de salud público para prevenir enfermedades infectocontagiosas que son inmunoprevenibles, como la del rotavirus, que para ese tercer mes del año, estaba causando importantes cuadros de diarrea, así como también la del neumococo, enfermedad que según comentó, causó la muerte de una residente de 28 años del Hospital JM de los Ríos en solo tres días.
En una posterior entrevista para la misma emisora en abril de 2025, Badell precisó que según un informe difundido en ese mes por Unicef y la Organización Mundial de la Salud, en Venezuela hay al menos 22 millones de niños que no reciben vacunas. Reveló que en el país tampoco había para el momento disponibilidad de vacuna antirrábica y que las que se aplicaron hasta 2024 tenían un año vencidas.
Cabe resaltar que desde el año 2017, la vacuna del rotavirus, neumococo y varicela dejaron de ser suministradas por el Estado venezolano a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones en centros asistenciales públicos.
¿Por qué se mantiene la baja cobertura de vacunación?
Para Huníades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina, esta crisis es “multifactorial”, en principio porque Venezuela tiene una deuda que oscila entre 15 y 17 millones de dólares con el Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un mecanismo de cooperación en la región en el que sus países miembros invierten dinero para tener acceso a vacunas y materiales médicos internacionales, lo que disminuye costos en grandes cantidades.
“Si no aporta -el Estado- a ese sistema rotatorio, no va a recibir vacunas. Venezuela está recibiendo vacunas por donaciones de la Unicef, de la OPS, de la Cruz Roja Internacional y ahora hemos escuchado que están llegando de Rusia, pero no sabemos si son compradas o donadas”, apunta Urbina, quien considera que es necesario cancelar esta deuda debido a que los aportes por donación son insuficientes para atender la demanda poblacional en el país.
A pesar de la deuda, a finales del 2022, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció haber llegado a un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para la adquisición de vacunas contra el VPH, neumococo y rotavirus, que serían suministradas para el segundo trimestre del 2023 y que, por otro lado, se comprometía en comprar durante los siguientes años las dosis.
De hecho, en su página web, el Ministerio de Salud, informó sobre los avances en “los procesos correspondientes para finalizar este acuerdo y proteger con las ocho vacunas del esquema venezolano de vacunación a los niños y niñas de la cohorte de 2023 y a los susceptibles no vacunados en los últimos años”.
En la nota de prensa se menciona que como parte de la cooperación entre la OPS y la Organización Mundial de la Salud se esperaba no solo comprar las vacunas del esquema regular, sino que también, en una segunda etapa, aspiraban a reintroducir las vacunas de rotavirus y neumococo y, por último, en una etapa ulterior, incluir la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).
Según Urbina, finalmente, esas vacunas no llegaron al país. Tampoco hayregistros públicos para verificar qué pasó con ese acuerdo.
Alejandro Crespo Freytes, médico pediatra, señala que no existe voluntad política para pagar la deuda existente al fondo rotatorio que permita el reingreso de Venezuela al mercado internacional. “Una de las razones por lo cual no hay vacunas en el país es esta decisión de no pagar al fondo rotatorio de la OPS el dinero que se le debe, por lo cual no podemos acceder a los beneficios”, apuntó.
El especialista dijo que el argumento del Estado es que no puede pagar esta deuda debido a las sanciones. Sin embargo, opina que el gobierno de Nicolás Maduro tiene la capacidad para pagar esa deuda y el problema fácilmente se resolvería con “voluntad política”.
Venezuela “escasamente” alcanza un 50% de cobertura nacional
De acuerdo a Urbina en promedio, Venezuela alcanza “escasamente” un 50% de cobertura vacunal general en el esquema de inmunización. No obstante, este porcentaje, de acuerdo al médico pediatra, Alejandro Crespo, puede variar por regiones según el tipo de vacuna.
“La peor cobertura del continente la tiene Venezuela. Lo ideal, que depende de la vacuna, por ejemplo contra el sarampión debe ser por encima del 95% y al menos 85% para la de pentavalente. La cobertura es, en general, mala para todas las vacunas, estamos por debajo del mínimo requerido, que es del 80% en básicamente todas”, apunta el especialista.
Es importante mencionar que esta estadística es el resultado de un Estado que ha dejado de invertir en vacunas, por lo menos, desde el año 2021. Según información de la OMS, el Gobierno de Nicolás Maduro pasó de invertir 50 millones de dólares en vacunas en el año 2014 a menos de 10 millones de dólares hasta el 2021. Esta es la última información a la que pudo acceder el organismo internacional suministrada por el Estado venezolano, desde entonces no se conoce estadística oficial en el país.
Imagen compartida por el médico pediatra, Alejandro Crespo
El costo de vacunarse
En Venezuela vacunas como neumococo, rotavirus, influenza y meningococono son suministradas en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI)desde el año 2017, de acuerdo a Alejandro Crespo, y otras aún siguen sin estar integradas en el PAI, como es el caso de la hepatitis A, varicela y el VPH.
Esta última, la vacuna contra el virus del papiloma humano es esencial para la prevención del cáncer de cuello uterino, la segunda causa de muerte oncológica en las mujeres venezolanas según la Sociedad Anticancerosa. En 2015, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la aprobación para el uso del fármaco y aseguró que las dosis llegarían en el año 2016, pero hasta la fecha, no hay una inmunización masiva.
La insuficiente cantidad de vacunas en los centros asistenciales públicos en el país hace que buena parte de los ciudadanos deban acudir a la salud privada para complementar el esquema de vacunación de sus hijos. Los precios pueden oscilar desde 50 hasta 240 dólares, dependiendo de la vacuna. Las más costosas suelen ser las del VPH. En el caso del neumococo y rotavirus, el precio mínimo es entre 50 y 70 dólares por dosis.
Otro escenario que propicia esta situación es que, en los estados fronterizos del país, las familias aún siguen viajando a la vecina nación de Colombia, en busca de vacunas gratuitas que garanticen la salud de sus hijos. Esta difícil decisión implica tomar riesgos y enfrentar largas colas para ser atendidos por el sistema de salud colombiano. A eso hay que sumarle que deben repetir el viaje en reiteradas oportunidades, debido a las distintas vacunas y dosis de refuerzo que deben ser suministradas a los pacientes infantiles, como en el caso de la vacuna contra el neumococo, la cual debe ser aplicada a los dos, cuatro y seis meses de edad, y posteriormente el niño debe recibir un refuerzo entre los 11 y 15 meses de edad, tal y como lo contó un padre que declaró a Runrun.es
“Es deber del Ministerio de Salud administrarlas gratuitamente. La gente por protección a sus hijos logran poner algunas vacunas, sino los que están en zonas fronterizas pueden cruzar a Colombia, y ese país solidariamente le pone la vacuna a los niños venezolanos, pero, aún así, no todo el mundo tiene la posibilidad”, comentó el presidente de la Academia nacional de Medicina.
“Al no tener todas las vacunas que deben ser de calidad, en cantidad y oportunamente está infringiendo -la ley- el Gobierno nacional. Eso es una política de Estado que debe garantizar las vacunas a todos los niños, niñas y adolescentes, sin olvidar a las mujeres embarazadas y los adultos mayores”, advierte Urbina.
Riesgos de no vacunarse
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las vacunas reducen el riesgo de contraer una “enfermedad letal” al generar protección natural a través de las defensas del cuerpo, esto ayuda a prolongar la vida de las personas y que sean más saludables. En la actualidad, la OMS estima que la inmunización evita entre 3,5 y 5 millones de muertes cada año por enfermedades como el sarampión, la difteria o el tétanos.
Para Alejandro Crespo, la baja cobertura en inmunizaciones produce más hospitalizaciones y mortalidad, principalmente en los niños menores de cinco años, quienes se “enferman más de lo que deberían porque no están vacunados y terminan hospitalizados”. Explicó que en el país, entre los años 2016 y 2019, hubo una epidemia de sarampión y difteria, en ese tiempo se reportaron tres casos de muertes relacionadas a la difteria, luego de 24 años.
“También fallecieron muchos niños de comunidades indígenas en Delta Amacuro por la desnutrición y la presencia de difteria y HIV”, explicó el médico pediatra.
Más derechos vulnerados
La vacunación es un derecho universal. La poca disponibilidad de vacunas en Venezuela vulnera tanto ese mandato como el derecho a la salud establecido en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala que “la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida” y que también indica que el Estado debe promover y desarrollar políticas para elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.
Además, viola laLey de Inmunizaciones publicada en 1996, en la que se establece como “obligatorio” el sistema de inmunización para prevenir enfermedades en el país, así como las responsabilidades de las distintas autoridades involucradas en este sistema y sanciones por incumplir con las normas de inmunización. En su artículo esta ley contempla es responsabilidad del Ministerio de Salud (antes denominado Ministerio de Sanidad y Asistencia Social) prever la asignación estimada para la adquisición de los productos biológicos necesarios para el cabal cumplimiento de las vacunaciones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
