Orlando Moreno, coordinador de Vente Venezuela, denunció que durante el mes de octubre 54 personas fueron “secuestradas“. De este total, 44 personas permanecen tras las rejas.
En promedio, según una publicación que hizo Moreno en X, se ejecutó una detención arbitraria cada 15 horas durante el mes. Previamente, Vente Venezuela denunció 35 detenciones en solo 23 días de octubre.
Moreno detalló que la lista de nuevos detenidos por motivos políticos incluye a 24 miembros del partido opositor Vente Venezuela. Además, ocho personas pertenecen a otros partidos políticos opositores. Otras 14 personas son miembros de la sociedad civil. También, el activista político precisó que 10 de las personas detenidas en octubre fueron excarceladas.
🚨 ¡#URGENTE! PERSISTE TERRORISMO DE ESTADO EN VENEZUELA 🇻🇪
El mes de octubre 2025 cierra con un total de 54 PERSONAS SECUESTRADAS, tras la Desaparición Forzada de cuatro productores audiovisuales, a quienes funcionarios del régimen de Nicolás Maduro secuestró la tarde de este…
El pasado martes, la ONG Foro Penal alertó que la cifra de presos se acerca a 900. La organización contabilizó un total de 875 presos políticos hasta el 27 de octubre. La población penitenciaria por motivos políticos es mayoritariamente masculina (763 hombres). La lista incluye 112 mujeres. El grueso son civiles (702) y 173 militares. Según el balance, cuatro adolescentes continúan privados de libertad.
Represión contra la prensa y estudiantes universitarios
Las detenciones arbitrarias no solo se limitaron a activistas políticos, sino que también afectó al gremio periodístico y estudiantes universitarios.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que desde el 30 de octubre en horas de la mañana se encuentra bajo “desaparición forzada” el periodista de sucesos Joan Camargo. Personas sin identificación y vestidas de negro lo interceptaron en su moto cuando salía de su residencia en Cotiza, Caracas. Para este sábado 1 de noviembre, Camargo lleva más de 48 horas desaparecido y su familia pide a las autoridades que dé información de su paradero.
#AHORA | Este #01Nov a las 8:00 am se cumplieron 48 horas de la desaparición del periodista Joan Camargo, quien salió de su casa el jueves y fue interceptado por personas vestidas de negro, sin identificación alguna. Desde entonces, no hay noticias de él. Su familia desea… pic.twitter.com/JZNzr3wMy5
Al día siguiente de la desaparición de Camargo, el 31 de octubre, la organización Surgentes denunció la desaparición forzada de cuatro jóvenes, de los cuales dos de ellos son tesistas de la Universidad Central de Venezuela.
Los jóvenes fueron identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra. Cisneros y Castillo Vásquez son tesistas de la Escuela de Artes de la UCV. Los detuvieron cerca del Centro Penitenciario Aragua (Tocorón) cuando tomaban una fotografía de la fachada del penal.
La organización Surgentes denunció la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de cuatro jóvenes—dos de ellos tesistas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y dos productoras audiovisuales—ocurrida el viernes 31 de octubre de 2025 en las cercanías del Centro Penitenciario Aragua (Tocorón).
Los jóvenes detenidos fueron identificados como Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra. Noel y Katiuska son tesistas de la Escuela de Artes de la UCV, mientras que Ingrid y Marcela actuaban como productoras audiovisuales.
Según Surgentes, los jóvenes realizaban una actividad académica y profesional relacionada con la preproducción de su Trabajo Especial de Grado. El incidente se desencadenó cuando los jóvenes tomaron una fotografía de la fachada del penal.
Cerca de las 11 de la mañana del viernes, funcionarios de custodia perimetral abordaron a los jóvenes, les retuvieron sus cédulas y les indicaron que debían esperar para ser entrevistados. Estuvieron bajo vigilancia en las afueras del penal durante aproximadamente seis horas. Finalmente, cerca de las 3:45 de la tarde, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los aprehendieron. Desde ese momento, se desconoce el paradero de los cuatro jóvenes, y las autoridades han negado información a sus familias.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron y condenaron la situación. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) alertó que esta conducta configura una “desaparición forzada”, práctica que prohíbe expresamente la Constitución venezolana y el derecho internacional.
“Este ataque contra estudiantes y profesionales de la cultura es una afrenta al pensamiento crítico y a la libertad académica en Venezuela”, señaló el Clippve en un comunicado difundido en redes sociales.
🚨 DENUNCIA PÚBLICA | Desaparición forzada y detención arbitraria de jóvenes tesistas de la UCV y productoras audiovisuales
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE) condenamos la detención arbitraria y desaparición forzada de los jóvenes… pic.twitter.com/q0kW2LznY4
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) November 1, 2025
Por su parte, la ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció las detenciones y señaló: “Esta detención es una prueba más de cómo en Venezuela se criminaliza el arte, el pensamiento crítico y la juventud”. Además, la organización recordó que “documentar la realidad no es un crimen”.
“Esta detención es una prueba más de cómo en Venezuela se criminaliza el arte, el pensamiento crítico y la juventud”, agregó Sin Mordaza en su denuncia.
También, la Asociación Venezolana de Mujeres Cineastas (JEVA), alertó sobre las condiciones de riesgo que enfrentan los jóvenes profesionales: “Estos hechos reflejan la vulnerabilidad de los jóvenes creadores y estudiantes en Venezuela, donde ejercer una labor artística o universitaria se ha convertido en un riesgo”, denunció la organización.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Venezuela enfrenta una crisis científica marcada por la fuga de cerebros, el control estatal, ideologización y la destrucción institucional. Esta situación condena al país a un rezago profundo en la generación de conocimiento, afectando directamente su desarrollo y capacidad de respuesta ante problemas cruciales de salud pública.
Para analizar a fondo esta situación, participaron la licenciada en Biología y jefa del Laboratorio de Biología Molecular del IVIC, Flor Pujol; el químico y exrector universitario Benjamín Scharifker; y el biólogo con doctorados de Cambridge, Jaime Requena. Sus intervenciones revelaron no sólo la magnitud del colapso, sino el factor político e ideológico que aceleró el declive.
El descalabro cuantitativo de la diáspora
El deterioro de la ciencia en Venezuela es una realidad ineludible que se constata en las estadísticas. Benjamín Scharifker destacó que la actividad científica del país gozó de un crecimiento sostenido desde mediados del siglo XX hasta 2008. Sin embargo, a partir de ese año, comenzó un decrecimiento continuado de la producción científica.
Scharifker señaló que hacia finales del siglo XX, Venezuela producía cerca del 5% del conocimiento de América Latina, lo que significaba que “uno de cada 20 artículos provenía de Venezuela”, dijo. El especialista alertó que hoy en día, esa cifra es “menos del 0,5%, o sea, uno de cada 200”. Este descenso representa una caída superior a un orden de magnitud, dejando a Venezuela por detrás de países como Perú, Ecuador y Colombia.
Por su parte, Jaime Requena, quien ha dedicado tiempo al estudio de la diáspora, ofreció un panorama actualizado de la cifra de investigadores emigrados. Si bien al inicio del foro se mencionó que 2200 investigadores habían salido del país, Requena afirmó que la cifra actual que puede confirmar asciende a 3.400.
Requena mostró que hasta 2006-2008, el país tenía un flujo positivo, aumentando sus capacidades científicas a una tasa de aproximadamente 100 a 200 científicos incorporados al año. “Desde esa época hasta el presente, esto es lo que está pasando. El país está perdiendo las tasas de 400 y 600 científicos al año. Eso es un descalabro monumental”, alertó.
Aunque Flor Pujol mencionó que los bonos de corresponsabilidad en institutos adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología ayudarían un poco a evitar esa diáspora, estos siguen siendo insuficientes. Requena no observa evidencia de que esta tendencia haya disminuido e insistió en que se “sigue perdiendo científicos a unas velocidades muy preocupantes”.
Ideologización de la ciencia como punto de quiebre
Más allá de los factores económicos, como la precariedad salarial y la falta de financiamiento, un elemento central en la destrucción del aparato científico venezolano fue el control político e ideológico ejercido por el Estado. Benjamín Scharifker hizo un recuento de cómo esta estrategia se implementó deliberadamente.
El químico explicó que, en 1999, la sustitución del Conicit (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) por un Ministerio de Ciencia y Tecnología “politiza completamente la ciencia” y controla la producción de conocimiento.
Posteriormente, detalló una cronología de ataques a la autonomía académica, como la toma del rectorado de la UCV en 2001 y la “destrucción” del Intevep en 2003, acompañada de despidos masivos en Pdvsa. Intevep era reconocida “no solamente como una industria de extracción, sino como una industria de transformación”.
El golpe más duro a la libertad científica, según Scharifker, llegó en 2005 con la “Misión Ciencia”, pues la misma “dio punto final a la ciencia en Venezuela, porque significó su ideologización”. Además, recordó que se introdujeron conceptos, por ejemplo, sustituyendo el investigador por el “cultor de la ciencia”, lo que diluyó “la diferencia entre los conocimientos tradicionales y el conocimiento científico”.
Esta “revolución cultural”, añadió el químico, intentó suplantar el papel fundamental de las universidades y debilitó sus posibilidades de generar conocimiento. Eventos posteriores, como la Ley Orgánica de Educación de 2009 y la creación del Arco Minero en 2016, reforzaron la dependencia de la explotación de recursos naturales en lugar de la producción de conocimiento y la anulación de iniciativas que no provengan del Estado.
Mientras tanto, Jaime Requena, aunque coincidió en el punto de que la ideología es el problema, matizó la responsabilidad del Estado. Puntualizó que, históricamente, la investigación en Venezuela fue financiada estrictamente por el Estado pues el sector privado fue “muy poco generoso con la ciencia en el país”.
“Con eso, lo que quiero decir que el problema no es que el Estado sea quien fiscalice la ciencia, sino que el problema se presenta cuando la ideología se mete en el asunto de la ciencia, y es lo que nos ha pasado con la llegada del chavismo”, acotó.
Esta ideologización ha tenido consecuencias directas en áreas críticas. Requena mostró que en el campo de la agrociencia —investigaciones en ganadería, forraje, frutales, hortalizas— las publicaciones científicas se desplomaron. En 2008, el país llegó a tener 300 publicaciones en esta área, vital para la alimentación del pueblo; hoy en día, esa cifra se ha reducido a unas 40. “El país llegó a tener una altísima capacidad de ejecución, que es muy necesaria, porque todo lo que tenga que ver con el campo está muy regionalizado”, agregó Requena.
La ciencia venezolana intenta superarse
Flor Pujol se mostró cautelosamente optimista. Cree que el fuerte “arraigo” familiar podría garantizar el retorno de un 10% a un 20% del personal calificado. Su propuesta se centró en atender la “urgencia salarial”, acompañada de una “mejor inversión en ciencia” y la búsqueda de financiamiento privado y cooperación internacional.
Benjamín Scharifker planteó que la sociedad debe asumir el protagonismo del desarrollo, dejando atrás la dependencia del Estado como único financiador. El futuro desarrollo debe basarse en el “desarrollo de las capacidades humanas” y la innovación, no en la explotación de recursos naturales. La clave es la “vinculación” entre el sector académico y el sector productor de bienes y servicios, tanto nacional como internacional. Insistió en la necesidad de garantizar la libertad, para que la “curiosidad humana” impulse la investigación, incluso en áreas que nunca serán prioritarias para las políticas de Estado.
Finalmente, Jaime Requena alertó sobre la pérdida de la “masa crítica”, tras destacar que solo quedan unos 1000 investigadores activos en el país, un número insuficiente para abordar la recomposición. Ante este panorama, el biólogo presentó tres propuestas:
Financiamiento: Reactivación de créditos internacionales (mencionando los gestionados previamente con el Banco Interamericano de Desarrollo).
Cooperación Internacional: Fomentar la ayuda extranjera para atraer talento, recordando que históricamente más del 10% de la ciencia venezolana tuvo un componente de colaboración extranjera entre 1940 y 1970.
Recomposición Institucional: Es vital “reunir en sitios estratégicos, para programas estratégicos, los pocos científicos que tenga Venezuela”. Esta concentración, afirmó, buscaría generar un “efecto vitrina” que entusiasme a las nuevas generaciones a estudiar carreras científicas, revirtiendo así, a largo plazo, la catastrófica fuga de cerebros científicos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito, se ha transformado en un nuevo centro de castigo para los privados de libertad.
El OVP informó que en los últimos meses se han reportado múltiples traslados desde diferentes penales del país hacia este recinto, sin notificar a los familiares ni a los jueces, y una vez que los detenidos llegan a Tocuyito son aislados, impidiéndoles cualquier tipo de contacto con sus seres queridos.
Familiares denunciaron ante el OVP que los reclusos están siendo concentrados en una sola torre, la paquetería que reciben es escasa y, en muchos casos, ni siquiera han podido acceder a artículos básicos de higiene personal.
“Están sin colchonetas, sin sábanas, sin uniformes ni ropa interior. Mi hijo me dijo que lo sacaron sin nada, no tienen ni cómo cepillarse”, relató una de las madres.
Una mujer también explicó que este grupo de detenidos, trasladado desde distintos estados del país, no recibe visitas desde hace más de dos meses, y apenas les permiten unos minutos de sol al día, ya que permanecen encerrados en las celdas. Según los familiares, todos comparten un mismo denominador común: fueron enviados a Tocuyito como represalia por alzar la voz y exigir sus derechos.
“No sabemos en qué condiciones están ni cómo se encuentran de salud. Algunos dicen que han sido maltratados, otros prefieren callar para no preocuparnos”, comentó otro familiar al OVP.
Reclusión diferenciada
Asimismo, OVP pudo confirmar que en Tocuyito permanecen recluidos algunos venezolanos deportados desde Estados Unidos, quienes tenían órdenes de aprehensión en el país. Estos se encuentran en otra torre, separados del resto, y son conocidos como “los connacionales”.
En esa misma área también están detenidas personas arrestadas en los recientes operativos del régimen contra la llamada “guerra económica”. A diferencia de los presos trasladados como castigo, este grupo sí ha tenido acceso a visitas familiares.
Los familiares señalaron además que la custodia del penal está a cargo del grupo denominado SESMA, cuyos integrantes visten de negro, usan pasamontañas y no portan identificación.
“Hemos escuchado que este grupo tortura y maltrata, estamos muy preocupadas. No entendemos por qué los trasladaron aquí, lejos de sus familias, solo nos dicen que están castigados”, comentó una de las madres.
Exigencias al ministro
El penal de Tocuyito fue desalojado en octubre de 2023 y sus instalaciones fueron reacondicionadas en tiempo récord para recibir a personas detenidas de forma arbitraria tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
En febrero de este año, los presos políticos que aún permanecían allí fueron trasladados a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, dejando nuevamente vacío el recinto. Sin embargo, testimonios recientes confirman que, desde hace al menos tres meses, se han retomado los traslados hacia Tocuyito sin justificación alguna ni control judicial.
En ese sentido, el OVPcondenó el “silencio cómplice” del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que aseguran, continúa negándose a ofrecer información sobre los detenidos recluidos en Tocuyito.
“Este hermetismo institucional no solo vulnera los derechos de las personas privadas de libertad, sino que también profundiza el sufrimiento de sus familias, que llevan meses sin saber dónde están sus seres queridos ni en qué condiciones se encuentran”, apuntó.
El observatorio exigió al Ministerio de Servicio Penitenciario que informe de inmediato cuántas personas están recluidas actualmente en Tocuyito, bajo qué criterios fueron trasladadas y por qué la custodia del penal “se encuentra en manos de grupos no identificados y no de funcionarios debidamente identificados”,
Asimismo, demandó la publicación urgente de un listado oficial con los nombres de los detenidos para que sus familiares puedan ejercer su derecho a la comunicación, la visita y el conocimiento de su paradero.
El OVP recordó que el aislamiento prolongado, la incomunicación y la privación de luz solar son formas de torturas, trato cruel e inhumano que violan abiertamente los derechos humanos y los estándares internacionales en materia penitenciaria.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Reporteros sin Fronteras (RSF), en el marco del Día Internacional para acabar con la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, publicó este viernes 31 de octubre una lista de 34 “depredadores” de la prensa entre los que figura el gobernante venezolano Nicolás Maduro.
Las personas señaladas en el documento, según explica Reporteros sin Fronteras, “atacaron violentamente a periodistas y el derecho a la información”, durante el año 2025, destacó hoy RSF, organismo con sede en París.
Fueron incluidos en el reporte como “depredadores de la prensa” el nicaragüense Daniel Ortega, el argentino Javier Milei, el israelí Benjamín Netanyhahu, Xi Jinping de China, Vladimir Putin de Rusia, el turco Recep Tayyip Erdogan, el bielorruso Alexander Lukashenko, el húngaro Viktor Orbán, el serbio Aleksandar Vucic y el eslovaco Robert Fico.
También figuran el magnate Elon Musk, el príncipe saudí Mohammed bin Salman y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
RSF destaca que los líderes señalados tienen «un odio compartido hacia la libertad de prensa. Sus armas difieren, pero sus objetivos convergen: silenciar las voces independientes y pisotear el derecho a la información. Asesinato, encarcelamiento, descrédito, propaganda, ejércitos de troles… todos estos son medios para imponer el silencio».
El Día Internacional para poner fin a la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas se celebra el 2 noviembre desde que la ONU estableció esa fecha en 2013, en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí.
El pasado 19 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela hay 80 páginas digitales de noticias bloqueadas por las compañías de teléfonos.
«El bloqueo se ejecuta a través de las compañías de teléfono», indicó la SIP en un informe aprobado tras celebrar su Asamblea General.
También, denunció que hay al menos 18 periodistas y trabajadores de medios detenidos en Venezuela «como parte -advirtió-de la grave represión a la que el régimen de Nicolás Maduro ha sometido a la prensa independiente durante su administración».
Advirtieron de igual forma que se teme un “aumento de la represión y la violación de los derechos civiles”, tras la decisión del gobierno de decretar el estado de conmoción exterior como respuesta a la presencia militar estadounidense en aguas cercanas al país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este viernes, 31 de octubre, la Organización de Naciones Unidas (ONU) acusó al gobierno de Estados Unidos de “violar el derecho internacional” con los ataques aéreos contra varias embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.
A través de un comunicado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, recordó que más de 60 personas han muerto en distintos ataques perpetrados por Estados Unidos como parte de sus operaciones para acabar con los cárteles y el tráfico de drogas.
“Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya”, agregó Türk.
En el documento la ONU afirmó que está en desacuerdo con el argumento de Estados Unidos y no considera que se trate de un conflicto armado ni que pueda hablarse de hostilidades declaradas, por lo que defiende que deben regirse por normas internacionales de los derechos humanos.
“Las acciones militares de EE. UU. representan una violación del derecho a la vida y constituyen ejecuciones extrajudiciales”, explicó la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.
La ONU reclamó que esos asesinatos sean investigados de forma rápida, independiente y transparente, y aclaró que deben hacerlo las instancias jurisdiccionales de Estados Unidos. Sentenció que llevar a cabo estas investigaciones no es una opción, sino “una obligación” para las autoridades de Washington.
Türk reconoció la gravedad de la problemática del narcotráfico, pero insistió en que Estados Unidos está obligado a respetar el derecho internacional, incluido el contenido en los tratados contra el narcotráfico y de los que los este país también forma parte.
Adicionalmente, organizaciones como Amnistía Internacional cuestionan las acciones de Estados Unidos por infringir el derecho internacional, ya que estos ataques se realizan sin orden judicial en aguas internacionales.
El partido Voluntad Popular demandó la inmediata liberación de su coordinador político nacional, Freddy Superlano, quien fuera detenido el pasado 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso declaró ganador al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro, sin hasta ahora mostrar las actas ni los datos desagregados en su página web.
“Freddy lleva 15 meses preso, aislado, sin derecho a visitas ni defensa, simplemente por el hecho de defender la voluntad del pueblo venezolano”, escribió VP en su cuenta de X.
A poco más de un mes de su detención, el fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, vinculó a Superlano, junto al abogado Perkins Rocha y al dirigente político Biagio Pilieri, con la divulgación de más del 80% las actas electorales del 28J.
“Quince meses sin escuchar su voz en la calle, sin verlo abrazar a su hija. Quince meses de silencio impuesto por una dictadura que teme a los que no se venden, a los que no se rinden”, escribió el partido político en sus redes sociales.
Superlano fue diputado de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2021 tras ganar las elecciones legislativas de 2015 y además ganador de la gobernación de Barinas en los comicios regionales de 2021, cargo para el cual posteriormente fue inhabilitado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Pero 15 meses después, el régimen sigue sin poder borrar lo que Freddy representa: la esperanza de cambio. Su voz sigue presente en cada lucha, en cada denuncia, en cada paso que damos por recuperar la libertad”, agregó la tolda política.
De acuerdo al más reciente balance de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 875 presos políticos.
“Desde Voluntad Popular alzamos la voz una vez más: Freddy no está solo. No nos vamos a acostumbrar a su ausencia y no dejaremos de exigir justicia”, puntualizó VP.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la de Prensa (SNTP) denunció que en la mañana de este jueves 30 de octubre personas sin identificación y vestidas de negro secuestraron al periodista, Joan Camargo, y actualmente se desconoce su paradero.
De acuerdo a los expuesto por la organización en X, el reportero salió de su casa en el sector de Cotiza de Caracas pasada las 8 de la mañana a bordo de su motocicleta cuando fue interceptado por otra moto y un vehículo rojo, de donde se bajaron varios hombres que lo obligaron a ingresar en el auto.
Según el SNTP, la última conexión de WhatsApp fue a las 8:12 am.
Camargo posee experiencia en la fuente de sucesos y se le conoce por su trabajo en Noticias Todos Ahora, Televen y Monitor de Víctimas.
De confirmarse la detención de Camargo, el número de periodistas detenidos ascendería a 23, de acuerdo a las cifras manejadas por el SNTP.
Hasta el momento ni el gobierno de Maduro ni la Fiscalía dirigida por Tarek William Saab se han pronunciado al respecto.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) responsabilizó al Estado venezolano por la integridad física y psicológica del periodista.
“La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y una grave violacion al derecho a informar y ser informado”, escribió el Clippve en X.
“Exigimos su inmediata liberación con vida, así como el cese del hostigamiento, la persecución y las detenciones arbitrarias contra periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela”, añadió.
En el Índice de Chapultepec 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ubicó a Venezuela en el puesto 21 de 22 países analizados en cuanto a comportamiento de libertades de expresión y de prensa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
