La organización Un Mundo Sin Mordaza alertó que en el primer semestre de 2025 se documentaron 302 incidentes violatorios a la libertad de expresión, lo que deja en evidencia “que el Estado venezolano ha consolidado un modelo de control político y social basado en la represión estructural y sostenida de la libertad de expresión”.
En su informe semestral publicado este 8 de septiembre, a propósito del Día Internacional del Periodista, la organización explicó que estos incidentes corresponden a 231 casos documentados registrados entre enero y junio de 2025, “con énfasis en la sofisticación de las nuevas formas de censura estatal”.
Entre los principales problemas identificados por la ONG en este período destaca el uso discrecional de la Ley Contra el Odio, un instrumento jurídico altamente criticado por tratarse “de un órgano creado al margen de los canales institucionales establecidos”.
Cierre forzoso de medios tradicionales y digitales
Durante el primer semestre del año, la ONG documentó cuatro casos que implicaron el “cierre arbitrario o la confiscación de equipos” en emisoras de radio, programas informativos y podcasts independientes.
De acuerdo con la organización, la mayoría de estos incidentes ocurrieron en zonas rurales o ciudades del interior, donde los medios cumplen un rol fundamental en la denuncia de abusos y la difusión de información comunitaria.
Según los datos de la ONG, fueron cerradas dos estaciones de radio en el estado Portuguesa, una estación de radio en el estado
Táchira y una emisora en el estado Bolívar.
“Este tipo de cierre, aunque menor en número, tiene un alto impacto simbólico y práctico, pues silencia voces que ya de por sí operaban con recursos limitados”, alertó la ONG.
Bloqueo de páginas web y redes sociales
Un Mundo Sin Mordaza documentó en el primer semestre del año 126 incidencias con 61 casos de bloqueos a páginas web y redes sociales en Venezuela.
Entre las páginas censuradas se encuentran medios de comunicación independientes, portales que reportan la cotización del dólar paralelo y plataformas que monitorean derechos humanos.
La organización advirtió que esta práctica se ha convertido en un “patrón sostenido que busca reducir el acceso del ciudadano común a información alternativa, especialmente en momentos de tensión política o económica”.
Detenciones arbitrarias de periodistas y civiles
Con 148 casos documentados por la organización en el primer semestre de 2025, esta categoría representa el 64% del total de violaciones durante este período. Además, detalló que las detenciones, muchas de ellas sin orden judicial, afectaron tanto a periodistas como a ciudadanos comunes que compartieron información, críticas al gobierno o análisis económicos en redes sociales.
Para la organización es llamativo el incremento en la detenciones de economistas, divulgadores financieros y administradores de cuentas que reportan la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo.
“Esta tendencia evidencia que el Estado ha extendido su política de censura hacia sectores técnicos y profesionales que inciden en la opinión pública”, alertó.
Un Mundo Sin Mordaza resaltó como punto crítico la jornada electoral del 27 de mayo, pues en días previos al menos 70 personas fueron detenidas, entre ellas el dirigente político opositor Juan Pablo Guanipa.
Hostigamiento, agresiones y amenazas
Durante el primer semestre del año, Un Mundo Sin Mordaza reportó 18 casos en los que periodistas y ciudadanos fueron víctimas de amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, confiscación de equipos y campañas de difamación en redes sociales.
Del total de los casos, según la organización, cuatro estuvieron dirigidos contra civiles y 14 contra trabajadores de la prensa, lo que representa un 22% y 78% respectivamente. “Esta desproporción evidencia un patrón sistemático de represión orientado principalmente
a silenciar medios de comunicación y limitar el ejercicio del periodismo libre”, alertó.
Según documentó la ONG, la mayoría de estos hechos fueron ejecutados por cuerpos de seguridad del Estado, como el Sebin, Dgcim, GNB o la PNB, pero también se detectaron acciones por parte de grupos civiles armados o afectos al gobierno, que actúan con total impunidad.
En total, se documentaron 12 incidentes de hostigamientos (50%), dos incidentes de intimidación (8,3%), tres incidentes de agresión (12,5%), seis incidentes de amenazas (25%) y un allanamiento (4,2%).
La organización alertó que el derecho a la libertad de expresión no solo está “gravemente restringido”, sino que además “se encuentra bajo un ataque estratégico y sostenido, dirigido tanto a quienes generan contenido informativo como a quienes lo consumen”.
Represión contra el análisis económico independiente
La organización señaló que al menos 50 sitios web, aplicaciones móviles, cuentas en redes sociales y grupos de mensajería han limitado o suspendido la publicación de tasas distintas a la oficial fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
A juicio de Un Mundo Sin Mordaza, estas medidas no solo constituyen ataques directos a la libertad de expresión, “sino que también limitan el acceso a información económica vital para la ciudadanía, especialmente en un contexto de hiperinflación y rápida devaluación”.
Recomendaciones
Ante todas las situaciones de vulneraciones a los derechos humanos de la prensa y violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza presenta una serie de recomendaciones al Estado venezolano:
- Cesar de forma inmediata las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de ciudadanos, activistas, periodistas y opositores políticos, garantizando su liberación y el respeto al debido proceso,.
- Garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, tanto en medios tradicionales como en entornos digitales, absteniéndose de aplicar cualquier medida que restrinja el derecho a opinar, informar y recibir información sin interferencias.
- Poner fin al uso del sistema de justicia como herramienta de persecución política, deteniendo la criminalización del discurso, la instrumentalización del Ministerio Público y la aplicación arbitraria de normativas como la Ley Contra el Odio.
- Investigar y sancionar a los funcionarios civiles, militares y actores vinculados al poder que hayan participado en actos de amenazas, hostigamiento, agresiones, allanamientos o confiscaciones contra periodistas, medios de comunicación o ciudadanos.
- Detener los bloqueos digitales y restituir el acceso a medios y plataformas informativas.
- Respetar y proteger el trabajo de los medios de comunicación, especialmente en regiones del interior del país, cesando las confiscaciones, cierres forzosos y restricciones operativas.
- Adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad física y digital de los periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
- Adecuar el marco legal venezolano a los estándares internacionales de libertad de expresión, reformando o derogando leyes que permiten la censura y limitan la labor de medios, ONG y ciudadanía organizada.
